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Actos administrativos discrecionales - Monografía



 
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Derecho Administrativo mexicano. Administraciones Públicas. Potestades administrativas. Discrecionalidad. Desvío de poder



1.Acto Administrativo



1.1.CONCEPTO.



Al respecto podemos citar al maestro Acosta Romero  que define al acto administrativo como “una manifestación unilateral y externa de voluntad  que expresa una decisión de autoridad administrativa  competente en ejercicio  de la potestad pública”.

El maestro Rafael Entrena Cuesta  expresa  que es un acto jurídico  realizado por la administración con arreglo al Derecho administrativo.   Es por ello que su contenido esta integrado  por una declaración de voluntad, por una manifestación de juicio , etc.,  que conlleva la creación de determinadas consecuencias jurídicas.    Es en virtud de lo anterior, nos comenta el citado autor,  que no podrá considerarse  como actos administrativos las meras operaciones  materiales   o intelectuales, ya que si bien  indirectamente  pueden  producir  efectos jurídicos, tales efectos no derivan de ellas de forma directa.

Luis Humberto Delgadillo estima que el acto administrativo es una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio de un órgano administrativo, realizada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos concretos en forma concreta

Además de lo comentado, podemos citar a Jorge Fernandez Ruiz , el cuál manifiesta que  como acto administrativo  puede entenderse,  como la declaración unilateral de voluntad  de un órgano del poder público en ejercicio  de la función  administrativa, con efectos jurídicos  directos  respecto de casos  individuales  específicos.

Estos efectos jurídicos, nos comenta el autor citado,  se traducen en la creación, modificación o extinción  de derechos y obligaciones a favor o a cargo  de sujetos individuales específicos, o en la determinación  de las condiciones  para la creación, modificación o extinción  de derechos y obligaciones para un caso específico.

En vista de lo anterior, coincidimos con el último autor citado, ya que las primeras definiciones no contemplan de manera completa lo que debe entenderse a nuestro parecer,  como acto administrativo.

Una vez ya definido dicho concepto, pasaremos a explicar el principio de legalidad  y la  relación que tiene con el acto discrecional, teniendo a éste como uno de las clases de actos administrativos que hay.

1.2.PRINCIPIO DE LEGALIDAD.


Dentro del Derecho Administrativo, podemos comentar que la función administrativa, encargada ésta de la ejecución de actos que determinan  situaciones para casos individuales, necesita del principio de legalidad para su desarrollo adecuado  dentro del marco jurídico.    Al respecto, el maestro Manuel Gabino Fraga  comenta que dicho principio tiene su importancia,  en que ningún órgano del Estado puede tomar una decisión  que no sea conforme a una disposición general anteriormente dictada. Por lo tanto,  la autoridad hará lo que expresamente le sea permitido;

No obstante dicho principio, según el autor citado,  tiene su excepción en la facultad discrecional, ya que dicha facultad discrecional  si bien su punto de partida siempre será la ley, también dicha facultad discrecional implica en su ejercicio el tomar decisiones en vista de criterios de carácter no legislativo y que por consecuencia lógica se le atribuye a la autoridad tomar en cuenta esos criterios  para optar o no por determinada decisión, originándose por tanto el realizar actos individuales  que no están previstos estrictamente en una disposición general.

Por otra parte,   podemos darnos cuenta de las diferentes clases de actos administrativos que hay, y que para efectos de nuestro estudio   podemos distinguir dos, el acto administrativo discrecional y el acto administrativo  reglado, los cuales tienen determinadas  características que se señalan a continuación.


1.3.CLASIFICACIÓN EN ACTOS REGLADOS Y ACTOS  DISCRECIONALES.



Las características de los actos administrativos reglados y discrecionales podemos señalarlas en base a sus diferencias y similitudes  que a continuación se enuncian:

1.    Desde el punto de vista de su emisión.    El acto reglado  al concurrir  los requisitos  de hecho o de derecho  exigidos por la norma  para su emisión, debe ser  emitido; en cambio el acto discrecional  puede o no ser emitido, ya que la valoración de las circunstancias  que justifican su emisión  depende de la apreciación  subjetiva del órgano  competente para emitirlo.

2.    El acto administrativo reglado  se puede referir a cualquier aspecto  del acto administrativo puede referirse  tanto a la emisión del acto  como a cualesquiera de sus elementos. En cambio el carácter discrecional  se puede sólo referir  a la emisión del acto administrativo como también a su contenido y forma.

