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Construcción Entidades gubernamentales en Chile parte 2 - Monografía



 
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TASACIÓN Y AVALUO



Para explicar el proceso de tasación y avalúo, creemos que es necesario explicar primeramente lo referido al servicio de impuestos internos y como trabaja este, ya que este es el ente que rige dichos procesos.

SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (SII)



Misión



La Misión del Servicio como Institución del Estado es: “El Servicio de Impuestos Internos es responsable de aplicar y administrar el sistema de impuestos internos, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y de facilitar dicho cumplimiento.”

Objetivos


- Mejorar la eficiencia y productividad en el quehacer permanente del Servicio.
- Promover el desarrollo profesional y personal de los funcionarios, su motivación y adhesión hacia el Servicio.
- Reducir los niveles de evasión y elusión tributaria.
- Facilitar el cumplimiento tributario y mejorar los servicios al contribuyente.
- Cautelar la equidad y exactitud jurídica en la aplicación de las leyes tributarias.
- Fortalecer y desarrollar una mayor capacidad para cumplir la misión del Servicio, especialmente frente al cambio económico y tecnológico.

Función



El Servicio de Impuestos Internos es una de las instituciones fiscalizadoras del Estado. De acuerdo a la Ley, sus funciones son la “aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”. El Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio determinan cómo debe desarrollarlas. Al Servicio de Impuestos Internos le corresponde:

Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes a fin de asegurar su aplicación y fiscalización.

Tiene que supervigilar el cumplimiento de las leyes tributarias que le han sido encomendadas; conocer y fallar como tribunal de primera instancia los reclamos que presenten los contribuyentes y asumir la defensa del Fisco ante losTribunales de Justicia en los juicios sobre aplicación e interpretación de leyes tributarias.

En lo que se refiere a los contribuyentes, tiene que crear conciencia tributaria, informarlos sobre el destino de los impuestos y las sanciones a que se exponen por el no cumplimiento de sus deberes.

Historia



El siglo XX será testigo del nacimiento y consolidación del Servicio de Impuestos Internos de Chile.

El 18 de enero de 1902 el Gobierno del Presidente Germán Riesco establece el impuesto a la producción de alcoholes y promulga la ley Nº 1.515, que crea la “Administración de los impuestos sobre alcoholes”, un servicio público encargado de fiscalizar el nuevo tributo. Un ingeniero de prestigio, don Julio Cousin Daumiere, tiene la misión de organizarlo y dirigirlo.

Al impuesto al alcohol siguen rápidamente dos más, que gravan el tabaco y las barajas; y después se suceden otros a los trámites y diversiones: timbres, estampillas, papel sellado, entradas a hipódromos, circos y teatros. Distintas leyes van entregando a la Administración de Alcoholes la aplicación y fiscalización de todos estos tributos.

Junto con ampliar su campo de acción, el organismo debe modificar su estructura y su nombre. En 1912 se transforma en la Dirección General de Impuestos y cuatro años después, en 1916, la ley le completa el nombre agregando “Internos”. Esa misma Ley establece la contribución de haberes, que grava la propiedad territorial edificada o no, los bienes muebles y los valores mobiliarios, y le encarga también su aplicación.

La principal fuente de recursos para solventar el gasto público sigue siendo la recaudación aduanera, que hace innecesario el desarrollo de una legislación impositiva interna. Pero la crisis económica que estalla al término de la Primera Guerra Mundial y la caída de los precios del salitre y del cobre, llevan a establecer en Chile un sistema tributario como el que tienen otros países.

El 2 de enero de 1924 se promulga la primera Ley general sobre impuestos a la renta, con categorías y tasas proporcionales. Siguiendo las recomendaciones de la Misión Kemmerer, norteamericana, por Decreto del Ministerio de Hacienda en 1927 se organiza la Dirección General de Impuestos Internos y se le da una determinada estructura con su primer Reglamento Orgánico. A nivel superior se crean las Inspecciones Generales de Renta, Bienes Raíces, Alcoholes, Especies Valoradas y Asesoría Jurídica, especializadas en la aplicación de las diferentes leyes tributarias vigentes. Se establece el Cuerpo de Visitadores y las Oficinas de Contabilidad, Personal y de Secretaría.

El país se divide en diferentes jurisdicciones y se crean unidades de terreno, comprendidas por las Administraciones de Zona e Inspecciones, que se encargarán de fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias dentro de sus límites jurisdiccionales.

Con los años, diversos decretos van estableciendo nuevas unidades técnicas, departamentos y oficinas. El servicio reforma su estructura y acorta su nombre a Dirección de Impuestos Internos.

