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Acuerdos de cooperación parte 3 - Monografía



 
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SECCION IV



POLITICA DE COOPERACION DE LA UE HACIA



LOS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO



A. MARCO GENERAL DE REFERENCIA



Para comprender la política de cooperación de la UE hacia los países en vías de desarrollo, es necesario partir de la categorización de cada país en las diferentes zonas de influencia.  La UE ha dividido a los países en vías de desarrollo en cuatro diferentes grupos   , con respecto a cada cual ha esbozado una política distinta:  los países Mediterráneos (Libia, Albania, Israel, Turquía, Malta y Chipre); los países Machreq (norte de Africa y los países de la Antigua Yugoslavia); los países de la ACP (Africa, el Caribe y del Pacífico); y finalmente, un grupo de países, muy heterogéneo entre sí, denominado de países no asociados.  Este último grupo incluye a los países exportadores de petróleo, a los países recientemente industrializados (NICs) y a los menos desarrollados.  Los países centroamericanos están incluidos en esta última y amplia categoría.

La cobertura y extensión de la cooperación comunitaria depende de la pertenencia a alguno de estos grupos.  Por ejemplo, los acuerdos con los países Mediterráneos son de naturaleza mixta, porque incluyen acuerdos de cooperación y otra serie de acuerdos en materia económica, financiera y técnica, así como relaciones comerciales y temas laborales.

Con algunas leves diferencias, los acuerdos con los países Machreq, son prácticamente iguales a los suscritos con los países Mediterráneos.   Estos acuerdos otorgan tratamiento comercial preferencial para todas las importaciones industriales hacia la UE, libre de restricciones arancelarias y de cuotas. Los productos agrícolas no gozan de libre comercio, pero sí reciben mejor tratamiento frente a importaciones de terceros países.

El nivel más amplio es el que reciben los países ACP, signatarios de la Convención de Lomé.   Este convenio incluye cooperación en materia ambiental, agrícola, de seguridad alimentaria, desarrollo de servicios, desarrollo industrial, cultural y social, cooperación regional, financiamiento para los programas de ajuste estructural, problemas relacionados con la deuda y las inversiones, y sobre todo, incluye acuerdos comerciales mediante los cuales se garantiza el libre acceso de los productos agrícolas y al comercio de servicios.

La uniformidad en las políticas de asistencia y de comercio de la UE con los países Mediterráneos y ACP, se ve contrastada  con  la  divergencia,  y  a  veces  incluso,

contradicción en las políticas con los países no asociados.  Las relaciones varían, desde convenios de cooperación exclusivamente en materia comercial, hasta relaciones más amplias que incluyen asistencia económica y para el desarrollo.

Sin perjuicio de la citada diversidad, la política de cooperación hacia los países en vías de desarrollo consiste, fundamentalmente en asistencia oficial para el desarrollo (ODA de acuerdo con sus siglas en inglés: “official development asistance”).  Este concepto incluye donaciones financieras y en especie, así como préstamos blandos.  Excluye, sin embargo, otro tipo de contribuciones oficiales y préstamos comerciales. Paralelamente, la mayoría de los Estados Miembros de la UE tienen programas bilaterales o multilaterales de ayuda con los países en vías de desarrollo.   Estos escapan del tema del presente trabajo porque son establecidos directamente entre los países o bien, canalizados a través de organismos internacionales, como por ejemplo: El Proyecto de Reordenamiento Agrario y Desarrollo Rural Integrado C.E.E. 82/12. Por ello se focalizará únicamente en los programas que forman parte de la política de asistencia comunitaria

Entre 1987-1988 la CEE fue la fuente más grande de asistencia para el desarrollo en el mundo, con un promedio anual neto de desembolsos de US$ 20.3 billones , con los precios y tipos de cambio de 1987.  Los Estados Unidos fue el segundo donante, con una contribución de US$ 9.5 billones.   Esta suma fue 53% mejor al total de los recursos que la Comunidad canalizó en ese año,pero 15% mayor en comparación con el nivel relativo de riqueza, medido a través del Productos Interno Bruto (PIB), de los Estados Miembros. El tercer lugar lo ocupó Japón, con un aporte de US$ 8.2 billones . Los países árabes, la antigua Unión Soviética y otros países cooperantes como los Escandinavos, Suiza, Austria, Canadá y Australia aportaron recursos en proporciones similares, sumado entre todos, cerca de menos de una cuarta parte del total canalizado por la CEE.

