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Autonomías Asturias parte 4 - Monografía



 
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VI. INSTITUCIONES



1. Básicas



El Estatuto de Autonomía dedica su Título II a los órganos institucionales del Principado de Asturias (art. 22 a 35).
El artículo 22 del Estatuto de Autonomía establece que los órganos insti-tucionales del Principado de Asturias son la Junta General, el Consejo de Go-bierno y el Presidente.

A) Presidente



En el Estatuto de Autonomía



El Estatuto dedica el Capítulo II del Título II (art. 32), al Presidente del Principado de Asturias.
En su apartado primero, indica que será elegido por la Junta General de entre sus miembros y nombrado por el Rey.
La elección se hará por mayoría absoluta de los miembros de la Junta en primera convocatoria y por mayoría simple en las posteriores, debiendo mediar entre cada convocatoria al menos cuarenta y ocho horas.
En el caso de que, transcurridos dos meses desde la constitución de la Junta, ningún candidato hubiera sido elegido, la Junta General quedará disuel-ta, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta nueva Junta durará, en todo caso, hasta la fecha en que debiera concluir el de la primera.
En su apartado segundo establece que el Presidente del Principado de Asturias lo es del Consejo de Gobierno, cuya actividad dirige, coordina la admi-nistración de la Comunidad autónoma, designa y separa a los consejeros y os-tenta la suprema representación del Principado y la ordinaria del Estado en As-turias.

En su apartado tercero dispone que el Presidente responde políticamente ante la Junta General.
En su apartado cuarto , remite a una ley del Principado, aprobada por el voto favorable de la mayoría absoluta, para el establecimiento del estatuto per-sonal, procedimiento de elección y cese y las atribuciones del Presidente.
La Junta, mediante la LP 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Con-sejo de Gobierno del Principado de Asturias (BOPA núm. 160, de 11 de julio), da cumplimiento a lo previsto en el artículo 32.4 del Estatuto.
En  la LP 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
En dicha Ley del Principado, en su artículo primero se recoge el texto del artículo 32.2 del Estatuto.
En su artículo segundo indica que el Presidente tiene derecho a: recibir el tratamiento de Excelencia; los honores que le corresponden; la utilización de la bandera como guión; percibir las retribuciones y disponer de los gastos de re-presentación; presidir los actos celebrados en Asturias, etc.

Los artículos tercero y cuarto regulan la elección del Presidente. Habría que destacar que dentro de los diez días siguientes a la constitución de la Jun-ta se convocará el Pleno para la elección del Presidente del Principado; que se proclamarán candidatos a aquéllos miembros de la Junta que sean propuestos como tales, a la Mesa por, al menos, cinco miembros de la Junta; que el candi-dato o candidatos deberán exponer en una misma sesión sus respectivos pro-gramas de gobierno, sobre los que se abrirá el oportuno debate; que resultará elegido Presidente y aprobado su programa de gobierno el candidato que hubiera obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Junta, en primera convocatoria, o el que obtenga mayor número de votos, de entre los dos candidatos más votados en la primera convocatoria, en la nueva votación celebrada cuarenta y ocho horas después.

En caso de empate se convocará nueva votación, no antes de cuarenta y ocho horas y se reiterará la votación o se tramitarán nuevas propuestas si-guiéndose el mismo procedimiento.
La votación es pública y por llamamiento. Los Diputados responderán con el nombre de uno de los candidatos o pronunciarán “me abstengo”.
En el artículo cuatro, apartado uno, se indica que el Presidente del Princi-pado en funciones procederá a la convocatoria de nuevas elecciones en el ca-so de que no ningún candidato propuesto haya sido elegido. En su apartado dos, se indica que el mandato de la nueva Junta durará hasta la fecha en que hubiera de concluir el de la primera (art. 1 LP 7/1984, de 13 de julio, de relacio-nes entre el Consejo de Gobierno y la Junta General del Principado de Astu-rias; art. 176-180 del Reglamento de la Junta General [RGJ], de 26 de abril de 1985; art. 15.2 LP 14/1986, de 26 de diciembre, sobre régimen de elecciones a la Junta General del Principado de Asturias.
Los artículos 5 y 6, regulan el nombramiento y la toma de posesión. Ele-gido el Presidente del Principado, el Presidente de la Junta lo comunica al Rey  para su nombramiento mediante Real Decreto, que será publicado en el BOE y en el BOPA (art. 181 RJG). En el artículo 6 estable que en la toma de posesión, el Presidente prestará juramento o promesa, indicando textualmente la fórmula que deberá emplear.
El artículo 7 regula las incompatibilidades del cargo de Presidente. Ejerci-cio de cualquier función o actividad pública que no se derive del desempeño del mismo, así como con el ejercicio de toda actividad laboral, profesional o em-presarial. También establece la obligatoriedad de la declaración de bienes e intereses.

