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Agua y resíduos parte 1 - Monografía



 
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Degradación. Cooperación internacional. Contaminación de aguas. Cambios climáticos. Prevención. Normativa. Desechos. Políticas y reformas ambientales



En materia de agua, México es de los países más degradados: OCDE

Diana Teresa Pérez



México necesita implementar políticas ambientales mejor integradas con la economía y otros temas clave del país y dar continuidad al trabajo realizado en los últimos años para caminar hacia el desarrollo sustentable, consideró Christian Averoux, jefe de la Unidad del Estado del Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

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Christian Averoux resaltó los avances en la materia que ha tenido México a dos años de que este organismo emitiera 54 recomendaciones para mejorar la gestión ambiental.

Durante la conferencia titulada “Medio Ambiente y Desarrollo en los países de la OCDE”, el especialista resaltó los avances en la materia que ha tenido México a dos años de que este organismo emitiera 54 recomendaciones para mejorar la gestión ambiental, sin embargo, dijo, todavía hay retos importantes a superar en materia de subsidios, agua, aire y financiamiento de programas.
El documento que contiene estas recomendaciones se titula “Análisis del desempeño ambiental en México”, que en materia de agua señala que nuestro país “se encuentra entre los más seriamente degradados de todos los miembros de la OCDE”.
“Con frecuencia se encuentran aguas subterráneas y superficiales contaminadas y sobreexplotadas que provoca que no sea posible utilizarla… la rehabilitación de las aguas del país exigirá un gran esfuerzo amplio y sostenido”, anota el documento e insiste en la necesidad de contar con una infraestructura hidráulica nueva.
Recomienda examinar las prioridades de la inversión, fortalecer el cumplimiento de las leyes y establecer criterios claros de desempeño y mecanismos de contabilidad para todos los servicios de agua.
En cuanto a la contaminación del aire -primera preocupación de la OCDE según Averoux-, señala que aún existen “serios problemas para la salud durante gran parte del año” en el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.
La OCDE insiste en tener un inventario completo de emisiones, elevar la conciencia pública y desarrollar políticas y estrategias locales, costeables y eficaces.
En lo que se refiere a la integración de políticas ambientales con económicas, se recomienda establecer objetivos ambientales cuantitativos y cualitativos como parte del proceso de planeación; enfocar las políticas a la pequeña y mediana industria y reducir subsidios con efectos ambientales adversos.
Por otro lado, el documento resalta el avance en la “agenda verde” y la integración de la sociedad en estos programas, por lo que en general se recomienda fortalecer esta línea y darle continuidad.
A modo general, Averoux, dijo que el desarrollo económico de los países no debe traducirse en forma automática en deterioro ambiental, puesto que existen teorías que indican que los beneficios económicos pueden convertirse en “capitales más limpios” -introducción de tecnología menos contaminante, entre otros-, aunque esto aún continúa siendo un reto para todo el mundo.
Dijo que es necesario que los países inviertan más en temas ambientales, ya que hasta ahora el promedio de recursos destinados a este sector es de entre el uno y 1.5 por ciento del PIB.
Consideró que es necesario no perder de vista el factor “mercado” en las políticas ambientales, desarrollando precios y cargos por este tipo de servicios, reduciendo subsidios y propuso como una posible solución el concepto: “el que contamina, paga”.
Entre los grandes avances de los países miembros está la protección de la capa de ozono; en menor medida, en cambio climático y el tema más rezagado es el del manejo de nitratos.

La Jornada 26 de enero de 1997



EU daña la ecología más allá de sus fronteras, acusa la OCDE
Angélica Enciso ¤ Estados Unidos “genera una importante contaminación transfronteriza a todo el planeta'’, por lo que deberá financiar las “costosas actividades necesarias para reducirla'’, consideró la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en su análisis del desempeño ambiental de ese país.
Asimismo, señaló que, pese a los avances obtenidos en la cooperación ambiental entre los países de América del Norte, aún quedan vacíos en el control de la contaminación del agua y el aire en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. Asimismo, se debe llegar a la eliminación de las descargas de sustancias tóxicas en los grandes lagos y a reducir las precipitaciones ácidas.
Entre las recomendaciones del organismo a ese país en materia de medio ambiente, está la de prestar más atención a las actividades orientadas a proteger el Golfo de México y el Caribe. En breve, la OCDE realizará un análisis similar en México que será dado a conocer públicamente a fin de año.
La OCDE señala, además, que en Estados Unidos las actividades urbanas, industriales y agrícolas ejercen todavía presiones sobre el ambiente, ya que un gran número de ríos y lagos no son aptos para la natación y la pesca, un alto porcentaje de la población sigue expuesta a un aire de mala calidad y el número de especies en riesgo de extinción continúa en aumento.
Indica que, mientras no se modifiquen los modelos de consumo, no se reunirán las condiciones necesarias para un desarrollo sustentable.
Otra de las recomendaciones que plantea la OCDE a Estados Unidos es la revisión de los apoyos financieros gubernamentales para la dotación de servicios ambientales bajo los principios de que “el que contamina paga'’ y “el que usa paga'’.
En relación con el agua, menciona que Estados Unidos tiene la tasa más alta de consumo del líquido por habitante. Aquí la agricultura gasta 85 por ciento del agua y, en las regiones áridas o semiáridas, la cifra es mayor.
Sobre los desechos indica que este país también mantiene la tasa más alta de generación de residuos municipales de entre los países miembros de la OCDE, y los “actuales esfuerzos de reducción no son todavía suficientes'’.
El análisis dice que ese país presenta una de las tasas más altas de emisión por habitante en cuanto a contaminación del aire y que 60 millones de personas viven en zonas de no cumplimiento de las normas de calidad del mismo.
En este punto recomienda el uso de instrumentos económicos, como los impuestos sobre la energía y el establecimiento de tarifas por el uso de infraestructura carretera; suprimir los subsidios contrarios al ambiente y acelerar la elaboración de normas destinadas a los contaminantes tóxicos atmosféricos.
Señala que las políticas ambientales de Estados Unidos tratan más los asuntos particulares que los problemas globales, y se dedican más bien a subsanar los daños causados al medio ambiente que a tratar de prevenirlos mediante acciones que se ocupen de las causas, que son la urbanización descontrolada, la utilización de energía y los modelos de consumo.
El uso de la energía nuclear puede evitar los bruscos cambios climáticos, asegura un experto de la OCDE

Rigoberto Aranda



La energía nuclear se perfila como una de las alternativas económicas e incluso ecológicas para el futuro, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El director general de la Agencia de la Energía Nuclear del organismo, el español Luis Echávarri, asegura que ésta permitiría ahorrar el 33 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero (CO2) en los próximos años, y evitar así los cambios climáticos bruscos.
En contraste, si cumplieran sus promesas los 161 países que en 1997 firmaron el Protocolo de Kyoto de 1997, mediante el cual comprometieron a reducir sus emisiones, sólo se alcanzaría a disminuir el 5 por ciento de gases como el bióxido de carbono a partir del año 2008.

