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Agua y resíduos parte 4 - Monografía



 
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Biodiversidad y manejo de recursos naturales



México es uno de los pocos países del mundo con mega-biodiversidad. Posee alrededor del 10 por ciento de todas las especies conocidas en el mundo, el número más alto de especies de reptiles, segundo en diversidad de mamíferos y cuarto en especies de anfibios v plantas. México posee abundantes recursos naturales: bosques, suelos, agua y recursos pesqueros. Durante décadas, las presiones de las actividades económicas sobre los recursos naturales han venido aumentando y la mayoría de los principales ecosistemas han sufrido una severa degradación. Ya que una parte substancial de la población vive en relativa pobreza, especialmente en áreas rurales cerca de los recursos vivos del país, México enfrenta el desafío de instrumentar políticas de conservación de la naturaleza mientras que debe elevar el nivel de vida de su población.

En respuesta a este desafío, México ha adoptado un enfoque integral: ha reunido en una sola Secretaría de Estado las responsabilidades relativas al ambiente, bosques y suelos, pesca y acuacultura, y ha desarrollado estrategias nuevas y de largo alcance, políticas y programas que se encuentran ahora en las etapas tempranas de instrumentación. Habiendo duplicado durante la última década las áreas naturales protegidas (ahora, 5.9 por ciento del territorio), un nuevo programa apunta a un mayor incremento del tamaño y la representatividad de áreas naturales protegidas mejorando su gestión. Algunas medidas de protección de especies están mostrando resultados positivos (por ejemplo, la mariposa monarca, el antílope berrendo, delfines, tortugas marinas) y otras más están siendo instrumentadas o preparadas. En años recientes, se ha mejorado el cumplimiento de las medidas de protección de áreas y especies. Instrumentos nuevos e innovadores se están utilizando para reconciliar las presiones socioeconómicas y la conservación de la biodiversidad; éstos incluyen la comercialización de productos y servicios de la vida silvestre bajo ciertas garantías, y proyectos comunitarios de desarrollo sustentable, diseñados por habitantes de la localidad y organizaciones gubernamentales, principalmente en áreas económicamente deprimidas y con alta biodiversidad. Un importante programa de certificación de tierras especifica derechos de tenencia para terrenos agrícolas y demarca las áreas naturales protegidas, con lo que se ayuda a evitar los efectos ambientales negativos derivados de derechos de propiedad ambiguos. Diversos programas han sido desarrollados para combatir la deforestación y promover prácticas forestales sustentables. Para las pesquerías, las políticas y las prácticas pesqueras actuales han sido reorientadas para enfocarse no sólo al incremento de la producción y la modernización, sino también para mejorar la calidad y la sustentabilidad. México ha ratificado los acuerdos internacionales más importantes sobre biodiversidad y protección de la naturaleza; promueve activamente la cooperación internacional, especialmente en el medio marino.

Estas políticas recientes están dirigidas a corregir problemas críticos: pérdida de hábitats, degradación forestal y de suelos, y especies amenazadas, muchas de ellas endémicas. Ahora que la mayoría de las políticas necesarias han sido adoptadas y su instrumentación se ha iniciado, se requiere de un esfuerzo decidido e integrado para obtener los resultados deseados. Esto necesitará incluir el establecimiento de prioridades, el financiamiento apropiado y la supervisión de los progresos, así como el fortalecimiento de la inspección y la vigilancia en el uso y la gestión de los recursos naturales. Los resultados de políticas anteriores fueron decepcionantes por la falta de instrumentación y financiamiento, en tanto que la explotación forestal y la pesca muy frecuentemente ignoraron la sustentabilidad. El Programa de áreas Naturales Protegidas, no obstante claro, ambicioso y mejor consolidado, no está todavía completa mente financiado. La estrategia nacional para la biodiversidad tiene que concluirse. El ordenamiento ecológico del territorio que se presentó en 1988, no ha sido amplia mente instrumentado y solamente unos cuantos ordenamientos han sido aprobados hasta la fecha. Todavía no es seguro que las recientes aclaraciones en la tenencia de la tierra y en las políticas agrícolas y forestales sean suficientes para revertir la persistente degradación, especialmente en las áreas tropicales. Por lo que se refiere a la pesca, debe prestarse más atención a la instrumentación de decretos y regulaciones. Debe revisarse la coordinación o integración de los diferentes organismos que se ocupan de los recursos genéticos.

