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Actos de comercio Términos jurídicos parte 4 - Monografía



 
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CAPITULO V
JURISPRUDENCIA SOBRE ACTOS DE COMERCIO



1. EXP. N.º 402-96-AA/TC
CHIMBOTE
ESTACIÓN DE SERVICIOS CASMA S.A.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Huaraz, a los veintiséis días del mes de mayo de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO



Recurso Extraordinario interpuesto por la Estación de Servicios Casma S.A. contra la Resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Chimbote de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas ciento doce, del ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, que declaró infundada la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES



Estación de Servicios Casma S.A., representada por don Mario Nelson Salazar Cerna, interpone demanda de Acción de Amparo y, acumulativamente, medida cautelar contra la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-Chimbote, para que se declare inaplicable la Resolución de Oficina Zonal N.º 000145-95-Z1-0100, notificada el veintiuno de setiembre de mil novecientos noventa y cinco, que resuelve cerrar el establecimiento por un período de diez días calendario, por no otorgar comprobante de pago; así como, para que se ordene la suspensión del cierre del local. Refiere que dicha resolución viola su derecho de trabajo, a la libertad de trabajo y a la libertad de empresa, comercio e industria.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-Oficina Zonal Chimbote, representada por doña Dora Pardo Reyes, contesta la demanda, solicitando que sea declarada infundada, porque la resolución materia de la Acción de Amparo de la demandante ha sido emitida conforme a ley, no habiendo amenazado ni violado ningún derecho constitucional de la demandante.

El Juzgado Civil de la Provincia de Casma, a fojas treinta y nueve, con fecha cuatro de octubre de mil novecientos noventa y cinco, expide resolución declarando infundada la demanda de Acción de Amparo, por considerar que la demandante no ha probado los extremos de su demanda y, por el contrario, la Sunat-Chimbote ha demostrado, la existencia de un debido proceso administrativo, con las garantías de ley.

La Sala Mixta Descentralizada de Chimbote de la Corte Superior de Justicia de Ancash, a fojas ciento doce, con fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, confirma la apelada, por estimar que la demandante no ha desvirtuado los fundamentos en que se sustenta la resolución apelada, habiendo sido dictada con arreglo a ley. Contra esta resolución, la demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS



Fue la sanción de cierre temporal de establecimiento, impuesta a la demandante por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, tiene como base legal el artículo 174º inciso 1) del Código Tributario, aprobado por el Decreto Legislativo N.º 773, vigente a la fecha de la infracción tributaria, y la Resolución N.º 212-92-EF/SUNAT.

Que, en concordancia con las disposiciones legales mencionadas, no otorgar los comprobantes de pago en la forma de ley constituye infracción relacionada con la obligación de emitir y exigir comprobantes de pago.

Que la Administración Tributaria, para los efectos de verificar el cumplimiento, entre otros, de la entrega de los comprobantes de pago por parte de los contribuyentes que se encuentren obligados a su emisión, nombra a personas de reconocida solvencia moral para que, en calidad de fedatarios, actúen en su representación; estando facultados estos últimos en caso de comprobar la comisión de las infracciones, como en este caso la de la falta de entrega de comprobantes, a levantar un acta en la que se constate tal hecho. Tiene esta acta el carácter de prueba plena y sirve de sustento a la resolución que establece la sanción.

Que el proceso de determinación de la infracción tributaria, a tenor de lo dispuesto por el artículo 165º del Código Tributario, aplicable al presente caso, es de naturaleza objetiva, entonces, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, como la que es materia de esta Acción de Amparo, se presume la veracidad de los actos comprobados por los agentes fiscalizadores, vale decir, que se deben reputar como ciertos los hechos expresados en el Acta Probatoria de fojas siete, más aún si para su levantamiento, como en este caso, se ha cumplido con el procedimiento dispuesto por el Decreto Supremo N.º 259-89-EF.