El dilema de la energía limpia



Los cambios climáticos bruscos provocados por la acción del hombre a través de la producción y el uso de fuentes fósiles de energía, han llevado a algunos países y organizaciones económicas mundiales a reconsiderar el uso de la energía nuclear, a pesar de la franca declinación del ramo por la fuerte oposición social después del accidente de Chernobyl.
Así, los países del mundo enfrentan ahora el dilema del desarrollo o la supervivencia.
En los próximos 50 años, cuando dos mil millones de seres humanos se sumen a la población de cinco mil 900 millones -un tercio de la cual carece ahora de acceso a las formas comerciales de energía como la electricidad-, varios países en desarrollo se verán en serios problemas para sostener su desarrollo.
El Banco Mundial proyecta que el consumo de energía en la población del planeta crecerá a una tasa anual de 1.4 por ciento hasta el 2020, siendo mayor en naciones industrializadas con 2.6 por ciento, comparado con 0.7 por ciento en las en vías de desarrollo.
Para el 2050, la demanda de energía en los primeros será dos veces mayor a los últimos, a pesar de lo cual el 75 del consumo se centrará en las llamadas naciones del primer mundo, una ligera reducción comparado al 80 por ciento que estas representan ahora.
De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía (IEA), durante las pasadas tres décadas el consumo de energía primaria se incrementó más de 2.5 por ciento anual en todo el mundo.
El problema, el gran reto, es cubrir esa demanda y al mismo tiempo reducir el tremendo impacto ambiental que tiene en la atmósfera del planeta la producción y el consumo de los energéticos convencionales como los hidrocarburos.


La OCDE, por reconsiderar la energía nuclear



La energía nuclear, aunque no es en sí la solución al cambio climático, permitirá ahorrar el 33 por ciento de la emisiones de CO2 en los próximos años, afirmó el director general de la Agencia de la Energía Nuclear, organismo perteneciente a la OCDE, el español Luis Echávarri.
El responsable de temas nucleares de la OCDE, que pronunció una conferencia sobre los 40 años de existencia de la Agencia de la Energía Nuclear (NEA), destacó la importante contribución de la energía nuclear para frenar el cambio climático.
Echávarri dijo que actualmente permite ahorrar el 8 por ciento de las emisiones de CO2.
A su juicio, los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijados en la Cumbre de Kioto son “matemáticamente dificilísimos de cumplir”.
Durante su intervención en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Echávarri reconoció que tras la catástrofe de Chernobil se limitaron mucho las centrales nucleares en el mundo y ahora sólo Francia, Japón y Corea apuestan por la inversión en centrales.
Sobre el futuro de la energía nuclear, Echávarri dijo que para que haya un desarrollo es necesario el cambio de mentalidad de la opinión pública, preocupada especialmente por los temas de seguridad y almacenaje de residuos.
Indicó que todos los problemas con los residuos de baja y media intensidad están resueltos, pero no así los de alta intensidad (combustible gastado de las centrales).
En este sentido destacó que “hoy es posible y factible almacenar estos residuos en un Almacén Geológico Profundo (AGP) sin riesgos para la población.
Estimó que en los próximos años se mantendrá la producción de este tipo de energía a escala mundial a pesar de los anuncios de algunos países de renunciar a las centrales.

Por otra parte resaltó que “la desregulación del mercado eléctrico complica la vida de las centrales nucleares”, porque, según explicó, se priman las inversiones con plazos de amortización cortos y las nucleares son amortizadas a 30 años.
También se mostró convencido de que los usos pacíficos de la energía nuclear no han contribuido a la no proliferación, pero las pruebas nucleares realizadas recientemente por India y Pakistán no ayudan a la energía nuclear.

La NEA se encuentra, tras 40 años de existencia, en un proceso de reforma porque, según explicó Echávarri, los programas nucleares han cambiado mucho en los últimos años y ahora se requiere un enfoque de la energía nuclear como una fuente segura y limpia.
Entre las prioridades de este organismo de la OCDE figura integrar a Rusia en sus grupos de trabajo de la Agencia para posteriormente incluirla como miembro.

Kyoto, insufuciente



Según Judy Siegel, consultora del Banco Mundial del ramo energético, “la influencia humana en el clima proviene primeramente del dióxodo de carbono, metano y óxido nítrico, 80 por ciento de los cuales los genera el consumo de fuentes fósiles de energía”.
La necesidad de tomar acciones tendientes a aliviar tal impacto dieron ya como resultado la firma de los acuerdos de Kyoto, en 1997, mediante el cual 161 países se comprometieron a reducir en 5 por ciento las emisiones de dióxido de carbono a partir del 2008.
Tal suma de voluntades, empero, parece infructosa debido a que fuera de las obligaciones para cumplir al acuerdo quedaron los países desarrollados, paradójicamente los que propusieron la firma.
Siegel asegura que tales acuerdos serán insuficiente para reducir la amenaza de los cambios climáticos. “El reto es como lograr desarrollo económico y crecimiento minimizando el impacto ambiental, algo que se presenta más difícil ante el proyectado aumento en el consumo de combustibles el próximo siglo”, apuntó la experta en un reporte.
En el mismo, la analista indicó que en “el largo plazo, algunos escenarios proponen un aumento significante en el mercado de tecnologías renovables como la biomasa -materia orgánica, siendo la más común los desechos- hidráulica, geotermia, solar y viento”. n

Carabias dice en la OCDE que lo ambiental es un asunto de seguridad planetaria

La Secretaria de Medio Ambiente de México, Julia carabias, dijo en la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, que el uso eficiente de los recursos naturales me parece que es una cuestión de seguridad estratégica planetaria y, por lo tanto, de seguridad nacional. Seguridad respecto de ecosistemas regionales y globales, que corresponden a zonas biogeográficas, no solamente a ecosistemas locales.