En 1988, el  31% de la ayuda que recibió Centroamérica, el Caribe y Suramérica provino de la Comunidad; el 22% de los Estados Unidos,el 7% de Japón, 17% del cuarto grupo de países y cerca de 23% de parte de la antigua Unión Soviética y sus aliados, el cual prácticamente se concentró en Cuba y Nicaragua.

Entre 1975 y 1991, la CEE proveyó aproximadamente ECU 825 millones  en ayuda en diversas formas para el desarrollo de los países centroamericanos.  La mayor parte de esta suma fue canalizada en asistencia alimenticia, financiera y técnica, sobre todo para el desarrollo rural.  Algunos fondos también se utilizaron para la promoción comercial, asistencia para emergencias y para refugiados y desplazados.  En 1991,la cooperación comunitaria para Centroamérica alcanzó su nivel más alto para un solo año: ECU 125 millones.

Una descripción más detallada de la distribución geográfica de la ayuda recibida durante esos años, muestra que Centroamérica y el Caribe recibieron cerca de 5.2% del total de la ayuda comunitaria, y alrededor del 4.6% del total de la cooperación del resto del mundo.  Esto significa que, en términos generales, la región centroamericana y el Caribe ostentan un papel secundario frente a Europa en relación con el lugar que ocupa frente a otros países cooperantes.  Esta afirmación se confirma con el hecho que cerca de la mitad de la cooperación europea para las dos subregiones, fue invertida en las provincias francesas de ultramar (Guyana Francesa, Guadaloupe y Martinique). Por su parte, la mayoría de la asistencia estadounidense durante esos años se concentró en cuatro países considerados estratégicos para los intereses norteamericanos: Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.

En términos financieros, la contribución comunitaria para el desarrollo económico de Centroamérica, aún bajo el supuesto de su duplicación, seguirá siendo modesta , sobre todo si se compara con la asistencia recibida de parte de los Estados Unidos a través de diversos programas, y que totaliza alrededor de US$ 900 millones por año en 1985 y 1986.  En general, las críticas sobre la cuantía de la ayuda de la UE hacia América Latina no son aisladas:

“Algunos analistas han criticado a la CE por su falta de éxito en la promoción del desarrollo mundial (Okolo 1985; Shaw 1979). …En palabras de Ralph Dahrendorf, “Europa escoge esconder su cabeza bajo la tierra” en asuntos de cooperación internacional (Dahrendorf 1982: 259) Jan Tinbergen ha indicado que Europa debe jugar un papel más activo en las regiones en vías de desarrollo “debido a su gravitación económica como socio comercial y a su relevancia social como un tipo de sociedad más avanzada que la estadounidense o la japonesa…”

En todo caso, los países de la región no deben confiar en la asistencia como un medio para el desarrollo, y en su lugar, deben reconsiderar sus esfuerzos en mecanismos que produzcan cambios permanentes a nivel local.

Un importante detalle que es importante destacar es el hecho que en la mayoría de las informaciones estadísticas europeas, las cifras concernientes a los países centroamericanos se manejan conjuntamente con aquéllas de los países del Caribe. Este fenómeno no se observa con la misma frecuencia por ejemplo, en los datos estadounidenses.   Aunque aparentemente irrelevante, y comprensible quizás por el reducido tamaño de los países de ambas subregiones, esta agregación demuestra la generalización europea de los países del Istmo con los del Caribe, a pesar de las claras diferencias culturales, sociales, políticas e internacionales entre ambos.

