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Cambio climático parte 1 - Monografía



 
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Planes energéticos alternativos. Impacto ambiental. Gases con efecto invernadero. Turismo. Salud. Energías renovables



SITUACION PRELIMINAR



1.EL CAMBIO CLIMÁTICO



El clima ejerce una gran influencia, no por cotidiana e inadvertida menos poderosa, sobre nuestras vidas y la naturaleza. La fauna y la flora de cada lugar, el agua, los cultivos y, en último término, la manera de ser y la cultura de cada rincón del mundo, dependen, entre otros factores, del clima local. Las adaptaciones al clima dan lugar a distintos ecosistemas y sistemas socioeconómicos.

La influencia del clima es fácilmente perceptible en las actividades humanas basadas directamente en los ecosistemas, sobre las que descansa nuestra existencia y toda nuestra economía (agricultura, ganadería, silvicultura), y menos aparente, aunque igualmente importante en otras actividades como el turismo y otras industrias. Se comprende, por tanto, que el cambio climático, que afecta o puede afectar de forma importante a las condiciones físicas en las que existen los ecosistemas terrestres y marinos, pueda convertirse en el problema ambiental más complejo y más grave del próximo siglo.

Sin los gases de invernadero como el dióxido de carbono (CO2) y el metano, que crean un efecto invernadero natural, la vida sobre este planeta, tal como la conocemos, no existiría. Pero la actividad humana está añadiendo un exceso de gases de invernadero a la atmósfera al quemar combustibles como el petróleo, el carbón y el gas, que contienen carbono. Las concentraciones de CO2 en la atmósfera a lo largo de los últimos 200 años han aumentado en casi una tercera parte, principalmente debido al empleo de combustibles fósiles y a la tala de bosques (la deforestación libera a la atmósfera el carbono almacenado en las plantas y los árboles de los bosques). Más de la mitad del efecto invernadero creado por el ser humano se puede atribuir al CO2 y más de las tres cuartas partes de este CO2 procede de la producción y uso de los combustibles fósiles, es decir, del consumo de energía.

A lo largo del último siglo el mundo viene calentándose: la década de los 80 fue la más calurosa desde que se empezaron a tomar mediciones (hace unos 130 años). Los científicos creen que las temperaturas medias a nivel mundial seguirán subiendo.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), un foro internacional de científicos expertos en materia de clima, asesora a las negociaciones sobre el clima en los aspectos científicos y socio-económicos del cambio climático. El IPCC editó un informe completo en 1990 y otro a finales de 1995. En dicho informe se afirma que si seguimos exactamente como hasta ahora, la concentración atmosférica de CO2 hacia mediados del próximo siglo será más de dos veces la que era antes de la revolución industrial. Según el IPCC, las temperaturas medias a nivel planetario aumentarán entre 0,80C y 3,50C desde ahora hasta el 2100 si se duplican las concentraciones atmosféricas de CO2. El aumento de las temperaturas será mayor en latitudes altas, y estará influido local y regionalmente por otros factores como la presencia de aerosoles. La velocidad del este calentamiento sería mucho más rápida que cualquiera experimentada durante la historia de la civilización (desde hace 10.000 años). El calentamiento no sería sino una manifestación más de un cambio climático generalizado (cambios en los patrones de precipitación, vientos, circulación atmosférica, o humedad del suelo).

Otro efecto directo y potencialmente catastrófico del calentamiento será la subida del nivel del mar (entre 15 y 95 cm para el 2100). Además de estos aumentos en la temperatura y el nivel del mar, los modelos climáticos prevén un aumento de la evaporación, aumentando la precipitación global y las lluvias torrenciales. Sin embargo, algunas áreas no experimentarán mayores precipitaciones, e incluso en donde llueva más puede disminuir la humedad del suelo debido a la mayor evaporación, con consecuencias muy graves, como se verá a continuación.


Los impactos del cambio climático



Los efectos e impactos del cambio climático son múltiples y complejos, y se producirán en muchos casos conjuntamente con otros problemas ambientales - contaminación, desertización, destrucción de la capa de ozono, destrucción de hábitats y pérdida de diversidad biológica-. Esto puede hacer que el impacto global sea mucho más grave que los impactos de cada uno de los anteriores problemas considerados aisladamente.

Contradiciendo la imagen espectacular que a veces se da del problema en los medios de comunicación, las manifestaciones más probables del cambio climático no serán catástrofes bíblicas, sino un empeoramiento en la situación ambiental y en el nivel de recursos que necesita el ser humano, especialmente en los países pobres.
Este empeoramiento se sumará a las tendencias desintegradoras que son patentes en muchos países; las causas inmediatas de las catástrofes subsiguientes, tales como guerras, hambrunas y desplazamientos masivos se verán como políticas y sociales, pero la situación ambiental y el cambio climático habrán tenido una influencia decisiva.

La salud humana, los ecosistemas terrestres y acuáticos y las actividades socioeconómicas básicas (como agricultura, pesca y silvicultura) son vitales para el bienestar humano. Todos ellos son sensibles a cambios en el clima.

La composición y distribución geográfica de muchos ecosistemas se desplazará hacia altitudes y latitudes mayores, al responder las especies individuales a los cambios de clima. Esto causará una reducción en la biodiversidad, al aumentar las probabilidades de extinción de muchas especies, con lo que se reducirá la producción de bienes y servicios procedentes de tales ecosistemas. Especialmente amenazados están ecosistemas frágiles o en condiciones límite (corales, humedales en regiones áridas, semiáridas y costeras…), así como aquellos que experimentarán un cambio mayor en el clima. Se estima que casi la quinta parte de los bosques boreales pueden desaparecer (hasta un 65%). A corto plazo, la sustitución de los bosques por otra vegetación con menor biomasa provocaría una pérdida masiva de carbono desde los suelos y la vegetación, lo que contribuiría a aumentar el calentamiento.

Se estima que el rendimiento agrícola aumentará en latitudes medias y altas (debido al efecto beneficioso del aumento de la temperatura en zonas frías y al incremento de la fotosíntesis por esta causa y por el aumento de la concentración de CO2), pero disminuirá en latitudes bajas (donde casi todos los países son pobres). La producción agrícola en su conjunto podría no resentirse de los efectos del cambio climático, pero la adaptación al mismo será problemática en países pobres con mucha agricultura de subsistencia y con escasez de agua. En dichos países, las consecuencias para la seguridad alimentaria serían adversas, con un aumento de las hambrunas.