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En París, Carabias expresó que en esta primera década del siglo XXI, necesitamos una nueva generación de paradigmas ambientales, acordes con los desafíos del desarrollo sustentable. Los problemas globales ambientales que enfrentamos ya no se refieren solamente a proteger la salud humana in situ, ahora se refieren a problemas de viabilidad de poblaciones y de sobrevivencia

La Jornada 3 de febrero de 1997



Mucha discusión y pocos recursos para protección ecológica: Carabias

Angélica Enciso ¤ A más de dos años de que fue creada la Secretaría de Medio Ambiente, la asignación de recursos económicos para atender al sector aún es una de las más bajas con respecto a los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), y la discusión de la sociedad continúa centrándose en los temas “coyunturales'’, señaló Julia Carabias Lillo.
Desde hace unos días, especialistas de la OCDE hacen en México una evaluación del desempeño ambiental del país. En principio, éstos se encontrarán con grandes rezagos en el manejo de residuos peligrosos, de sustancias químicas y contaminación del aire, dijo en entrevista con La Jornada la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).
Comparada con Estados Unidos y Canadá, la asignación de recursos a la protección ambiental en México es muy baja, pero al lado de América Latina es de las más altas, indicó. Para este año la protección al medio ambiente del país contará con poco más de 8 mil millones de pesos.
Consideró que la preocupación por el medio ambiente debiera estar en la “agenda colectiva y en las de los estados, en las de los grupos sociales y de base. Sin embargo, la mayor parte del tiempo y la discusión se nos van en temas muy puntuales y coyunturales'’.
Como ejemplo mencionó el caso de la contaminación del aire y del muelle de Cozumel, del cual organizaciones no gubernamentales solicitaron a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte -organización derivada del Tratado de Libre Comercio- integrar un expediente de hechos cuyos resultados todavía no se han dado a conocer.
Se trata de asuntos que toman mucho tiempo, añadió Carabias, cuando hay problemas mucho más graves como la pérdida en segundos de masas forestales.
En cuestiones coyunturales se van grandes esfuerzos, hay poco tiempo y escasos recursos que deben destinarse a temas realmente prioritarios, señaló.
Lamentó asimismo que “muchos grupos no participen y que los partidos políticos no lo tengan en el centro de su preocupación'’.


La evaluación ambiental de la OCDE



La OCDE suele realizar evaluaciones ambientales en sus países miembros y acaba de concluir la de Estados Unidos, el cual no salió bien librado pues el organismo internacional consideró que genera una gran contaminación que afecta a todo el planeta, por lo que deberá financiar actividades para reducirla. Sin embargo, las conclusiones de la organización no son de carácter obligatorio; sólo se hacen públicas.
La semana pasada llegó la misión de la OCDE a México para evaluar al país en los rubros de agua, aire, biodiversidad y manejo de recursos naturales, energía, cooperación internacional, relaciones institucionales y legislación, y efectuará un estudio de caso basado en la ciudad de Aguascalientes. Los resultados de la evaluación ambiental se darán a conocer en 1998.
Carabias Lillo indicó que la asignación de recursos que México hace es diferente a la que aplican otros países de la OCDE, pues aquí hay rezagos en sustancias químicas, residuos peligrosos y contaminación del aire, pero el país ha invertido más en el manejo y conservación de la biodiversidad.
Actualmente, dice, México es uno de los pocos países que cuentan con una sistematización informativa de la biodiversidad que existe en su territorio.
De los aspectos que se evaluarán, como el intersectorial, destacó que la relación entre las distintas dependencias que tienen algo que ver con el aspecto ambiental ha avanzado y sería factible el establecimiento de un gabinete de desarrollo sustentable, el cual ya existe en algunas naciones.
Sin embargo, agregó, la relación que se da en el nivel directivo de las dependencias no ha permeado en la base porque todavía hay muchas inercias que se deben romper al igual que el gran burocratismo.
La expectativa sobre la evaluación que ha iniciado es que la OCDE presente un documento que favorezca la planeación de la política en el desarrollo sustentable. Además, indicó la funcionaria, las recomendaciones no estarán dirigidas únicamente a la Semarnap, sino a otras dependencias federales.

A cinco años de la Cumbre de Río



Este año habrá dos evaluaciones de la Cumbre de la Tierra, efectuada hace casi un lustro en Río de Janeiro, y de la cual sólo se derivaron documentos sin llegar a metas ni compromisos. De lo que México ha hecho al respecto, dijo Carabias, destaca la participación ciudadana y el derecho a la información.
Tan es así que en los consejos consultivos creados a la par del surgimiento de la dependencia, se han discutido, entre otros, conflictos como el del club de golf de Tepoztlán -que finalmente fue cancelado-, la construcción de la Salinera en Baja California Sur y la carretera la Venta-Colegio Militar.
De la cumbre también se derivaron documentos básicos como el relacionado con la biodiversidad, sobre el que la mayor parte de los países participan activamente, menos Estados Unidos, pues no ha firmado la convención. Otro tema relevante, señaló, es el de cambio climático, pero no se han establecido metas específicas de cuándo y cómo reducir las emisiones de bióxido de carbono y de gas invernadero que generan el problema.
México, aseveró la funcionaria federal, ha buscado privilegiar las instancias internacionales porque todos los temas de agenda tienen repercusiones a nivel local, pero también los hay con impactos globales. La importancia de la Cumbre y de esos convenios internacionales tiene como fin que los países abatan rezagos.
Consideró que hay dinámicas de mercado, patrones de consumo y procesos de globalización que han comenzado a generar impactos ambientales que se deben controlar, pero no sólo pueden ser resueltos localmente. Por ello, dijo, es prioritaria la participación en las convenciones y que se asuman compromisos.
Para que los países pongan atención a los problemas ambientales globales, es suficiente la presión internacional y la opinión de los países en debate, porque no se pueden imponer sanciones si no se cumplen acciones, pero es bastante con la imagen que deja el no cumplir, advirtió Carabias Lillo.
Estados Unidos, por ejemplo, ha reducido sus esfuerzos en los organismos internacionales, pero ha priorizado los aspectos locales mediante sus relaciones binacionales.
“La Unión Europea y la Convención de Basilea sobre el Movimiento Transfronterizo de Residuos Peligrosos”.
Por: Jaime Raúl Alejandro Romero Jiménez. (1)