Aunque parezca increíble, en un país como España, en donde debería existir un conocimiento amplio de América Latina y su división en Norte, Centro y Sur América, tomando en cuenta el factor histórico que nos ligó con ese país; hoy en día, sus habitantes tienen la creencia de que Norteamérica es solo Estados Unidos y Canadá y de México a Tierra del Fuego en Argentina es Sur América o Sudamérica como nos suelen llamar. Entonces, si un país como España que tuvo tantos nexos con América Latina no conocen bien nuestro continente, no podríamos exigirles más al resto de los países europeos que en antaño tuvieron poca o ninguna relación con América.

En definitiva, la asistencia financiera de la UE tiene que ser valorada en función de sus efectos sobre el desarrollo regional.  Dada su clara tendencia a beneficiar los esfuerzos integracionistas y al fortalecimiento de sus instituciones, los programas europeos de asistencia involucran la mediación del diálogo con los países receptores.  Este diálogo se reduce fundamentalmente, a discusiones entre las diversas autoridades para acordar sobre las solicitudes formuladas, la canalización y administración de la asistencia técnica y financiera y la revisión de las prioridades económicas de los países beneficiarios.

Durante la década de los setenta, la mayoría de los acuerdos suscritos por la CEE con países no-asociados versaron sobre cooperación comercial únicamente. Alrededor de 1980, los siguientes acuerdos suscritos ampliaron su cobertura, denominándose acuerdos de cooperación.  Como la mayoría de los acuerdos firmados con otros países, los acuerdos con Centroamérica siguen las mismas etapas, con la única pero relevante diferencia, que la calendarización ha sido tardía para la región, en relación con otras regiones en vías de desarrollo.

Con fecha del 25 de febrero de 1992, el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, emitió la Regulación (EEC) Nº 443/92, en relación con la asistencia técnica y financiera y la cooperación económica para los países de América Latina y Asia.  Con esta regulación el Consejo reconoció que desde 1976 la Comunidad ha estado comprometida con la cooperación hacia estos países a través de diferentes mecanismos.  En el artículo 1 el Consejo manifestó:

“La Comunidad deberá continuar y ampliar su cooperación hacia los países asiáticos y latinoamericanos en vía de desarrollo, en adelante denominados los “países ALA en vías de desarrollo”, que no son signatarios de la Convención de Lomé y que no se benefician de la política de cooperación con los países Mediterráneos.  Esta cooperación deberá ser en adición de la asistencia que  prestan los Estados Miembros, y deberá involucrar asistencia financiera y técnica para el desarrollo y cooperación económica. En este sentido, la Comunidad deberá prestar la mayor importancia a la promoción de los derechos humanos, al apoyo del proceso de democratización, adecuada gobernabilidad, protección ambiental, liberalización comercial y al fortalecimiento de la dimensión cultural, a través de un mayor acercamiento y diálogo en asuntos políticos, económicos y sociales de mutuo interés.”

Con esta declaración de intenciones, más que de obligaciones jurídicas, la Comunidad busca la promoción humana.  Esta es la expresión del deseo europeo que el ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la vigencia de los principios democráticos son las precondiciones para el desarrollo económico y social permanente.  Legalmente,  es una cláusula que permite modificar y aún suspender las relaciones de cooperación en virtud de violaciones a dichos derechos fundamentales.


CAPITULO II



SECCION I



ACUERDOS DE COOPERACION UNION EUROPEA-CENTROAMERICA


De conformidad con las investigaciones realizadas para el presente trabajo de graduación, se ha observado que, el objetivo fundamental de las políticas de cooperación para el desarrollo de la UE hacia CA es la promoción humana.  En su Resolución 443/92 de febrero de 1992, siguiendo los principios de la Resolución de noviembre del año anterior, el Consejo enfatizó que la asistencia técnica y financiera deberían dirigirse principalmente, a los sectores más pobres de la población, otorgando prioridad al desarrollo del sector rural y al mejoramiento de la seguridad alimentaria.  También menciona la promoción del empleo, el mejoramiento del marco económico, legal y social para el desarrollo del sector privado, la protección ambiental y de los recursos naturales y el desarrollo sustentable, como metas a largo plazo.  También se incluyeron algunos otros temas, tales como la lucha contra el narcotráfico, los problemas demográficos, las estructuras institucionales y una adecuada protección a la propiedad intelectual.