La subida del nivel del mar causará mas inundaciones y obligará a gastos enormes de protección de costas o de traslado de infraestructuras. Para algunos países insulares podría significar su desaparición. Más de 100 millones de personas pueden verse afectadas directamente de aquí a 100 años.

La salud humana se verá afectada adversamente por el aumento de las enfermedades  infecciosas. Los casos de malaria podrían sumar de 50 a 80 millones mas al año (con cientos de miles mas de muertos) en los próximos 100 años.


El Estado español y el cambio climático


La Península Ibérica se encuentra en su mayor parte en una región climática mediterránea, de transición entre un clima suboceánico templado, que presenta precipitaciones regulares, y otro clima árido, donde las precipitaciones son escasas en su cuantía total e irregulares. Esto  confiere a nuestro país una especial vulnerabilidad frente a las sequías.

Las previsiones climáticas para la Península en el próximo siglo son de un aumento de temperatura y una reducción de las precipitaciones medias anuales, aumentando los periodos sin precipitaciones. La incertidumbre de estas previsiones es alta. La evaluación de los efectos detallados del cambio climático en nuestro país se enfrenta al problema general de la  inexistencia de previsiones climáticas mínimamente fiables a escala reducida, necesarias para estudiar los efectos concretos ecológicos y agrícolas del cambio de clima, pero también se ve dificultada por la escasez de estudios específicos sobre los efectos en nuestro país. Este trabajo se está emprendiendo con varios años de retraso respecto a otros países vecinos.

La agricultura se resentirá también de un aumento de las necesidades hídricas por la mayor evapotranspiración (al tiempo que los recursos hídricos menguan), aunque la mayor eficiencia en el uso del agua por las plantas al aumentar la concentración de dióxido de carbono podría paliar el problema  Es de prever un aumento de plagas procedentes de zonas más cálidas.

Uno de los impactos económicos mayores del cambio climático en el Estado español deriva de sus efectos sobre el turismo. En efecto, el turismo de sol y playa, que es una de nuestras principales industrias y la principal fuente de divisas, puede resentirse enormemente por la desaparición de muchas playas por la subida del nivel del mar (entre 8 y 50 cm para el 2050) y por los costes económicos de “regenerar” otras playas a costa de depositar grandes volúmenes de arena (una subida de 1cm en el nivel del mar hace disminuir en un metro (en  promedio) la anchura de las playas). Un ejemplo de playa amenazada es la de Benidorm, donde se genera el 0,5% del PIB de España. Ya hoy en día muchas playas sufren una fuerte erosión por la disminución del aporte de sedimentos fluviales, debido a que los embalses en el curso de los ríos detienen estos sedimentos.
En cuanto al turismo de nieve, es de prever su desaparición en buena parte de nuestras sierras. Ni siquiera los “cañones de nieve” podrán salvarle, por la subida general de las temperaturas.

Los efectos sobre las costas serían múltiples: desde filtraciones marinas en acuíferos costeros a inutilización de los sistemas de drenaje urbanos de algunas ciudades costeras y de las zonas agrícolas costeras de Castellón y Valencia. Las zonas bajas, como el delta del Ebro, corren un peligro directo de desaparecer bajo las aguas. Más de la mitad de la superficie del delta del Ebro puede quedar bajo el nivel del mar con una subida de éste de 50 cm, lo que podría darse a mediados del próximo siglo. La protección de estas áreas requerirá costosas obras, tales como diques y barreras.

Pero probablemente la amenaza más grave que plantea el cambio climático para el Estado español sea la pérdida de recursos hídricos. El IPCC estima que la disponibilidad de agua per cápita y año en España caerá de los 3.310 m3 de 1990 a entre 1.820 y 2.220 m3 en 2050. Una reducción del 10% en las precipitaciones, unida a un aumento de temperatura de 2,50C, significa una reducción del 30% o más del agua disponible (escorrentía mas infiltración), al aumentar la evapotranspiración. Esto significa, por ejemplo, que muchos de los grandes pantanos previstos en el plan hidrológico nacional no se llenarán jamás, al estar sobredimensionados; asimismo lo estarán la mayoría de los trasvases. Se estima que esta planificación hidrológica (que rechazó explícitamente tener en cuenta el cambio climático “por no estar demostrado”, y que se apoyaba por tanto en la hipótesis más improbable, que es que el clima siga como hasta ahora) puede incurrir en un gasto de aproximadamente un billón de pesetas debido a este sobredimensionamiento. Por fortuna, la revisión que se está llevando a cabo de los planes hidrológicos parece que contemplará la posibilidad de un cambio climático.

Aumentará la demanda de agua, especialmente en la agricultura, lo que favorecerá la sobreexplotación de las cuencas y de los acuíferos subterráneos y el aumento de la competencia por el agua, con consecuencias nefastas para el medio natural. La calidad de las aguas tenderá a empeorar, al existir menores volúmenes para diluir los vertidos contaminantes, y aumentar la salinización de los acuíferos costeros. La generación de energía hidroeléctrica tenderá a disminuir.

Los efectos sobre la salud de los ciudadanos de este país del cambio climático serán mayormente negativos, según el IPCC. Aparte del aumento de muertos por olas de calor, pueden sufrir un aumento grande las enfermedades infecciosas, pudiendo reaparecer dolencias como la malaria, que fue erradicada hace pocas décadas de nuestro país. Las mayores temperaturas favorecerán la formación de algunos contaminantes de origen urbano, como el ozono, con su secuela de alergias, enfermedades cardiorrespiratorias y muertes.

Un sector que puede verse muy afectada por el cambio climático es el de los seguros. En todo el mundo, el coste (cubierto por seguros) de los desastres meteorológicos naturales se ha ido incrementando, desde los 500 millones de dólares de 1960 hasta los mas de 11.000 millones de 1990. No está claro si el cambio climático ha aumentado estos costes, pero sí se espera un crecimiento de los mismos en el futuro por un aumento de sequías e inundaciones.