3.    El  acto administrativo  reglado ha de ajustarse  al fin  concreto  expresado  en la norma.  El  acto administrativo discrecional, si bien puede tener determinada  su finalidad concreta, también es que en el supuesto de que no la tuviera de manera expresa siempre debe tender a la satisfacción de  la mejor manera de las exigencias del interés  público.

La  valoración subjetiva que hace el órgano emisor del acto administrativo reglado  es sólo como medio o presupuesto de hecho  para la aplicación de la norma.    En cambio en el  acto administrativo discrecional  la valoración  subjetiva que hace el órgano emisor de dicho acto es esencial para determinar  el contenido del acto  que se  emite.

El acto reglado es la mera ejecución de la ley, en el que la misma señala exactamente el cómo y el deber de actuar de la autoridad; en cambio en el acto discrecional  la autoridad tiene un cierto  margen de libertad de apreciación  para decidir en que momento debe actuar o cómo debe actuar.

No obstante lo señalado, podemos comentar que no existe a veces un línea perfecta de separación  entre estos dos tipos de actos.    Esto se explica, por que al concederse por ley  facultades discrecionales, dicha facultades mas que referirse  a la realización del acto en su integridad, sólo se referirán a algunos elementos del acto y no a todos.

SIMILITUDES



a.    El derecho que  llega a emanar, tanto del acto  administrativo reglado como en el discrecional,  es de idéntica  substancia.   Es por tanto que el derecho que nace de dichos actos  administrativos es de igual  consistencia jurídica, no pudiendo ser extinguidos  por la propia Administración Pública por sí y ante sí,  sino que la Administración  debe ocurrir  ante el Poder Judicial  ejercitando la acción de nulidad.

b.    Ambos actos administrativos, -el reglado y el discrecional- son recurribles.


2, Acto discrecional


En base a las diferencias y similitudes ya mencionadas, podemos determinar que al hablar de acto discrecional debemos entenderlo como un acto administrativo en el que si bien  la administración actúa dentro determinados limites también lo es que goza de determinada libertad, ya que su conducta, análisis y decisión que llega a tomar ante determinado hecho no esta constreñida  por normas legales totalmente, sino por la finalidad jurídica a cumplir, que es la satisfacción de la mejor manera del interés público; haciendo lo anterior, mediante la valoración que hace la autoridad de determinados hechos  o situaciones que se encuentran en presencia de la misma, tratando de guiarse por datos que representen la  oportunidad y conveniencia para la satisfacción de la mejor  manera de la finalidad jurídica  obligada a realizar,  y estando siempre respetando las reglas de la moral y del interés público en las que se encuentra.

2.1. Características  del acto discrecional.



Por lo anteriormente explicado, podemos sintetizar  que las características del acto administrativo discrecional son las siguientes:

A.    La autoridad emisora del acto discrecional tiene la facultad de elegir  de entre las posibles decisiones la más adecuada.

B.    Dicha elección se hará en base a la valorización y apreciación que hace de los hechos ante los que se encuentra.  Apoyándose y respetando por tanto las reglas de la moral y del interés público.

C.    En el acto discrecional al momento de valorar el hecho se realiza un juicio de oportunidad en relación a normas o criterios de diversa naturaleza, pero no legislativos.

D.    En el acto discrecional se da una mayor libertad de elección por la autoridad, ya que ésta al decidirse por determinada posibilidad, lo hace mediante un análisis que no implica una conducta automatizada por la autoridad, sino una apreciación de los hechos ante los que se encuentra. Es por ello, que si bien la autoridad debe forzosamente de partir de la norma para estar facultada a realizar un acto discrecional  también lo es  que no está constreñida para tomar dicha decisión de manera automática sin una apreciación de criterios de carácter no legislativo.

2.1.1.Interpretación y discrecionalidad



Para darnos cuenta y ver en que casos estamos ante una facultad discrecional, el maestro Marienhoff  nos proporciona  las siguientes reglas de interpretación:

- Las facultades discrecionales de una autoridad surgen cuando la legislación  se limita  a señalar los fines prescindiendo  de la mención específica de los medios para lograr aquellos.

- La existencia de formas o de un procedimiento especial para la emanación  de un acto no es impedimento para excluir la posibilidad  de que el respectivo acto sea discrecional.