Los artículos 8 a 10 regulan la incapacidad temporal del Presidente, esta-bleciendo que el Consejo de Gobierno, por mayoría de cuatro quintos, podrá apreciar la imposibilidad física o mental transitoria del Presidente; la publicación en el BOPA de dicho acuerdo y su comunicación al Presidente de la Junta.
El Presidente de la Junta convocará al Pleno, el cual, podrá, por mayoría absoluta, revocar el acuerdo del Consejo de Gobierno. En este caso, el Presi-dente del Principado recupera la plenitud del ejercicio de las funciones del car-go, con la publicación de la revocación del acuerdo del Consejo de Gobierno por la Junta General en el BOPA (art. 182-187 RJG).
El Presidente suspendido podrá ser rehabilitado cuando desaparezcan las circunstancias que originaron la suspensión.
Mientras dura la suspensión, el Presidente interino, ejercerá las funciones del cargo, salvo definir el programa de gobierno y el nombramiento y cese de Consejeros. En el caso de vacante en la titularidad de alguna consejería, el Presidente interino encomendará el despacho de la misma a otro Consejero. La situación de interinidad no podrá superar los cuatro meses.
Los artículos 11 a 14 disponen el procedimiento del cese y sustitución del Presidente. Por renovación de la Junta General; aprobación de una moción de censura: denegación de una cuestión de confianza; dimisión; incapacidad per-manente física o mental que le inhabilite; pérdida de la condición de Diputado Regional o fallecimiento (art. 188 RJG).

En los cuatro primeros casos, el Presidente seguirá en funciones hasta que su sucesor tome posesión del cargo. En el resto de los casos, ejercerá las funciones del Presidente el Vicepresidente y, en su defecto, el titular de la Con-sejería que corresponda . El Presidente en funciones no puede ser sometido a moción de censura ni podrá plantear la cuestión de confianza.
Los artículos 15 a 18 regulan las atribuciones del Presidente. Como su-premo representante del Principado: ostentar la más alta representación de la Comunidad; firmar convenios y acuerdos de cooperación con otras autonomí-as; convocar elecciones; etc.
Como representante ordinario del Estado en la Comunidad: promulgar, en nombre del Rey, las leyes de la Junta, los Decretos legislativos y ordenar su publicación; etc. (art. 2 LP 1/1985, de 4 de junio).

Como Presidente del Consejo de Gobierno: establecer la línea programá-tica de la acción del Consejo de Gobierno; nombrar y cesar a los Consejeros; convocar, fijar el orden del día, presidir, etc., las sesiones del Consejo de Go-bierno; etc.
El artículo 19 habla de la responsabilidad del Presidente. Establece que no podrá ser detenido ni retenido, en el territorio de la Comunidad Autónoma, salvo en caso de flagrante delito, siendo competente el Tribunal Superior de Justicia, o, fuera del territorio del Principado la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La responsabilidad civil se exigirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y la responsabilidad política se exigirá en los términos de la ley a que se refiere el artículo 34.2 del Estatuto (art. 6 LP 7/1984, de 13 de julio).
Por último, el artículo 20 se dedica al estatuto de los ex presidentes. Indi-ca que el Consejo de Gobierno, previa resolución de la Junta General, regulará el régimen estatutario de los ex Presidentes.

B) Gobierno



En el Estatuto de Autonomía
El Capítulo III del Título II del Estatuto de Autonomía (art. 33 a 35) está dedicado al Consejo de Gobierno.
En su artículo 33 , apartado uno, establece que el Consejo de Gobierno es el órgano colegiado que dirige la política de la comunidad autónoma y al que le corresponden las funciones ejecutivas y administrativas y el ejercicio de la potestad reglamentaria no reservada a la Junta General.

En su apartado dos, dispone que por ley del Principado, aprobada por mayoría absoluta, regulará las atribuciones del Consejo de Gobierno, así como el estatuto, forma de nombramiento y cese de sus componentes.
En el apartado tercero  limita el número de miembros del Consejo, que no podrá exceder de diez, además del Presidente.
En su aparado cuarto, ahora tercero, indica que una ley de la Junta regu-lará el régimen de publicación de las normas y publicidad de las disposiciones y actos emanados del Consejo de Gobierno y de la Administración del Principa-do.
Se añade un nuevo apartado cuarto que dice que el Consejo de Gobierno será informado de los convenios y tratados internacionales que puedan afectar a materias de su específico interés.