El aspecto más sobresaliente que el Consejo expresó en su Resolución fue la manifestación que su cooperación hacia los países ALA, no solamente incluiría los mecanismos tradicionales de asistencia internacional, pero también la expansión del comercio por un proceso gradual de integración en el sistema multilateral de comercio, incluyendo el sistema comunitario de preferencias (SGP).  Sin embargo, el SGP no es un instrumento de asistencia, como muchos países en vías de desarrollo tienden a verlo, sino que de hecho, es una concesión comercial  , y por ello, será analizado dentro del capítulo comercial de esta investigación.

Surge entonces la interrogante:  es la política comercial de la UE consistente con las Regulaciones de noviembre de 1991 y de febrero de 1992, en lo concerniente con la política de cooperación?

Es pertinente decir también que la cooperación está idealmente diseñada para satisfacer los intereses de cooperantes y países beneficiarios, para apoyar a los últimos a construir su propia capacidad institucional que conduzca a crear un ambiente favorable a la inversión y al desarrollo, y que sobre todo, aproveche al máximo  las oportunidades de los mercados internacionales, incluyendo, por supuesto, el mercado europeo integrado.


SECCION II



EL ACUERDO DE COOPERACION ENTRE LA CEE Y CA. (ACUERDO DE LUXEMBURGO, 1985).



Cuando otros países y regiones estaban firmando acuerdos de tercera generación con la Comunidad Europea  , en 1985 la Comunidad y los países centroamericanos institucionalizaron por vez primera, el diálogo político y económico  .

Las Conferencias San José se han venido reuniendo desde 1984; la primera reunión se celebró en la Ciudad capital costarricense en ese año; y las últimas cinco, en Dublín (1990), en Managua (1991), en Lisboa (1992), en San Salvador (1993), y en Atenas (1994) la número diez.  Este proceso reúne a los Ministros de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros de la UE y a los de los países centroamericanos  , junto con los Ministros de Colombia, México y Venezuela para asuntos políticos.

El primer Acuerdo Marco fue suscrito el 12 de noviembre de 1985 en Luxemburgo.  Este provee el marco institucional para la cooperación en tres áreas fundamentales:  cooperación económica, comercio y asistencia para el desarrollo.  Sin embargo, no existen criterios claros y precisos para distinguir a priori, cada una de estas áreas.

En materia de comercio, el acuerdo incluye una breve declaración de la intención europea para considerar mejoras en el SGP europeo, que se reitera en el Anexo I del Acuerdo, para incluir productos de interés para los países centroamericanos, junto con el resto de las medidas contempladas de promoción comercial, entrenamiento y capacitación en actividades relacionadas con el comercio y asistencia técnica.  Igualmente, en el Anexo III se incluye la declaración de voluntad para buscar soluciones satisfactorias a los obstáculos al intercambio comercial entre ambas regiones, en particular, los derivados del transporte marítimo.

El capítulo que se refiere a la asistencia para el desarrollo, indica que el sector rural y el desarrollo regional son las prioridades de la asistencia.  La coordinación y el cofinanciamiento se visualizan entre los diversos programas comunitarios y aquéllos de sus Estados Miembros, así como en organizaciones internacionales y con otros países cooperantes.  También la Comunidad declaró su firme intención por incrementar los volúmenes de asistencia durante los primeros años de vigencia del Acuerdo.

En lo que a cooperación económica se refiere, las actividades previstas incluyen la promoción empresarial en sectores de mutuo interés, así como otros mecanismos para promover y proteger las inversiones en los países receptores.  Finalmente, siguiendo el prototipo de los acuerdos de este estilo, se crea una Comisión Conjunta para darle seguimiento a los esfuerzos que se emprendan dentro del Acuerdo.