2. EL COMERCIO DE EMISIONES.


La idea es que si un país desarrolla un proyecto para reducir emisiones (o aumentar sumideros), puede venderle las “unidades de reducción de emisiones” (UREs) conseguidas a otro. Se señala que la compra de UREs debe ser un suplemento de acciones domésticas de cumplimiento de los compromisos contenidos en el artículo 3; las directrices para este comercio se dejan para la próxima o próximas reuniones de la Conferencia de las partes, dada su complejidad (faltó tiempo en Kioto para desarrollarlas). El comercio de emisiones aparece contemplado en los artículos 3 (objetivos de limitación y reducción de emisiones y sumideros), 6 y 16 del protocolo, y se restringe exclusivamente al que pueda haber entre los países desarrollados (listados en el anexo I del Convenio sobre Cambio Climático). Los argumentos en favor del comercio de emisiones son económicos (teóricamente se reducirían las emisiones donde fuera mas barato). Pero el protocolo de Kioto, al asignar emisiones per cápita máximas permitidas a los países ricos (muy por encima de las emisiones máximas sostenibles y de las emisiones de los países pobres), y al permitir vender la parte no utilizada de estas asignaciones de emisiones, está concediendo derechos de propiedad a los países ricos sobre la atmósfera, o más exactamente, sobre la capacidad de la atmósfera para actuar de sumidero de gases de invernadero. Además, al ser las emisiones autorizadas mucho mayores de las sostenibles per cápita, esta concesión de derechos atenta contra la equidad. Un ejemplo de lo que podría pasar en el caso de no controlar adecuadamente este comercio, lo tenemos en el “aire caliente” de Rusia y Ucrania. Como consecuencia de la destrucción de la industria soviética las emisiones de dióxido de carbono en estos dos países han caído en mas de un 30%. Según el protocolo de Kioto, ambos países se comprometen a emitir en 2008-2012 lo mismo que en 1990 como máximo. Sin hacer  ningún esfuerzo de controlar sus emisiones, es de prever que en el período señalado, sus emisiones queden bastante por debajo de las de 1990, con lo que tendrán una buena cantidad de “aire caliente” que vender, por ejemplo, a EE.UU., que así podrá cumplir su objetivo de reducción de emisiones sin hacer los esfuerzos en su propio país. El Protocolo de Kioto establece que esa “compra de emisiones no realizadas” por otro país sólo puede ser complementaria respecto a los esfuerzos domésticos a realizar en cada país del Anexo I, pero no establece qué porcentaje se considera complementario.

3. GASES CON EFECTO INVERNADERO



El dióxido de carbono (CO2) es el más importante de los gases con efecto invernadero que por simplificar llamaremos gases de invernadero. Se emite cuando se queman los combustibles fósiles, es decir, principalmente carbón, petróleo o gas natural, para el transporte de personas y mercancías, para la producción de electricidad, para la calefacción, para las actividades industriales, etc.

Un impacto considerable sobre el clima global se podría producir también por sustancias químicas llamadas hidrocarburos halogenados (Halocarbons en inglés, de donde proceden las siglas Hc). La mayor parte de los Hc son producidos artificialmente y comprenden sustancias como los clorofluorocarbonos (CFCs) y los halones; estos gases se emiten en menor cantidad que el CO2, pero la contribución de una molécula de Hc a la acumulación de calor en la atmósfera puede ser miles de veces mayor que la de una molécula de CO2. Por otro lado, estos gases destruyen la capa de ozono de la estratosfera, lo que ha sido motivo para prohibir su fabricación. Se da el caso curioso de que la destrucción del ozono estratosférico por estos gases provoca un enfriamiento de la atmósfera que, según cálculos recientes, compensa el calentamiento que causan en la troposfera; como resultado final solo podemos afirmar que el efecto de calentamiento de estos gases es menor que el calculado con anterioridad. Para nuestra dieta de CO2, no tendremos en cuenta las emisiones de Hc, al no estar seguros de sus efectos netos, pero esto no significa que sean inocuos para el clima. En la actualidad, se está extendiendo el uso de dos clases de Hc como sustitutos de los CFCs: los hidroclorofluorocarbonos (HCFCs) y los hidrofluorocarbonos (HFCs). Los primeros también contribuyen a la destrucción de la capa de ozono, aunque mucho menos que los CFCs, y tanto los primeros como los segundos son gases de invernadero muy potentes, por lo que su uso se debe rechazar (ver mas adelante).

3.1 LAS EMISIONES DE CO2



La emisión de gases a la atmósfera puede ser reciclada o eliminada sólo parcialmente, el resto se acumula. A la concentración de dióxido de carbono en el aire contribuyen en primer lugar los tubos de escape de los automóviles y las emisiones industriales; pero un papel importante lo tienen también la calefacción y el empleo de electrodomésticos. Mas concretamente, la industria produce más de un tercio de las emisiones de CO2, los transportes contribuyen con mas de una cuarta parte, mientras la cuota del terciario y de los hogares se limita al 27% (con tendencia al crecimiento); el resto son emisiones atribuidas al propio sector energético.


3.2 EMISIONES GLOBALES PER CAPITA



El gas de invernadero tomado en consideración en esta propuesta es sólo el dióxido de carbono, CO2. Cada ciudadano o ciudadana españoles contribuyen con una media de 6,4 toneladas de CO2 al año al efecto invernadero, valor que comprende una cuota de industria, transporte, sector comercial, etc. (Por tanto, en buena parte no tiene posibilidad de intervención directa).

OBJETIVOS



PLAN ENERGÉTICO ALTERNATIVO 2005


El objetivo del gobierno español para las emisiones de CO2, según las últimas proyecciones, es aumentarlas en un 24,74% para el 2010 (282.440 kt) respecto a 1990. Entre 1990 y el 2010 las  proyecciones del gobierno, por sectores y para el CO2 de origen energético, son las siguientes: disminuirán un 3% en la industria, crecerán un 73% en los transportes, aumentarán un 42% en servicios y usos domésticos y sólo un 5% en el sector transformador de la energía (por la sustitución de carbón por gas natural). Las emisiones de CO2 de origen no energético en principio no se espera que aumenten.

El gobierno proyecta para el conjunto de los gases de invernadero (CO2, CH4 y N2O) un aumento del 20,10% para el 2010, en equivalente de dióxido de carbono, según los potenciales de calentamiento lobal a 100 años. La diferencia entre el 20,1% para el 2010 y el 15% de incremento, en el marco del acuerdo del Consejo de Ministros de la UE de junio de 1998, significa el “esfuerzo adicional” que está dispuesto a hacer el gobierno español.