En su artículo 34, resalta la responsabilidad política del Consejo de Go-bierno ante la Junta General de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabili-dad directa de cada uno de sus miembros por su gestión (ap. 1). Remite a una ley de la Junta, aprobada por el voto favorable de la mayoría de sus miembros, la regulación de la responsabilidad y, en general, las relaciones entre dicha Junta y el Consejo (ap. 2). También indica que el Consejo de Gobierno será informado de los convenios y tratados internacionales que puedan afectar a materias de su específico interés (ap. 3 ).
En el artículo 35, apartado uno, se establece que el Presidente del Conse-jo de Gobierno, previa deliberación del mismo, puede plantear ante la Junta General la cuestión de confianza, que se entenderá aprobada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los miembros de la Junta.

El apartado dos se dedica a la responsabilidad política del Consejo de Gobierno, que puede ser exigida por la Junta General mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta por al menos un quince por ciento de los miembros de la Junta y deberá incluir un candidato a Presidente del Principado. No podrá ser votada hasta que transcu-rran cinco días y en los dos primeros se podrán presentar mociones alternati-vas. En el caso de que no fuera aprobada, sus signatarios no podrán presentar otra mientras no transcurra un año desde aquélla.

El apartado tres dispone que si la Junta negara su confianza, el Presiden-te presentará su dimisión ante la misma, convocándose, en el plazo máximo de quince días, la sesión plenaria para la elección de nuevo Presidente.
En el apartado cuatro se indica que si la Junta adopta una moción de censura, el Presidente presentará su dimisión y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Junta, procediendo el Rey a su nombramiento como Presidente del Principado.
En los apartados cinco y seis se establece que el Presidente del Principa-do no podrá plantear la cuestión de confianza mientras esté en trámite una mo-ción de censura y que el Consejo de Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo.
La LO 1/1999, de 5 de enero, de Reforma de la LO 7/1981, de 30 de di-ciembre, establece un nuevo artículo 35 bis relativo a la responsabilidad penal del Presidente del Principado y de los miembros del Consejo de Gobierno; un “Título II bis. De los órganos auxiliares del Principado de Asturias”, y un artícu-lo 35 ter, dentro del Título II bis, por el que se crea la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, remitiendo a una ley del Principado para la regula-ción de la composición y funciones.

También crea un nuevo artículo 35 quater, dentro de dicho Título, por el que se crea el Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Como en el caso anterior, remite a una ley del Principado su regulación.
En la LP 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
La Ley del Principado 6/1984, en el Título II, denominado Del Consejo de Gobierno y de los Consejeros, regula por medio de nueve Capítulos (art. 21 a 39), tanto al Consejo de Gobierno como a sus Consejeros.
El artículo 21, artículo único del Capítulo I, denominado del Consejo de Gobierno, transcribe el texto del artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía.

Su Capítulo II (art. 22 y 23) regula la composición del Consejo de Gobier-no. En su artículo 22 se dispone que el Consejo se integra por el Presidente y los Consejeros que no podrán exceder de diez. En la modificación de este artí-culo por la LP 8/1991, de 30 de julio, ya citada, se añade un apartado segundo, en el que se faculta al Presidente para nombrar, de entre sus Consejeros que reúnan la condición de Diputados de la Junta General, un Vicepresidente.

En el artículo 23, se faculta al Consejo de Gobierno para que pueda crear Comisiones Delegadas (apartado uno), para examinar en su conjunto las mate-rias de carácter general que tengan relación con varias de las Consejerías que integren la Comisión y que serán creadas por acuerdo del Consejo de Gobierno que adoptará la forma de Decreto (apartado dos).
El Capítulo III (art. 24 y 25), denominado de las competencias y atribucio-nes del Consejo de Gobierno, dispone en su artículo 24 que el Consejo de Go-bierno asume las competencias que, con arreglo al Estatuto de Autonomía, no estén expresamente reservadas a la Junta General o al Presidente del Princi-pado.

En el artículo 25 establece las competencias que, en todo caso, le corres-ponden al Consejo de Gobierno, entre ellas: determinar las directrices de la acción política; aprobar los proyectos de ley y remitirlos a la Junta; proponer a la Junta la reforma del Estatuto; solicitar la reunión en sesión extraordinaria de la Junta; dictar Decretos Legislativos, previa delegación expresa de la Junta; aprobar los Reglamentos para el desarrollo y ejecución de las Leyes del Princi-pado y del Estado, cuando no corresponda a la Junta; aprobar el proyecto de Presupuesto General de la Comunidad y remitirlo a la Junta; acordar la interpo-sición de recursos de inconstitucionalidad; nombramiento y cese de los cargos de la Administración Autonómica; autorizar la celebración de contratos, aprobar pliegos de cláusulas administrativas, resolver los recursos, etc.