En términos generales, la cobertura de la cooperación económica es sumamente amplia:

“A la luz de sus intereses mutuos y de acuerdo con los objetivos de largo plazo, las Partes Contratantes se comprometen a establecer dentro de los límites de su competencia, la más amplia cooperación económica posible, en la cual no se excluirá ningún campo a priori, y se tomarán en cuenta los distintos niveles de desarrollo…”

En consecuencia, las obligaciones jurídicas sustantivas en este acuerdo de cooperación, están supeditadas a las obligaciones generales en cada uno de los campos de la cooperación.  Pero desde un punto de vista más riguroso, aunque este Acuerdo se refiere a “partes contratantes” y el documento se titula “acuerdo”, la relación no puede calificarse como jurídica, porque no se preveen mecanismos para ejecutar forzosamente dichas “obligaciones” en caso de incumplimiento.  Los países centroamericanos no desempeñan un papel activo en el proceso, y su participación se limita a las reuniones anuales con sus colegas europeos.  Las naciones centroamericanas  carecen de un foro para el tratamiento recíproco de los diversos temas.  En definitiva, todo pareciera indicar que la importancia de estos acuerdos radica en la creación del marco institucional para avanzar en la cooperación y el diálogo tète-â-tète al más alto nivel.

La naturaleza jurídica del acuerdo, parece tornarse más difícil de definir, al incluir una cláusula para el tratamiento de nación más favorecida (NMF), lo que puede permitir pensar que se trata de un acuerdo comercial:

“Las Partes Contratantes se concederán, para sus importaciones o exportaciones de mercancías, el régimen de nación más favorecida en todos los campos que se refieren a:
- La aplicación de derechos de aduana y cánones  diversos, incluido el modo de percepción de dichos derechos y cánones;
- Las disposiciones relativas a la tramitación aduanera, al tránsito, al depósito o al transbordo;
- Los impuestos indirectos y otros gravámenes internos;
- Las modalidades de pago, y, en particular, la  concesión de divisas y la transferencia de dichos pagos…;
- Los reglamentos relativos a la venta, compra,  transporte, distribución y utilización de las  mercancías en el mercado interno.”

Esta cláusula parece transformar el acuerdo de cooperación en un acuerdo de libre comercio.  Por ejemplo, la terminología utilizada se asemeja a la que se menciona en la  cláusula NMF general del artículo I del GATT  .  No obstante, el alcance de esta cláusula de NMF se ve dramáticamente limitada por las excepciones que se en listan:

“2. Las disposiciones del apartado 1 no se aplicarán:

a)  a las ventajas concedidas con el fin de crear   una unión aduanera o una zona de libre cambio, o como consecuencia de la creación de dicha unión o de dicha zona, incluidas las ventajas concedidas en el marco de una zona de integración económica regional en América Latina;
b)  a las ventajas concedidas a los países limítrofes  para facilitar los intercambios entre zonas  fronterizas, los intercambios entre los países firmantes del Tratado General de Integración Económica  Centroamericana, y los intercambios de éstos con Panamá;
c)  a las ventajas concedidas a determinados países de conformidad con el Acuerdo General sobre Aranceles  Aduaneros y Comercio;
d)  a las ventajas que los países del Istmo    Centroamericano concedan a determinados países, de  conformidad con las disposiciones del Protocolo sobre las negociaciones comerciales entre los países en desarrollo, en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

3.El presente artículo se aplicará sin perjuicio de los derechos y obligaciones que emanen de las  disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.”

Jurídicamente, la inclusión de esta cláusula de NMF en el Acuerdo es superflua, dado que al final, todas las obligaciones de las partes se anulan en función de los compromisos adquiridos en el marco del GATT.  Aún antes que los países centroamericanos se adhirieran al Acuerdo General, esta cláusula ya carecía de sentido, porque virtualmente cualquier concesión hubiera sido excluida, por alguna de las excepciones enumeradas.