Que, de conformidad con lo establecido por la Resolución N.º 212-95-EF/SUNAT, concordante con lo dispuesto por el artículo 183º del Código Tributario aplicable, el no otorgar los comprobantes de pago se sanciona con el cierre temporal del establecimiento por un período de cinco días calendario si la infracción se cometiera por primera vez; siendo el doble cuando el Tribunal Fiscal desestime la apelación de la resolución que resuelve el cierre del establecimiento, tal como lo dispone el artículo 185º del Código mencionado.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA:


CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Mixta Descentralizada de Chimbote de la Corte Superior de Justicia de Ancash, de fojas ciento doce, su fecha ocho de abril de mil novecientos noventa y seis, que confirmando la apelada declaró INFUNDADA la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.
ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO

2. EXP. N.° 175-98-AA/TC

LIMA
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LA FERIA MUNICIPAL
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los diecinueve días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:


ASUNTO


Recurso Extraordinario interpuesto por el Presidente de la Asociación de Comerciantes de la Feria Municipal Flores, Frutas y Artesanía Polvos Verdes de Jesús María, don Edisón Cachay Rivera, contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos trece, su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES



El Presidente de la Asociación de Comerciantes de la Feria Municipal Flores, Frutas y Artesanía Polvos Verdes de Jesús María, don Edisón Cachay Rivera, con fecha cinco de febrero de mil novecientos noventa y siete, interpone Acción de Amparo contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Jesús María, a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía N.° 493-97 de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, que se reponga a los demandantes en su lugar de trabajo (intersecciones de las avenidas Salaverry, Domingo Cueto, Edgardo Rebagliati y Cápac Yupanqui del distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima), debiendo ordenarse al personal de la Policía Nacional, Serenazgo y Policía Municipal que se retiren del lugar y que se permita el acceso a sus clientes.

Refieren que desde el año de mil novecientos noventa, tienen posesión de las avenidas Salaverry, Domingo Cueto, Edgardo Rebagliati y Cápac Yupanqui del distrito de Jesús María de la provincia y departamento de Lima, señalando que su posesión es legal, permanente, directa y de carácter público, siendo éste un mercado; que, asimismo, tienen contratos de arrendamiento celebrados entre la asociación demandante y la municipalidad demandada, los mismos que no se han respetado y que el día treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, sin que hayan transcurrido las veinticuatro horas, la demandada ordenó que se ejecute el mandato de desalojo.

La Alcaldesa de la Municipalidad demandada contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, al considerar que con fecha treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, se dio cumplimiento a la Resolución de Alcaldía N.° 493-97, la misma que fue notificada a los comerciantes informales, conforme lo dispone la Ordenanza N.° 005-95-MJM, que disponía la reubicación de los comerciantes que venían ejerciendo el comercio ambulatorio en las intersecciones de las avenidas Salaverry con Domingo Cueto y las calles Edgardo Rebagliati y Cápac Yupanqui del distrito de Jesús María. Refiere que los quioscos estaban ubicados a escasos metros del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y del Instituto Nacional de Salud, habiéndose comprobado el expendio de alimentos, en contravención con la Resolución Municipal N.° 014-92-SA/DM que lo prohíbe en zonas adyacentes a los centros de salud. Asimismo, el Decreto de Alcaldía N.° 020-96/MJM del veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y seis, prohíbe la actividad de comercio ambulatorio destinada a la preparación de comida; que, asimismo, propone la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa y la de representación defectuosa o insuficiente de la demandante, al no acreditar la representación que tiene respecto a las personas supuestamente afectadas, no habiendo mencionado en concreto quiénes son las personas que han sido materia de los actos que afirma.

El Segundo Juzgado Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas ciento setenta y ocho, con fecha veintidós de abril de mil novecientos noventa y siete, declaró improcedente la demanda, al considerar que no estando determinada la persona jurídica supuestamente afectada, dado que la Asociación de Comerciantes de la Feria Municipal Flores, Frutas y Artesanía Polvos Verdes constituye persona jurídica distinta a la asociación de comerciantes, Plaza de las Flores de Jesús María, no siendo posible la viabilidad de la presente acción; que, asimismo, y conforme se desprende de la resolución cuestionada, ésta se encuentra dirigida a reordenar el comercio ambulatorio ejercido por diversas personas naturales y no por asociaciones, por lo que ninguna de ellas tiene legitimidad para obrar en razón de que la supuesta violación del derecho constitucional que estarían invocando no les correspondería, al no ser ninguna de las asociaciones antes referidas las afectadas directamente, sino, en todo caso, los miembros que la conformarían.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte  Superior de Justicia de Lima, a fojas doscientos trece, con fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, confirmando la apelada declaró improcedente la demanda, por estimar que en el presente caso, los afectados son los comerciantes desalojados, los que a su vez tenían contrato de arrendamiento con la Municipalidad de Jesús María en calidad de personas naturales y no como integrantes de alguna asociación, conforme consta de fojas veintitrés a treinta y siete, al margen de la validez o invalidez de dichos contratos; que al plantearse la demanda, la demandante no acreditó que los afectados estén en imposibilidad física para hacerlo personalmente, y tampoco cumplió con presentar poder expreso para dicho propósito. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS



1. Que la presente demanda tiene por objeto que se declare inaplicable la Resolución de Alcaldía N.° 493-97 de fecha treinta de enero de mil novecientos noventa y siete, que resuelve en el punto siete, el retiro de todos los quioscos en funcionamiento y los considerados en estado de abandono ubicados entre el jirón Edgardo Rebagliatti, cuadra seis, y el jirón Cápac Yupanqui, cuadra catorce.

2. Que, del propio texto de la demanda se desprende que el desalojo se llevó a cabo antes de presentada la misma. Asimismo, del texto de los contratos suscritos entre las personas que conducían los puestos de venta y la municipalidad demandada aparece que éstos tienen plazo determinado.

3. Que, en consecuencia, la supuesta violación de los derechos constitucionales invocados por la demandante se habría convertido en irreparable, por lo que es de aplicación el artículo 6° inciso 1) de la Ley N.° 23506.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA



CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas doscientos trece, su fecha diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que confirmando la apelada declaró IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS.

ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO

3. EXP. N.° 333-2000-AA/TC
LIMA
MANFRED RISCHBECK  BEHR
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los quince días del mes de setiembre de dos mil, reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional, con asistencia de los señores Magistrados: Acosta Sánchez, Presidente; Díaz Valverde, Vicepresidente; Nugent y García Marcelo, pronuncia sentencia:

ASUNTO



Recurso Extraordinario interpuesto por don Manfred Rischbeck Behr contra la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y ocho, su fecha trece de enero de dos mil, que declaró improcedente la Acción de Amparo.

ANTECEDENTES



Don Manfred Rischbeck Behr, con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve, interpone Acción de Amparo contra el Alcalde, el Teniente Alcalde y la Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Miraflores, en el departamento de Lima, a fin de que se declaren inaplicables la Resolución N.° 1948-99-RAM, de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se requiere al demandante para que su  establecimiento deje de funcionar y comercializar licor después de las once de la noche, bajo apercibimiento de clausura del mismo y a dejar sin efecto la licencia de funcionamiento provisional; y la Resolución N.° 3059-99-RAM de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, que declaró infundado su recurso de reconsideración. Señala que la Municipalidad emplazada viola sus derechos constitucionales a la libertad de empresa, de trabajo, de comercio y al debido proceso.

Admitida la demanda, ésta es contestada por el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores, don Fernando Juan Andrade Carmona; el Teniente Alcalde, don Gabriel Larrieu Bellido, y la Secretaria General de dicha Municipalidad, doña Roxana María Rocha Gallegos, los que solicitan se la declare improcedente en razón de que esta vía procesal no es la idónea. Proponen la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa, pues la Resolución N.° 3059-99-RAM que declaró infundado el recurso de reconsideración fue materia de impugnación mediante recurso de apelación el tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, el que se encuentra pendiente de resolverse.

El Primer Juzgado Corporativo Transitorio Especializado en Derecho Público de Lima, a fojas ochenta y cuatro, con fecha veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve, declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e improcedente la Acción de Amparo, por considerar que el demandante recurrió a esta acción de garantía sin esperar el agotamiento de la vía previa.

La Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, a fojas ciento cincuenta y ocho, con fecha trece de enero de dos mil confirmó la sentencia apelada por los mismos fundamentos. Contra esta Resolución, el demandante interpone Recurso Extraordinario.

FUNDAMENTOS



1. Que el propósito del presente proceso constitucional es que se declare la no  aplicación de la Resolución N.° 1948-99-RAM, de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se requiere al demandante para que  su establecimiento no funcione ni comercialice licor después de las once de la noche, bajo apercibimiento de clausura del mismo, así como dejar sin efecto la licencia de funcionamiento provisional, y de la Resolución N.° 3059-99-RAM, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se  declaró infundado su recurso de reconsideración.

2. Que es necesario establecer si el  demandante ha cumplido con la exigencia prevista en el artículo 27° de la Ley N.° 23506, de Hábeas Corpus y Amparo, respecto al agotamiento de la vía previa.