El Capítulo IV (art. 26 a 30), denominado del funcionamiento del Consejo de Gobierno, en su artículo 26 establece que se reunirá de forma periódica, previa convocatoria de su Presidente que irá acompañada del orden del día de la reunión. Faculta también al Consejo para determinar las normas internas que se precisen para el buen orden de sus trabajos.
En el artículo 27 se indica que cuando no sea convocado por su Presiden-te, podrá reunirse a iniciativa de cuatro quintos de los Consejeros que lo inte-gran y que quedará también constituido, sin convocatoria previa, cuando así lo decida su Presidente y estén presentes todos sus miembros.

El artículo 28 determina que para la validez de las reuniones del Consejo se requerirá la asistencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les sus-tituyan, y, al menos, la mitad de los miembros de hecho del mismo. Los acuer-dos, salvo excepciones, se adoptan por mayoría simple, pudiendo dirimir el vo-to del Presidente en los casos de empate.
Las deliberaciones del Consejo de Gobierno tienen carácter reservado, estando sus miembros obligados a guardar secreto sobre las opiniones y votos emitidos en le transcurso de las mismas (art. 29) y los acuerdos deberán cons-tar en acta, que extenderá el Consejero de la Presidencia en su calidad de Se-cretario del Consejo (art. 30).

Los artículos 31 y 32 componen el Capítulo V, dedicado a los Consejeros y su estatuto personal. El artículo 31 dispone que los Consejeros son miembros del Consejo de Gobierno ejercen la titularidad de las Consejerías que integran la Administración del Principado. En el artículo 32 se indica que, en razón de su cargo, los Consejeros tienen derecho, entre otros, a: recibir el tratamiento de Ilustrísimo; percibir las retribuciones que se establezcan; recibir los honores y ocupar las presidencias que les correspondan.

El Capítulo VI (art. 33 a 36), del nombramiento, cese y sustitución de los Consejeros, determina, en su artículo 33 que son nombrados por el Presidente, mediante decretos de la Presidencia, en los que deberá consignar la Conseje-ría cuya titularidad les sea asignada.
Cesarán por las siguientes causas (art. 34): cese del Presidente; dimisión aceptada por el Presidente; revocación del nombramiento decretada por el Presidente; incapacidad permanente física o mental; o por fallecimiento. En el primer caso, continuarán en funciones hasta la toma de posesión de quienes hayan de sustituirles.

En el artículo 35 se dispone que en los casos de ausencia y similares, se-rán sustituidos por otro Consejero que designe el Presidente y que en caso de vacante, en tanto el Presidente no dé posesión al nuevo Consejero, se encar-gará transitoriamente la Consejería a otro miembro del Consejo. Las sustitucio-nes deberán ser publicadas en el BOPA.
El nombramiento y cese de los Consejeros será comunicado de forma in-mediata a la Junta General (art. 36).

El Capítulo VII se dedica a las incompatibilidades de los Consejeros (art. 37), el Capítulo VIII a sus atribuciones (art. 38), entre ellas: ejercer la represen-tación de la Consejería, velar por el exacto cumplimiento de las leyes y demás normas, en lo que concierne a su Consejería; presentar y proponer al Consejo los proyectos de ley y de decreto relativos a su Consejería y refrendar estos últimos, una vez aprobados; proponer los nombramientos y ceses de los cargos de su Consejería; formular el anteproyecto de presupuesto de su Consejería; ejercer la potestad reglamentaria, la jefatura superior de personal, resolver los conflictos de atribuciones, todo ello referido a su Consejería; resolver cuando proceda los recursos y reclamaciones contra las resoluciones de los organis-mos de la Consejería; etc.

El Capítulo IX (art. 39 ), de la responsabilidad de los Consejeros, estable-ce que la responsabilidad criminal, por los actos cometidos dentro del territorio de la Comunidad, serán exigibles ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-rias y fuera de dicho territorio ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La responsabilidad civil será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Astu-rias.