En consecuencia, se recomienda considerar las siguientes propuestas:



- continuar la instrumentación de los planes y programas existentes para la protección de la naturaleza, el manejo integrado de las zonas costeras, la explotación forestal, los suelos y las pesquerías; supervisar más de cerca los progresos alcanzados; fortalecer más aún la capacidad institucional para el cumplimiento de la ley;
- continuar la instrumentación de enfoques innovadores para conciliar la protección de la biodiversidad y el uso de los recursos naturales, tales como la comercialización de productos y servicios específicos de la vida silvestre y los proyectos comunitarios de desarrollo sustentable;
- asegurar mayor autonomía a la gestión de áreas protegidas, incluyendo el fortalecimiento de relaciones con instituciones de investigación, ONGs y el público;
- asegurar un financiamiento suficiente y accesible para instrumentar el programa de áreas naturales protegidas y los programas para la protección de especies, fortaleciendo el establecimiento de prioridades;
- fortalecer el ordenamiento ecológico del territorio; promover aún más la conciencia y la participación públicas; continuar la investigación sobre la biodiversidad y los recursos naturales;
- concluir y adoptar la estrategia nacional para la biodiversidad;
- instrumentar, dentro de los plazos apropiados, la estrategia para el uso forestal, la agricultura y la producción pecuaria sustentables; fortalecer e integrar las políticas y los programas que combaten la deforestación (por ejemplo, programas de reforestación), especialmente en áreas tropicales; asegurar suficiente coordinación con los programas para el desarrollo rural y la agricultura; integrar las cuestiones sobre la biodiversidad y el uso forestal en las políticas agrícolas;
- proseguir en mayor grado con el enfoque de las pesquerías sustentables y continuar la investigación sobre el estado y las tendencias de las existencias de los recursos pesqueros.

2. Integración de los aspectos ambientales en las decisiones económicas 3



Las fuerzas económicas y los cambios en sectores tan importantes como la industria, la energía, la agricultura, el transporte y el turismo, influencian drásticamente las condiciones y las tendencias ambientales y, por lo tanto, aumentan o disminuyen los beneficios de las políticas ambientales y del progreso técnico. En un país de rápido desarrollo como México, se requiere de una mayor integración de los aspectos ambientales en las políticas económicas, sectoriales y sociales, para lograr una protección ambiental costeable y eficaz y un desarrollo sustentable.

Fomentando el desarrollo sustentable



En un país que enfrenta un rápido crecimiento poblacional, migración a las ciudades, y una pobreza que afecta entre un tercio a la mitad de la población, lograr un desarrollo sustentable presenta desafíos económicos, sociales y ambientales excepcionalmente difíciles. El agotamiento de los mantos freáticos, la contaminación del aire en áreas metropolitanas, la continua deforestación y la pérdida de biodiversidad, son todos ellos síntomas del estrés impuesto a la base natural de los recursos mexicanos.
México ha adoptado una firme estrategia para avanzar hacia un desarrollo más sustentable. La creación de SEMARNAP, la adopción del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y el Programa del Medio Ambiente 1995-2000, la creación de consejos consultivos de base amplia para el desarrollo sustentable, el potencial de los procesos en curso de desconcentración y de descentralización, las nuevas asociaciones establecidas con la industria, y el apoyo de las ONGs, académicos y comunidades, son todas señales positivas de que la nueva estrategia puede resultar un éxito considerable.
México ha creado un Consejo Nacional Consultivo para el Desarrollo Sustentable y cuatro consejos regionales, con la participación de todas las entidades gubernamentales relevantes y de todos los sectores económicos. Aunque México no t dispone de un cuerpo interministerial destinado a integrar en mayor grado las políticas ambientales con otras políticas del gobierno, sí cuenta con varios mecanismos para tal efecto. Dichos mecanismos deberán ser fortalecidos y elevados a nivel de Secretarios de Estado, para encargarse de cuestiones de protección ambiental y uso del suelo y asegurar que todas las Secretarías trabajen hacia la meta de un desarrollo sustentable.

Desde la creación de SEMARNAP, la cooperación interministerial ha mejorado considerablemente, involucrando ahora las Secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda, Comercio, Energía, Agricultura, y Salud. Debe buscarse mayor integración de las cuestiones ambientales en las políticas fiscales. La integración de cuestiones ambientales en el sector transporte y en el manejo de zonas costeras también necesita ser ampliada e intensificada.
Mayor atención debe ponerse en “establecer los precios correctos”, con la debida consideración a las necesidades especiales de los sectores pobres. La internalización de externalidades, y la reducción de subsidios y otras formas de ayuda financiera que son costosas para los contribuyentes al tiempo que perjudiciales para el medio ambiente, debieran devenir importantes objetivos. El uso de precios apropiados (por ejemplo para el agua y la energía) y de instrumentos económicos deberá contribuir a dar forma a patrones de consumo más sustentables. Con respecto al reverdecimiento de las operaciones gubernamentales, el ejemplo de la “lista verde” de SEMARNAP para compras administrativas necesita adoptarse a una mayor escala.
Gradualmente, se están introduciendo objetivos cuantitativos en las políticas públicas (por ejemplo, para el agua; y otros en preparación para la energía y la industria). Dichos objetivos son necesarios en otras importantes áreas de políticas (por ejemplo, los desechos), de manera que puedan supervisarse más de cerca los progresos. A este respecto, sería muy útil evaluar el desempeño ambiental de las entidades federativas o de las regiones. La protección de la salud y el mejoramiento de los niveles de educación, pre-requisitos para el desarrollo sustentable, contribuirán a reducir las considerables desigualdades en la distribución de la riqueza y a mejorar las condiciones de una parte de la población que vive en extrema pobreza.
En el sector industrial, muchas de las grandes empresas establecidas en México cumplen con la mayoría de las normas ambientales nacionales e internacionales, y muchas son cada vez más conscientes de sus responsabilidades ambientales, entre ellas la prevención de riesgos. Pero la mayoría de las numerosas pequeñas y medianas empresas que existen en el país no cumplen con las normas ambientales. Enfrentadas a graves dificultades económicas, estas empresas continúan utilizando viejas tecnologías y encuentran difícil hacer el gran esfuerzo para proteger el ambiente o prevenir riesgos para los trabajadores y las comunidades vecinas. El papel del sector bancario, apoyando con inversiones para mejorar el ambiente, debiera fortalecerse.