En términos generales, este Acuerdo refleja el arquetipo estándar de otros acuerdos de cooperación suscritos con los países en vías de desarrollo.  En el Anexo I del Acuerdo, la CEE declaró estar dispuesta a examinar la posibilidad de aportar mejoras ulteriores al régimen del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), aplicando modalidades que permitan tener en cuenta los intereses y la situación económica de los países del Istmo Centroamericano.  Sin embargo, la aplicación del SGP en su alcance normal, es de carácter exclusivamente arancelario y extensivo a todos los países en desarrollo, por lo que no es un mecanismo idóneo para cumplir con ese objetivo, conforme a la “especialidad” y amplitud de los objetivos del Acuerdo de Luxemburgo.

En el contexto de esta “disponibilidad”, ya para 1991, Centroamérica había solicitado, reiteradamente, a la CEE un tratamiento especial y diferenciado a sus exportaciones, equivalente al de las exportaciones realizadas por los países de la Convención de Lomé  , así como la creación de un sistema tipo “Stabex” para la estabilización de los precios e ingresos por exportaciones.   Por el momento, basta mencionar que la reacción europea a dichas solicitudes fue francamente escéptica y ni siquiera fueron sometidas a consideración formal en ninguno de los foros de decisión comunitaria:

“La propuesta de incluir a los países latinoamericanos en los beneficios otorgados a los países ACP (Convención de Lomé), han sido rechazadas bajo el argumento de la extensión de que tales privilegios desencadenarían en otros países que la CEE no podría previsiblemente satisfacer.  ”

En el mismo sentido, se ha llegado a afirmar que en el marco del Acuerdo de Luxemburgo:

“En materia de cooperación comercial, las respuestas de la CEE han sido positivas pero limitadas y más declarativas que ejecutivas.  Ha manifestado su voluntad de promover el sector de los productos no tradicionales, la producción exportable y las exportaciones de los países del Istmo hacia mercados de la CEE y terceros países “tomando en cuenta en forma apropiada, las posibilidades existentes en el marco de una aplicación mejorada del SGP…”.  Asimismo, en Hamburgo, la CEE se declaró dispuesta a “proseguir sus esfuerzos para asegurar a los países del Istmo Centroamericano un acceso estable, y si es posible, ampliado a su mercado…”.  Las estructuras ejecutivas han tenido limitaciones para transformar los objetivos del Acuerdo, y las decisiones políticas, en realizaciones prácticas…  ”

En otros foros políticos, igualmente, se formularon solicitudes directas a la CEE.  En la Declaración de Puntarenas, de 17 de diciembre de 1990, los Presidentes Centroamericanos señalaron que el otorgamiento del tratamiento preferencial a las exportaciones provenientes de cuatro países andinos, en el marco del SGP, colocaba en desventaja a los países de la región.  Instaron a la CEE para que, con prontitud, extendiera los mismos beneficios a los productos exportados por estos países. La decisión fue efectivamente tomada, pero más de un año después de la instancia presidencial.

Por supuesto, los nuevos lineamientos en relación con los derechos humanos y las condicionalidades que afectan los términos de la cooperación, según las Resoluciones de 28 de noviembre de 1991 y la No. 443/92, respectivamente, a las que se hizo alusión anteriormente, no se habían incorporado en las relaciones de cooperación con Centroamérica.  Así que, aprovechando el vencimiento del período de vigencia del Acuerdo de Luxemburgo, las regiones se aprestaron a renegociar un nuevo Acuerdo en 1993.


SECCION III



ACUERDO DE SAN SALVADOR, 1993   



El 23 de febrero de 1993, CA y la UE firmaron un nuevo Acuerdo Marco de Cooperación, de conformidad con los lineamientos de las Regulaciones del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1991 y la No. 443/92, antes analizadas.  Este nuevo Acuerdo de tercera generación incluyó nuevas y más amplias áreas de cooperación:  comercio, asistencia económica y para la inversión industrial, cooperación entre instituciones financieras, ciencia y tecnología, estándares industriales, propiedad intelectual e industrial, minería, energía, transporte, información tecnológica y de telecomunicaciones, turismo, medio ambiente, diversidad biológica, cooperación para el desarrollo, agricultura, silvicultura, desarrollo rural, pesca, salud, desarrollo social, combate contra el abuso de drogas, asistencia para refugiados, personas desplazadas y aquéllos que retornan a sus lugares de origen, consolidación del proceso democrático, integración económica y cooperación, gobierno, información, comunicación y entrenamiento de los recursos humanos.