El Plan Energético Alternativo ENERGIA 2005 elaborado desde una perspectiva social y ambiental pretende ofrecer una alternativa viable y sostenible para afrontar estos grandes desafíos.

Los objetivos de ENERGIA 2005 son los siguientes:

A.-Reducir las emisiones de CO2 del sector energético en un 20% para el año 2005, respecto a 1990, como primer paso para una reducción ulterior del 60% en el año 2030.

B.-Cierre de las centrales nucleares existentes estableciéndose planes de desarrollo económico que mantengan el  empleo en las zonas donde se encuentran situadas.

C.-Aumento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor consumo energético.

D.-Desarrollo de las energías renovables.

E.-Mayor penetración del gas natural, sólo como energía de transición hacia un sistema basado en las energías renovables y en un menor consumo energético, sin aumentar por lo tanto la oferta eléctrica o energética en general.

F.-La reconversión del sistema energético debe servir para aumentar el nivel tecnológico, la equidad y la creación del mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el impacto ambiental.

El fin es la elaboración de una propuesta de política energética alternativa a la actual (PEN 1991-2000, Plan Nacional del Clima, PAEE), creíble, posible y necesaria.

Política de transportes



El transporte representó el 28% de las emisiones de CO2 de origen energético en 1990 (58.260 kt de CO2 sobre un total de 208.005 kt), y es el sector donde las emisiones crecen más rápidamente. Para el 2010 el aumento será de un 73%. En el 2010 el transporte supondrá el 38% de las emisiones de CO2 de origen energético.

Ahorro y eficiencia



Hasta la propia Agencia Internacional de la Energía, en su último informe sobre España, ha criticado los resultados y los escasos esfuerzos del gobierno español para aumentar la eficiencia energética, y para ello no hay más que analizar el escaso grado de cumplimiento del PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética).

La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflictos. Al requerirse menos inversiones en nuevas centrales y en aumento de la oferta, la eficiencia ayuda a reducir la deuda externa, el déficit público, los tipos de interés y el déficit comercial. La eficiencia energética debería incrementarse en un 2,5% anual.

Energías renovables



Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían cubrir un tercio del consumo de electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono en un 20% para el año 2005.

Pero para ello es necesario invertir unos 90.000 millones de pesetas anuales, de los que 20.000 serían fondos públicos. La vía actual, plasmada en el PAEE, integrado en el Plan Energético Nacional, con unas inversiones ridículas en renovables, conducen a un callejón sin salida.


Energía solar térmica


La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital en la Tierra.

Energía solar fotovoltaica



En los próximos 5 años se espera reducir el coste del Kwh a 12 centavos de dólar, a 10 para antes del año 2010 y a 4 centavos para el 2030. A lo largo de toda la década el mercado fotovoltaico creció a ritmos anuales superiores al 40%; entre 1971 y 1996 se han instalado en el mundo 700 megavatios de células fotovoltaicas.

Hidráulica



La energía hidroeléctrica se genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina. La electricidad generada por una caída de agua depende de la cantidad y de la velocidad del agua que pasa a través de la turbina, cuya eficiencia puede llegar al 90%.

La propuesta no considera la construcción de ninguna nueva gran central, centrando los esfuerzos en la rehabilitación de las minicentrales cerradas, mejora de las existentes y aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses que carecen de él. Tales acciones permitirían incrementar la producción anual en 3 ó 4 Twh, sin ningún impacto ambiental adicional, hasta alcanzar los 35 Twh en un año medio (ni muy seco ni especialmente lluvioso). Las inversiones necesarias ascienden a 200.000 Mpta.

Energía eólica



La energía eólica es una variante de la energía solar, pues se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la superficie terrestre. Sólo una pequeña fracción de la energía solar recibida por la Tierra se convierte en energía cinética del viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, superiores en varias veces a todas las necesidades actuales de electricidad.

En el año 2005 sería factible producir en España 6,3 Twh, y en el año 2020 se podrían  alcanzar los 25 Twh. La meta a alcanzar es instalar 10.000 MW eólicos en el año 2020. Para el año 2030 la EWEA ha propuesto instalar un total de 100.000 MW en la Unión Europea.

Energía geotérmica



El potencial geotérmico español es de 600 Ktep anuales, según una estimación muy conservadora del Instituto Geológico y Minero de España. Para el año 2005 se pretende llegar a las 100 Ktep, lo que requerirá unas inversiones de 40.000 Mpta. Los usos serían calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad.

Biomasa



El objetivo de alcanzar las 4,2 Mtep en el 2005 en la práctica supone duplicar el consumo oficial de biomasa. La obtención de biogás en digestores a partir de residuos ganaderos reducirá las emisiones de metano, y debe ser promocionada, con el fin de reducir la contaminación, obtener fertilizantes y producir energía.

OTROS OBJETIVOS


El Protocolo tiene como objetivo reducir, estabilizar o limitar el crecimiento de los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global del clima, correspondiendo a los países desarrollados reducir sus emisiones de seis tipos de estos gases, referidos a su equivalente en CO2, en un 5,2% de media, con cuotas diferentes. Estas cuotas son del 7% para los EE.UU., del 6% para Japón y del 8% para el conjunto de la Unión Europea. No obstante, el Protocolo no ha logrado imponer este reparto con carácter obligatorio.
Paralelamente, el Protocolo de Kioto prevé tres tipos de mecanismos de flexibilidad, destinados a facilitar a los países desarrollados el cumplimiento de sus obligaciones de emisiones. Por un lado, el comercio de emisiones, mediante el cual los países podrán transferir parte de su “cuota” de emisión a otro país, o adquirirla. Los otros dos mecanismos se refieren a proyectos internacionales específicos en que un país invierte en otro produciendo una reducción de emisiones, que contabiliza a su favor el país inversor. En el caso de la aplicación conjunta, ambos, inversor y receptor, son países con compromisos de limitación de emisiones. En el caso del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), el receptor es un país en desarrollo, que de esta manera obtiene financiación adicional y tecnología para proyectos destinados al desarrollo sostenible y la reducción de sus emisiones. El país desarrollado añadirá a su cantidad atribuida la reducción de emisiones certificada.
De acuerdo con lo dicho anteriormente, la Unión Europea ha asumido, pues, el compromiso de reducir en un 8% el conjunto de seis gases en el horizonte 2008-2012, aunque el horizonte previsto inicialmente por la UE era el del año 2010. Los años de referencia de las emisiones son los siguientes:

- El Anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2), el Metano (CH4) y el Oxido nitroso (N2O): se toma 1990 como año de referencia de emisiones.
- Los Hidrofluorcarburos (HFCs), los Perfluorcarburos (PFCs) y el Hexafluoruro de azufre (SF6): puede optarse en este grupo entre 1990 y 1995 como año de referencia.
Dado que los tres últimos gases tenderán a crecer, al no conocerse aún productos sustitutivos, la Comisión Europea ha previsto que el cumplimiento global del 8% obligará a lograr una reducción del 12-13% en los tres primeros gases, aunque en principio se pensaba en un 10%.
Según el Acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que se celebró en Luxemburgo, en junio de 1998, el reparto de cargas entre los Estados miembros de la UE, tendría en cuenta las siguientes normas:
- 8 de los países más contaminantes (Austria, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Reino Unido), reducirán sus emisiones.
- 4 países europeos, con tasas de emisión per cápita de CO2 por debajo de la media comunitaria, contribuirán al esfuerzo común limitando su incremento previsto inicialmente, como es el caso de España, cuyas posibilidades de aumento, hasta del 15% con respecto a los niveles de 1990, son inferiores a las de Portugal, Grecia e Irlanda.
Paralelamente a este Acuerdo, la Conferencia Paneuropea de Ministros de Medio Ambiente en Aarhus (junio de 1998), puso de manifiesto que el cambio climático representa la mayor amenaza global al medio ambiente, a la salud pública y a la prosperidad de las naciones, destacando por ello la trascendencia que comporta el cumplimiento de los compromisos de Kioto.
En noviembre de 1998, se celebró la IV Conferencia de las Partes del Convenio sobre Cambio Climático, o Cumbre de Buenos Aires, sin haberse logrado alcanzar prácticamente ningún progreso sobre las cuestiones importantes que siguen separando a las Partes desde antes de Kioto, debido a las posiciones mantenidas por algunos Estados miembros del Convenio.

En síntesis, la Conferencia estableció un Plan de Acción con el que se perseguían los siguientes objetivos:

- Elaborar un documento sobre los mecanismos de flexibilidad para reducir la contaminación, que empezaría a debatirse en mayo/junio de 1999, dando prioridad al Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). En el debate sobre los mecanismos de flexibilidad debería fijarse la cuantía de emisión de efecto invernadero que un país puede comprar a otros para cumplir la cuota asignada en Kioto. En cualquier caso, se adoptaría una decisión final sobre todos los mecanismos de cumplimiento y control de los compromisos en la sexta Conferencia de las Partes, prevista para noviembre del año 2000.
- Estudiar la identificación y el debate de los aspectos relativos al cumplimiento del Protocolo, que tiene gran importancia para conseguir los resultados previstos.
- Urgir a las partes a la cooperación en materia de información y tecnología, con el fin de eliminar los obstáculos y acrecentar lo más posible la transferencia de tecnologías apropiadas a los países en desarrollo.

En la V Conferencia de las Partes, celebrada en Bonn del 25 de octubre al 5 de noviembre de 1999, persistieron las diferencias entre los distintos grupos de países, pero también se constató la existencia de una voluntad común de avanzar en el proceso de ratificación y puesta en vigor del Convenio, fijando como objetivo político la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en el año 2002. En la inauguración de la cumbre de Bonn, el propio canciller alemán Gerhard Schröder abogaba por una entrada en vigor aún antes de esa fecha, declarando que “ningún otro problema medioambiental supone un riesgo mayor para toda la humanidad”.
Este propósito se vio reforzado posteriormente, en el seno de la Unión Europea, en la reunión del Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno de Helsinki (10 y 11 de diciembre de 1999), al resaltar la importancia de realizar todos los esfuerzos necesarios para que se cumplan, antes del 2002, las condiciones requeridas para proceder a dicha ratificación tanto por la Comunidad Europea como por sus Estados miembros, para permitir la entrada en vigor del Protocolo lo antes posible.
La VI Conferencia de las Partes ha tenido lugar, efectivamente, en la ciudad holandesa de La Haya, del 13 al 24 de noviembre del año 2000, planteándose, como se ha visto, como una cumbre decisiva para la puesta en marcha del Plan de Acción de Buenos Aires y, consecuentemente, para el cumplimiento de los compromisos de Kioto. La propia Presidencia Francesa de la UE, en el segundo semestre de 2000, consideraba esta Conferencia entre las cuatro grandes prioridades de su política de medio ambiente.
De cara a la misma, la Unión Europea, en Consejo informal de Ministros de Medio Ambiente celebrado en París el 15 de julio de 2000, trató de consensuar una postura común, basada en la cooperación con los países en desarrollo para conseguir que el Protocolo sea ratificado por el máximo número de países.

Por otra parte, la preparación de la Conferencia de La Haya reunía en la ciudad francesa de Lyon, en septiembre de 2000, a representantes de cerca de 150 países. En esos momentos, el Protocolo de Kioto había sido firmado por 83 gobiernos, así como por la Unión Europea, pero sólo 23 países lo habían ratificado.
A pesar de las expectativas creadas, la Conferencia de La Haya no ha conseguido el acuerdo de los países desarrollados que permita la ratificación y la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en el año 2002, prevista en la cumbre de Bonn.
La preocupación por estas dificultades se ha visto reflejada en las conclusiones del propio Consejo Europeo de Niza, celebrado seguidamente, los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000.
En particular, la falta de acuerdo en La Haya ha tenido como telón de fondo las posiciones enfrentadas entre la Unión Europea y los Estados Unidos (que lidera a los países del llamado “grupo paraguas”, en el que también figuran Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y otros), al negarse este país a toda limitación del uso de los mecanismos de flexibilidad y a cualquier tipo de penalización en caso de incumplimiento del Protocolo, así como al pretender contabilizar en su saldo de emisiones el efecto de absorción de carbono, como sumideros, por los bosques, las actividades forestales y los cultivos.

