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Cambio climático parte 2 - Monografía



 
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LA PENALIZACIÓN DEL DELITO ECOLÓGICO



En el preámbulo de la Constitución Española de 1978 se contempla, en términos generales, la protección del medio ambiente en la medida en que “el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida”. El medio ambiente forma parte, pues, del programa de promoción del Estado de bienestar. El artículo 45, por su parte, establece como principio rector de la política social y económica la defensa y restauración del medio ambiente y, en manera expresa, la utilización de medidas penales que garanticen la protección ambiental.


El artículo 347 bis



Aunque en directa relación con los tipos precedentes, el delito ecológico stricto sensu aparece desde la reforma de 1983 en el artículo 347 bis, sin que puedan obviarse la Ley Orgánica de 11 de julio de 1987 y las leyes especiales de caza, pesca fluvial o marítima que afecten al medio ambiente, ni las figuras típicas de muerte, lesiones o daños que tengan origen en la contaminación.
En el artículo 347 bis sólo se da una protección medioambiental de la contaminación a través de las conductas consistentes en emisiones o vertidos de cualquier clase, de la atmósfera, el suelo, las aguas terrestres o marítimas, y siempre que se produzca peligro grave para la vida de las personas o para las condiciones de la vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles.
Las conductas prohibidas gozan de gran elasticidad; tal vez por ello, el precepto ha sido aplicado en pocas ocasiones, quedando más bien como un representante del valor simbólico que en ocasiones desarrolla el Derecho Penal.
La acción puede consistir tanto en la emisión o vertido activo como en la comisión por omisión, siendo necesaria la infracción de una ley o reglamento protector del medio ambiente. Los problemas que ocasiona la remisión al orden administrativo para la delimitación de la conducta típica nacen de la dispersión normativa y de la abundancia de ésta, así como del reparto de competencias entre las distintas administraciones públicas.

En cuanto al resultado, el tipo exige un peligro concreto y grave de la salud de las personas o de las condiciones de vida animal, bosques, espacios naturales o plantaciones útiles. El resultado puede ser imputado al dolo o a título de imprudencia siempre que se den los presupuestos de la acción culposa.
El artículo 347 bis hace referencia en su segundo y tercer párrafo a dos cualificaciones que dan lugar a la imposición de la pena superior en grado: el funcionamiento clandestino de la industria contaminante y el riesgo de deterioro irreversible o catastrófico. Podrá también preceptivamente acordarse el cierre temporal o definitivo de la empresa, sin que ello pueda menoscabar los derechos laborales de los trabajadores.


EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL: PROTECCIÓN PENAL DEL MEDIO AMBIENTE



Antecedentes:



Con anterioridad a la Reforma de 1983 no existía ni en el Código Penal ni en las leyes especiales ningún precepto que de modo general protegiera penalmente el medio ambiente; existían sin embargo tipos delictivos que, de modo indirecto, podían utilizarse como protectores de sectores particulares del medio ambiente. Cabe distinguir entre los que se encontraban en el Código Penal y los situados en las leyes especiales. Los primeros los clasifica Rodríguez Ramos en las tres categorías siguientes:

- Figuras delictivas relativas a conductas que preparan o pueden ocasionar contaminación del medio ambiente, como las previstas en los artículos 341 y 342 del Código Penal.
- Figuras referidas a actos contaminadores o de expansión de contaminación.
- Figuras que contienen resultados que pueden ser consecuencias punibles de la contaminación.

Entre las Leyes especiales que contienen tipos delictivos protectores del medio ambiente cabe citar la Ley de 29 de abril de 1964 sobre energía nuclear, la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942 y la Ley de Pesca Marítima de 31 de diciembre de 1946; todas ellas contienen tipos delictivos, utilizando el sistema de sancionar penalmente en leyes sectoriales las diversas conductas que afectan más gravemente al bien jurídico que trata de protegerse en la Ley en cuestión.

El Proyecto del Código Penal de 1980:



Constituye el precedente inmediato de la regulación actual y también de la que contiene la Propuesta de Anteproyecto de nuevo Código Penal de 1983, que sigue al Proyecto de 1980 con muy pequeñas modificaciones y añadidos. El artículo 323 castigaba a los que, en la explotación de una industria y con infracción de las normas reglamentarias, provoquen emanaciones en la atmósfera o viertan en los ríos, aguas interiores o territoriales sustancias que puedan perjudicar gravemente a las personas, a los animales, bosques o plantas útiles, añadiendo cualificaciones agravatorias similares a las actualmente recogidas en el artículo 347 bis.
El artículo 324 castigaba a los funcionarios y facultativos que dolosamente hubieran informado favorablemente el proyecto, hubieran concedido la licencia o con motivo de sus inspecciones hubiesen silenciado la infracción de las normas reglamentarias.
El artículo 325 sancionaba a los que establecieren depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos urbanos, clandestinos o sin cumplir las condiciones establecidas.