En 1969, un Decreto con Fuerza de ley establece el RUT, Rol Único Tributario, sistema de identificación único para todos los contribuyentes del país. Su confección, mantención y permanente actualización se encomiendan a la Dirección Nacional del Servicio.

El Servicio de Impuestos Internos, en más de 90 años de existencia, solamente ha tenido 16 Directores, designados por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza. El promedio de permanencia, casi seis años, es un reconocimiento de la condición técnica del cargo y de la función del Servicio. El Director actual del Servicio de Impuestos Internos es el Sr. Javier Etcheberry Celhay.

Organización



El Servicio de Impuestos Internos tiene una función a veces incomprendida, pero es la que hace posible el progreso y funcionamiento del país; su desarrollo económico con equidad, con justicia social, con solidaridad, eficiencia y con plena integración al mundo.

En los últimos 20 años, diversas reformas han buscado adecuar la estructura tributaria de Chile a las necesidades de una economía abierta y mantener el equilibrio fiscal.

Para alcanzar las metas de desarrollo nacional, la legislación tributaria establece diversas obligaciones a los contribuyentes. Asegurar su fiel y oportuno cumplimiento es la gran tarea del Servicio de Impuestos Internos.

En primer término, debe mejorar constantemente su eficiencia y efectividad y procurar la minimización de la evasión tributaria, ya que así resguarda el principio de equidad en el cobro de los impuestos, es decir, que ingresos iguales soporten cargas impositivas similares y de acuerdo a la capacidad económica de las personas; y propicia una sana competencia entre los agentes económicos que operan en el mercado.

También debe incrementar su cobertura a nivel nacional, reforzando la presencia de los fiscalizadores en terreno y especializándolos por área de actividad económica.

En lo que se refiere a los contribuyentes, tiene que crear conciencia tributaria, informarlos sobre el destino de los impuestos y las sanciones a que se exponen por el no cumplimiento de sus deberes.

Para cumplir con todos estos objetivos, el Servicio tiene que mejorar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, agilizando la atención para que puedan efectuar todos los trámites en forma simple, expedita y eficiente.

Estructura Organizacional



La autoridad máxima del Servicio es el Director, designado por el Presidente de la República y de su exclusiva confianza. Tiene la autoridad, atribuciones y deberes inherentes a su calidad de Jefe Superior del Servicio.

La Dirección Nacional

está constituida por nueve Subdirecciones, a cargo de los Subdirectores, que actúan como delegados del Director en la evaluación y desarrollo de los programas de trabajo dentro de sus respectivas áreas y lo asesoran en las materias de su especialidad. De acuerdo a la Ley, deben recomendarle las normas y someter a su aprobación las instrucciones que estimen convenientes impartir al Servicio, y programar, dirigir, coordinar y supervigilar el funcionamiento de los Departamentos.

La Subdirección Normativa

estudia y propone las normas e instrucciones necesarias para la correcta y eficiente aplicación de los impuestos controlados por el Servicio, y recomienda la interpretación administrativa de las leyes y disposiciones que son de su competencia. Desarrolla estudios relativos a la gestación y modificación de las leyes tributarias y reglamentos, propone respuestas a diversas consultas y asesora al Director en materias de doble tributación internacional.

La Subdirección de Fiscalización

se encarga de estudiar y proponer normas e instrucciones para la fiscalización de los impuestos y de procurar que esas funciones alcancen el máximo de eficiencia. Según la Ley, no sólo tiene que proponer sistemas y técnicas de fiscalización, fijar metas y pautas de acción a las Direcciones Regionales, sino que notificar denuncios por infracciones a las leyes tributarias, proceder a citar a los contribuyentes y otras personas en cuanto diga relación con la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y liquidar y girar impuestos, reajustes, intereses y multas, todo ello sin perjuicio de las atribuciones que el Código Tributario y otras disposiciones confieren a los Directores Regionales.

La Subdirección planifica

, evalúa y controla el desarrollo y la calidad de las actividades fiscalizadoras, define y entrega criterios operativos para la fiscalización de los distintos sectores económicos, propone normas y procedimientos administrativos y operativos para llevar a cabo su misión, responde consultas al respecto y evalúa el rendimiento de las Direcciones Regionales en materia de su área.

La Subdirección de Avaluaciones

se encarga del Impuesto Territorial. Propone al Director normas e instrucciones para su correcta y eficiente aplicación, fiscalización y administración, los programas de tasaciones y reavalúos de bienes raíces agrícolas y no agrícolas y las normas para su ejecución, y supervigila su correcto cumplimiento. Además, efectúa las tasaciones de los bienes muebles que la ley le encargue o el Director determine, y mantiene los catastros de bienes raíces, documentos y demás antecedentes relacionados con las tasaciones de bienes raíces muebles e inmuebles.