Las bases del Acuerdo se mencionan expresamente:



“Las relaciones de cooperación entre la Comunidad y Centroamérica, y todas las disposiciones del presente Acuerdo, se basan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspiran las políticas internas e internacionales, tanto de la Comunidad como de Centroamérica, y que constituyen un elemento fundamental del Acuerdo.”

A pesar de los avances en el proceso de democratización experimentado en la región, algunas, sino muchas, controversias relacionadas con el respeto de los derechos humanos, todavía persisten en algunos países del área.  Las instituciones europeas se mantienen informadas sobre este asunto.  Como se analizó anteriormente, ello puede llegar a ser una condicionante y convertirse en una restricción a la asistencia para el desarrollo que recibe la región.

Los objetivos de la cooperación son básicamente los mismos del Acuerdo anterior.  Como tema novedoso, se incluye la intensificación y consolidación del proceso de integración económica centroamericana, que no era un tema viable a mediados de la década de los ochenta, cuando el primer Acuerdo se suscribió.  En este sentido, dentro de los propósitos se menciona la expansión del comercio con vista a promover su diversificación, la apertura de los mercados y el mejoramiento del acceso a ellos.

Las Partes Contratantes, se comprometieron a desarrollar y ampliar en el mayor grado posible, las transacciones comerciales entre ellos.  Parte de las actividades promocionales se centran en la expansión y diversificación de la base industrial y de servicios de los países centroamericanos, estimulando en particular, las actividades de cooperación que involucren a pequeñas y medianas empresas de ambas regiones.

El nuevo Acuerdo también incluye una cláusula de NMF, aunque igualmente, su inclusión no puede interpretarse que por ello, se trata de un acuerdo comercial.  El enunciado de la misma es mucho más sencillo que se precedente:

“Las Partes Contratantes se concederán mutuamente el trato de nación más favorecida en sus relaciones comerciales, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.”

En el mismo sentido de la anterior, esta cláusula es, simplemente, una repetición sin sentido de las obligaciones que todos los países por sí mismos, tienen en el marco del GATT, como un foro multilateral de comercio.

La cuestionada utilidad de estas cláusulas, puede explicarse quizás, por la intención de la UE en hacer que estos Acuerdos se interpreten como bilaterales, y así, mejorar, aunque aparentemente, el acceso de los productos centroamericanos, a los mercados europeos.

En general, el Acuerdo de San Salvador se asemeja a otros acuerdos suscritos previamente por la UE con otros países y grupos de países latinoamericanos.

En el Acuerdo Marco de Cooperación entre México y la UE suscrito en 1991, mediante el cual se sustituyó el Acuerdo de Cooperación suscrito por las mismas partes en 1975, se mencionan, prácticamente, los mismos temas de interés en materia de cooperación.

Lo mismo ocurre con el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito en 1992 entre la CEE y los países miembros del Acuerdo de Cartagena -Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela)-, y que sustituye un acuerdo similar de 1983.  Sin embargo, los documentos suscritos con México y con los países del Pacto Andino, contienen algunas diferencias que son importantes recalcar.

En primer lugar, estos nuevos Acuerdos incluyen un artículo específico que se refiere al tema de la importación temporal de mercancías, que no está contemplado en el Acuerdo con Centroamérica.

En el Acuerdo con México, dicha disposición reza:

“Las partes contratantes, se comprometen a tener en cuenta, la exoneración de derechos e impuestos a la importación temporal en su territorio, de las mercancías que han sido objeto de convenios internacionales en esta materia.”

Por su parte, el Acuerdo con los países andinos, con el mismo sentido, dispone:

“Las Partes Contratantes se comprometen a concederse recíprocamente, la exoneración de derechos e impuestos a la importación temporal de mercancías, de conformidad con sus respectivas legislaciones y atendiendo, en la medida de lo posible, a los convenios internacionales existentes al respecto.”