3. Que el artículo 122º de la Ley N.° 23853, Orgánica de Municipalidades, establece que los actos administrativos municipales que den origen a reclamaciones individuales se rigen por el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos, hoy con rango de Ley.

4. Que, en el caso de autos, si bien es cierto que mediante Resolución N.° 3059-99-RAM, de fecha diecisiete de julio de mil novecientos noventa y nueve, se declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante, también lo es que la mencionada resolución ha sido materia de impugnación mediante recurso de apelación presentado con fecha tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, como se observa a fojas treinta, cuarenta y cinco, y sesenta, es decir, un día después de haber interpuesto su Acción de Amparo, encontrándose el citado recurso impugnativo pendiente de resolución, no habiéndose agotado, por tanto, la reclamación administrativa.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confieren la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica;

FALLA



CONFIRMANDO la Resolución expedida por la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas ciento cincuenta y ocho, su fecha trece de enero de dos mil, que confirmando la sentencia apelada declaró fundada la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa e IMPROCEDENTE la Acción de Amparo. Dispone la notificación  a las partes, su publicación en el diario oficial El Peruano y la devolución de los actuados.

SS

ACOSTA SÁNCHEZ
DÍAZ VALVERDE
NUGENT
GARCÍA MARCELO

4. EXP. N.° 0926-2004-AA/TC
LIMA
LAITA  SAC
SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 18 días del mes de mayo de 2004, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores magistrados Bardelli Lartirigoyen, Presidente; Gonzales Ojeda y García Toma, pronuncia la siguiente sentencia:

ASUNTO


Recurso extraordinario interpuesto por la empresa Laita SAC contra la sentencia de la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 109, su fecha 4 de setiembre de 2003, que declaró infundada la acción de amparo de autos.

ANTECEDENTES



La recurrente, con fecha 17 de enero de 2003, interpone acción de amparo contra la Municipalidad Distrital de Santísimo Salvador de Pachacámac, con el objeto de que cesen los efectos de la Resolución de Alcaldía N.° 2482-2002-MDSS/A, por la cual se declaró improcedente su solicitud de Licencia de Funcionamiento Definitiva para el giro propuesto de fábrica de ladrillos refractarios.

Señala que la Resolución de Alcaldía N.° 773-2000-MDSSP/A la autorizó para la apertura temporal de su establecimiento para el giro de fábrica de ladrillos refractarios por el plazo de un año, computado desde el 21 de febrero de 2000, y que, mediante Resolución de Alcaldía N.° 1251-2001-MDSSP/A, del 17 de julio de 2001, se le otorgó nueva autorización de funcionamiento por el plazo de un año adicional; agrega que a través de la Resolución de Alcaldía N.° 2482-2002-MDSSP/A se declaró improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento definitivo y se dispuso la clausura de su establecimiento, argumentándose que no ha cumplido con el requisito de cambio de zonificación a su favor y que no cuenta con Certificado de Compatibilidad de Uso. Al respecto, sostiene que la mencionada resolución carece de una debida motivación que permita dilucidar o sustentar la aplicación de la sanción de clausura, ya que no especifica si es transitoria o definitiva, por lo que considera que se han violado sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo, al trabajo y a la libertad de empresa, comercio e industria. Finalmente, aduce que en el presente caso es inexigible el agotamiento de la vía previa, dado que la resolución ha sido ejecutada antes de vencerse el plazo para que quede consentida.

La emplazada contesta la demanda señalando que la Municipalidad Distrital de Pachacámac en ningún momento ha expedido licencia de funcionamiento definitivo a favor de la actora,  sino una autorización temporal de funcionamiento a condición y por un plazo de 12 meses, por lo que, al no haberse cumplido el requisito de cambio de zonificación a su favor y por carecer del Certificado de Compatibilidad y Uso, se opinó por la improcedencia de lo solicitado.

El Trigésimo Segundo Juzgado Civil de Lima, con fecha 14 de abril de 2003, declaró infundada la demanda, por considerar que la demandada no ha violado derecho constitucional alguno, ya que la resolución administrativa fue emitida dentro de los marcos legales establecidos por la  Constitución y las leyes.

La recurrida confirmó la apelada, por los mismos argumentos.

FUNDAMENTOS        



1. El objeto de la demanda es que se inaplique a la recurrente la Resolución de Alcaldía N.° 2482-2002-MDSS/A, mediante la cual se declara improcedente su solicitud de Licencia de Funcionamiento Definitiva para el giro propuesto de fábrica de ladrillos refractaria, y se dispuso la clausura del establecimiento, por considerarse que lesiona las libertades de trabajo, empresa, comercio e industria.