Mantener y actualizar el dinámico catastro de bienes raíces es la tarea más compleja dentro de la administración del impuesto y se lleva a cabo en cooperación con las municipalidades. Todos los años el Servicio de Impuestos Internos efectúa alrededor de 250.000 modificaciones catastrales, que corresponden a nuevas propiedades o ampliación de las existentes, subdivisiones prediales y actualización del nombre del propietario.

La Subdirección Jurídica

no sólo analiza la jurisprudencia de l os Tribunales de Justicia y asesora al Director en materias tributarias, sino que defiende al Servicio en los recursos que interponen los contribuyentes o se querella contra ellos por los delitos tributarios que le corresponde investigar. Sus Departamentos de Investigación de Delitos Tributarios, Asesoría Jurídica y Defensa Judicial se coordinan para desarrollar las labores mencionadas.

La Subdirección de Administración

se encarga de velar por todos los aspectos relacionados con los recursos materiales y de infraestructura, de administrar los bienes y recursos del Servicio, y de proponer normas para su correcta custodia, uso y conservación. Programar y supervigila la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que lo rigen.

La Subdirección de Informática

tiene como objetivo potenciar el desarrollo y mejoramiento de los sistemas de información necesarios para apoyar todas las actividades del Servicio, particularmente el área de fiscalización. Desarrolla los sistemas de información administrativos necesarios; propone normas e instrucciones para el uso de máquinas registradoras o de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales relacionados con la forma de cumplir determinadas obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes; vela por el adecuado funcionamiento de los programas computacionales en operación; administra el diseño, uso y mantención de todos los formularios que se relacionan con los sistemas de información computacional; administra el Rol Único Tributario o Registro de Contribuyentes y coordina y supervisa sus aspectos funcionales. Además, tiene a su cargo el uso, mantención y operación de los equipos y programas computacionales.

La Subdirección de Estudios

está a cargo del control de gestión, la organización y métodos, y los estudios económico-tributarios. Prepara, estudia e investiga las estadísticas de los ingresos tributarios, sus fluctuaciones y su relación con las distintas actividades económicas, para los efectos de interpretar y explicar sus variaciones. Elabora las estadísticas que requiere el Servicio, vela por la simplificación, uniformidad, coordinación y agilización de los métodos y procedimientos, analiza el desarrollo de sus labores, sus costos y productividad para proyectar su eficaz funcionamiento. De esta Subdirección depende el Departamento de Auditoria Interna que está a cargo de la evaluación del uso de los procedimientos Institucionales en todas las áreas del Servicio, del uso y evaluaciones de los controles de Gestión en las Direcciones Regionales y en general, del cumplimiento de las políticas de la Dirección del Servicio.

La Subdirección de Recursos Humanos

propone políticas y programas sobre el personal, su bienestar y su capacitación; desarrolla, coordina, aplica y evalúa los programas correspondientes; y administra las políticas, normas e instrucciones que se relacionan con esas materias.

La Subdirección de Contraloría

Interna debe velar por el cumplimiento, por parte de los funcionarios, de las normas relativas a las obligaciones administrativas y a las disposiciones sobre régimen interno que fije el Director. El Subdirector actúa como interventor en la entrega de las jefaturas, directamente o a través de los auditores de su dependencia, haciendo uso de facultades establecidas en la Ley Orgánica del Servicio. De esta Subdirección depende el departamento de Fiscalía Administrativa que está a cargo de los procesos disciplinarios por la responsabilidad Administrativa que afecte a los funcionarios por incumplimientos a las normas relativas a las obligaciones y a las disposiciones sobre régimen interno que fije el Director.

Tasación y avalúo de una propiedad



Tasación es el proceso mediante el cual se llega a un avalúo, lo forma de realizarlo es haciendo un análisis de variables de la propiedad.

Para estos casos existen dos tipos de tasación:

- Tasación fiscal:

la tasación fiscal es la que se hace para conocer el monto de la propiedad, de esta forma se llega a la contribución de pago.

- Tasación comercial:

la tasación comercial es la que se debe solicitar generalmente para venta, crédito y con una hipoteca.

El avalúo esta estrechamente relacionado con la superficie, el metraje, tipo de inmueble, calidad, año, después de esto se saca el promedio y se obtiene el  avalúo de la construcción.

Contribución:

es el pago que se le hace al fisco por el avalúo de la propiedad.

