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Acuerdos de cooperación parte 7 - Monografía



 
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SECCION III



PERSPECTIVAS



Las perspectivas comerciales que tiene Centroamérica frente a la UE, se deben analizar, fundamentalmente, en función de los intereses europeos.  Es obvio, que aunque la UE mantenga una situación comercial deficitaria con la región, ésta no se encuentra, por ello, en una posición de negociación igual o superior.  En consecuencia, se debe tener presente, prioritariamente, la dinámica europea, para visualizar las perspectivas para la región.

Para Europa, la consolidación del proceso de integración es el actual centro de gravitación.  El Mercado Unico Europeo (MUE), está mucho más relacionado con la integración y el desarrollo del mercado europeo, que con el comercio exterior de la UE.  Los efectos que ha tenido y seguirá teniendo, en los países en vías de desarrollo, entre ellos los centroamericanos, son de carácter secundario.

Las consecuencias del MUE, son positivas y negativas a la vez.  Entre los beneficios, se incluyen los efectos de la creación de comercio, producto de un mayor crecimiento europeo y de la mejora de la productividad en la Unión.  Los países centroamericanos, sin embargo, todavía no han sido sensibles a estas mejorías, y sus mercados no se han ampliado como resultado de la integración.  Igualmente, la integración europea también produce desviación del comercio hacia las fuentes más competitivas.  El reto para la región centroamericana, es poder responder a estas nuevas condiciones y retos:

“No hay duda de que aquellos países latinoamericanos, relativamente más desarrollados, diversificados e internacionalmente competitivos, cuentan con mejores oportunidades de lograrlo, que aquellos Estados con economías más débiles…”

“Un reciente estudio de la CEPAL, percibe al MUE como un gran reto, sin beneficios a priori para la región, a menos que las exportaciones latinoamericanas mejoren su competitividad en calidad y precio.  Se ha afirmado que en caso de que el impacto externo del MUE fuera negativo, Latinoamérica sería la región más afectada, y que si por el contrario, el impacto fuera positivo, Latinoamérica seria la menos beneficiada”

Así como se pudo concluir, de un análisis retrospectivo de la vigencia del SGP europeo entre los países en vías de desarrollo, es probable que, igualmente, el MUE tienda a beneficiar más a los países, que de hecho ya se encuentran en un proceso de industrialización, como lo anticipan ambos autores de las citas anteriores.

En el caso particular de los países centroamericanos, debe recordarse que gran parte del intercambio con la UE es sobre productos agrícolas.  La mayoría de estos productos no poseen, en general, una elasticidad-ingreso o una elasticidad-precio muy elevadas.  Es decir, es probable que aunque el MUE resulte en ingresos más altos, o bien, precios más bajos, el comercio de dichos productos no va a sufrir mayores cambios.  Lo anterior se ve agravado por la persistencia de medidas proteccionistas, la utilización de subsidios a la producción local y el incremento en las normas de calidad, que el proceso también lleva aparejados.  El caso del banano refleja claramente estas circunstancias.

Con estas consideraciones en mente, la parte centroamericana propuso a consideración de la Reunión Ministerial de San José X:

“[Los Ministros centroamericanos, subrayaron la importancia que tiene para sus países un mayor y mejor acceso al Mercado Unico Europeo, en aras de incrementar sus exportaciones y favorecer con ello, un desarrollo social y económico sostenido de la región.

En este sentido, manifestaron su preocupación por los obstáculos que algunas de sus exportaciones a ese mercado, han debido enfrentar desde la entrada en vigor del mismo, e instaron a la Unión Europea, a implementar las medidas conducentes a la solución de estos problemas.

Por su parte, los Ministros europeos reiteraron su
convicción de que el Mercado Unico Europeo genere verdaderas oportunidades para el fortalecimiento de las relaciones comerciales entre las dos regiones.

Asimismo, renovaron su compromiso de intensificar el flujo de información sobre la nueva normativa y procedimientos propios del Mercado Unico Europeo.”

Como se vio anteriormente, cuando la CEE extendió a las naciones andinas, un tratamiento especial similar al aplicable a los países de menor desarrollo, ello provocó una reacción inmediata por parte de los países centroamericanos.  En un movimiento diplomático sin precedentes, que incluyó a las más altas esferas políticas y empresariales, finalmente se logró, aunque con alcance limitado, una equiparación de dicho tratamiento especial.