El Consejo de Gobierno hoy


El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, según la redacción dada por el Decreto del Presidente 10/1999, de 22 de julio, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, ha quedado como sigue:

1.    Presidencia.
2.    Administraciones Públicas y Asuntos Europeos.
3.    Hacienda.
4.    Educación y Cultura.
5.    Asuntos Sociales.
6.    Salud y Servicios Sanitarios.
7.    Infraestructuras y Política Territorial.
8.    Medio Ambiente.
9.    Medio Rural y Pesca.
10.    Industria, Comercio y Turismo.
11.    Trabajo y Promoción de Empleo.

C) Parlamento



En el Estatuto de Autonomía



El Capítulo I del Título II del Estatuto de Autonomía (art. 23 a 31) se de-nomina: de la Junta General del Principado de Asturias.
En el apartado 1 del artículo 23 se establece que la Junta General repre-senta al pueblo asturiano, ejerce la potestad legislativa, aprueba los presupues-tos, orienta y controla la acción del Consejo de Gobierno y el resto de las com-petencias que le confiere la Constitución, el Estatuto y demás normas del orde-namiento jurídico.

En su apartado 2 , indica que en las materias en que sólo corresponde al Principado la ejecución de la legislación del Estado, la Junta podrá ejercer la potestad reglamentaria para la organización de los servicios, en los términos del articulo 12 del Estatuto. Y, en su apartado 3 , se afirma que la Junta Gene-ral es inviolable.

El artículo 24 regula, entre otras, las competencias de la Junta relativas a la elección del Presidente del Principado (ap. 1); la designación de los Senado-res que le corresponde  (ap. 2); ejercitar la iniciativa legislativa (ap. 3); fijar las previsiones de índole política, social y económica (ap. 4); ejercer las competen-cias relativas a la alteración de los términos y denominaciones de los Concejos (ap. 5); regular la delegación de competencias administrativas del Principado en los municipios o en organización territoriales (ap. 6); autorizar al Consejo de Gobierno la prestación de consentimiento para obligarse en convenios y demás acuerdos de cooperación (ap. 7 ); establecer tributos y autorizar el recurso al crédito (ap. 8); aprobar el programa del Consejo de Gobierno y exigir su res-ponsabilidad política (ap. 9); examinar y aprobar las cuenta general del Princi-pado (ap. 10 ); o interponer recursos de inconstitucionalidad y personarse ante el Tribunal Constitucional (ap. 11); recibir la información del Consejo de Go-bierno sobre tratados y convenios internacionales, emitiendo su parecer sobre los mismos (ap. 12 ).

La redacción dada por la LO 1/1999, de 5 de enero, de Reforma de la LO 7/1981, de 30 de diciembre, crea un nuevo artículo 24 bis por el que se esta-blece que la Junta podrá delegar en el Consejo de Gobierno la potestad de dic-tar normas con rango de ley (ap. 1); que las disposiciones del Consejo de Go-bierno que contengan legislación delegada se denominarán decretos legislati-vos (ap. 2); que no se podrá delegar la aprobación de la Ley de Presupuestos, ni la de normas con rango de ley para las que se requieran mayoría cualificada (ap. 3); en su apartado 4 regula la delegación legislativa, forma expresa, mate-ria concreta, fijación de plazo, agotamiento, etc.; que se hará por ley de bases para la formación de textos articulados y por ley ordinaria cuando se trate de refundir textos legales a uno solo (ap. 5); y en el resto de los apartados, perfila esta delegación.

La Junta General es elegida por un período de cuatro años mediante su-fragio universal, libre, igual, directo y secreto, con aplicación de un sistema de representación proporcional [y no puede ser disuelta, salvo en el caso previsto en el artículo 32 del Estatuto, relativo a la elección del Presidente del Principa-do ] (art. 25.1).

En su apartado 2  establece que por ley del Principado, cuya aprobación y reforma requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Junta Gene-ral, se fijará el número de sus miembros, entre treinta y cinco y cuarenta y cin-co, sus causas de inelegibilidad e incompatibilidad y las demás circunstancias del procedimiento electoral.

En su apartado 3  establece que el Presidente del Principado, previa de-liberación del Consejo de Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución de la Cámara, con anticipación al término natural de la legislatura. Se acordará por Decreto en el que se convocará a su vez eleccio-nes. No podrá acordar la disolución durante el primer período de sesiones, cuando reste menos de un año para su terminación, cuando se encuentre en tramitación una moción de censura ni antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento. En ningún supuesto po-drá el Presidente disolver la Cámara cuando se encuentre convocado un pro-ceso electoral estatal. También indica que en todo caso, la nueva Cámara ten-drá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria.