EMPORCHI



Durante todo este período, la administración de los puertos estuvo a cargo de diversos organismos del Estado, hasta que el 6 de abril de 1960 se crea la Empresa Portuaria de Chile, Emporchi, una entidad administrativa central y autónoma, a cargo de la explotación y administración de los puertos estatales.

¿Como trabaja Emporchi?



A continuación una breve descripción del sector y diagnósticos alternativos.

Emporchi administra 11 puertos que concentran alrededor del 80% de la carga general transferida por puertos en el país, el 20% de la carga a granel y el 40% de la carga total. La alta participación de Emporchi en carga general tiene especial importancia porque se trata de carga de mayor valor -básicamente contenedores.

El resto de la carga es transferida a través de 24 puertos y terminales de administración privada, de los cuales 14 ofrecen servicio público y 10 servicio privado.

Los puertos de Emporchi de la zona centro/sur del país -Valparaíso, San Antonio y San Vicente/Talcahuano- transfieren sobre el 65% de la carga total de Emporchi, concentrada en carga general. Sus tasas de ocupación en algunas épocas del año está por sobre el 80%. Estas altas tasas de ocupación pueden dar origen a tres diagnósticos alternativos.

Primero, la infraestructura está cerca de ser restrictiva y se está usando en forma relativamente eficiente. Este es el diagnóstico hecho por el gobierno sobre el cual se sustenta lanecesidad de atraer inversionistas privados, sin privatizar los activos actuales de Emporchi. Segundo diagnóstico, la infraestructura es abundante, pero se está usando ineficientemente. Este diagnóstico no tiene mucho apoyo, pero algunos representantes del sector privado discrepan con el Gobierno en cuanto consideran que no se requiere aumentar el número de sitios de atraque, sino mejorar y equipar los existentes. Tercero, las altas tasas de ocupación se explican por las menores tarifas de Emporchi respecto de sus competidores privados -Ventanas en el centro y Lirquén en el centro/sur- que tienen tasas de ocupación significativamente más bajas (máximo 50%). Esta tesis de tarifas “excesivamente” bajas es sostenida por representantes de los puertos mencionados.

Por otra parte, los puertos de la zona norte (Arica, Iquique, Antofagasta y Coquimbo) y zona sur (Puerto Montt, Puerto Chacabuco y Punta Arenas) presentan tasas de ocupación no superiores a 50% y sus necesidades actuales no serían de expansión de capacidad, sino de mejoramiento y equipamiento de lo existente.

A modo de comentario podemos decir que el 19 de diciembre de 1997, se publicó la Ley N° 19.542 de Modernización del Sector Portuario Estatal, conocida también como Ley Emporchi, cuyos principales objetivos fueron: descentralizar la Empresa Portuaria de Chile; promover la competencia en el sector y abrir los puertos estatales al sector privado.

CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN



¿Qué es la cámara chilena de la construcción?



Desde 1951 es la asociación gremial de empresarios de la construcción de Chile, cuya principal finalidad es impulsar integralmente dicha actividad económica. Afiliada a la Federación Interamericana de Industrias de la Construcción (FIIC), a la International Confederation of Contractors (CICCA) y a la Unión Interamericana para la Vivienda (UNIAPRAVI), es una de las 6 ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), organismo cupular del empresariado chileno. Representa a más de 2000 empresas de los rubros inmobiliarios, de infraestructura y suministros de la construcción en todo el país. Con delegaciones regionales en 16 ciudades cabeceras de provincia, distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas, su oficina principal se encuentra ubicada en Santiago de Chile, calle Marchant Pereira 10, piso 3, Código Postal 6640721, Providencia, teléfono (56) (2) 376 3300 y fax (56) (2) 371 3430.

Un enfoque gremial visionario



Entre 1947 y 1950, un grupo de empresarios y profesionales de la construcción, formado con ocasión de las obras del Programa de Modernización y Mejoramiento de La Serena, impulsado por el entonces Presidente de la República, Gabriel González Videla, concibió la idea de crear una asociación que uniera a los constructores.

Por esos años, los empresarios de la construcción estaban afiliados al llamado Sindicato Profesional de Contratistas Generales de la Construcción de Santiago que, por su carácter, solamente se ocupaba de las relaciones entre empleadores y trabajadores. Era el suyo un ámbito muy restringido que casi se limitaba a participar en las juntas de Conciliación, organismos tripartitos formados por representantes del Estado, patronales y laborales que buscaban solución a los conflictos laborales y, de no alcanzarla, autorizaban la votación para aprobar o rechazar la huelga.