Sin lugar a dudas, el segundo tema que ha movilizado a los países centroamericanos, ha sido el relativo a las condiciones de acceso del banano bajo las condiciones del MUE.  Para comprender la trascendencia de estas nuevas condiciones, es necesario remontarse a la situación anterior a las nuevas regulaciones de la UE y comprender que el mercado internacional de esta fruta, está dominado por compañías multinacionales, que controlan todo el proceso de producción y distribución, hasta la venta al por mayor.

En 1988, el consumo total de bananos en la UE, era de alrededor de 2.85 millones de toneladas.  Los principales suplidores de la fruta, eran cerca de diecisiete países latinoamericanos, denominados de la “zona del dólar”, que exportaban cerca del 58% del total de la demanda europea; los países ACP, que exportaban cerca del 18% del consumo comunitario; y, finalmente, cerca del 24% restante, provenía de producción doméstica.  Esto es de los Departamentos Franceses de Ultramar, de España (Islas Canarias)   y en menor medida, de Grecia (Creta)  y de Portugal (Madeira)  .

El mercado del banano era, típicamente, un sector todavía no cubierto por el régimen común de importaciones.  Las importaciones provenientes de los países ACP, entraban libres de impuestos.  Las exportaciones de los países
no-asociados a seis de los Estados Miembros, no estaban afectadas a ninguna restricción; la importaciones pagaban la tarifa del 20% negociada al nivel del GATT, o bien, en el caso de Alemania, se importaban libres de arancel  .  Otros seis países miembros, aplicaban restricciones cuantitativas  .

Francia  , el Reino Unido  , Italia  , protegían los suministros de dicha fruta, provenientes de los productores domésticos y de los países ACP, que en todo caso, recibían el mismo status bajo el Protocolo del Banano.  En Francia, se llegó a proteger más del 90% del mercado de las importaciones; en el Reino Unido, el 75% y en 1990, Italia protegió cerca del 20% de su mercado.

Simultáneamente, con base en la Resolución del Consejo No. 288/82 y en el antes citado artículo 115 del Tratado de Roma, se restringían las importaciones provenientes de los países no-asociados latinoamericanos, que entraban vía otros Estados, especialmente a través de Alemania, con fundamento en el artículo 115 del Tratado de Roma.  En los seis mercados abiertos, el consumo del banano doméstico y del proveniente de los países ACP, era prácticamente nulo  .

En tesis de principio, España y Portugal, siempre fueron los países más aferrados a la protección de la producción doméstica.  En su Protocolo de Adhesión a la CEE y en su suscripción a la Convención de Lomé, ambos países mantuvieron el derecho de mantener, temporalmente, sus restricciones cuantitativas al banano proveniente de otros Estados Miembros.  Adicionalmente, se autorizó a estos países a aplicar cargas y restricciones cuantitativas a las importaciones provenientes de terceros países, en la medida en que resultara necesaria para operar sus mercados internos.  Ello significó, por ejemplo, que en 1988, España no importara banano de terceras fuentes, y que Portugal, de un total de 12.000 toneladas en importaciones, importara 4.000 toneladas de Honduras y 2.000 de las Islas Canarias y de Cabo Verde, respectivamente.

En 1989, la República Dominicana y Haití, se adhirieron a la Convención de Lomé.  En su adhesión, la República Dominicana aceptó, en consulta con los otros socios ACP, a no utilizar los beneficios que dicha Convención concede en el mercado del banano, bajo el Protocolo del Banano, así como en el marcado del azúcar y del ron.

En este contexto, desde 1990, la CEE empezó a evaluar los cambios necesarios para integrar el mercado del banano dentro del régimen único aplicable en todo el territorio comunitario.  En la Reunión Ministerial de Dublín, celebrada el 9 y 10 de abril de 1990, la CEE expresó que:

“…esforzará por encontrar una solución que tenga en cuenta los intereses de los países de América Central.  Con tal ánimo, tratará de evitar que el nuevo régimen se traduzca en un deterioro de las exportaciones de dichos países…”

Durante la Reunión de San José VII, celebrada en Managua en 1991, la CEE todavía no había definido los cambios del régimen, aunque reiteró su compromiso.  Sin embargo, algunas informaciones no oficiales, que circulaban alrededor de las medidas que se estaban diseñando, indicaban un panorama muy distinto al comprometido.  Ello justificó para que, aprovechando la celebración de la siguiente Reunión Ministerial, celebrada en Lisboa en 1992, los Ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica, incluyendo a Panamá, Colombia y Venezuela, dirigieran una nota a su colega portugués, quien ocupaba entonces la Presidencia Comunitaria, expresando que:

“…la solución que se adopte debe ceñirse a los principios y objetivos del GATT y basarse en un arancel, con exclusión de restricciones cuantitativas, contingentes arancelarios o cualquier otra medida para-
arancelaria…”

Cuando se celebró la Reunión Ministerial de San José IX, en San Salvador, en febrero de 1993, ya se conocía la Regulación del Concejo, en relación con el nuevo régimen del mercado del banano.  Fue así como, en la misma Reunión cuando se suscribió el nuevo Acuerdo Marco de Cooperación entre la UE y CA, en el Comunicado Político y Económico Conjunto, que se elaboró con motivo a dicho evento, se incluyó lo siguiente,

“…29.  Ambas partes reconocen la importancia del banano en el comercio entre ambas regiones, así como la   relevancia que el mismo implica para los países centroamericanos.

La parte centroamericana reitera las ideas contenidas en la Declaración de Guayaquil y expresa su preocupación y rechazo por la organización del mercado  común del banano, adoptada e implementada por el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas.

En su opinión, este esquema ignora el principio de la cláusula de nación más favorecida, restringe las exportaciones y extiende barreras a varias partes del mercado comunitario.  Esta decisión implica serias consecuencias económicas y sociales para nuestros países, afecta adversamente los niveles de empleo y de ingresos, y en consecuencia, el bienestar de los trabajadores.  En igual forma, puede llegar a generar problemas de naturaleza política.

En este mismo sentido, la parte centroamericana deplora el hecho que los esfuerzos y avances logrados por la región, en materia de liberalización de sus mercados, no han sido considerados debidamente por el Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas, ya que en lugar de crear una solución balanceada, que tome en consideración los intereses de todas las partes involucradas, ha adoptado un sistema que transgrede los principios del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), los lineamientos de las negociaciones multilaterales de comercio de la Ronda de Uruguay, y los objetivos de liberalización del comercio, que la misma Comunidad promueve.

La parte comunitaria recuerda que los regímenes anteriores, que implicaban la fragmentación del mercado comunitario y diferenciaban las condiciones de acceso al mercado para el banano latinoamericano, debían ser reemplazados.  Ello significaba, que el asunto debía circunscribirse a un marco de referencia dentro del establecimiento del mercado interno.

La intención de la Comunidad Europea en adoptar la Regulación, era alcanzar un balance justo y operativo entre los productores y consumidores comunitarios y de los proveedores ACP y latinoamericanos, así como cumplir con sus obligaciones internacionales.  Mientras procura, en la medida de lo posible, mantener los patrones de comercio tradicionales, la Regulación debe conducir al establecimiento de precios en el mercado comunitario, lo suficientemente remunerativos para los productores y a la expansión de un crecimiento ordenado de dicho mercado.  Aún más, la Regulación permite el incremento de la cuota-tarifa, y cualquier aumento en la demanda comunitaria, será tomada en cuenta a través de ajustes en dichas cuotas.  Los productores latinoamericanos serán los mayores beneficiarios de dicho incremento.

Plenamente consciente de la importancia de este asunto para los países centroamericanos, la Comunidad Europea recordó sobre el marco actualmente existente para el diálogo con dichos países, que ofrece oportunidades para seguir de cerca la evolución del sector.”

Las nuevas regulaciones, en síntesis, restringen las importaciones de banano.  Se establece un contingente arancelario, de dos millones de toneladas métricas, sujetas al pago del arancel NMF del 20%    .  Las importaciones en exceso a dicho volumen, pagan una tarifa que corresponde a la arancelización de los obstáculos no-arancelarios de los seis países que restringían su mercado interno del banano.  Esta tarifa, producto de un complicado cálculo, asciende a un 170% ad-valórem, lo que significa el pago de ECU 850 (aproximadamente US$ 1.000), por cada tonelada métrica, y que no significa otra cosa, más que el cierre automático del mercado.

También, se establece un sistema de licencias para las importaciones, que se distribuyen en función del origen del producto  (producción doméstica, ACP y latinoamericana).