Se recomienda considerar las siguientes propuestas:


- fortalecer los mecanismos institucionales para estimular una mejor integración de políticas ambientales, económicas, sectoriales y sociales a nivel interministerial; requerir la presencia de las autoridades ambientales en el nivel de toma de decisiones en comisiones, comités y consejos federales relevantes;
- establecer objetivos ambientales cuantitativos y cualitativos como parte del proceso de planeación; identificar los medios de financiamiento correspondientes; establecer un mecanismo para seguirle la pista al desempeño ambiental a nivel nacional y subnacional;
- reducir subsidios y subsidios cruzados con efectos ambientales adversos; identificar las medidas fiscales actuales que tienen efectos negativos sobre el ambiente y procurar evitar tales medidas en el futuro, tomando en consideración las necesidades específicas de los sectores pobres;
- adoptar una política ambiental específicamente enfocada hacia las pequeñas y medianas empresas; elaborar contratos de mediano plazo con grupos laborales; acelerar la transferencia de tecnología limpia de las grandes empresas hacia las empresas más pequeñas; fomentar las asociaciones ambientales entre las grandes y las pequeñas empresas;
- promover cambios en los patrones de consumo y de producción proporcionando información apropiada (eco-etiquetado, eco-certificación) y educación ambiental, y garantizando que los precios reflejen totalmente los costos ambientales (por ejemplo, para el agua y la electricidad), al tiempo que se preste consideración especial a las necesidades de los sectores pobres;
- acelerar el enverdecimiento de las operaciones gubernamentales;
- continuar el desarrollo de proyectos dirigidos a lograr una gestión sustentable de los recursos naturales y de generación de ingresos en las áreas económicamente deprimidas.

Integración sectorial: energía


México está dotado de considerables reservas de petróleo y gas natural y significativos recursos hidroeléctricos. Ello le ha permitido desarrollarse muy rápidamente y crear un importante sector industrial. En términos de consumo de energía y emisiones contaminantes per cápita, México está muy por debajo de los niveles que existen en la mayoría de los países de la OCDE. Por otro lado, la intensidad energética (es decir, el uso de energía por unidad del PIB) es grande y aumenta cada vez más, al tiempo que está decreciendo en los países de la OCDE en su conjunto. Las emisiones de C02 en México están aumentando rápidamente.
México ha creado una órgano formal, que incluye la representación de diversas autoridades públicas importantes, para tratar cuestiones relativas a la energía y el ambiente y ha instrumentado una política efectiva para mejorar las mezclas de combustibles y la calidad con miras a reducir la polución por S02, CO, partículas, plomo, compuestos aromáticos, oleofinas y benceno. Para reducir los niveles de contaminación del aire en zonas designadas como críticas, se está reemplazando el combustible de petróleo por gas natural y se han puesto en el mercado combustibles más limpios para el transporte. Estos cambios en el uso y composición de combustibles se deben sobre todo a PEMEX y a la CFE (las empresas estatales del petróleo y la electricidad). Se está promoviendo el ahorro de energía eléctrica mediante normas y especificaciones relativas a varios productos. Hasta ahora, estas medidas han tenido como resultado que hayan disminuido las emisiones contaminantes producidas por el uso total de energía. En áreas urbanas, una más estrecha cooperación entre autoridades públicas, ha permitido una mejor integración de las preocupaciones ambientales en las políticas energéticas y del transporte. El sector energético está llevando a cabo evaluaciones de impacto ambiental, auditorias ambientales y evaluaciones de riesgo, y PROFEPA realiza inspecciones de instalaciones de energía y ha establecido acuerdos con PEMEX y la CFE para llevar a cabo auditorias ambientales.
Como la energía ha sido barata durante años, los esfuerzos para conservar la energía no son muy extendidos. Un incremento en los precios de la energía para internalizar las externalidades relacionadas con la energía -con tal que los aspectos sociales sean tomados en consideración-, podría crear mayor conciencia pública en esta área y conducir a ahorrar energía. La prevención de accidentes y la reducción del daño al ambiente requerirán de un esfuerzo continuo de todo el sector energético, en asociación con las administraciones ambientales. Mayores esfuerzos serán necesarios, también, para reducir las emisiones atmosféricas producidas por el transporte, así como para una más estrecha integración de consideraciones ambientales en el conjunto de las políticas urbanas y del transporte.