El apartado 4  regula las fechas de las elecciones, que serán convocadas por el Presidente del Principado, de manera que se celebren el cuarto domingo de mayo de cada cuatro años, sin perjuicio de lo que dispongan las Cortes Ge-nerales, con el fin exclusivo de coordinar el calendario de las diversas consul-tas electorales.

El apartado 5, antiguo 4 modificado, indica que la Junta General electa será convocada por el Presidente del Principado cesante, dentro de los quince días siguientes a la celebración de las elecciones

El artículo 26 está dedicado a los miembros de la Junta, regulando, en su apartado 1, que no están vinculados por mandato imperativo; en su apartado 2 que gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en actos parla-mentarios y por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo, aun después de haber cesado en su mandato, que no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, que se exigirá su responsabilidad ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supre-mo, según los hechos ocurran o no, en territorio de la Comunidad; en el apar-tado 3, que tienen derecho a formular preguntas, interpelaciones, mociones, y también les asiste el derecho de obtener de las autoridades de la Comunidad Autónoma la información precisa para el desarrollo de sus funciones; y, por último, en su apartado 4 , que por el ejercicio de su cargo representativo, los Diputados percibirán retribuciones, cuyas modalidades de las asignaciones se-rán fijadas de acuerdo con lo que prevea el Reglamento de la Cámara.

La Junta (art. 27), se reunirá anualmente en dos períodos de sesiones comprendidos entre septiembre y diciembre, el primero, y entre febrero y junio, el segundo (ap. 1 ). Se podrá reunir, de forma extraordinaria, a petición de la cuarta parte de sus miembros, del Consejo de Gobierno o de la Diputación Permanente (ap. 2). Sus sesiones plenarias son públicas, salvo excepciones previstas en el Reglamento (ap. 3). Y, para la deliberación y adopción de acuerdos, deberá estar reunida reglamentariamente y con asistencia de la ma-yoría de sus miembros, tomando los acuerdos por mayoría de los presentes, salvo que se exijan otras mayorías más cualificadas (ap. 4). Los miembros de la Junta no pueden delegar el voto, que es personal (ap. 5).

El artículo 28 establece en su apartado 1  que la Junta aprueba su pre-supuesto y establece su propio Reglamento, que contendrá el Estatuto de sus miembros y el de su personal, por medio del voto favorable de la mayoría abso-luta; y en su apartado 2, indica que la Junta, en su primera sesión, elige a su Presidente, y demás componentes de la Mesa, que no podrán ser, en ningún caso, miembros del Consejo de Gobierno ni Presidente del mismo.
La Junta funciona en Pleno y en Comisiones (art. 29.1); las Comisiones son permanentes y, en su caso, especiales o de investigación (art. 29.2); mien-tras no esté reunida o hubiere expirado su mandato, habrá una Diputación Permanente, que será regulada por el Reglamento (art. 29, 3).

Los Grupos se regularán por el Reglamento; todo miembro de la Cámara deberá estar adscrito a un Grupo y se garantizará la presencia de cada uno de éstos en las Comisiones y Diputación Permanente, en proporción a su impor-tancia numérica (art. 30).
En su artículo 31 indica que la iniciativa para el ejercicio de la potestad le-gislativa reconocida en el artículo 23 del Estatuto corresponde a los miembros de la Junta General y al Consejo de Gobierno; y que por ley del Principado  se regulará la iniciativa de los Ayuntamientos y la iniciativa popular, para materias que sean de competencia exclusiva de la comunidad autónoma (art. 31.1 ). En el apartado 2  del artículo 31 se establece que las leyes aprobadas por la Jun-ta serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente del Principado, que dispondrá su publicación en el BOPA, en el plazo de quince días desde su aprobación y en el BOE. Los Reglamentos serán publicados por orden del Pre-sidente del Principado, dentro del mismo plazo en el BOPA.

En el Reglamento de la Junta



El Reglamento de la Junta General del Principado es de 18 de junio de 1997.
En su Título Preliminar, hace referencia a los artículos 22, 23.3 y 25.1 del Estatuto, resaltando su artículo 2, que establece que la Junta General se cons-tituye en Cámara única. En su artículo 3 declara que la Junta General es invio-lable y sólo podrá ser disuelta en los términos previstos en el Estatuto de Auto-nomía.
El Título Primero se dedica a la sesión constitutiva de la Junta General, convocatoria, elección de la Mesa de edad, elección del Presidente y demás componentes de la Mesa, prestación de juramento o promesa de los Diputa-dos, en el orden establecido.