En respuesta al consciente crecimiento mundial del problema de el tráfico internacional de desechos peligrosos (2). La Convención de Basilea sobre el Control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su disposición (la Convención de Basilea), elaborada bajo los auspicios del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP), fue adoptada en 1989. Este Tratado, que entró en vigor el 5 de mayo de 1992, constituye el primer intento en la regulación del transporte internacional y disposición de desechos peligrosos en un nivel global. Previamente este tema fue dirigido al derecho internacional únicamente, en una incompleta y fragmentada moda. El derecho consuetudinario relativo al control de la polución prevé de un número de reglas básicas. De ahí que, ningún Estado puede usar su territorio, o permitir que sea usado, y que influya en un serio daño al medio ambiente de otro Estado; en el sacar o permitir potencialmente peligrosas actividades sobre su jurisdicción o control.
Los Estados tienen la obligación de ejercitar esta diligencia. El Principio 21 de la Declaración de Estocolmo reconoce el derecho de cada Estado de abstenerse de actividades dentro de su territorio que resulten en un serio daño al medio ambiente, sin observar si se afecta o no directamente a otro Estado.
Una obligación general de la cooperación internacional en asuntos ambientales entre todos los Estados, y no solamente aquellos directamente afectados por una cierta actividad, ha sido establecida por este principio 24 de la Declaración de Estocolmo. Cada Estado tiene el derecho soberano de controlar las actividades que se lleven a cabo en su territorio, un Estado puede por lo tanto, restringir o prohibir la importación de desechos peligrosos para el propósito de tránsito o destrucción.
Mientras estas reglas clarifican que no hay una ilimitada LIBERTAD PARA CONTAMINAR, es claro que ellas no regulan adecuadamente la compleja situación creada por el tráfico transfronterizo de desechos peligrosos. Primero, la noción de estas diligencias es inespecífica; el derecho consuetudinario no prevé un umbral de actividades permitidas de desechos. Incluso, las reglas se preocupan principalmente de actividades peligrosas que se llevan a cabo sobre la jurisdicción nacional de un Estado y que afecta a otro; ellas no prevén de mucha guía con respecto a los peligros creados por la transferencia de substancias tóxicas, y que constituyen en ellas mismas una fuente potencial de polución, desde el Estado generador hacia el territorio de otro Estado.
Un número de instrumentos legales internacionales establecen detalladamente estándares técnicos de seguridad para el transporte y manejo de sustancias peligrosas. Esas son además aplicables para el manejo de desechos; y muchas son como sea legalmente no obligatorias. Desde que se enfocaron las normas a las sustancias peligrosas diferentes a los desechos, también se dejó la puerta abierta y sin contemplar a la cuestión de la destrucción.
Ciertos aspectos de polución ambiental por desechos peligrosos están dirigidos a tratados existentes; de acuerdo con el acercamiento sectorial de la protección ambiental, sigue predominando en el derecho internacional ambiental, los regímenes de regulación de protección de cada esfera del medioambiente contra la polución de el aire, el medioambiente marino y las aguas continentales. Por otro lado, en la protección del medio ambiente marino contra la polución, el Derecho Internacional ha sido codificado por el UNCLOS (United Nations Convention Law of the Sea) de 1982, y que tiene lugar en dos niveles global y regional, al restringir y controlar la polución marina por desechos; sin embargo, estos regímenes no proveen una regulación que armonice el problema de los movimientos transfronterizos y su destrucción sobre desechos peligrosos.
El tema de el tráfico internacional de desechos peligrosos, muestra que existe una limitación en el acercamiento de la protección ambiental, pues es obvio que las diversas esferas del medio ambiente están estrechamente unidas. Es entonces que fue necesario un sistema regulatorio comprensivo en cada esfera, incluyendo el control de la fuente de detrimento, si fuera necesario.
Desde que el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos no está limitado a ciertas regiones, no se puede prever de una solución satisfactoria que solucione el problema. Y queda la posibilidad de un Tratado cojo, debido al peligro inherente de diferir estándares regionales, facilitando las exportaciones de desechos a regiones donde la regulación es menos estricta. Un régimen para el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos debe por lo tanto, ser comprensivo y global, estableciendo estándares uniformes y obligaciones internacionales. Si la posibilidad de la conclusión de tratados regionales sobre un régimen global es un hecho, y son suficientemente detallados con altos estándares deben de ser acordados, y además los tratados regionales no deben permitirse que sean derogados. Este es en principio, el acercamiento tomado por la Convención de Basilea.

La elaboración de la Convención de Basilea.