Se recomienda tomar en consideración las siguientes propuestas:
- promover el mejoramiento de la eficiencia energética mediante normas aplicables al uso de energía, programas voluntarios e incentivos fiscales, prestando especial atención a aquellas medidas económicamente justificadas, independientemente de cualesquiera que sean los beneficios ambientales directos;
- eliminar subsidios y subsidios cruzados sobre los precios de la electricidad y el gas, sustituyéndolos por ingresos de apoyo directo en los casos que sea necesario por razones sociales;
- incrementar los niveles y ajustar la estructura de los precios de energéticos y combustibles para el transporte aumentando los impuestos sobre su con sumo, para internalizar las externalidades relacionadas con la energía y proporcionar incentivos para la eficiencia energética, tomando en consideración las necesidades específicas de los sectores pobres;
- asegurar que PEMEX y CFE se asocien para desarrollar políticas ambientales y que sus instalaciones sean un ejemplo para la industria mexicana en el área de ahorro de energía;
- incrementar el uso de formas de energía renovable;
- combatir la contaminación del aire por fuentes de energía en áreas urbanas, incrementando la penetración del gas natural y reduciendo las emisiones de vehículos y estaciones de gasolina;
- instrumentar la estrategia nacional para reducir progresivamente la tasa de crecimiento de las emisiones de gases a efecto invernadero, lo que fortalecería los esfuerzos actuales en cuanto a mejorar la eficiencia energética y la conservación de energía.

3. Cooperación internacional



Logros


Durante los años 90, México ha significativamente incrementado su participación en la cooperación ambiental internacional. Ha ratificado e instrumentado numerosos convenios y negociado muchos nuevos acuerdos bilaterales y multilaterales para ayudar a alcanzar sus objetivos nacionales, así como para promover la cooperación internacional ambiental. Además, México ha adoptado un nuevo enfoque en sus relaciones internacionales y ha enfatizado la necesidad de que todos los países incrementen su participación en la protección ambiental, en los niveles nacional e internacional. Como nuevo país Miembro de la OCDE todavía enfrenta muchos de los retos propios a un país en desarrollo, México debe instrumentar políticas que impulsen el desarrollo económico y protejan el medio ambiente a nivel local, regional y mundial, de acuerdo con sus posibilidades y sus obligaciones. México se ha comprometido a instrumentar todas las decisiones y recomendaciones de la OCDE relativas al ambiente.
México ha aumentado considerablemente sus actividades de protección ambiental a lo largo de su frontera norte, que se extiende por más de 3 000 kilómetros; está participando en muchas actividades junto con los Estados Unidos para prevenir la contaminación transfronteriza del aire y el agua y para una mejor gestión de desechos peligrosos. El nuevo programa Frontera XXI representa un avance significativo en comparación con pasados enfoques, pero se encuentra en una fase muy temprana de instrumentación. Su financiamiento continúa siendo cuestión pendiente y probable mente requerirá financiamiento externo. Como parte del acuerdo ambiental paralelo al TLCAN (el Acuerdo -trilateral- Norte Americano de Cooperación Ambiental), México está mejorando sus políticas ambientales y se beneficia de la experiencia de Canadá y de Estados Unidos, en particular en lo que se refiere al monitoreo de tóxicos y de ecosistemas. Los fondos para los proyectos de las zonas fronterizas los proporciona el Banco de Desarrollo de América del Norte, y financiamiento adicional es disponible en un nuevo fondo ambiental de América del Norte. México participa activamente en muchas empresas conjuntas relacionadas con el uso forestal y la biodiversidad.

México ha establecido estrechos vínculos sobre cuestiones ambientales con países de América Central, el Caribe, y América del Sur. Está proporcionando a estos países su propia experiencia y contribuyendo a elevar la conciencia sobre asuntos ambientales. También está participando activamente en las consultas del foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico.
México ha desarrollado y está usando en la actualidad nuevos métodos de pesca que evitan la muerte incidental de delfines y tortugas marinas, a través del fortalecimiento de las regulaciones, el uso de dispositivos exclusión para las tortugas, e inspección y vigilancia. Ha fomentado y apoyado acuerdos internacionales sobre estas cuestiones y sobre la pesca responsable. También se ha comprometido más allá de sus obligaciones legales bajo el Protocolo de Montreal y bajo la Convención del cambio climático, no obstante esté oficialmente considerado en ambos instrumentos como país en desarrollo. Ha logrado reducir considerablemente el consumo de CFC y se espera que prohiba su uso en un futuro cercano. México está elaborando inventarios de los gases a efecto invernadero y diseñando medidas para su mitigación; en ambos casos ha actuado siguiendo la línea de otros países de la OCDE, aunque no estaba obligado a hacerlo.

México ha emprendido acciones para proteger su ambiente marino, particular mente creando planes de contingencia en caso de derrames de petróleo en sus aguas nacionales o mediante planes conjuntos de emergencia para aguas próximas a Estados Unidos. Ha participado activamente en el seguimiento de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, especialmente en la creación de mecanismos consultivos para instrumentar Agenda 21, involucrando la cooperación de todos los actores y de todos los ministerios.