En relación con los mecanismos de flexibilidad, la UE siempre ha defendido el concepto de suplementariedad, con respecto a la aplicación de medidas internas en el esfuerzo de reducción de las emisiones, poniendo límites a la utilización de los mecanismos de flexibilidad, de manera que éstos no se conviertan en el instrumento esencial para el cumplimiento de los objetivos. En efecto, en la Cumbre de La Haya, la UE ha pretendido que al menos un 50% del descenso de emisiones se realice dentro de cada país con sus propios esfuerzos, para impedir que los países contaminadores puedan cumplir con el Protocolo sin disminuir sus propias emisiones mediante la posibilidad de comprar los derechos de otros países que, como el caso de Rusia, han rebajado mucho sus niveles de contaminación.
Por lo que respecta a los sumideros, la Unión Europea teme que una inclusión indiscriminada y poco cuidadosa de los mismos podría conducir a cifras de absorción de carbono enormes, que harían innecesaria la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y que no significarían una reducción real de la concentración de estos gases en la atmósfera.
Con el freno en el proceso de aplicación del Protocolo, no se ha podido crear el mercado de emisiones y han quedado aparcados hasta una nueva conferencia el Mecanismo de Desarrollo Limpio y los estímulos previstos para el incremento de la masa forestal, absorbedora de CO2.
No obstante, la Conferencia suspendió sus sesiones sin darlas por clausuradas, estando previsto que continúen las negociaciones en Bonn, en mayo de 2001, y, posteriormente, en Marruecos, donde está prevista la celebración de la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio sobre el Cambio Climático.

Entre tanto, en febrero de 2001, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) ha presentado los resultados de un informe sobre los efectos del cambio climático en las diferentes zonas del mundo, anunciando que el calentamiento previsto es mayor de lo que se ha venido considerando hasta la fecha, por lo que son de prever cambios en los ecosistemas, la economía, los sistemas sociales y una mayor inestabilidad atmosférica en todo el planeta, aumentando las situaciones de tormentas, inundaciones y sequías.
Para ampliar la información la Conferencia de La Haya, pueden consultarse los números 89, 90 y 92 del Boletín “Información de Medio Ambiente”, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2000 y de febrero de 2001 (el último número citado comenta la exposición del ministro español de Medio Ambiente ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso, en diciembre de 2000, sobre los resultados de la Conferencia de La Haya).

MARCOS DE ACTUACIÓN



MARCO ADMINISTRATIVO



Agenda 21


El resultado principal de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, es el más completo de los planes de acción para los 90’s y más allá, adoptada por la comunidad internacional. Representa un set de estrategias integradas y programas detallados para parar y revertir los efectos de la degradación ambiental y promover el desarrollo adecuado y sustentable en todos los países.

Declaración de Río



Proclamación hecha por la Conferencia sobre Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, realizada en Río de Janeiro, Junio 1992. Reafirma y construye sobre la declaración de la Conferencia sobre el Ambiente Humano de las Naciones Unidas realizada en 1972. La meta de la declaración es establecer la cooperación entre los estados miembros para lograr acuerdos en las leyes y principios que promuevan el desarrollo sustentable. La declaración confronta diversas áreas que se relacionan con el cambio global, proveyendo un contexto de políticas que enfrentan el cambio global, incluye: recursos naturales, impactos ambientales del desarrollo, protección de ecosistemas, compartir ideas científicas, internalización de costos ambientales, etc.

Convención Marco sobre Cambio Climático



Firmada por 165 estados, compromete a sus firmantes a la meta de “estabilizar la concentración de gases invernadero en la atmósfera a niveles que eviten interferencias antrópicas con el sistema climático”. La convención establece como meta provisional, reducir las emisiones de gases invernaderos a niveles del año 1990 para el año 2000. La convención establece un protocolo para que las naciones hagan un inventario de emisiones y puedan seguir sus progresos. También enfrenta el tema de financiamiento y transferencia de tecnología desde los países desarrollados a los en vías de desarrollo.


Informe de la segunda Evaluación del IPCC



El IPPC (Panel Internacional sobre Control Climático) es un cuerpo internacional, que consiste en delegados y científicos intergubernamentales, que desde 1988 están evaluando el calentamiento global.

La Síntesis de la Segunda Evaluación, establece:

“Durante las últimas décadas, se han hecho muy aparente dos importantes factores en la relación entre humanos y el clima mundial. Primero, las actividades humanas, que incluyen la quema de combustibles fósiles, cambios en uso de tierras y agricultura, están aumentando las concentraciones de gases invernadero (que tienden a aumentar la temperatura atmosférica) y en algunas regiones, aerosoles (que tienden a enfriar la atmósfera). Estos cambios, juntos, se proyectan que cambiarán el clima regional y global junto con parámetros relacionados con el clima, tales como la temperatura, precipitación, humedad de suelos y el nivel del mar. Segundo, algunas comunidades humanas se han hecho más vulnerables a riesgos tales como tormentas, inundaciones y sequías como el resultado de un aumento de densidad de población en áreas riesgosas tales como cuencas de ríos y planicies costeras. Cambios serios se han identificado, como el aumento, en algunas áreas, de la incidencia de eventos de alta temperatura, inundaciones, etc., aumento de pestes, cambios en la composición, estructura y funcionamiento ecológico, incluyendo la productividad primaria”. (Pace Energy Project, 1997)

La convención FCCC de las Naciones Unidas



La Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (FCCC) que fue firmada en la Cumbre Mundial en 1992 por 162 gobiernos se enfocaba específicamente en el problema. El objetivo principal de la convención es lograr estabilizar los gases invernadero en la atmósfera, lo que prevendría una peligrosa interferencia antrópica en el sistema climático. La convención requería que todas las naciones que firmaran el tratado debieran lograr reducir sus emisiones de gases invernadero hasta niveles de 1990 para el año 2000.
En el Reino Unido, se estableció un programa que pretende lograr ese objetivo a través de la promoción del uso eficiente de la energía, como medio para reducir la generación de dióxido de carbono en todos los sectores de esa nación.
En la generación de energía eléctrica se ha invertido en plantas combinadas de calor y poder, en las que se utiliza la energía calórica que antes se perdía.

En la industria, las medidas de ahorro son específicas para cada proceso.

En el sector doméstico, se logrará a través de mejoras en el aislamiento térmico de las viviendas y la mejoría de la eficiencia de los aparatos domésticos a través de mejores diseños y mejor uso, como es el caso de la iluminación.
En el sector comercial los métodos de mejora de eficiencia se lograrán a través de métodos muy similares a los domésticos. El transporte público, a través de mejoras en la tecnología de los motores, mejor mantención de los motores, cumplir los límites de velocidad y uso más discreto de la aceleración y frenado.
Para que esto se llegue a implementar, es necesario invertir en campañas de educación e información, establecer regulaciones y estándares, junto con fiscalización, impuestos y regulación de precios, incentivos y desincentivos económicos.