El Título Segundo es el correspondiente al Estatuto de los Diputados. En el se regulan:

-    La adquisición de la condición de Diputado tras cumplir los requisitos exigi-dos.
-    Los derechos de los Diputados, asistir con voz y voto a las sesiones del Pleno y Comisiones de las que formen parte y sin voto en las que no; obtención de los datos, informes o documentos que obren en poder de la Comunidad.
-    Las prerrogativas parlamentarias, la inviolabilidad; el no poder ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito.
-    Los deberes de los Diputados, deber de asistir a las sesiones; cumplir fiel-mente las obligaciones de su cargo; adecuar su conducta al Reglamento; no invocar o hacer uso de su condición de parlamentario para el ejercicio de acti-vidad mercantil, industrial o profesional; presentar su declaración notarial de bienes y actividades e intereses; observar las normas sobre incompatibilidades.
-    La suspensión y pérdida de la condición de Diputado, la suspensión por aplicación de normas de disciplina parlamentaria, siendo firme un auto de pro-cesamiento cuando lo apruebe por mayoría absoluta de sus miembros; por sentencia firme condenatoria; la pérdida por decisión judicial firme; por falleci-miento o declaración judicial de incapacidad; extinción del mandato; renuncia o por sentencia condenatoria.

El Título Tercero se dedica a los Grupos Parlamentarios. Su constitución, dentro de los cinco días siguientes a la sesión constitutiva de la Junta; la ads-cripción de todo Diputado a un solo Grupo; en número mínimo de componentes del grupo, que no podrá ser inferior a tres; no puede haber más de un grupo parlamentario del mismo partido; los que no se incorporen a un Grupo queda-rán incorporados al Grupo Mixto; la composición de las Comisiones y Diputa-ción Permanente proporcional al número de miembros del Grupo Parlamenta-rio; la disolución del Grupo por no reunir ya el número mínimo de miembros.

El Título Cuarto establece la organización del Parlamento, regulándose:

-    La Mesa, órgano rector de la Cámara que ostenta su representación cole-giada; su composición, Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios; sus funciones, organización del trabajo y el régimen y gobierno interiores de la Cá-mara, elaborar el proyecto de presupuesto de la Junta, ordenar los gastos, cali-ficar los escritos y documentos de índole parlamentaria, decidir la tramitación de estos documentos, aprobar la composición de la plantilla del personal a su servicio, programar las líneas generales de actuación, fijar el calendario para cada período de sesiones.

-    Su Presidente, que ostenta la máxima representación de la Cámara; dirige los debates; y le corresponde cumplir y hacer cumplir el Reglamento; etc.

-    Los Vicepresidentes, que por su orden sustituyen al Presidente.

-    Los Secretarios, que supervisan y autorizan, con el visto bueno del Presi-dente, las actas de las sesiones plenarias, las de la Mesa y las de la Junta de Portavoces.

-    La elección de los miembros de la Mesa, por el Pleno en la sesión constitu-tiva de la Junta; para el Presidente, por mayoría absoluta en primera votación y por mayoría simple en segunda, sólo entre los dos candidatos más votados en la primera; para los Vicepresidentes, siento elegido Vicepresidente Primero y Segundo los candidatos que, correlativamente, obtengan el mayor número de votos; para los Secretarios, siguiendo la misma fórmula anterior; la cobertura de las vacantes que se puedan producir por el Pleno.

-    La Junta de Portavoces, compuesta por los Portavoces de los Grupos Par-lamentarios; se reunirá bajo la presidencia del Presidente de la Junta, a iniciati-va propia o a petición de dos Grupos o de una quinta parte de los miembros de la Cámara; sus decisiones se adoptarán siempre en función del criterio de voto ponderado; su reunión quincenal; sus funciones, entre otras, concretar fechas de los períodos de sesiones, fijar criterios generales que contribuyan a ordenar y facilitar los debates, etc.

-    Las Comisiones, su formación por los miembros que designen los Grupos; todos los Grupos tendrán derecho a estar representados en cada Comisión; la posible asistencia, con voz, del Consejo de Gobierno; tendrán un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario, siendo asistidos por un Letrado que redacta-rá sus actas y dictámenes; sus decisiones se tomarán por mayoría simple, adoptándose en caso de empate el sistema de voto ponderado; no se podrán reunir al mismo tiempo que el Pleno; conocerán de los proyectos, proposicio-nes y asuntos que les encomiende la Mesa de la Junta o prevea su interven-ción el Reglamento; la creación en su seno de Ponencias en las que sus acuerdos se tomarán por voto ponderado; el recabo, por conducto del Presi-dente de la Junta, de la presencia ante ellas de los miembros del Consejo de Gobierno, empleados públicos de la Administración del Principado, de perso-nas expertas en el asunto de que se trate; etc.