Areas para mayor progreso



Como los logros obtenidos por México a nivel internacional se derivan en su mayor parte de decisiones recientes, los resultados hoy día son todavía incipientes o por venir. No es sino últimamente cuando México ha adoptado objetivos y calendarios cuantitativos para sus actividades ambientales a nivel internacional. Su financiamiento para proyectos internacionales se ha debilitado por las demandas financieras de sus urgentes prioridades domésticas.
En conjunto, la situación ambiental a lo largo de algunos tramos de su frontera norte (por ejemplo, calidad del agua, calidad del aire, y eliminación de desechos) continúa deteriorándose. A pesar de las medidas tomadas por las autoridades mexicanas, las presiones de un rápido crecimiento económico y demográfico han conducido a una contaminación transfronteriza. Un enfoque más dinámico en los años 80 hubiera evitado muchos de los problemas particularmente agudos de los años 90. La falta de financiamiento y obstáculos burocráticos pueden retrasar la instrumentación del programa Frontera XXI. El requerimiento de financiamiento igual de las nuevas instituciones trilaterales bajo el TLCAN probablemente ejerce una tensión sobre México.
En lo que se refiere al cambio climático, si bien las emisiones de C02 de México son relativamente pequeñas, continuarán aumentando durante un buen tiempo. Se han tomado medidas para aumentar la eficiencia energética y disminuir la tasa de crecimiento de las emisiones de C02, pero no parecen muy significativas. Se utilizan muy poco los instrumentos económicos que pueden proporcionar incentivos para un cambio de comportamiento y estimular el uso de tecnologías más limpias. El aumento en los precios de los energéticos contribuiría a crear mayor conciencia de todos los sectores de la sociedad mexicana de la necesidad de ahorrar energía. En el área de contaminación marina, será necesaria inversión adicional para cumplir con los compromisos internacionales, y particularmente para evitar la contaminación del mar por petróleo, basura y desechos. En materia de comercio internacional, deberá ejercerse una estrecha vigilancia para evitar el comercio ilegal de cloro-fluoro carbonos (CFCs).

Se recomienda tomar en consideración las siguientes propuestas:
- buscar recursos adicionales que hagan posible proseguir la cooperación internacional en protección ambiental y conservación de la naturaleza;
- continuar desarrollando una más activa posición, reflejando su calidad de miembro de la OCDE, en cuestiones ambientales globales;
- desarrollar mayor capacidad institucional y cooperación interministerial en la zona fronteriza, para resolver los problemas ambientales transfronterizos causados por el desarrollo económico;
- establecer planes de financiamiento de largo plazo con las autoridades esta tales y locales para abordar los asuntos de gestión del agua que surgen a lo largo de la frontera norte;
- integrar más estrechamente las actividades de diversas Secretarías relacionadas con asuntos ambientales marinos, de modo que se protejan mejor las áreas costeras y el medio ambiente marino, en tanto continúen desarrollándose actividades económicas vinculadas con el mar (turismo, pesca, industria petrolera, transporte marítimo);
- invertir en instalaciones portuarias de recepción para estar en condiciones de ratificar el Anexo V de MARPOL;
- instrumentar una estrategia nacional para combatir el cambio climático, incluyendo objetivos claros y eligiendo medidas regulatorias y económicas eficaces para reducir el crecimiento de las emisiones de C02;
- buscar financiamiento internacional adicional para proteger la rica biodiversidad del país.

Semarnap: Razón de ser*
Gustavo Varela Ruiz**
Al igual que en los países desarrollados, la sustentabilidad ambiental en México logrará concretarse en la medida en que podamos establecer un proceso de cambio hacia nuevas formas de relación entre sociedad y naturaleza. Este proceso debe alcanzar un equilibrio dinámico entre la población, los recursos productivos y los patrones de uso y consumo de los recursos naturales. Lo anterior impone necesariamente criterios de equidad y de justicia social.
A pesar de los muchos y valiosos antecedentes que se dan en México para el establecimiento de una política que permita transitar hacia el desarrollo sustentable, es en fechas recientes cuando se concreta la creación de una Secretaría de Estado responsable de integrar las políticas y los instrumentos, hasta entonces a cargo de diversos organismos y dependencias del sector público.
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) se creó el 28 de diciembre de 1994 con la responsabilidad de formular y vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia ambiental, así como inducir el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables, no sólo para su preservación, sino también para asegurar la base natural del desarrollo económico nacional y contribuir a mejorar el nivel de vida de la población, garantizando su sustentabilidad presente y futura.
La Semarnap se constituye con recursos de varias dependencias públicas: primeramente de la extinta Secretaría de Pesca y su Instituto Nacional de la Pesca, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, el área forestal y los organismos desconcentrados Comisión Nacional del Agua (CNA) e Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sectorizados en la Secretaría de Desarrollo Social, y la parte relativa a la zona federal marítimo terrestre (Zofemat), ubicada en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
La misión de la Secretaría así constituida es impulsar un cambio, que en su primera etapa logre la contención de las tendencias de deterioro del ambiente y los recursos naturales que se han venido gestando durante muchas décadas, y que permanecen todavía activas. En este propósito se han explorado opciones que conjunten el cuidado ambiental, la utilización económica racional de los recursos naturales, en particular de los renovables, y la atención a la salud y el bienestar de los mexicanos.