2. Sobre el particular, en línea de principio general, este Tribunal debe recordar que el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, entre los cuales se encuentran los invocados en el presente caso, no pueden ni deben entenderse como exentos de regulación y, eventualmente, de limitación mediante ley, la que en todo caso deberá respetar su contenido esencial.

3. En el caso de autos, precisamente al amparo de una norma legal, que tiene el objeto de establecer las condiciones del ejercicio de los derechos invocados [esto es, de prever las condiciones para el establecimiento de una fábrica de ladrillos refractaria], y ante el incumplimiento de determinados requisitos, como son los  de contar con el cambio de zonificación a su favor y Certificado de Compatibilidad de Uso, la emplazada, mediante Resolución de Alcaldía N.° 2482-2002-MDSSP/A, declaró improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento definitivo presentada por la recurrente y dispuso la clausura del establecimiento.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que tales actos no vulneran los derechos constitucionales invocados, ex artículo 119° de la Ley Orgánica de Municipalidades, que faculta a la emplazada a disponer la clausura transitoria o definitiva de edificios, establecimientos o servicios cuando su funcionamiento esté prohibido legalmente y constituyan peligro, o sean contrarios a las normas reglamentarias, o produzcan olores, humos, ruidos y otros daños perjudiciales para la salud o la tranquilidad del vecindario.

Por los fundamentos expuestos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que la Constitución Política del Perú le confiere,

HA RESUELTO



Declarar INFUNDADA  la acción de amparo.
Publíquese y notifíquese.

SS.

BARDELLI LARTIRIGOYEN
GONZALES OJEDA
GARCÍA TOMA

CONCLUSIONES



1)    El contenido del Derecho Comercial gira sobre dos ejes principales que son: los comerciantes y los actos que estos realizan. comercio es una actividad o conjuntos de actividades, que tienen como objetivo el cambio de bienes o servicios que están en el dominio de los hombres y que son necesarios para la satisfacción de las necesidades humanas a través de la mediación.

2)    Los comerciantes son, en este sentido, las personas que practican habitualmente actos de comercio entre el que ofrece y el que demanda, con el fin de lucro, ganancia o beneficio. Como los actos de comercio se juzgan con criterio objetivo, el comercio puede ser ejercitado por cualquier persona, pero la practica ocasional de actos de comercio no otorga la calidad de comerciante a quien lo realiza

3)    La definición de los actos de comercio se puede desdoblar en tres aspectos: histórico, doctrinario y legal. A este último aspecto se le suele criticar, porque la delimitación de una rama jurídica no puede quedar librada al simple arbitrio del legislador.

4)    No hay una definición unitaria acerca del acto de comercio, puesto que los aportes hechos por los juristas son, divergentes. Así, para algunos, el acto de comercio es el realizado por la empresa, para otros, es el que busca un provecho económico, e incluso, se considera acto de comercio a aquel acto  que el legislador deseó considerarlo como tal.

5)    Por lo que ya hemos visto en el capitulo III perteneciente a los actos de comercio, vemos que no hay un consenso general entre ellos y que la mayoría se ciñe al código de comercio de su respectiva nacionalidad.

6)    A pesar de lo dicho en el párrafo anterior, podemos dar una clasificación general de los actos de comercio, después de haber visto a los autores mencionados en este trabajo, por lo que los dividimos en: Actos Objetivos (los actos comprendidos en las enumeraciones hechas por los códigos), Actos Subjetivos (los que son realizados por el comerciante), Actos Principales (están considerados esencialmente como comerciales), Actos Accesorios (adquieren el carácter de comercial por estar vinculados a un acto principal) y Actos Mixtos (los que tienen carácter mercantil para una de las partes y civil para la otra).

7)    Es importante que un comerciante sepa qué actos considera el código civil o comercial como lícitos o ilícitos, ya que, si cometiera algunos actos ilícitos sin saberlo, le generaría grandes inconvenientes como las multas, cierre del negocio y otras sanciones dispuestas por la ley.

8)    A nivel jurisprudencial, específicamente el nacional, podemos decir que generalmente trata sobre  la continuación o no de las actividades económicas, los casos que mostramos nos reflejan como el tribunal constitucional resuelve los casos de acción de amparo.

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Autor:

Jose Raymundo Ninas Cuentas





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