Ninguna de las dos disposiciones es clara, por lo que resulta especulativo inferir con certeza, a qué se refieren con la expresión “la exoneración de derechos e impuestos a la importación temporal de mercancías”.  Obviamente, las tres partes cuentan con legislación nacional o regional que regula la materia, por cuanto se trata de un procedimiento aduanero común en los países.  Pareciera que lo novedoso se encuentra más bien en el carácter recíproco de la cláusula.  En este punto, la disposición del Acuerdo Andino es más clara.  Lo relevante resulta entonces, el carácter de reciprocidad de esa consideración comercial, y que se incluye, en forma novedosa, en estos Acuerdos.  Pero, en todo caso, habrá que verificar si esos compromisos tienen aplicación en los países suscriptores de esos convenios, ya que requieren de ratificación legislativa o el apoyo en otra norma previamente sancionada por el órgano legislativo competente.

Otra de las disposiciones que estos dos Acuerdos también incluyen, se refiere al compromiso que adquieren las partes para consultarse sobre cualquier diferencia que pudiera surgir en materia comercial, sin perjuicio de los respectivos derechos y obligaciones originadas en el Acuerdo General  .  El Acuerdo de San Salvador menciona el tema en el artículo 5.3, cuando se refiere que las partes estudiarán la posibilidad de instaurar, en los casos apropiados, procedimientos de consulta.  Sin embargo, la redacción del Acuerdo con México es mucho más elaborada, ya que el procedimiento incluye la presentación de consultas, la facilitación de información y la solución del diferendo comercial.  Una vez más, este tipo de disposiciones, aunque sencillas, dejan entrever una diferente tesitura, de relaciones comerciales mucho más bilaterales y recíprocas entre las partes signatarias.

El Acuerdo con México incluye, en el artículo 15, otra cláusula original  , que no se encuentra en ninguno de los otros dos Acuerdos.  Se refiere al tema del “dumping”;  cuando las autoridades nacionales de algunas de las partes inicien investigaciones por alegaciones de “dumping” o de subvención, entendiendo éstas como prácticas de comercio desleal, en los intercambios comerciales, las partes se comprometen a examinar las solicitudes, con la participación de la otra respecto al caso en cuestión.  Ello significa que, antes de tomar cualquier decisión sobre el particular, y con suficiente anticipación, la parte que investiga el caso informará a la otra y le detallará las consideraciones esenciales sobre cuya base adoptará la decisión que procede, con el fin de que ésta última pueda defender sus intereses.  En todo caso, antes de aplicar los derechos compensatorios o anti-dumping, se procurará acudir a mecanismos alternativos para la solución de la controversia.

La inclusión de esta disposición es de suma importancia, porque establece mecanismos operativos, para la solución de controversias comerciales entre las partes.  Como se ha visto, precisamente se carece de este tipo de canales en los Acuerdos suscritos con Centroamérica.  Estos mecanismos, acercan al Acuerdo de Cooperación a un acuerdo de índole comercial, donde ambas partes tienen intereses legítimos que defender, y no se trata de intereses unilaterales.  Constituyen la base jurídica necesaria para constreñir en forma efectiva, a la otra parte contratante al cumplimiento de sus obligaciones.

Curiosamente, aunque con sentido, el Acuerdo con México no incluye ninguna disposición en materia de integración, como sí lo hacen los Acuerdos con Centroamérica y con el Pacto Andino.  La explicación es en dos sentidos:  cuando se firmó el Acuerdo, México no estaba “integrado  “, en la forma convencional, con ningún país, aunque se encontraba en proceso de negociación para el establecimiento del libre comercio con los Estados Unidos y Canadá; Chile, con los otros dos miembros del Grupo de los Tres (Colombia y Venezuela), con Centroamérica y con Bolivia; asimismo, puede ser que el tipo de integración que México ha propugnado, no sea, particularmente, del interés de la CEE.





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