Como claramente se refleja en el Comunicado de la Reunión Ministerial, la posición centroamericana siempre fue adversa a las nuevas regulaciones.  En un inicio, sus argumentos se fundamentaron en instancias políticas y en el marco del diálogo ministerial, creado por los Acuerdos de Cooperación.  No tardó mucho para que los países descubrieran que era necesario recurrir a razones económicas y legales.  Lamentablemente, los esfuerzos emprendidos en cada una de estas áreas, también han sido infructuosos.

Con el respaldo de la Unión de los Países Exportadores de Banano (UPEB), los países productores latinoamericanos presentaron una solución alternativa  .  Esta consistía, en términos generales, en:  el pago, únicamente por parte de los países latinoamericanos, de un arancel del 35%  (15% más que la tarifa consolidada); la recaudación de esta tarifa permitiría la constitución de un fondo para el subsidio temporal de la producción doméstica y las exportaciones de los ACP y para su reconversión agrícola; el banano circularía libremente en el territorio comunitario, independientemente de su origen; y, finalmente, se solicitaría una exoneración especial de las disposiciones aplicables del GATT, para el establecimiento de este esquema.  Este planteamiento, ni siquiera mereció una respuesta comunitaria.

Al agotarse el planteamiento económico alternativo, los países centroamericanos miembros del GATT  , junto con otros países latinoamericanos productores de banano  , recurrieron a las vías legales que el GATT ofrece  .  En junio de 1992, antes de la entrada en vigencia de las nuevas regulaciones, se solicitó a la CEE, la celebración de consultas sobre los regímenes nacionales restrictivos, que mantenían España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y el Reino Unido.  El proceso concluyó en setiembre, cuando las partes así los acordaron, luego de no haber encontrado ninguna solución mutuamente satisfactoria a la controversia.

Dos días después de agotadas las consultas, los países solicitaron al Director General del GATT, la interposición de sus buenos oficios en el diferendo, con fundamento en la Decisión sobre el Procedimiento Previsto en el Artículo XXII del Acuerdo General, de 1966.  Esta decisión establece un procedimiento de mediación por un plazo de dos meses, por parte del Director General del Acuerdo.

Sin embargo, dicho plazo fue suspendido durante cuarenta y cinco días, por acuerdo de ambas partes  y en virtud de una sugerencia del mismo Director General, con el fin de realizar mediaciones informales, siguiendo la metodología y compromisos que se venían negociando en la Ronda de Uruguay.  Dicho funcionario, entonces presentó, a consideración de las partes, una propuesta que seguía la metodología de arancelización del texto de Agricultura del Proyecto de Acta Final de dicha Ronda.  El 16 de diciembre de 1992, los países latinoamericanos expresaron que a pesar de que no coincidían en todos los puntos de dicha propuesta, estaban dispuestos a utilizarla como base de negociación para una solución satisfactoria del problema.

El día siguiente, el Consejo de Ministros de Agricultura de la CEE, tomó la decisión sobre el régimen unificado de importación de banano, ignorando completamente, el curso de las negociaciones en el marco del GATT.  Por ello, el 8 de enero de 1993, y a petición de las partes latinoamericanas, se dio por concluida la mediación del Director General.

El 28 de enero, los países latinoamericanos solicitaron la celebración de consultas, al amparo del Artículo XXIII.1 del Acuerdo General, pero esta vez, para examinar la decisión del Consejo de Ministros de Agricultura, del 17 de diciembre de 1992.  Esta vez, la CEE decidió responder negativamente a la solicitud de consultas.  Sin embargo, la Asamblea de las Partes Contratantes, decidió establecer un “Grupo Especial” (panel), para examinar la compatibilidad de la medida con el Acuerdo General.  Las conclusiones de dicho grupo fueron favorables a los intereses latinoamericanos, pero la UE ha bloqueado su implementación.

La experiencia en el tema del banano, ha sido importante para Centroamérica.  Ha sido la primera vez en que los países han hecho uso de los mecanismos previstos para solución de controversias en el GATT.  La posibilidad de realizar un procedimiento a nivel internacional, vis-à-vis, con sus socios comerciales, fue precisamente, una de las ventajas que se visualizaban para adherirse a dicho foro.

La experiencia, también ha hecho evidente las contradicciones de la política europea frente a Centroamérica, en dos diferentes niveles:  cooperación y comercio.  Si se parte de la suposición que la historia tiende a repetirse, es muy probable que este tipo de conflictos continúen surgiendo.