El tema del transporte internacional y de destrucción de lo desechos peligrosos a nivel internacional no recibió mucha atención hasta los ochentas, cuando fue tomado por un número de organizaciones la mayoría de la Comunidad Europea y de la OECD. En 1982 el consejo de la UNEP autorizó convenir un grupo de expertos para desarrollar la directrices en este campo. En las Directrices del Cairo y principios para el manejo ambiental de desechos peligrosos, elaborado por este grupo de trabajo arreglaron los principios del manejo de desechos peligrosos más que abarcarlos en términos generales. Como un instrumento no obligatorio legalmente, está diseñado primeramente para asistir a gobiernos en sus políticas nacionales en el manejo de desechos.
Cuando fueron aprobadas las Directrices del Cairo en junio de 1987 el director ejecutivo de la UNEP convino que el grupo de trabajo hiciera un borrador global en una convención sobre el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos en la que se tome en cuenta las Directrices del Cairo y de cuerpos nacionales, regionales e internacionales. El Consejo también autorizó al Director Ejecutivo convenir a principios de 1989 una conferencia diplomática que adopte y firme la Convención.
Esta agenda permitió en un periodo de menos de dos años la elaboración de la Convención. El grupo de trabajo ad-hoc de expertos técnicos y legales con un mandato para preparar una convención legal sobre el control de los movimientos transfronterizos; y que empezó sus deliberaciones en una reunión organizacional en octubre del 1987. Subsecuentemente sostuvieron cinco sesiones entre febrero del 1988 y marzo del 1989; expertos de 96 Estados participaron en una o más sesiones y representantes de 50 organizaciones internacionales asistieron como observadores.
Durante los ochentas la discusión política sobre este tema y sobre el tráfico transfronterizo ilegal tuvo su culminación con una amplia ubicación en los noticiarios sobre incidentes que involucraban el dumping ilegal de desechos tóxicos desde naciones industrializadas a países del tercer mundo en 1988. Estos incidentes propiciaron protestas contra estas prácticas y permitió el incremento de la preocupación en este tema a nivel nacional e internacional. El creciente interés en el tema se ve reflejado en el número de Estados que participaron en la sesiones del grupo de trabajo, que se incrementó de 24 a 80; así mismo, se incrementó el número de organizaciones participantes.
Debido a estos desarrollos la atención del público y su opinión durante las negociaciones de la Convención de Basilea fue al menos exclusivamente sobre los problemas del norte-sur. La postura del tratado en medio ambiente es sobre los países del tercer mundo ante la importación ilegal de desechos peligrosos provenientes de naciones industrializadas. El hecho es que una basta mayoría del transporte internacional de desechos que tiene lugar entre naciones industrializadas y países del tercer mundo era ampliamente ignorado. La elaboración de la convención de Basilea fue vista principalmente como una oportunidad de detener el tráfico internacional de desechos de norte a sur.
Por el contrario, Estados Unidos no pensó que las exportaciones de desechos peligrosos debían ser minimizadas bajo el Convenio de Basilea. “Deben permitirnos la exportación de desechos peligrosos a países con leyes más débiles que las nuestras, aún cuando esta práctica ha sido prohibida en Estados Unidos”, dijo David Bussard.
Varios países industrializados apoyaban la idea de transformar el Convenio de Basilea, de un convenio que regula el comercio de desechos en uno que prohiba toda exportación tóxica, particularmente hacia países en vías de desarrollo. Estados Unidos era entonces uno de los pocos países industrializados que bloqueaba el llamado a la prohibición. (3)

Un número substancial de países en desarrollo encabezados por los Estados Africanos (OAU) vieron a las deliberaciones como una oportunidad de demostrar su solidaridad en rechazar el uso de sus territorios en el terreno del dumping de desechos tóxicos provenientes del mundo industrializado, como ya se explicó anteriormente. Su demanda por una prohibición completa de todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos en todo el mundo fue fuertemente apoyada por un alto número de ONG´s. Por el otro lado, muchos Estados industrializados se centraron en la opción de controlar el tráfico de desechos, donde acordaron no poner medidas ni restricciones en el comercio de desechos y materias reciclables entre Estados industrializados. De ahí que desacuerdos entre países desarrollados y en desarrollo también surgieran entre otros temas.
Conforme las negociaciones progresaron, la desavenencias entre países desarrollados y en desarrollo se profundizaron. Siguiendo la adopción del Consejo de Ministros de la OAU en mayo de 1988 de una resolución que condenó la importación de desechos industriales y radioactivos hacia el continente africano como un “crimen contra Africa y su gente”, los miembros del OAU consolidaron su posición en las negociaciones, demandando la incorporación en la convención de fuertes medidas de salvaguarda contra el tráfico de desechos proveniente de países desarrollados a subdesarrollados, así como alcanzar las provisiones financieras y técnicas de asistencia para países en desarrollo en el campo del manejo del desecho.
En la cuarta sesión del grupo de trabajo, sostuvo al poco tiempo un desacuerdo tan fuerte que el grupo falló al no producir más enmiendas al borrador del la Convención como había sido originalmente planeado; en su lugar acordaron un número limitado de provisiones. En un intento de enmendar la situación, el director ejecutivo de la UNEP convino una ronda de negociaciones informales con el grupo de trabajo donde los temas más preocupantes fueron discutidos; y después de esto el grupo de trabajo ya estaba preparado para resumir su trabajo en la quinta sesión que inmediatamente precedería a la conferencia de los plenipotenciarios.

En la conferencia de Basilea las mismas dificultades se presentaron, pero ellas se fueron agravando por el hecho de una apretada agenda, solamente tres días después fue posible alcanzar un acuerdo. Por otro lado, un alto número de países que no habían participado en las negociaciones previas propiciaron que muchos temas fueran reabiertos. Después del primer día de la conferencia, su éxito era todavía incierto en forma paralela a la discusión plenaria, el Director Ejecutivo de la UNEP convino otra reunión informal de pláticas entre quienes principalmente apoyaban encontrados puntos de vista. Y basándose sobre las conclusiones alcanzadas en esta discusión informal el pleno finalmente alcanzó un acuerdo en el texto de la Convención en las tempranas horas del último día de las conferencias.
En la inauguración de la Conferencia de Basilea un discurso fue pronunciado en nombre del presidente de Malí, entonces el jefe de la OAU donde señalaba que los países Africanos no estaban preparados para firmar la Convención, pues ésta era considerada muy débil.
Por otro lado un alto número de Estados incluyendo Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Japón también señalaron su decisión de firmar por exactamente la razón contraria. Esto significó en efecto que era considerablemente peligroso que la Convención de Basilea quedara como una inefectiva declaración de intenciones, pues todos estos Estados debían ser parte de esto, y también se demostró que precario fue el compromiso.
Un análisis y evaluación crítica de las provisiones de la convención de Basilea tuvo que tomar en cuenta dificultades enfrentadas por las partes. Y como veremos más adelante un número de provisiones de la convención particularmente en áreas que fueron sujetas a desacuerdos durante el proceso de la negociación de último minuto.