- A falta de otros elementos  de juicio, la redacción literal de la norma  puede determinarnos cuando estamos ante una facultad discrecional. Vgr. “facúltese”,  “autorízase”, “podrá”, etc.

- En materia de actos que implican restricciones a las libertades públicas, en caso de duda ha de negarse la existencia  de la facultad discrecional. Ya que como bien es sabido, dentro de un marco de legalidad y sobre todo en materia de libertades individuales, la autoridad sólo puede intervenir si expresamente la ley  le faculta (Principio de legalidad).

- Cuando la ley  prevea dos  o más posibles actuaciones en un mismo caso  y no se imponga ninguna de ellas con carácter obligatorio  estaremos ante una facultad discrecional.

2.1.2.Silencio de la ley


Ante el silencio de la ley, podemos comentar que es necesaria la existencia de una ley para que se autorice el ejercicio de una facultad, ya sea discrecional o reglada, ya que la discrecionalidad no deviene  de un silencio o vacío legislativo, ya que como bien sabemos el fundamento de la facultad discrecional es la misma legislación, por tanto es de concluir que discrecionalidad no significa ausencia de ley.

Y es que aceptar  que las lagunas legales en materia administrativa  constituyen  fuente de facultades discrecionales caeríamos en una Estado que violentaría los derechos de los gobernados ante la carencia de ley.

2.1.3.Principio de reserva de la ley.


El principio de reserva de la ley, establece  que existen materias  sobre las cuales sólo el órgano legislativo  tiene facultad  de regularlas,  creándose así el orden jurídico respectivo.    Por lo tanto, la reserva de la ley  aparece  cuando  la regulación  de una determinada materia  queda acotada  en forma exclusiva  a la ley formal.

Es en virtud de lo anterior, que en   el supuesto de que se permitiera a la administración  la posibilidad de tener por ejemplo  un poder discrecional  sobre  garantías individuales,  traería como resultado el  violentar este principio;  ya que el principio de reserva manifiesta exclusividad de competencia del poder legislativo para que intervenga sobre determinadas materias,  realizando y siendo el único para actuar sólo sobre las mismas que  le señale la ley, ya que en caso contrario la constitución  sería la única para facultar a los poderes federales el poder realizar determinada función que por naturaleza no les corresponde (Vgr. Uso de facultades extraordinarias del presidente en materia de suspensión de garantías para dictar las normas que sean necesarias ante la situación de emergencia) .

Por lo anteriormente explicado, el Congreso  debe prestar especial atención  al uso del lenguaje  y a las materias que regula en su caso, para así evitar  los excesos de poder que en uso  de un supuesto poder discrecional  pueda hacer una determinada autoridad .

2.2.Tipos de discrecionalidad



Siguiendo al autor Rafael Martínez Morales,  podemos mencionar que entre las diferentes clases de facultades discrecionales se encuentran:

a)    La facultad discrecional libre consiste  en que el órgano  puede o no realizar   la actividad  que le está permitiendo la ley, existiendo una total libertad  para actuar o no y también para determinar  el sentido y alcance  de la declaración unilateral  de voluntad.   Vgr. nombramientos, actos en las relaciones diplomáticas, etc.

b)    La facultad discrecional obligatoria consiste en que  el funcionario  o empleado público tiene que actuar  en uno u otro sentido pero no puede abstenerse de emitir  el acto.

c)    La facultad discrecional técnica consiste en que los entes  gubernamentales  tienen libertad para seleccionar  los mecanismos idóneos  para llevar a cabo sus tareas  de naturaleza científica o técnica.

En relación a esta facultad discrecional técnica, hay otras opiniones en doctrina contrarias a poder concebirla  como tal, ya que autores como Miguel S. Marienhoff   comenta que las reglas  técnicas no pueden estar supeditadas  a la discrecionalidad, ya que la técnica por su propia naturaleza  excluye la posibilidad de una facultad discrecional y es que las reglas técnicas obedecen a conclusiones científicas y criterios  que por ser ineludibles escapan a la  posibilidad de que la autoridad pueda tomarla como objeto para el ejercicio o no de su facultad discrecional.

En virtud de lo anterior, y desde nuestra opinión personal, pensamos  que la posibilidad de que exista discrecionalidad técnica estará en la medida de que pueda optarse de entre varios métodos o procedimientos técnicos por la autoridad para el caso concreto, ya que la facultad discrecional de la autoridad no radica en que la autoridad misma tenga que crear por sí las reglas técnicas, sino en elegir mediante un juicio de oportunidad, las reglas técnicas que la ciencia en su respectivo campo las crea.