Medio ambiente y producción de la mano



Si bien la misión de la Semarnap es clara y su integración, a mi manera de ver es adecuada, conviene no perder de vista que salvo el INE y la Profepa, que se constituyen a partir de una visión orientada a los asuntos ambientales, el resto de los organismos y unidades administrativas que integraron a la Semarnap, se crearon a partir de objetivos más bien relacionados con aspectos productivos, y en momentos en que los temas ambientales tenían una prioridad precaria.

Fue indispensable iniciar un complejo proceso, que permitiera concebir una política ambiental acorde con los propósitos de la nueva entidad y las particularidades de México, que ponderó entre otros, los siguientes factores:
- La concentración entre los niveles directivos del sector, de principios comunes de una política hacia el desarrollo sustentable.
- Las experiencias de otros países y las previas en el nuestro.
- Las capacidades y facultades de los distintos organismos y unidades administrativas de la Secretaría. En su caso, la necesidad de adecuarlas, así como capacitar personal.
- Los recursos presupuestales disponibles y la posibilidad de redistribuirlos en un esquema de prioridades nuevas.
- El marco legal y normativo y la necesidad de adecuarlo en el mediano plazo.
- La articulación de acciones a través de programas comunes, a cargo de distintos organismos o unidades administrativas.
- La problemática de cada sector, sus potencialidades, las prácticas productivas y las modificaciones que habría que incorporar para darles un sentido sustentable.
- La estructura administrativa acorde para llevar a cabo las nuevas tareas, definición de responsables, funciones y atribuciones.

Cabe hacer mención que el programa se construyó con la participación de funcionarios públicos altamente experimentados y especializados en sus temas respectivos, así como con las aportaciones de ambientalistas especializados en los problemas de nuestro país.
Así, la recién constituida Secretaría, elaboró un programa de trabajo acorde con nuestra realidad. Su objetivo general fue el de frenar las tendencias de deterioro del medio ambiente, los ecosistemas y los recursos naturales, y sentar las bases para un proceso de restauración y recuperación ecológica que permita promover el desarrollo económico y social de México, con criterios de sustentabilidad.

Con esta orientación se establecieron los siguientes objetivos particulares:
- Fortalecer mecanismos e instrumentos para la conservación y aprovechamiento sustentable de la biodiversidad, ampliar la participación y corresponsabilidad de la sociedad, y lograr una mayor cobertura y representatividad de las áreas naturales protegidas, consolidando su funcionamiento, administración y manejo.
- Promover nuevos sistemas de regulación y promoción ecológica para el desarrollo urbano y regional, identificando nuevas opciones basadas en el uso sustentable de los ecosistemas y recursos naturales.
- Modernizar la regulación y promoción de nuevos mercados y sectores económicos orientados al desarrollo de infraestructura ambiental.
- Fortalecer las capacidades de gestión y participación de la sociedad, en el marco de un activo proceso del cumplimiento de la ley, nuevos sistemas de información y descentralización de la gestión ambiental.
- Aprovechar las oportunidades de cooperación y financiamiento, con una presencia activa y un desempeño eficaz en el contexto internacional.
- Elevar los niveles de cumplimiento de la legislación ambiental a través de una estrategia que se oriente al logro de metas ambientales, y que combine una mayor cobertura de las acciones de inspección y vigilancia, el fomento al cumplimiento voluntario de la normatividad y la participación social.

Hacia el desarrollo sustentable en México


¿Es posible lograr en un plazo razonable y en las actuales condiciones, un desarrollo que permita el uso sustentable de nuestros recursos naturales?
Me atrevería a responder que sí. En la medida en que tengamos un programa con una visión de largo plazo, con el apoyo de la sociedad y los instrumentos adecuados, así como con los recursos necesarios (humanos, organizativos y financieros) para llevarlo a cabo.
En consecuencia conviene una valoración del entorno existente que condiciona la estrategia de ejecución. El problema ambiental en México tiene solución en el largo plazo, por ello la continuidad en el programa es clave. Hay que tratar de anclarlo, convertirlo en un activo de la sociedad, lo que se antoja posible si ésta participa activamente en la definición de las políticas y estrategias a seguir.
En este sentido se ha realizado un esfuerzo sistemático; por ejemplo, desde el punto de vista legislativo, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), establece la participación ciudadana en las políticas públicas. El reglamento de dicha ley precisa las vías de participación social en la planeación, ejecución y vigilancia de las políticas públicas; más aún, en el Proyecto de Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental se fijan las normas para la participación pública y el derecho a la información y se establece la figura de denuncia popular. La LGEEPA promueve la participación de los propietarios y poseedores de las comunidades y pueblos indígenas y de la sociedad en general, en el uso de protección, conservación y restauración de los recursos forestales.