La conferencia plenipotenciaria sobre el control de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, que se celebró en Basilea del 20 al 22 de marzo de 1989, y donde 116 Estados representados consideraron el borrador final de la Convención entregado por el grupo de trabajo, fue adoptada por unanimidad. Y así mismo también se adoptaron 8 resoluciones relativas al desarrollo posterior y su implementación.
Ciento cinco Estados y la Comunidad Europea firmaron el acta final de la Conferencia de Basilea, y 35 Estados además de la Comunidad firmaron la Convención inmediatamente después de su adopción; y como el 5 de febrero del 1992, veinte Estados habían ratificado la convención de Basilea, de acuerdo con las provisiones relevantes ésta entró en vigor el 5 de mayo de 1992.
La primera reunión de los países firmantes se llevó a cabo entre el 26 de noviembre y 4 de diciembre de 1992 en Montevideo Uruguay. De los 116 países firmantes que participaron en las negociaciones del tratado en 1989, solamente 25 lo habían ratificado, estos países eran: Argentina, Australia, China, Checoslovaquia, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, India, Jordania, Latvia, Liechtenstein, Maldivas, México, Nigeria, Noruega, Panamá, Polonia, Rumania, Arabia Saudita, Suecia, Suiza, Siria y Uruguay.
Desde 1989, la polarización NORTE-SUR que caracterizó las negociaciones del Convenio se habían agudizado. A la fecha, 90 países en vías de desarrollo han de forma individual o colectiva prohibido las importaciones de desechos tóxicos. A cambio, sólo dos países industrializados, Noruega e Italia, prohibieron las exportaciones de desechos hacia el tercer mundo en ese entonces. (4)
Por otro lado, en abril de 1992 los 24 países más industrializados del mundo que forman la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) se apropiaron del poco control que tenía la Convención de Basilea sobre el comercio de desechos. La regulación de la OCDE sobre el tráfico internacional de desechos permite que muchos desechos peligrosos sean comercializados sin ningún control con tal de que sean destinados para el reciclaje. (5)

Estructura y Características de la Convención de Basilea.



Aunque el incremento del deseo por prohibir el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su destrucción en otros Estados especialmente en países en desarrollo, es reconocido en el preámbulo de la Convención; la introducción de la propuesta por una completa prohibición fue rechazada. Sin embargo el artículo 15 párrafo 7, solicita a la conferencia reevaluar la efectividad de la convención periódicamente, y considerar la adopción por una parcial o completa prohibición de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos a la luz de la última información científica ambiental técnica y económica.
El régimen establecido por la convención de Basilea está basado en los siguientes principios: La generación de desechos peligrosos debe ser reducida al mínimo; donde es inevitable, los desechos deber ser destruidos tan cerca como sean posible de la fuente de generación (principio de proximidad). En un número de instancias la exportación de desechos peligrosos está prohibida absolutamente: los desechos peligrosos no deben ser exportados a la Antártida o a Estados que no sean parte de la Convención de Basilea o tratados que establezcan estándares equivalentes o aquellos que hayan prohibido toda importación de desechos. En otros casos, los movimientos transfronterizos deben de llevarse a cabo de acuerdo a las provisiones de la convención. Es permitido solamente si ellos presentan la mejor solución desde un punto de vista ambiental, si los principios del medio ambiente sobre manejo y destrucción son observados, y si se lleva a cabo de conformidad con el sistema regulatorio establecido por la Convención.
Debido al desacuerdo de algunos puntos de vista durante el proceso de negociación estos principios no son seguidos minuciosamente en la Convención; y ellos la han modificado o debilitado en algunas instancias.

OBLIGACIONES GENERALES.



1.- Minimización de la generación del movimiento transfronterizo de desechos peligrosos .



Las partes requieren tomar las apropiadas medidas para asegurar la reducción de la generación de desechos peligrosos al mínimo. Esta obligación como sea no es absoluta, pues muchos aspectos deben ser tomados en cuenta. Las partes deben de cooperar en el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que reduzcan los desechos.
Las partes deben de cooperar en el desarrollo e implementación de tecnologías de reducción de desechos; tan lejos como sea posible, en la generación de desechos peligrosos. Es por eso que los desechos peligrosos deben de ser exportados solamente si el Estado exportador no tiene la capacidad técnica, y la facilidad para destruirlos de una manera medioambiental. O si los desechos son solicitados como materias primas por el Estado importador. Por otro lado, las partes están obligadas a revisar periódicamente la posibilidad de reducir las cantidades y el potencial peligroso de los desechos que son exportados especialmente a países en desarrollo.
El Estado generador no debe permitir la exportación de desechos peligrosos, si es que cree que el manejo y destrucción medioambiental no será garantizado por el Estado importador. De la misma manera, un Estado tiene prohibido importar desechos peligrosos hacia su territorio, si es que cree que no serán manejados y destruidos de una forma medioambiental.
La cuestión crucial en la Convención de Basilea, es la definición de término “Manejo Medioambientalmente Seguro”, que desafortunadamente se hace de forma muy general; sin embargo, para los propósitos de la convención significa: “tomar todos los pasos practicables para asegurar que los desechos peligrosos u otros desechos, sean manejados de una manera que proteja la salud humana y el medioambiente contra los efectos adversos resultantes de dichos desechos”.
La soberanía de cada Estado de prohibir la importación de desechos peligrosos para tránsito o su destrucción está expresamente señalada en el preámbulo de la convección. Ningún Estado que sea parte puede permitir que desechos peligrosos sean embarcados a un Estado que ha prohibido su importación. Las partes deben también prohibir la exportación de desechos peligrosos a un grupo de Estados, que pertenezcan a una organización económica o política, donde en su legislación nacional prohiba tales importaciones.

Los negociadores de la Convención, acordaron la adopción de la PROHIBICION LIMITADA, y que no permite a las partes de la Convención de Basilea comerciar desechos peligrosos con Estados que no son parte. Así, el artículo 4 párrafo 5 de la Convención, estipula que los Estados parte no deben permitir la exportación de desechos peligrosos hacia Estados que no sean parte de la convención; o la importación de desechos procedentes de Estados que no sean parte; sin embargo, el tránsito de desechos a través de Estados que no son parte de la convención, no está incluida en esta prohibición.
Por otro lado, el concepto de la prohibición limitada, es modificada por el artículo 11, que acuerda que las partes pueden celebrar acuerdos multilaterales, bilaterales o regionales sobre movimientos transfronterizos de desechos peligrosos con Estados parte, y también cuando no sean parte de la convención. Pues según ellos, estos acuerdos no serán menos medioambientalmente seguros, que los que se celebren de acuerdo a las directrices de la Convención de Basilea.