MARCOS DE ACTUACION



MARCO JURÍDICO



1. CONSTITUCIÓN Y MEDIO AMBIENTE



La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad universalmente reconocida. En nuestro país adquiere rango constitucional, pues, de forma coherente con la voluntad proclamada en el preámbulo de “Promover el progreso de la cultura para asegurar a todos una digna calidad de vida”, el artículo 45 de la Constitución española de 1978 señala como uno de los principios rectores de la política social y económica la defensa y restauración del medio ambiente, estableciendo expresamente el mandato de utilización de medidas penales para garantizar la protección ambiental:

Artículo 45:



1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
La protección penal del medio ambiente constituye, en nuestro ordenamiento, un mandato constitucional, zanjando positivamente la polémica doctrinal sobre la conveniencia de utilizar la legislación penal en este campo.
Hay que admitir que, como señala la exposición de motivos de la Ley Orgánica de Reforma Urgente y Parcial del Código Penal que introdujo en nuestro Ordenamiento penal el llamado delito ecológico, “unos preceptos penales no han de poder por sí solos lograr la desaparición de toda la industria o actividad nociva para personas o medio ambiente”, pero también es evidente que “cualquier política tendente a introducir rigurosidad en ese problema requiere el auxilio coercitivo de la Ley Penal”
Está plenamente justificada la consideración del medio ambiente como bien merecedor de tutela penal, ya que se trata de un bien jurídico de especial trascendencia cuya protección resulta esencial para la propia existencia del ser humano y que se encuentra seriamente amenazado, por lo que su conservación y mantenimiento justifican claramente el recurso a las más contundentes medidas de protección que puede proporcionar un Ordenamiento Jurídico.
El medio ambiente se protege penalmente por sí  mismo, y no en función del daño que su perturbación pueda causar  a otros valores como la vida humana, la salud pública o individual, la propiedad de las cosas, animales o plantas, etc., que son bienes jurídicos ya protegidos tradicionalmente por el Derecho Penal. El medio ambiente es un bien jurídico mismo, con entidad propia, lo cual exige una cuidadosa delimitación del ámbito de protección.

ÁMBITO DE PROTECCIÓN



Desde una perspectiva general, el término “ambiente” se refiere al “entorno” que rodea al hombre, y en ese sentido se utilizó inicialmente por la Comisión Económica para Europa al definirlo en 1978 como “un conjunto de sistemas compuestos de objetos y condiciones físicamente definibles que comprenden, particularmente, ecosistemas equilibrados bajo la forma en que los conocemos o que son susceptibles de adoptar en un futuro previsible, y con los que el hombre, en cuanto punto focal dominante, ha establecido relaciones directas”.
Otra posición es la que parte de un concepto estricto de “medio ambiente” identificándolo con los “elementos naturales de titularidad común y de características dinámicas”, es decir, que reconduce toda la problemática de la protección ambiental a la tutela del aire y del agua, descartando del ámbito del medio ambiente las cuestiones relativas al territorio y a la naturaleza. Este precepto incluye en el “medio ambiente” los recursos naturales, abarcan también el suelo, la fauna y la flora, así como la propia relación del hombre con dichos elementos.

La concepción intermedia, es la preferida actualmente por la doctrina penal, pudiendo definirse el medio ambiente, como el mantenimiento de las propiedades del suelo, el aire y el agua, así como de la fauna y la flora y de las condiciones ambientales de desarrollo de estas especies, de tal forma que el sistema ecológico se mantenga con sus sistemas subordinados y no sufra alteraciones perjudiciales. Esta operación deja fuera, toda la problemática relativa a la ordenación del territorio y al urbanismo, pese a que cada vez es más generalizada la opinión de que existe una especial vinculación entre el territorio y los fenómenos ambientales, pues el suelo es indudablemente uno de los recursos naturales cuya utilización racional ordena la C.E. en el artículo 45. Desde el punto de vista de la ecología, el territorio, junto con el agua y el aire, integra el sistema ambiental, por lo que el planteamiento global de una política de conservación y mejora del medio en el que se desarrolla la vida humana tiene un escaso sentido, contemplando separadamente la problemática estrictamente ambiental y la ordenación del territorio.
Tampoco aparecen incluidos en el concepto penal de “medio ambiente” elegido los aspectos culturales, históricos o artísticos, como monumentos o paisajes urbanos, que también forman parte del medio físico, pero a los que la Constitución dedica un precepto autónomo (artículo 46), en el que también se impone para su protección el recurso a las sanciones penales.
El concepto elegido, deducido de la norma constitucional, sí abarca indudablemente la necesidad de protección penal de la “utilización racional de los recursos naturales”. Además, el ambiente no debe ser protegido únicamente de su  uso degradante como lugar de inmisión de residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sino también de la explotación irracional de los elementos que lo componen.

SISTEMA PENAL DEL MEDIO AMBIENTE


La legislación en materia de medio ambiente, que recoge patrimonio artístico-histórico, arqueológico, reserva paisajística, materias urbanísticas y municipales, además de aquellas referentes a la conservación del agua, el aire y el suelo, se articula en primera instancia por medio del organigrama funcional del conjunto administrativo.

Norma penal



Las normas penales que se ocupan del medio ambiente aparecen en el Código Penal dentro de lo que llamamos la Parte especial. Tienen además la característica de ser posteriores a la CE, al menos en su carácter de actualidad funcional y operativa. Se dice que tutelan y recogen valores básicos de nuestro ordenamiento porque se construyen sobre la base de la Norma Fundamental.
Puede también afirmarse que el medio ambiente se protege como elemento determinante de un objetivo antropocéntrico.