En el otro eje, relativo a la participación de la sociedad en la definición de las políticas públicas y discusión de estrategias, se han dado pasos sin precedente en la administración pública de nuestro país. En efecto, mediante la creación de una red de participación social, que se entrecruza en diversos puntos, y que van del ámbito territorial más amplio (el nacional), hasta el más pequeño (municipal), pasando por los regionales y los generales, a los específicos. En esta red cada instancia posee una autonomía relativa determinada por su dimensión territorial o temática.

Los Consejos Consultivos



En los diversos consejos auspiciados por la Semarnap (Desarrollo Sustentable, Agua, Forestal, Pesca, Reforestación, Ambiente, Inspección y vigilancia y TLC) participan autoridades federales, estatales y municipales, legisladores, representantes de organizaciones civiles, de productores e instituciones académicas con presencia local y nacional.
En el seno de los consejos de discute, analizan y evalúan temas que conforman las grandes líneas de políticas nacionales sobre el medio ambiente y los recursos naturales, así como temas específicos de regiones, cuencas o municipios.
En suma, se ha abierto un espacio excepcional buscando lograr un nivel de consenso y compromiso con y de la sociedad que le dé permanencia en lo posible al proyecto.

Combate a la pobreza



La pobreza es una limitante que afecta sustancialmente la instrumentación del programa. Sin embargo, no podemos perder de vista que numerosos grupos marginados, frecuentemente indígenas y poseedores originales de bosques y selvas, se asientan en áreas naturales que han mantenido razonablemente conservadas, pero amenazadas por diversos factores. Compete al Estado promover las acciones necesarias que garanticen su preservación. Los instrumentos existen y se están aplicando en un programa sin precedentes para decretarlas, cuando es razonable, áreas naturales protegidas, figura jurídica que permite tomar acciones tendientes a su preservación, buscando la participación de sus poseedores mediante programas de manejo que desarrollen su potencial con criterios sustentable, bien sea en aspectos ecoturísticos o productivos. En mi opinión, debemos subsidiar inteligentemente su preservación. No estamos frente a un problema de política económica, no se trata de enfoques neoliberales o intervencionistas.
El reducido presupuesto público disponible también es una limitante, aunque debemos considerar que siempre los recursos son insuficientes para la magnitud de las tareas. Por eso la Semarnap y sus organismos desconcentrados en 1999 tuvieron un presupuesto equivalente al 3 por ciento del gasto programable del gobierno federal; de 1995 a 1999 la asignación creció en términos reales alrededor del 20 por ciento, igual que para cualquier otro sector, el principio adoptado en países desarrollados que establece que el que contamina paga, ayudaría a financiera los programas correspondientes, además de inhibier las prácticas contaminantes.

Por último, la gran variedad de instrumentos con que actualmente se cuenta permite actuar en las diferentes vertientes con relativa eficacia. Sin duda hay que perfeccionarlos, y, llegado el caso, modificarlos, pero indudablemente constituyen un avance significativo. Entre ellos cabe destacar: normas oficiales mexicanas, regulación directa y el licenciamiento industrial, ordenamiento ecológico del territorio, evaluación de impacto ambiental, regulación directa de vida silvestre, información ambiental, auditoría ambiental, estímulo al cumplimiento de la ley, inspección y vigilancia.
El libre comercio no afecta al medio ambiente; al contrario, ha favorecido a México: Carabias

Diana Teresa Pérez



s necesario tener cuidado en la introducción de procesos ambientales en las negociaciones comerciales a nivel internacional, para no generar nuevas barreras arancelarias como en el caso del embargo atunero, afirmó Julia Carabias, titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap).
Por lo anterior, la funcionaria dijo que comparte “absolutamente la tesis de Secofi”, pero advirtió que no se permitirá que ningún país transfiera procesos sucios a México, “porque para eso están las leyes nacionales”.
Dijo que en el caso de foros como el de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se implementan normas internacionales que van mucho más allá de la legislación mexicana, por lo que solamente las grandes compañías multinacionales pueden cumplir con dichos requisitos.
Sin embargo, apuntó que el problema radica en las micro y mediana empresas para las cuales no es tan fácil cubrir con todas las medidas impuestas por los países desarrollados, pero deberán siempre cumplir con las legislaciones locales.

“Esto es un proceso, y por eso en coordinación con Secofi se ha planteado la situación de los países en vías de desarrollo en foros como la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) -que forma parte del Tratado de Libre Comercio- y con la OCDE”.
Reconoció que en la actualidad “la batuta” la tienen los países desarrollados y por eso “México no se puede quedar atrás y llegar a una serie de normatividades ya cocinadas cuando las voces de los países en vías de desarrollo no han sido escuchadas”.
Carabias rechazó la tesis de algunos ecologistas quienes argumentan que el libre comercio lleva al deterioro de los recursos naturales y afirmó que “el comercio no nos está haciendo daño…por el contrario, ha tenido muchas ventajas y aspectos favorables y esas son argumentaciones muy simplificadas”.
A pesar de que señaló que aún no existe un balance en torno al tema, dijo que el TLC ha dejado muchos beneficios, como el intercambio de tecnología, demanda de productos más limpios, entre otros.