La UE tuvo la posibilidad de aprovechar la iniciativa para armonizar los mercado fragmentados, y establecer un régimen mucho más liberal:

“…ellos sólo (podía) tener efectos benéficos para los productores a bajo costo en Centroamérica, Colombia y Ecuador.  Las islas del Caribe, a las que se (les otorgaba) acceso preferencial a la CEE, debido a sus vínculos con Francia y el Reino Unido, se (hubieran) visto perjudicadas.  Esto se aplica a los Estados ACP en su totalidad…”

Esta alternativa hubiera traído beneficios directos a los consumidores europeos, quienes hubieran tenido que pagar precios más bajos.  Sin embargo, en la balanza pesaron más los intereses de los productores domésticos de Madeira,  Creta y de las Canarias, y en segundo término, de los Estados ACP.

Los efectos del MUE también se palpan en los otros productos de exportación centroamericana.  Por ejemplo, en el caso del café, cerca de la mitad de las importaciones de la UE, provienen de América Latina, Brasil y Colombia, suplen casi el 40% de dicha demanda.  El MUE puede implicar un modesto aumento en la demanda del café, debido al mayor crecimiento global y al tratamiento tributario con niveles inferiores en el impuesto sobre el valor agregado.  Paralelamente, es probable que los gustos del consumidor se orienten a mezclas de mayor calidad, con lo que el café centroamericano se puede ver beneficiado, en detrimento del café de otras regiones latinoamericanas.  No obstante, en este punto, es necesario destacar la importancia del otorgamiento del tratamiento arancelario especial que recibió Colombia, a los países centroamericanos, que significó el restablecimiento de la igualdad de condiciones en la competencia entre ambos productos.  Es decir, la extensión de la medida ha permitido que el café centroamericano, por su mejor calidad, continúe compitiendo con el colombiano.

Las otras frutas tropicales, las plantas ornamentales y las flores, que Centroamérica también exporta en volúmenes importantes a la UE, son productos con alta elasticidad con respecto al ingreso, y en mayor medida, con el precio.  Debido a esta sensibilidad, es posible explicar, en parte, el crecimiento de las exportaciones centroamericanas en estos rubros, en función del MUE, a pesar de que los países ACP y algunas exportaciones provenientes de Israel, de estos mismos productos, también reciben una preferencia arancelaria superior.  No debe perderse de vista, sin embargo, la tendencia al alza que dichas exportaciones centroamericanas observaban desde antes del otorgamiento de la preferencia especial, lo cual confirma el carácter estructural de la competitividad de dichos productos.

Finalmente, es oportuno agregar que en el caso del pescado y de los productos del mar, en general, cuyas exportaciones de origen centroamericano también han aumentado, estarán sujetas a estándares fitosanitarios cada vez más estrictos, conforme se consolide la constitución del MUE.  Sin embargo, esta creciente armonización de los estándares técnicos se observa, en general, en todos los sectores agrícolas.

En síntesis, la integración europea tiene repercusiones directas e indirectas en Centroamérica.  Es muy probable que dichas consecuencias se continúen palpando con la intensificación de la integración y, sobre todo, con la incorporación de los cuatro nuevos Estados Miembros a partir del 1ero. de enero de 1995:  Austria, Noruega, Suecia y Finlandia.

CAPITULO V

SECCION I

OBSTACULOS PARA LA COOPERACION ECONOMICA DE LA UNION EUROPEA HACIA CENTROAMERICA

La velocidad del proceso de integración centroamericana, se ha visto reducida por la resistencia de los países para transferir facultades soberanas fuera de la esfera doméstica de toma de decisiones.  La integración regional se fundamentó, principalmente, en el núcleo de libre comercio, con base en recomendaciones técnicas.  El enfoque tradicional de la integración centroamericana, ha sido tecnocráticamente comercial.

Sin embargo, siguiendo el liderazgo europeo en materia de integración, los procesos de integración en general, tienden a una mayor politización.  De hecho, la preponderancia que ha adquirido el Parlamento Europeo (PE), como se ha señalado, por ejemplo, en materia de derechos humanos y cooperación, anticipa la profundización del contenido democrático de la UE.  De hecho, el PE ha sido crítico por las limitaciones de la cooperación de la UE, y ha sido el órgano que ha solicitado a la Comisión, el establecimiento de acuerdos más amplios con Latinoamérica.  Algunos autores proponen que:

“…el relegamiento de la dimensión política de la integración, ha inhibido enormemente la cooperación entre Europa y América Latina.  Quienes centraron sus análisis en el deterioro de las relaciones económicas, esperan pocos cambios en la baja prioridad asignada por Europa en cuestiones relacionadas con Latinoamérica.  Ellos permanecen escépticos ante una mejora de la cooperación intrarregional, a pesar del notable enriquecimiento en la pasada década, de las afinidades políticas que propiciaron una plétora de reuniones y de declaraciones de dirigentes políticos.”