La noción de “Medio Ambiente”:



Es frecuente la tendencia a segmentar el concepto de “medio ambiente” en subsectores. Esta forma de proceder ocasiona un intercambio entre la noción de medio ambiente que se define en las leyes y la que proporciona el valor medio ambiente en su sentido más global. Se puede considerar el medio ambiente por la utilidad de los servicios que ofrece al hombre, pudiendo distinguirse tres tipos:

- Energía y recursos naturales, reproducibles o no, recursos culturales, artísticos, históricos, arqueológicos, naturales, que representen la memoria y el devenir del ser humano.
- Hábitat, es decir, lugar donde vive el hombre, como factor que influye directamente sobre la calidad de vida.
- Recepción y asimilación de residuos de la producción y consumo, en la dinámica de los elementos de la biosfera.
Si se parte de esta triple definición, puede llegarse a la conclusión de que las múltiples maneras de deterioro del medio ambiente pueden integrarse en un concepto global cuyo referente incide de forma necesaria en la calidad de vida. Dentro de este concepto tienen cabida los procesos de urbanización y difusión urbana, la reconversión negativa de la agricultura, la explotación de las ciudades, el desarrollo tecnológico, etc., como pertenecientes a una noción más amplia y compleja. El artículo 45 de la Constitución española tutela también un medio ambiente considerado en su totalidad integral y en su globalidad, estableciendo un valor prioritario del ambiente frente a otros valores que, como el económico, le están subordinados en el Estado social.

EL CÓDIGO PENAL Y LAS LEYES ESPECIALES


La instrumentación legislativa de la protección penal del medio ambiente puede efectuarse a través de la inclusión de los correspondientes preceptos en el Código Penal,  o bien a través de leyes especiales que pueden consistir en una ley específica para todos los delitos que afecten al medio ambiente o en la adición de preceptos penales a las diversas normativas sectoriales reguladoras de medidas de protección ambiental.
La dispersión en normas sectoriales provoca descoordinación, con fácil aparición de lagunas, redundancias o tratamientos desiguales para conductas de similar gravedad, mientras que su inclusión en el Código Penal obliga a la unificación y armonización, lo que facilita su mejor conocimiento y una aplicación uniforme.

PROTECCIÓN PENAL Y LEGISLACIÓN ADMINISTRATIVA



El artículo 45 de la Constitución prevé sanciones penales, “o en su caso administrativas”  para la protección del medio ambiente. En realidad ambos tipos de sanciones coexisten sobre la misma materia y conforman una protección global complementándose y reforzándose mutuamente: la norma administrativa regula y limita las actividades potencialmente dañinas para el medio ambiente, sancionando, como regla general, las actuaciones que violen la normativa reguladora. La norma penal se reserva, para aquellas conductas más graves, cumpliendo una función también preventiva por la mayor eficacia derivada del más acentuado temor del presunto infractor a la sanción penal que a la administrativa. El criterio de la gravedad es el mayoritariamente aceptado hoy como distinción entre la sanción administrativa y la penal, o entre los ilícitos administrativos y los penales cuando afectan a un mismos bien jurídico.
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 77/83, de 3 de octubre, referida a la potestad sancionadora de  la Administración en relación con el principio non bis in idem, señala cómo “en un sistema en que rigiera de manera estricta y sin fisuras la división de los poderes del Estado, la potestad sancionadora debería constituir un monopolio judicial y no podría estar nunca en manos de la administración”, reconociendo a continuación que tal sistema no es, sin embargo, viable ni conveniente, entre otras razones ” por no recargar en exceso las actividades de la Administración de Justicia como consecuencia de ilícitos de gravedad menor”.

Accesoriedad administrativa de la norma penal:



Es muy frecuente en la doctrina referida al Derecho ambiental destacar un pretendido carácter secundario del Derecho penal ambiental, ya que corresponde a las normas no penales el papel primario en su protección, y accesorio en cuanto a que su función tutelar sólo puede realizarse apoyando la normativa administrativa que de modo principal y directo regula y ampara la realidad ambiental.
El hecho de que la norma penal sancione específicamente los comportamientos más gravemente atentatorios contra los bienes jurídicos socialmente más relevantes con las sanciones más contundentes de que el Estado dispone no significa precisamente que tenga un carácter secundario. Puede decirse mejor, que se reserva su intervención para los casos más necesarios, siendo ordinariamente suficiente con la intervención de la normativa administrativa.
Por lo respecta a la “accesoriedad” administrativa de la norma penal, la doctrina reconoce la necesidad de que en materias como la protección del medio ambiente en las que es esencial una actuación positiva de los poderes públicos, básicamente preventiva, los tipos penales tengan que configurarse como tipos “en blanco”, técnica legislativa que es imprescindible en esta clase de delitos y que es la más adecuada para conseguir una mayor determinación del tipo delictivo, ganándose en seguridad jurídica al utilizarse la contravención de leyes o reglamentos protectores del medio ambiente como un elemento del tipo penal que sirve para precisar sus contornos específicos.Por lo que la doctrina penal viene insistentemente reclamando la pronta publicación de un Ley Básica o Marco de Protección del Medio Ambiente, o Conservación de la Naturaleza.
Hoy la competencia en materia de protección ambiental no corresponde en exclusiva al Estado, sino que éste la comparte con la Comunidad Económica Europea y con las Comunidades Autónomas.

EL DELITO ECOLÓGICO



Tipo básico:


El tipo básico viene descrito en el párrafo 1º del artículo 347 bis; en él podemos distinguir tres elementos esenciales: la conducta típica, la necesidad de infracción administrativa y el resultado. La conducta aparece clara y se compone a su vez de tres elementos:

- Provocar o realizar directa o indirectamente.
- Omisiones o vertidos de cualquier clase.
- En la atmósfera, el suelo o las aguas terrestres o marítimas.

De la infracción administrativa destaca que la contravención de dicha norma es núcleo esencial del injusto y que, de no existir, la conducta será atípica.
El resultado, poner en peligro grave la salud de las personas o que puedan perjudicar gravemente las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles, lleva a la doctrina mayoritaria a calificar el delito como de peligro concreto. La puesta en peligro “grave” es un elemento esencial, que diferencia el tipo penal de la infracción administrativa.

Tipos Agravados:



Son dos: las conductas clandestinas, de desobediencia y obstaculizadoras de industrias y el riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. En el primer caso el sujeto activo sólo serán las industrias, incluyendo:
- Industrias que funcionen clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa.
- Industrias que hubiesen desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa, de corrección o suspensión de la actividad contaminante.
- Industrias que aporten información falsa. Al tratarse de un tipo agravado requiere en todo caso la realización de todos los elementos del tipo básico.

Medidas administrativas:



Consisten en la clausura temporal o definitiva del establecimiento. El Tribunal puede proponer a la Administración la intervención de la empresa para salvaguardar los intereses de los trabajadores.





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