Algunos empresarios empezaron a interesarse en la creación de un organismo de carácter gremial que tuviera una acción distinta y más amplia que la existente; que no se limitara a Santiago sino que llegara a cubrir todo el territorio nacional; y que como ente intermedio de la sociedad, estuviera dispuesto a colaborar en la gestación de nuevos proyectos, en la detección de problemas del sector y en la búsqueda de sus soluciones que, junto con beneficiar la construcción, favorecieran al país.

En esos años del llamado Plan Serena, muchos de aquellos empresarios se congregaban, terminada la jornada de un trabajo estimulante, como era remodelar esa ciudad conservando su estilo arquitectónico y aplicando soluciones urbanísticas bien concebidas, en encuentros animados, pero en los que no faltaban conversaciones de contenido más profundo, donde la imaginación corría de prisa. Ese periodo de mucha actividad, pero que dejaba el tiempo necesario para un fértil intercambio de ideas, fue decisivo para el surgimiento de proposiciones creativas.

El país ya conocía la experiencia de instituciones gremiales como la centenaria Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Central de Comercio, la Sociedad de Fomento Fabril, y la Sociedad Nacional de Minería.

Entre los postulados fundamentales de la naciente institución se consideró que no sólo estarían representados los empresarios de la construcción, sino todas las actividades del sector, incluidos los fabricantes de materias primas y de terminaciones; los profesionales especializados en proyectos del área; los urbanizadores; las empresas especialistas en aspectos parciales pero relevantes en la ejecución de tas obras; los distribuidores e importadores de materiales y equipos requeridos en la construcción. Además se propusieron mantener estrechas relaciones con los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y constructores civiles.

Había una buena experiencia previa: un grupo importante de constructores habla decidido en 1946 reunirse para solucionar en forma eficiente el tema  del abastecimiento de materiales de construcción. Crearon la cooperativa SODIMAC y en el directorio de esta empresa también se aportaron ideas para la creación de la futura entidad.

El trabajo de redacción de los estatutos y de dar una fisonomía definitiva a la nueva entidad, se realizó en reuniones semanales durante todo un año. Su personalidad jurídica fue otorgada por el decreto N0 4229 del Ministerio de Justicia, publicado el 23 de agosto de 1951, fecha que pasó a ser considerada como la de nacimiento oficial de la Institución.

El propósito de contar con la más amplia representatividad originó el nombre del naciente organismo: Cámara Chilena de la Construcción. En ella, tal como en las cámaras legislativas se reúnen representantes de las diferentes corrientes políticas, se agruparían todas las actividades y estamentos que intervienen en la construcción.

En este sentido, la Cámara se diferenció claramente de otras organizaciones empresariales y de sus congéneres extranjeras, que acogen, por regla general, sólo a las empresas constructoras propiamente tales. Junto con los naturales objetivos de incrementar los volúmenes de obras de construcción y de mejorar su calidad en el país, a través de estudios de diversa índole y de una constante acción difusora de la importancia y significado de la actividad en la economía nacional, los fundadores de la Cámara se propusieron buscar fórmulas para que los trabajadores de la construcción también se vieran beneficiados con la naciente organización.

Esto era una absoluta novedad y algo nada fácil de lograr, ya que por las características, cantidad y dispersión, de ellos, se hacia difícil encontrar mecanismos para recibir sus puntos de vista y tenerlos en cuenta en las decisiones que se tomaran. La gran mayoría de los obreros provenía del sector agrícola y tenían una movilidad mucho mayor que la actual.

Sus objetivos se centraron en impulsar el desarrollo de la actividad a través del estudio de sus problemas y la proposición de las soluciones más adecuadas; en el mejoramiento de las tecnologías y la elevación del nivel profesional y de vida de sus obreros por la vinculación transitoria de éstos con las empresas.

Este último aspecto pasó a convertirse en uno de los factores más dinámicos que ha tenido la organización, que a lo largo de su existencia ha formado y hecho operar con gran éxito entidades destinadas a beneficiar a los trabajadores del sector. Nada permitía imaginar el desarrollo que iba a tener esta específica acción del gremio. Sin embargo, la responsabilidad de representar a las empresas en aspectos esenciales de las relaciones con los trabajadores, asumida por la Cámara, contenía el germen de la red social que iba a crear en el transcurso de los años.


Tareas iniciales y formación de comisiones



La Cámara desde sus comienzos se vinculó muy directamente con las autoridades, participó activamente en los debates acerca de diversas leyes que involucraban a los socios, como nuevas políticas crediticias para el sector, leyes y reglamentos sobre materias cambiarlas o tributarias, cambios de políticas en los ministerios afines y mantuvo contactos estrechos con los Bancos Central y del Estado, con la Corporación de Fomento (CORFO) y diversos organismos financieros; colaboró estrechamente con el gobierno en la realización del Primer Censo Nacional de la Vivienda, instrumento indispensable para conocer y proyectar acciones que permitieran solucionar el déficit habitacional.