Como se ha podido constatar, las relaciones entre la UE y CA, son débiles y asimétricas.  Las motivaciones para lograr una aproximación entre ambas regiones, difieren:  Centroamérica cifra esperanzas en Europa como un aliado e interlocutor, fundamentalmente, a raíz de la suscripción de los Acuerdos de Cooperación; por su parte, Europa atribuye una importancia secundaria a la región en comparación con otras regiones, como los países ACP, y en los últimos años, con los países de Europa Central y Oriental:

“A diferencia de los Acuerdos de la CEE con los países ACP y Mediterráneos, los Convenios con América Latina, no fueron desde el principio preferenciales, crearon escasos instrumentos novedosos y no incluyeron protocolos financieros.”

La solución de esta divergencia de intereses, puede solucionarse de dos formas.  Una de ellas es pesimista y sostiene la imposibilidad de la convergencia de intereses.  La otra es más positiva, y tiende a favorecer la complementación de ambas regiones en función de los requerimientos de cada uno de los mercados, y en forma supletoria, por las afinidades institucionales de los sistemas políticos de las dos regiones, que se acercan más que los esquemas norteamericanos.

Los países centroamericanos, en la formulación de su política frente a la UE, deben tener presente, que aunque comparten procesos de integración comunes, persisten diferencias sustanciales entre sí, las cuales, hasta cierto punto, han obstaculizado la evolución de la cooperación interregional.

La integración centroamericana, encontró sus bases ideológicas en doctrinas extranjeras, que se acomodaron a la región, pero que no correspondían a su realidad.  Ello condujo a que el MCCA, contribuyera únicamente y en forma marginal, a la transformación estructural de los países.  En Europa, dicha transformación fue el propósito mismo de la integración.  Esta diferencia en objetivos explica  el por qué, tras la exitosa expansión del comercio intracentroamericano, el proceso de integración entró en una fase de estancamiento.  Asimismo, debido a que Centroamérica consideró que el comercio era la meta y no el medio, el MCCA produjo problemas distributivos entre los países, porque los instrumentos jurídicos no contemplaban medios institucionales para la resolución de los conflictos de un reparto no equitativo de los costos y beneficios de la integración.

Otra de las diferencias fundamentales entre los procesos de integración centroamericana y europea, es el papel que jugó la política agropecuaria.  En Europa, la existencia de una sola política comunitaria en este sector, permitió la cohesión de la región.  En Centroamérica, su ausencia produjo grandes desajustes entre los países.

En Europa, la politización gradual de los aspectos técnicos, ha fortalecido el proceso integracionista.  De hecho, el terreno que la Segunda Guerra Mundial dejó en Europa, fue tierra fértil para la unión política de los países, que ha sido un ingrediente que ha teñido todo el proceso desde sus inicios.  En Centroamérica, por su parte, se observa por el contrario, diversas posiciones a favor y en contra de la cohesión política regional.  De hecho, la integración regional, nunca ha sido una prioridad destacada en los programas de gobierno de los diferentes países centroamericanos.

Un tema interesante, que vale la pena mencionar, son los actores de la integración, es decir, las personas que se han dedicado ha promover dicho proceso.  En Europa, las principales figuras de la integración, fueron personalidades que estaban involucradas en lo sistemas políticos de sus respectivos países.  En Centroamérica, con algunas excepciones, los propulsores del proceso integracionista, provinieron de las instituciones técnicas y se vieron por ello, imposibilitados a presionar políticamente, a los Estados para cumplir con sus propias decisiones.  El escenario ha variado sustancialmente en los últimos años, con la celebración de las reuniones de los Gabinetes Económicos de los países, lo que hace más operativos los esfuerzos de la integración.