La Convención de Basilea prohibe exportar desechos peligrosos al área sur de 60º latitud sur (antártica), ya sea o no que esos desechos sean sujetos del movimiento transfronterizo definido en la Convención de Basilea.
La convención adopta el concepto de desechos peligrosos emitido por la OCDE, y que contiene una lista de lo que es considerado como desecho, cumplimentándose con la provisión de que cada Estado puede determinar por su legislación nacional desechos peligrosos adicionales.
Los DESECHOS, son definidos por la Convención de Basilea como: “substancias que están sujetas a destrucción”. Las operaciones de destrucción que cubren esta definición, están listadas en el anexo IV de la Convención, en adición de las operaciones disposición final (confinamiento) de desechos, tales como: relleno sanitario, incineración o liberación en cuerpos acuáticos; la definición también incluye operaciones de reciclaje.
Sin embargo, el movimiento internacional de desechos para el reciclaje puede ser objeto de excusas de parte de los generadores para absolverse de la responsabilidad de los efectos inevitablemente negativos de los materiales peligrosos. Cuando se refiere legalmente a “materia prima secundaria”, o “para industrias de reciclaje o recuperación”, los desechos tóxicos son con demasiada frecuencia exentos de los requerimientos para asegurar la disponibilidad de capacidad y la adaptabilidad técnica adecuada. Aunque al generador se le imponga una estricta responsabilidad, desde un punto de vista práctico hay poca garantía de que se pueda enjuiciar al generador extranjero. (6)

En resumen, el envío de desechos para el reciclaje es a menudo otra manera de evitar la responsabilidad para minimizar los desechos en la fuente de generación. Al evitar esta responsabilidad con miras de incrementar ganancias, tal movimiento frena la introducción de tecnologías no-contaminadoras. (7)
Por otro lado, durante las negociaciones existieron dos grupos opuestos; el primero insistía en que se incluyera como desechos al desperdicio producido en casas y cenizas de incineradores; el segundo, objetó que se incluyeran estos desechos en la Convención, pues no son considerados como peligrosos.
Así, los párrafos tercero y cuarto del artículo 1º de la Convención, excluyen ciertos tipos de desechos, tales como los radioactivos, pues dichos desechos están sujetos a control por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Sin embargo, se cree que ciertos tipos de desechos radioactivos deben de ser incluidos en la Convención de Basilea.

Existió un desacuerdo considerable respecto de las áreas territoriales donde las provisiones de la Convención se aplicarían. Pues los Estados objeto de tránsito de desechos peligrosos, no quieren ver esas provisiones aplicadas al tránsito de desechos peligrosos a través de su espacio aéreo o mares; tema que los terceros países objetaron al uso del término TERRITORIO, pues podría interpretarse de diversas formas.
Así las cosas, TERRITORIO se definió como: “Area donde la jurisdicción nacional de un Estado, ya sea tierra, áreas marinas o espacio aéreo donde los Estados ejerciten alguna responsabilidad administrativa o regulatoria, de acuerdo con el derecho internacional y respecto con la protección de la salud humana y del medioambiente”.
Cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos, y que en principio no está prohibido, debe de seguir las directrices del sistema regulatorio de la Convención de Basilea.
El Estado exportador tiene la obligación de notificar a lo Estados de importación y de tránsito de la intención de mover transfronterizamente desechos peligrosos. Así, el Estado exportador puede obtener información por él mismo, o solicitárselo al generador o al exportador, a través de una autoridad competente.

La información debe de ser suficientemente detallada de manera tal que permita a las autoridades de los Estados de importación y tránsito evaluar la naturaleza del riesgo de mover los desechos. Entre otros datos, la razón de la exportación, el exportador y el generador; el sitio y proceso de generación, la naturaleza de los desechos y su empaque, así como el itinerario, el sitio de destrucción, y especificación del método de destrucción.
El Estado importador debe responder al notificador por escrito, consintiendo el movimiento con o sin condiciones, negando el permiso para el movimiento, o solicitando más información. Así mismo el Estado importador debe de confirmar la existencia de un contrato entre el exportador y el destructor (además de indicar el método de destrucción); posteriormente, copias de la respuesta final del Estado importador deben ser enviadas a las autoridades competentes de todos los Estados involucrados en la transacción.
El Estado exportador no debe permitir el comienzo del movimiento, hasta que el notificador haya recibido el consentimiento por escrito del Estado importador; y después de la completa operación de destrucción, el Estado importador y exportador deben de estar informados de que se hayan cumplido los términos del contrato.
Por el contrario, algunos creen que los procedimientos de Basilea en materia de regulación de desechos tóxicos no han protegido a los países del envenenamiento provocado por los desechos tóxicos. Según la Sra. Mesister, “el sistema de notificación (fallido del Convenio de Basilea en materia del control del comercio de desechos tóxicos) es un patrón terrible para la prevención de la contaminación genética provocada por el comercio internacional de organismos controlados genéticamente (8). Las regulaciones no pueden dejarse al azar ni a consideraciones voluntarias”. (9)
Los derechos de los Estados de tránsito fueron uno de los temas más delicados durante el proceso de negociación de la Convención. Un grupo de Estados compuesto principalmente por países en desarrollo, querían que los Estados de tránsito tuvieran los mismos derechos que se conceden a los Estados importadores; cuestión que fue rebatida por países desarrollados, que sostuvieron que eso contradecía los derechos de navegación garantizados por el derecho internacional.

Respecto de los países de tránsito, después de recibir la notificación, el Estado debe de acusar de recibo rápidamente de la notificación; esta respuesta debe de hacerse en un término no mayor de 60 días, en los mismos términos que el Estado importador.
Los desechos no pueden empezar a moverse hasta que el consentimiento escrito del Estado de tránsito haya sido recibido. Así un Estado de tránsito que sea parte de la Convención puede suspender el requerimiento de consentimiento escrito. Tal decisión debe de ser notificada a las otras partes a través del Secretariado. Si un Estado parte ha suspendido el requerimiento de consentimiento escrito para el tránsito de desechos, el Estado de exportación puede proceder el movimiento hacia ese Estado, si es que no ha recibido respuesta dentro de los 60 días después de recibida la notificación dada por el Estado de tránsito; de ahí que el concepto de consentimiento tácito de un Estado parte, sea consecuencia de haber suspendido su derecho del consentimiento explícito para el movimiento en tránsito.