“Las voces que estuvieron augurando que la apertura de los mercados iba a acabar con los recursos naturales no fue cierta”.
En este sentido mencionó que la CCA ha sido un foro “serio” que tiene la obligación de hacer del conocimiento público los casos en los que el comercio afecte al medio ambiente de un país.
“Hasta ahora no ha habido uno solo que haya mostrado que por la apertura del mercado haya habido efectos negativos en el país, todos se refieren a procesos internos locales nacionales como Cozumel, un río en Sonora, pero no es un producto del TLC”.
Aún cuando la experiencia en la CCA ha sido exitosa, la funcionaria consideró que este foro no puede ser extrapolado aún hacia otros organismos, pues no existen casos suficientes que puedan normar procesos más grandes. n

Comercio y medio ambiente: todos pierden



La revista The Economist, destaca en su edición de esta semana las consecuencias del fracaso sufrido en Seattle por la OMC. Quienes pierden más con este tropiezo son, como lo resalta dramáticamente esta publicación, los pobres, en especial de los países más atrasados. Haría falta reconocer también como víctimas al medio ambiente y a las perspectivas de sustentabilidad para los países en vías de desarrollo; esto, a pesar de la opinión de líderes y organizaciones de una sociedad civil globalizada que ruidosamente celebran el descalabro, creyendo, muchos de buena fé, que con ello se ha logrado una victoria.
Lo sucedido en Seattle prueba que está cambiando el balance de poder en el mundo. Como en un juego de suma-cero, lo que alguien gana otro lo pierde; el poder que han ganado las ONG se le ha restado a los gobiernos y a los organismos internacionales. Otra tajada adicional se está llevando el sector privado, a través de las grandes empresas multinacionales, crecientemente activas, y de organismos empresariales globales como el World Bussines Council for Sustainable Development.

El poder acumulado por las ONG se arraiga en la desconfianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos y hacia instituciones tradicionales, y en su capacidad de representar intereses emergentes en la sociedad que han desbordado a partidos políticos e iglesias, con la ventaja de una solvencia moral muy poco erosionada. A pesar de no estar fundamentado en procesos electorales ni en una clara rendición de cuentas, este poder se ha manifestado en las arenas globales de manera categórica. En 1992 gracias a la presión ejercida lograron que se firmara la Convención Marco sobre Cambio Climático; pusieron en jaque al Banco Mundial durante la celebración de su cincuentenario en 1994, al grado que esta institución modificó notablemente sus políticas dándoles una importante orientación ecológica; abortaron el Acuerdo Multilateral de Inversiones promovido por la OCDE en 1998; por medio de la coalición Jubileo 2000 han lanzado la iniciativa de condonación o reducción de la deuda externa de los países más pobres; junto con el gobierno canadiense han tenido un éxito considerable en la campaña a favor de la prohibición de las minas antipersonales; todo ello, además de innumerables victorias en campañas regionales y en asuntos más específicos.

Como puede verse, Seattle no es un hecho aislado y no puede ignorarse, aunque en el fondo y en esta ocasión estén equivocadas las ONG. Ya dijimos la semana pasada que los beneficiarios de las barreras comerciales son siempre empresas ineficientes y sucias, y que el costo lo pagan por un lado, los ciudadanos al ver conculcada su libertad de elegir los productos que consumen y al ser explotados con precios más altos; y, por otro, las empresas y trabajadores de los países más pobres a quienes se les impide el acceso a los mercados de los países industrializados; el resultado es más desempleo y una miseria irreductible. El medio ambiente también sufre, al profundizarse la pobreza, y al impedirse el cambio tecnológico y el escrutinio político global que se ejerce sobre las políticas ambientales de las naciones que participan en acuerdos de liberalización comercial (el caso de México con el TLC es arquetípico).

En este escenario, el desastre de Seattle se explica no sólo a partir de la desinformación o manipulación de las ONG por parte de grupos privilegiados por el proteccionismo y los subsidios, de intereses corporativos sindicales y de fuerzas de extrema derecha chovinistas y demagógicas que prosperan en Estados Unidos. El fracaso también es resultado de la arrogante insensibilidad de la OMC y de muchos gobiernos promotores del libre comercio, que han pretendido ignorar el peso de una opción pública en la que gravitan con intensidad creciente los organismos no gubernamentales. Hoy queda claro que, en su contra y sin suficiente legitimidad no será posible avanzar en una nueva ronda de liberalización comercial.
Es preciso un gran esfuerzo de información, persuasión y debate público que acerque a las ONG con los actores que promueven la liberalización comercial, de persistir la incomunicación y el enfrentamiento ambas fuerzas van a perder, y con ellas, México. n

Autor:

Belial





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