2.3.Discrecionalidad y arbitrariedad



En relación a este punto la doctrina es tajante, ya que nos manifiesta  que no se pueden confundir la discrecionalidad con la arbitrariedad.

Al respecto  el maestro Miguel S. Marienhoff  comenta que la arbitrariedad es una conducta  antijurídica e ilegítima de los órganos del Estado; en cambio la discrecionalidad se desenvuelve  en un contexto de juridicidad y es por principio legítima. También así nos comenta el mismo autor, que un acto administrativo discrecional tiende a satisfacer los fines de la ley, como lo es el interés público; en cambio un acto arbitrario  se aparta de la finalidad  a que el acto emitido  debe responder. Otra diferencia que apuntar, es que la arbitrariedad es una libertad  mal orientada; en cambio la discrecionalidad si bien también goza de libertad, también lo es que esa libertad esta limitada por un fin, que es la satisfacción de los intereses públicos que marca la ley.

Además de lo anterior, podemos citar al  maestro Manuel Gabino Fraga  que al respecto comenta, que “…..siempre el poder arbitrario representa la voluntad personal  del titular  de un órgano administrativo que obra impulsado por sus pasiones, caprichos o sus preferencias…..”; en cambio la facultad discrecional, nos manifiesta el mismo autor, “…. que aunque constituye la esfera libre de la actuación  de una autoridad, tiene un origen  legítimo, como lo es la autorización  legislativa….”.    Y es por esta razón que una orden arbitraria carece de todo fundamento  legal, en cambio  la orden discrecional siempre tendrá que cumplir  con los requisitos que exige el artículo 16 constitucional  de fundar y motivar  la causa legal del procedimiento.

2.4.Límites a la facultad discrecional



Como bien es sabido todo acto de autoridad debe sujetarse a un ordenamiento jurídico para que su actuar sea permitido, es entonces que ésto implica la existencia de límites  dentro de los cuales la discrecionalidad tampoco escapa.   Es por ello,  una prioridad   señalar, que los límites de la discrecionalidad, según el maestro Rafael Martínez Morales, pueden entenderse como una  evaluación  de los motivos o razones que motivan el acto, así también serán objeto a seguir  los fines que se persiguen con dichos motivos o razones.

En virtud de lo anterior, la discrecionalidad no puede ser una potestad ilimitada  de la Administración Pública, apareciendo  el Estado de Derecho  que controlará cualquier posibilidad  de la existencia  de un acto caprichoso  nacido con el pretexto  del ejercicio de  una facultad  discrecional.  Dicho Estado de derecho se valdrá de la Vía administrativa  y Judicial  para que dicho acto administrativo  discrecional  se sujete a los límites  que la ley y la doctrina  dominante  toman como necesarios,  para que el acto administrativo  discrecional  se desenvuelva dentro de un contexto de juridicidad.

Dentro de los límites que nos señala un Estado de Derecho  podemos establecer la misma ley, ya que ella establecerá los lineamientos  a los que se ha de sujetar la autoridad.     En relación a ésto, hay que recordar  que si bien el ejercicio de la actividad discrecional se desarrolla apoyándose en criterios de carácter no legislativo, tampoco hay que dejar de reconocer que el punto del que parte todo acto de autoridad es la misma ley.

Un límite también importante  es la satisfacción  de la mejor manera  del interés público, ya que éste es un límite infranqueable al cuál debe sujetarse el acto administrativo  discrecional  como un tipo de acto administrativo  de los que contempla el ejercicio de la administración pública.

Otro límite es por tanto la finalidad  a que debe responder la emisión del acto, ya que como bien se ha dicho, no existe  la facultad discrecional  en cuanto a la finalidad del acto. Y es que el fin sin lugar a dudas será siempre de carácter reglado, dándonos cuenta que el fin necesariamente estará expresamente   o implícitamente  señalado en la ley, pero que en el último caso  el fin de la actividad  administrativa se conducirá hacia le bien común.