-    Las Comisiones Permanentes, Legislativas, entre otras, de Organización y Administración, de Hacienda, Economía y Presupuesto, de Política Territorial, Política Cultural; no Legislativas, las que puedan constituirse por disposición legal y las de Reglamento y las de Peticiones.

-    Las Comisiones no Permanentes, que se extinguirán al finalizar el trabajo encomendado, y en todo caso al concluir la Legislatura; las de Investigación.

-    El Pleno, órgano supremo de la Junta General; su convocatoria por el Pre-sidente, por propia iniciativa, o a solicitud de dos Grupos o de la quinta parte de sus miembros.

-    La Diputación Permanente, presidida por el Presidente de la Junta y forma-da por la Mesa, que lo será de la Diputación Permanente, un número de Dipu-tados que representarán a los Grupos en proporción a su importancia numéri-ca; su convocatoria, igual que la anterior, la conservación por sus miembros de la condición de Diputados hasta que se constituya la nueva Junta General; su función principal, velar por los poderes de la Cámara cuando esta no está re-unida; convocar sesión extraordinaria de la Junta; aprobar suplementos de cré-dito a petición del Consejo de Gobierno, por razón de urgencia; conocer de to-do cuanto afecte a la inviolabilidad parlamentaria, etc.

El Título Quinto regula las disposiciones generales de funcionamiento:

-    Las Sesiones, período, convocatoria, sesiones públicas y excepciones.
-    Orden del día, fijado por el Presidente y su modificación.
-    Los debates, petición y obtención de la palabra, uso de la misma, etc.
-    Las votaciones, mayoría (votos afirmativos superior a la suma de negativos, abstenciones, votos en blanco y los nulos); mayoría simple (votos positivos su-periores a los negativos, cualesquiera que sean los votos en blanco y nulos); mayoría absoluta; voto personal e indelegable; recuento y escrutinio por los Secretarios y proclamación del resultado por el Presidente; tipos de votación, por asentimiento, ordinaria (alzando la mano o por procedimiento electrónico), pública por llamamiento o secreta (por procedimiento electrónico o por papele-tas).
-    Computo de plazos y de la presentación de documentos.
-    La declaración de urgencia, a petición del Consejo de Gobierno, de un Gru-po Parlamentario o de una quinta parte de los Diputados.
-    Las publicaciones de la Junta y la publicidad de sus trabajos, Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias y el Diario de Sesiones.
-    La disciplina parlamentaria, sanciones por el incumplimiento de los deberes de los Diputados; llamadas a la cuestión y al orden; el orden dentro del recinto parlamentario.
El Título Sexto se dedica al procedimiento legislativo:
-    La iniciativa legislativa, según lo previsto en el artículo 23 del Estatuto.
-    Los proyectos de Ley, su presentación y publicación; la presentación de enmiendas; los debates de totalidad; la deliberación en Comisión; la delibera-ción en Pleno.
-    Las proposiciones de ley, los proyectos y proposiciones de reglamentos.
-    Retirada de proyectos y proposiciones de ley.
-    Especialidades del procedimiento legislativo, aprobación de leyes para las que el Estatuto exige mayoría cualificada; proyecto de ley de presupuestos; reforma del Estatuto, reservada la iniciativa a la cuarta parte de los miembros de la Junta, a dos tercios de los municipios asturianos, al Consejo de Gobierno y a las Cortes Generales; la iniciativa legislativa ante las Cortes Generales; la tramitación en lectura única; autorización de celebración de convenios por el Principado, su supervisión y ejecución.

El Título Séptimo se refiere a la legislación delegada y su control. El Título Octavo al Presidente del Principado y de las relaciones entre la Junta General y el Consejo de Gobierno, ya vistos en su momento, elección del Presidente del Principado, incapacidad temporal, cese y sustitución del Presidente y de los Consejeros, la responsabilidad política del Consejo de Gobierno y de su Presi-dente, la moción de censura, la cuestión de confianza.
El Título Noveno regula los debates sobre acción política y de gobierno. El Título Décimo el examen y debate de comunicaciones, programas y planes del Consejo de Gobierno y otros informes. El Título Undécimo las interpelaciones y preguntas. El Título Duodécimo a las proposiciones no de ley. El Título Decimo-tercero a las propuestas de nombramiento y designación de personas. El Título Decimocuarto a otros procedimientos. Los Títulos Decimoquinto y Decimosexto a los asuntos en trámite a la terminación del mandato de la Junta; y los servi-cios del Parlamento, respectivamente.





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