Es importante señalar que la Convención especifica modificaciones en el procedimiento, cuando los desechos en cuestión no sean definidos como peligrosos por todos los Estados involucrados en el movimiento; en ese caso, cada Estado tiene el derecho de definir qué productos son considerados desechos peligrosos, aún cuando otros Estados no los definan como tales.
La Convención de Basilea define TRAFICO ILEGAL como: “el movimiento transfronterizo que se realiza en contravención de las obligaciones estipuladas por la Convención”.
Los Estados en desarrollo sostienen que el Estado exportador debe pagar la responsabilidad por el tráfico ilegal. Así es que la Convención de Basilea obliga a sus miembros a adoptar medidas nacionales y hacerlas cumplir para prevenir y castigar el tráfico ilegal. Es por eso que los Estados deben de adoptar e implementar medidas legislativas para asegurar el cumplimiento del procedimiento previsto en la Convención, así como otras provisiones relevantes.
La Convención va más allá en regular la responsabilidad de los Estados cuando ocurra un tráfico ilegal; es decir, el Estado de exportación es responsable de las acciones del exportador y del generador, y el Estado de importación es responsable de las acciones del importador y del destructor. Así el Estado responsable de un tráfico ilegal, tiene la obligación de asegurar la destrucción de los desechos en cuestión, de acuerdo a las provisiones de la Convención, por medio de la reimportación hacia el Estado de exportación u otro; dentro de los 30 días después de recibir la información del tráfico ilegal.

Si la responsabilidad no puede ser asignada al generador, exportador, importador o destructor, los Estados involucrados en el tráfico deben de cooperar asegurando la destrucción con medidas medioambientales. Aquí no se da un tiempo específico, pero la destrucción debe de ser lo antes posible. Pues tanto el Estado exportador como el importador son conjuntamente responsables por la ilegalidad del movimiento, y por lo tanto deben de cooperar en la destrucción de los desechos.
Cuando el movimiento transfronterizo de desechos ha comenzado de acuerdo al procedimiento previsto en la Convención, pero no puede ser completado; el Estado de exportación debe asegurar la reimportación de los desechos por el exportador si los arreglos para su destrucción en forma medioambiental no pueden ser hechos, dentro de los 90 días desde que el Estado exportador y el Secretariado han sido informados. Esto suele suceder cuando el procedimiento de destrucción no puede ser completado de acuerdo con los términos del contrato.
En este caso el tiempo máximo concedido para la reimportación al Estado de exportación es de noventa días; y en el caso de tráfico ilegal es de 30 días solamente.
Respecto de la responsabilidad emanada, se ha propuesto un protocolo de responsabilidad, que se aplica a los grandes rangos de daño, incluyendo los costos de restauración del medioambiente; y se encuentra principalmente basado en un régimen civil, y que entre otras cosas impone el aseguramiento y otras garantías financieras.
De acuerdo con el propósito de reducir la generación (Principio de Prevención (10) ) y el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos a un nivel mínimo, la Convención llama a la cooperación entre miembros en áreas como el manejo de desechos peligrosos, por medio de armonización de estándares técnicos y prácticos, monitoreo de los efectos del manejo de desechos en la salud humana y ambiental, desarrollo de tecnologías de baja producción de desechos, sistemas de manejo de desechos y asistencia a países en desarrollo cuando sean miembros.
El propósito del artículo 10 es asistir a los países en desarrollo en áreas técnicas; esto fue adoptado en respuesta a la preocupación expresada en el proceso de negociación, pues invocaban la falta de capacidad técnica y de know how.
Por otro lado el artículo 13 de la Convención establece un intercambio de información entre Estados miembros sobre temas de interés, tales como accidentes ocurridos durante el movimiento de desechos peligrosos, y que deben de ser reportados inmediatamente a cualquier Estado afectado, así como reportes anuales de movimientos transfronterizos donde ellos han estado involucrados, operaciones de destrucción y medidas para complementar la Convención.

Las funciones del Secretariado de la Convención soy muy amplias, además de funciones de coordinación, administrativas, asistencia técnica, proveer las bases para el monitoreo, identificar fuentes de asistencia técnica, entrenamiento y know how, asesoramiento en el manejo del procedimiento, además de identificar firmas calificadas para asistir a Estados en la evaluación de notificaciones, embarques y facilidades de destrucción. Otras dos funciones se han incluido, asistencia a miembros para identificar los casos de tráfico ilegal, y asistencia a miembros en situaciones de emergencia.
El Secretariado interino funciona con contribuciones voluntarias de los miembros de la UNEP, y es por eso que los centros regionales de entrenamiento son todavía un proyecto.
El artículo 20 de la Convención trata sobre la resolución de disputas relativas a la interpretación de las provisiones de la Convención; tales disputas deben ser resueltas primeramente por negociación u otra forma pacífica; cuando esto sea imposible, por acuerdo o arbitraje, o por la Corte Internacional de Justicia.
El término transfronterizo, requiere del involucramiento de al menos dos Estados, por eso cualquier operación que involucre desechos peligrosos pero no sean transfronterizos, no están cubiertos por la Convención. De ahí la excepción de la antártica, pues los bienes comunes no están protegidos contra la contaminación de desechos peligrosos por la Convención. El derecho soberano de los Estados de decidir si o no reciben desechos peligrosos como importación, está reconocido por la Convención, aunque sea modificado por el principio de no discriminación.
Algunos críticos sostienen que desde que no se prohiben todos los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos, y no se ha puesto freno al tráfico internacional, lo que se ha logrado es legitimar éste.
Aunque la Convención está todavía lejos de otorgar una solución perfecta al problema del movimiento transfronterizo de desechos, se ha dirigido a los más importantes temas, por lo tanto parece ir en la dirección correcta, esa efectividad depende de regular oportunamente los temas que se han quedado abiertos. La Convención de Basilea representa el máximo grado de consenso político posible, de ahí que la adopción de un tratado que provee de una regulación sustantiva debe ser considerado en si mismo como un logro. Con la incorporación del procedimiento de manejo, el concepto de la prohibición limitada, la responsabilidad de los Estados derivadas del tráfico ilegal, el deber de reimportar, y el deber de otorgar asistencia técnica a países en desarrollo; la Convención va más allá de un mínimo compromiso de monitorear algún Estado o de compartir información científica.





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