En el mismo sentido, debido a la falta casi absoluta de datos y estadísticas sobre la actividad, se designó una Comisión para que realizara un estudio que comenzó por definir el concepto de construcción, por determinar y clasificar los elementos que intervienen en ella y por fijar el plan para futuras investigaciones. Además, tomó contacto con la Dirección Nacional de Estadísticas y otros organismos para planificar un trabajo en conjunto.

Simultáneamente, creó una segunda Comisión con tareas específicas: preocuparse de las relaciones de los contratistas con la Dirección General de Obras Públicas, principal fuente de trabajo en esa época para las empresas, y abordar una revisión del Reglamento para Contratos. Desde entonces la Cámara se ha interesado por el perfeccionamiento de las normas que regulan la contratación de obras.

La Comisión de Materiales se preocupó de las fluctuaciones de los precios de éstos, que hacían que la construcción fuera toda una aventura. De este modo, se tomó contacto con los principales productores del área para llegar a acuerdos que dieran cierta estabilidad a los precios. También fue tarea constante discutir con las autoridades públicas, medidas tales como el intento, en 1954, de declarar el estanco total del fierro y del acero, el que, gracias a la acción de la Cámara, pudo evitarse. Se analizaron fórmulas para facilitar la importación de elementos indispensables para la construcción, que el país no producía, que solo podía hacerse con divisas o monedas duras de origen oficial, cuya obtención estaba sujeta a severas restricciones, lo cual afectaba la normal ejecución de las obras.

LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION


La Ley General es el primer texto orgánico dictado sobre la materia de contemplar la obligación de crear el las respectivas municipales el cargo de Director de Obras, con la exigencias habilitantes para su desempeño de investir la calidad de Ingeniero Civil o de Arquitecto. Contiene un enfoque global del proceso de urbanización y construcción y establece todo un sistema regulador de tipo administrativo, de responsabilidad de las municipalidades y del Ministerio de Obras Publicas.


NORMATIVA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN



La normativa general es la que contiene y define las características técnicas de los proyectos, materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el cumplimiento de los standars exigidos en la ordenanza general.

ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION



La Ordenanza General, cuerpo reglamentario de la Ley General de Urbanismo y Construcción, contiene normas fundamentales sobre los procedimientos administrativos para obtener los permisos de edificación; sobre el diseño
arquitectónico para los distintos tipos de edificios, según su uso; sobre la estabilidad de las construcciones; sobre subdivisión del suelo y la urbanización y formación de nuevas poblaciones. Además contiene las normas que establecen el obligatorio cumplimiento de las disposiciones normativas de los servicios de utilidad pública, en materia de instalaciones de los edificios.

PLAN REGULADOR COMUNAL



El Plan Regulador comunal es un instrumento constituido por un conjunto de normas sobre adecuadas condiciones de higiene y seguridad en los edificios y espacios urbanos, y de comodidad en la relación funcional entre las zonas habitacionales, de trabajo, equipamiento y esparcimiento.

Sus disposiciones se refieren al uso del suelo o zonificación, localización del equipamiento comunitario, estacionamiento, jerarquización de la estructura vial, fijación de límites urbanos, densidades y determinación de prioridades en la urbanización de terrenos para la expansión de la ciudad, en función de la factibilidad de ampliar o dotar de redes sanitarias y energéticas, y demás aspectos urbanísticos.

El Plan Regulador Comunal esta compuesto de:

a) Una Memoria explicativa, que contendrá los antecedentes socio-económicos; los relativos a crecimiento demográfico, desarrollo industrial y demás antecedentes técnicos que sirvieron de base a las proposiciones, y los objetivos, metas y prioridades de las obras básicas proyectadas;

b) Un estudio de factibilidad para ampliar o dotar de agua potable y alcantarillado, en relación con el crecimiento urbano proyectado, estudio que requerirá consulta previa al Servicio Sanitario correspondiente de la Región;

c) Una Ordenanza Local que contendrá las disposiciones reglamentarias pertinentes, y

d) Los planos, que expresan gráficamente las disposiciones sobre uso de suelo, zonificación, equipamiento, relaciones viales, límite urbano, áreas prioritarias de desarrollo urbano, etc.. Para los efectos de su aprobación, modificación y aplicación, estos documentos constituyen un solo cuerpo legal.