Se ha señalado que el diálogo entre las dos regiones no ha sido lo suficientemente fructífero, porque el enfoque tecnocrático de la integración centroamericana, desplazó la dimensión política de la cooperación interregional.  De hecho, se observó que los problemas políticos por los que atravesó la región durante la década de los ochenta, fue el germen que dio lugar a la aproximación institucional europea.  También se mencionó la importancia que han tenido los partidos políticos europeos, sobre todo, a través de sus respectivas fundaciones, en el proceso de democratización regional, con lo que se ha acentuado el interés en la faceta política de la integración.  Estos partidos políticos han tendido a fortalecer a los partidos políticos locales, quienes han estado al margen del proceso de integración centroamericano, debido a su enfoque tecnócrata y a la represión que sufrieron durante gobiernos militares en la mayoría de los países.  Sin lugar a dudas, la participación comprometida de nuevos actores políticos, imprime fortaleza en el proceso de integración, y el caso europeo sirve de ejemplo.

Las Resoluciones del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1991 y la No. 443/92 de 25 de febrero de 1992, que se analizaron anteriormente, reflejan el fortalecimiento de una posición conjunta eminentemente política, con respecto a la protección de los derechos humanos  y la democratización de los países en desarrollo.  Sin embargo,  en Centroamérica, no han existido interlocutores políticos para tratar estos temas, ni mecanismos para entablar el diálogo.  Incluso, durante los años de la crisis regional, el esquema integracionista careció, a menos implícitamente, del apoyo por parte de algunos gobiernos.  Estos factores fueron, probablemente, vistos por los europeos como obstáculos para poder satisfacer las demandas de mayor cooperación en la región.

Sin embargo, durante los últimos años, la celebración de las Cumbres Presidenciales, han conferido una revitalizadora legitimidad política al proceso de integración:

“…las “cumbres” centroamericanas, se han convertido también, en un foro de gran realce para la toma de decisiones…  (la incidencia creciente de la diplomacia presidencial directa)…  se ha visto acompañada por un  renovado interés en el papel de las Asambleas Legislativas Regionales y Subregionales…  en 1987 (se firmó) el Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano por parte de los cinco países del Istmo…  Estos signos parecen evidenciar, en consonancia con la experiencia europea, que las estructuras institucionales regionales de Latinoamérica, se encaminan firmemente hacia una creciente politización.”

A pesar de las mejoras que Centroamérica pueda alcanzar en los niveles de interlocución con la UE, debe también tener en cuenta, que ésta todavía no cuenta con una política común en materia de cooperación para el desarrollo.  Como se ha podido ver, ha suscrito innumerables acuerdos de cooperación, que siguen, en tesis de principio, los mismos lineamientos, y ha promulgado directrices que enmarcan las relaciones de cooperación con los países.  Pero estos esfuerzos no han sido suficientes para poder hablar de una política común en la materia.  Asimismo, la mayoría de los Estados Miembros continúan gestionando sus propios programas de cooperación, al margen de la cooperación comunitaria.  La región centroamericana tampoco debe olvidar que no goza de un lugar prioritario en la política exterior de la UE, frente a los Estados ACP, los países Mediterráneos y más recientemente, los países de Europa Central y Oriental.  Asimismo, Centroamérica ha sido considerada por todos, bajo el área de influencia de
los Estados Unidos.

Sin perjuicio de lo anterior, en 1990, la CEE aprobó el nuevo programa de cooperación para América Latina y Asia, que estará vigente hasta 1995.  En este programa, se aumentan los recursos por un monto total de US$ 1.200 millones y se amplía la cobertura de la asistencia para el desarrollo económico de estos países en desarrollo.  Sin embargo, los cambios reflejan la necesidad de dar cierta consistencia con los mayores volúmenes de recursos que también se destinan a otras zonas de mayor importancia para la UE, como los países signatarios de la Convención de Lomé y los países de Europa Central y Oriental.

Todo parece indicar que en la jerarquía de prioridades, el lugar que ocupa Centroamérica, no se mejorará en el futuro próximo.  Diversas propuestas y sugerencias para mejorar las relaciones con la región, tampoco han sido atendidas, tales como el otorgamiento de un tratamiento similar al que reciben Turquía o Israel; diferenciar los programas de cooperación a América Latina, de acuerdo con el grado de desarrollo de cada subregión y expandir las operaciones del Banco Europeo de Inversiones a la región.  Otra de las soluciones propuestas que no han sido atendidas, fue la de simplificar y mejorar el SGP.  Sin embargo, ambos factores tienden a agravar la situación en que se encuentra Centroamérica en las prioridades de la UE.





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