Otro tipo de límites que son también necesarios  para el desarrollo sano  de una actividad discrecional  son:

a) Los hechos



Este elemento no puede estar  sujeto a apreciación alguna, no hay discrecionalidad que se pueda permitir  para decir que se dieron o no los hechos, ya que estaríamos ante un vicio, por una falta de causa  por haber emitido el acto  administrativo  discrecional  sin haber concurrido  los requisitos  de hecho necesarios para emitirlo.

b) Reglas formales



Estos elementos se presentan en el acto administrativo, tanto el discrecional como en el reglado, con caracteres de uniformidad y de relativa estabilidad.    Un ejemplo de ellos es la competencia  que siempre será un límite obvio de todo acto administrativo.    Y es que la existencia de formas o de un procedimiento especial para la emanación  de un acto  no es impedimento  para excluir la posibilidad de que el respectivo acto sea discrecional.

c) Principios Generales del Derecho.


Entre dichos principios se encuentra la razonalibidad, la prudencia, la buena fe, la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad, el debido proceso legal, el evitar el mayor perjuicio, etc.

d) Autolimitación de la administración.



Esta puede llevarse  a cabo a través del ejercicio  de la facultad  reglamentaria  del presidente, de actos administrativos generales como las llamadas circulares.

Una vez determinados  los límites  que se establecen para el desarrollo  de la actividad administrativa discrecional, podemos comentar por último las teorías  que han influido para someter una posible potestad  discrecional ilimitada que pudiera originarse en manos  de una autoridad  con fines diferentes  a los que le marca la ley.

2.4.1.Teoría del desvío de poder.          



En relación a esta teoría podemos comentar las diferentes opiniones que hay en los diferentes países.   Al respecto para la doctrina  norteamericana nos manifiesta que habrá desvío de poder cuando la administración, haciendo uso de facultades discrecionales emite un acto notoriamente injusto  o irracional, quedando al particular opositor  la carga de la prueba.

La doctrina francesa nos comenta que el desvío de poder aparece  cuando se persigue  un fin que no es aquél que  en el caso debía perseguir, al obedecer el órgano administrativo un motivo distinto  del que conforme  al sentido implícito  de la ley debió tomar en cuenta.

Cabe señalar, que ésta técnica llamada desvío o desviación de poder,  viene precisamente de ese Derecho Francés, el cuál ante la actitud del órgano administrativo  de perseguir un fin distinto del que señalara la ley expresa o tácitamente para su actuar, da al particular  cuatro motivos para impugnar los actos ilegítimos, éstos eran causas que daban pie a la anulación del acto administrativo, dichas causales son las siguientes:

a)    Por incompetencia del funcionario  o empleado.

b)    Por omisión o incumplimiento  de las formalidades  que legalmente debía haber revestido el acto administrativo.

c)    Por violación a la disposición aplicada o aplicación indebida de la misma.

d)    Desvío de Poder.

Esta doctrina Francesa influyó  para que en  el Derecho Mexicano tomara relevancia la “Teoría del desvío del poder”, y autores como Rafael I. Martínez Morales  opinaran que entre abuso de poder y desvío de poder  hay diferencia, ya que  en  la primera categoría, según este autor,  se incluyen  los actos que han sido emitidos con total arbitrariedad  y rebasando los límites que la ley fija  para la actuación del servidor  público.  En tanto que hay desvío del poder, cuando dentro del marco creado  por la ley  se actúa de modo exagerado e inequitativo  al hacer uso de facultades discrecionales, de tal suerte que se desvirtúa la finalidad  que debe perseguir todo acto administrativo.

El maestro Jorge Olivera Toro , comenta que la desviación de poder  constituye la ruptura  de la obligación que tiene  el órgano de la administración  de realizar un fin público y específico  del caso concreto que la ley  le ha fijado  al otorgar la competencia  del órgano, por lo tanto, pudiera en un amplio sentido, implicar un motivo de incompetencia puesto que el acto  debe acomodarse  al ordenamiento jurídico.

En relación a la opinión que emite este autor, pensamos que la desviación de poder y la incompetencia del órgano son causales diferentes, ya que  como bien sabemos puede un acto administrativo  haber sido realizado por el funcionario competente  con todas las apariencias de regularidad, y sin embargo este acto discrecional realizado, que el funcionario calificado  tenía el derecho estricto de realizar, puede estar afectado de ilegalidad  si su autor ha usado  de sus poderes  para un fin distinto  del interés general. Y es que difícilmente se puede encontrar una modalidad de ilegalidad  del acto administrativo  diferente de las que se han elaborado por el Consejo del Estado Francés(Incompetencia del funcionario, omisión  de las formalidades que debe revestir la resolución, violación a la disposición  aplicada y desvío de poder).