PLAN SECCIONAL COMUNAL



El plan seccional comunal es ejercido en los casos en que, para la aplicación del Plan Regulador Comunal, se requiera de estudios más detallados, ellos se harán mediante Planos Seccionales, en que se fijarán con exactitud los trazados y anchos de calles, zonificación detallada, las áreas de construcción obligatoria, de remodelación, conjuntos armónicos, terrenos afectados por expropiaciones, etc..

En las comunas en que no existe Plan Regulador comunal  se pueden estudiar  Planes Seccionales, los que se aprueban conforme a lo prescrito en el inciso primero del artículo 43.

La confección de Planos Seccionales tiene carácter obligatorio en las comunas de más de 50.000 habitantes que cuenten con Asesor Urbanista, para los efectos de fijar las líneas oficiales de edificación, y lo es también en aquellas que califique especialmente la Secretaría Regional correspondiente del Ministerio de  Vivienda y Urbanismo, por sus condiciones topográficas, o por urgencia en materializar determinadas obras públicas o expropiaciones.

POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO



Se enteniende por Planificación Urbana Regional aquella que orienta el desarrollo de los centros urbanos de las regiones.

La Planificación Urbana Regional se realiza por medio de un Plan Regional de Desarrollo Urbano, que fija los roles de los centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca, relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, etc.. Artículo 32º.- El Plan Regional de Desarrollo Urbano es confeccionado por las Secretarías Regionales del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de acuerdo con las políticas regionales de desarrollo socio-económico.

Los Planes Regionales de Desarrollo Urbano son aprobados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, mediante decreto supremo dictado por orden del Presidente de la República, previa autorización del Intendente respectivo, y sus disposiciones son incorporarse a los planes reguladores intercomunales, metropolitanos y comunales.

LEY DE LA VENTA POR PISOS  O LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL



Casi simultáneamente con la entrada en vigencia de la ley y ordenanza  general de construcciones y urbanización, se aprobó, el 16 de agosto de 1937, la ley 6.072, o ley de venta por pisos.

Inicialmente esta se refirió en forma exclusiva a los edificios de departamentos y posteriormente, en conformidad al articulo 76 de la ley 16.742, de 1968, esta posibilidad se hizo extensivas a las viviendas individuales construidas  dentro de un mismo predio. Si bien esta ultima situación era posible bajo la  formula  jurídica de la comunidad, su inclusión dentro del concepto de la venta por pisos o departamentos permitió hacer claridad en lo que se refiere a bienes comunes, derechos de cada propietario por sobre ellos, usos de la parte individual y de los bienes comunes, administración de los bienes, destrucción de los mismos, etc.

Los conceptos fundamentales de esta ley han sido corroborados y complementados por el párrafo 3° del capitulo I del titulo III de la actual L.G.U.C. (D.F.L. 485, MINVU-76), especialmente en cuanto supedita el cambio de uso de la parte de propiedad individual de un copropietario al consentimiento de la comunidad y a la autorización del director de obras municipales. En igual forma, dicho párrafo 3° determina que las características y requisitos de las construcciones acogidas a la ley de venta por pisos serán los que se establezcan en la ordenanza general. Esto se concretó con la dictación del D.S. 1.171, MINVU- “D.O.”        15-12-77, que derogó los reglamentos aprobados por los D.S. 4.621, justicia- “D.O.” 24-11-37 y D.S. 1.514, M.O.P.- “D.O.” 30-12-65, y sancionó uno nuevo que pasó a constituir el capitulo XIV de la primera parte de la anterior Ordenanza General. En la nueva Ordenanza, aprobada por D.S.-47, MINVU - “D.O.” 19-5-92, ha sido incorporado como titulo 6, artículos 6.1.1 a 6.1.15.

VIVIENDAS ECONOMICAS DFL-2



Es aquella que tiene una superficie máxima de 140m (cuadrados) y que simultáneamente no excede de 17.5m (cuadrados) edificados por cama. En diversas oportunidades se ha permitido exceder esta superficie máxima en un 20% adicional. El  D.F.L.-2 hizo extensiva a la agricultura y al comercio la obligación que la ley 7600, de 1943, imponía a la industria, de destinar el 5% de sus utilidades para la construcción de viviendas económicas.