El maestro Gabino Fraga , comenta que como ilegalidad de los fines del acto se conoce con el nombre de desviación de poder, ya que el poder administrativo  se desvía cuando persigue fines distintos de los que señala la ley o cuando ya no se sigue la finalidad que debe perseguir siempre el agente administrativo y que es el interés público.

Por  lo anteriormente expuesto, y en base a la opinión de María Isabel  Urrutia Cárdenas, pensamos  también que el desvío de poder es “….un vicio  del acto administrativo  emanado por la autoridad  legalmente capacitada  para ello, que no consiguió los fines previstos en la ley, o que si ésta no los preveía, el funcionario  al hacer  uso de sus facultades discrecionales  erró en determinar  el verdadero espíritu de la ley fundamental o bien el caso concreto  no ameritaba  la posición del acto dictado…”.

En virtud de lo anterior, y ante la actividad del juez para encontrar la probable existencia o no de desvío de poder, debe  buscar entre otros elementos, el fin con  que el legislador confirió cierta facultad a determinada autoridad, así como también analizar  con que fin, de hecho, la autoridad  en el caso litigioso ha usado  sus facultades, comparar así estos dos fines  para determinar así la existencia o no de desvío del poder.

2.4.2.Teoría de la oportunidad


Esta teoría del mérito o de la oportunidad, según el maestro Olivera Toro , se debió a los tratadistas italianos, que se refirieron al mérito  como elemento del acto  administrativo, entendido como la adecuación necesaria de medios  para lograr los fines públicos específicos  que el acto administrativo  de que se trate  tiende a lograr.

También se entiende por mérito, nos comenta el mismo autor, como la conveniencia y oportunidad del mismo, es decir,  reiterando  su adaptación a la obtención del fin  específico  que con la emanación del acto se pretende obtener.

El elemento mérito  se observa  en los actos administrativos  dictados  con una competencia discrecional, en que la administración necesita  señalar qué debe hacerse. La falta de apreciación correcta de las consecuencias produce  vicio de mérito, el que se nota con mayor claridad  en estos actos, sin que este elemento sea exclusivo  de ellos.

Dicha teoría del mérito, podría entenderse  para ser incluida  como irregularidad perteneciente al desvío de poder; pero no obstante si bien la autoridad  realizó una apreciación  inoportuna, también lo es que  no encuadra  dentro del recurso  de la desviación de poder, ya que la autoridad, bien podría  estar cumpliendo  con el fin específico  o general  de la ley, pero en base a una motivación  inexistente  o errónea, por lo que se impugnaría no el supuesto desvío de poder  sino la motivación  que la autoridad haya señalado o haya dejado de señalar .

Es por lo anterior, que la teoría del desvío de poder y la teoría del mérito  si bien las dos implican actitudes erróneas de la autoridad, también lo es que una y otra se impugnarían por diferentes razones(Desvío de poder por seguir una finalidad distinta a la que señala la ley, y la del mérito, por apoyarse en una motivación no apreciada de manera correcta y que  no necesariamente implica llegar a una finalidad distinta a la que señala la ley).

2.4.3.Teoría de los conceptos jurídicos indeterminados



Esta teoría es de origen alemán , se le llamo también como conceptos flexibles  o de goma.  Dicha doctrina  distingue entre la discrecionalidad  y los conceptos jurídicos indeterminados.  Al referirnos a concepto jurídico indeterminado hacemos referencia a aquellos conceptos  existentes  en las leyes  que por ser abstractas, universales y generales, tienen que incluir términos universales  ante la imposibilidad  de un casuísmo. Vgr. utilidad púbica, precio justo, etc.

Dicha teoría nos señala que al actualizar un concepto jurídico indeterminado no depende de una voluntad discrecional  sino de una interpretación de la ley, pero no una elección entre alternativas igualmente justas, por que admite una solución justa, por lo tanto al hablar de conceptos jurídicos indeterminados hacemos referencia  a unidad de solución, en oposición a la facultad discrecional que admite pluralidad de soluciones.

Como ejemplos de conceptos jurídicos indeterminados,  tenemos a la utilidad pública, bien común,  precio justo, etc; que nos dan a entender  el no poder  considerar  que existan  en dichos casos la posibilidad de facultades discrecionales.

Autor:

Alex





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