Los beneficios, franquicias y extensiones más importantes contemplados por el D.F.L.-2, para atraer a los inversionistas privados a la construcción de viviendas económicas, abarcaron las siguientes áreas y aspectos:

- Extensiones relacionadas con el proceso mismo de la construcción, en relación a los contratos, presupuestos de edificación, recibos de dinero, pagos a las municipalidades, adquisición de materiales, remuneraciones de los constructores, contratistas y subcontratistas, escrituras publicas, pólizas de seguro de accidentes del trabajo, autorizaciones notariales, inscripción en conservadores de bienes raíces, etc.
- Extensiones relacionadas con el proceso de transferencia y transmisión de las viviendas económicas.
- Extensiones relacionadas con el pago de la contribución de vienes raíces.
- Extensión a las limitaciones de la renta de arrendamiento y del control de los organismos pertinentes.
- Extensiones tributarias a las rentas de las sociedades constructoras de viviendas económicas, a las de sus socios o accionistas.
- Extensiones tributarias a las rentas de las personas naturales y  sociedades  de hecho que se dediquen  a construir viviendas económicas.
- Extensiones tributarias al impuesto de herencias, asignaciones y donaciones.

A fin de evitar que los beneficios, franquicias y exenciones otorgados pudiesen ser suspendidos o anulados por leyes posteriores, perdiendo
Así su carácter de estimulo a la construcción de este tipo de viviendas, el D.F.L. 2 dispuso como resguardo que los permisos de construcción se redujesen a escritura pública, suscrita por el tesorero municipal respectivo en representación del Estado. De esta forma  se conformo un “Contrato-ley” entre el particular y el estado, por el cual este último se comprometa mantener indefinidamente a esas viviendas los beneficios otorgados, no obstante cualquier modificación que pudiera afectar posteriormente a esta legislación.

Junto con desarrollar una política de incentivos para los inversionistas y usuarios de “viviendas económicas”, el D.F.L. 2 innovó en diferentes aspectos de los planes habitacionales tradicionales, corrigiendo errores de las legislaciones anteriores. En este sentido se introdujeron las siguientes innovaciones:

- Creación de un sistema de “cuotas de ahorro para la vivienda”, que protegiera al ahorrante de la permanente desvalorización monetaria causada por la inflación y que estimula a ahorrar para solucionar el problema habitacional.
- Creación de la “unidad reajustaste” (D.S.63, Mop “D.O.” 8-1-60) , para reajustar los saldos de precios, créditos, dividendos adeudados a la CORVI, para evitar así que la inflación redujera la deuda a valores irrisorios, lo que junto con anular la recuperación de la inversión provocaba la descapitalización de las instituciones que otorgaban créditos para viviendas a largo plazo. Esta situación, de normal ocurrencia en el pasado con las cajas de previsión, reducía él numero de futuras prestaciones para fines habitacionales.
- Estructuración de un sistema de puntajes para la asignación de viviendas a los postulantes de la CORVI, definiendo una estricta proriedad en base a la antigüedad del ahorro número de cargas familiares y monto del ahorro previo, lo que generaba confianza y aclaraba las expectativas del ahorrante.
- Creación de un sistema de bonificaciones y subsidios, que beneficiaba a los deudores de menores ingresos a quienes les fuera muy difícil cumplir sus obligaciones y que temporalmente, por enfermedad o cesantía, no se encontraban en condiciones de pagar su dividendo.

A fin de facilitar y asegurar el éxito del nuevo plan de viviendas económicas, el D.F.L. 2 promovió la reestructuración de los organismos dedicados a la construcción de viviendas, a saber:

- Reestructuración global de la CORVI, dotándola de los departamentos necesarios  para la selección de postulantes, asignación de viviendas, cobranzas de dividendos, construcción directa, fomento a la inversión privada, control de préstamos, etc. Esta acción fue complementada además con la provisión de los recursos fiscales.
- Traslado a la CORVI de los departamentos técnicos de ocho cajas de previsión a fin de sistematizar y unificar los métodos, procedimientos y tipologías de las viviendas económicas a entregar a los postulantes. Simultáneamente, se dispuso la obligación de que dichas instituciones de previsión pusieran a disposición de CORVI los excedentes o utilidades de su gestión, para ser invertidos en la construcción de viviendas para sus imponentes.

Si bien esta legislación contiene beneficios interesantes para ser aprovechados tanto por los empresarios constructores de “viviendas económicas” como por sus usuarios, ellos no constituyen en sí un factor preponderante para atraer recursos significativos al mercado de la vivienda, ya que el volumen de esta actividad obedece esencialmente a al demanda y a la capacidad de pago de los usuarios, y esta última se encuentra regulada por la accesibilidad al sistema de créditos existentes para este objeto. No obstante en su etapa inicial el D.F.L. 2 logró desviar cuantiosos recursos  a la construcción de viviendas, en base a lo dispuesto en él articulo 22, que permitió un “blanqueo de capitales” para todos aquellos recursos que se utilizaran en la construcción de “viviendas económicas”, a iniciarse antes del 30 de junio de 1960 o que se invirtiera en “cuotas de ahorro para vivienda” antes de dicha fecha.





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