La propuesta de Anteproyecto de 1983:



El nuevo gobierno surgido de las elecciones de 1982 se planteó una importante serie de mejoras en el Proyecto de 1980. Así surgió la Propuesta de 1983, que, en lo que se refiere a la protección penal del medio ambiente, parte de una nueva estructuración de los tipos delictivos, considerando al bien jurídico medio ambiente como bien autónomo, protegido de manera directa y no en función del mantenimiento de la salud pública, dedicándole un capítulo específico inmediatamente a continuación de los delitos contra la Ordenación del Territorio, con los que forman un único título.

La reforma de 1983



Las dificultades de tramitación legislativa de todo un Código Penal de nueva planta y el retraso previsible como consecuencia del nuevo debate que con seguridad iba a traer consigo la reelaboración del Proyecto de 1980 aconsejaron  optar por una rápida reforma legislativa que acometiera las modificaciones que de modo más urgente necesitaba el Código Penal.
No puede dejar de hacerse mención a la reciente reforma del Código Penal introducida por la Ley Orgánica 7/87, de 11 de diciembre, que modifica el delito de incendio, el cual se encuentra incluido entre los “delitos contra la propiedad”, pero en el que la citada reforma ha introducido criterios medioambientales al crear una sección específica destinada a los incendios forestales, apreciando la gravedad del daño que este tipo de incendio causa al medio ambiente (erosión, clima, ecosistema…). Se tipifican especialmente como figuras agravadas, en el nuevo artículo 533 bis b, el que el incendio “altere significativamente las condiciones de vida animal”, o cuando se “causen graves efectos erosivos”, lo que pone de relieve una especial consideración del bien jurídico “medio ambiente” en unos delitos hasta ahora dominados por el criterio de protección de la propiedad y el riesgo para la vida humana.


SANCIONES JURÍDICAS AL DELITO ECOLÓGICO EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL



Existe prodigalidad de normas administrativas, aunque no se logra evitar la existencia de significativas lagunas, pero esto se torna en parquedad en el ámbito penal, centralizado en el artículo 347 bis del Código.
La armónica composición del desarrollo productivo del hábitat urbano, de los niveles de contaminación, de la salvaguarda de flora y fauna, del patrimonio paisajístico, etc., no es factible mediante una contemplación parcelada. Al carácter  unitario del valor “medio ambiente” debe corresponder, un sistema protector-sancionador unitario.

Relación entre sanción penal y sanción administrativa:



La distinción entre infracción penal y administrativa es puramente cuantitativa, y el límite diferenciador responde a una decisión más o menos artificiosa, aunque no carente de significado político, del legislador. La infracción penal es la más grave. Por ello, la sanción penal debe ser también más grave y, en consecuencia, su procedimiento de imposición debe adornarse de mayores garantías.

Presunción de inocencia


La presunción de inocencia, admitida sin excepciones en el Derecho penal, sustantivo y procesal, es igualmente exigible en el Derecho administrativo sancionador, que no puede actuar desconociendo el procedimiento legal a seguir para la imposición de sanciones y, dentro de él, la práctica de la prueba y su correcta valoración. Es garantía fundamental de la persona acusada, de la cual no puede ser privado sin vulnerarse con ello el artículo 24 de la Constitución Española de 1978 haciéndose vinculante para todos los poderes públicos, entre los que obviamente se encuentra la Administración.
En algunos casos no se da esta presunción de inocencia, debiendo reputarse inconstitucional.


Derecho a la utilización de medio de defensa


El derecho a la defensa, consustancial al proceso penal, es también reivindicable en el administrativo sancionador, en tanto que manifestación del ius puniendi del Estado. En consecuencia, el Tribunal Constitucional otorga su amparo a quien fue sancionado sin haber conocido la propuesta de resolución de un expediente sancionador, por entender que ello priva de posibilidades reales de defensa y viola las garantías que establece el artículo 24.2 de la Constitución Española.


Culpabilidad



El artículo 39 de la Ley 4/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, obliga a atender para graduar la gravedad de las infracciones, entre otros criterios, al “grado de malicia”. En términos semejantes el Reglamento de la Ley de Protección del Medio Ambiente atmosférico, en su artículo 86, se refiere al “grado de intencionalidad”, y la Ley del Suelo, en su artículo 228.5, al “grado de culpabilidad” de cada uno de los infractores.

Jurisdiccionalidad de la privación de libertad


Chocan con lo dispuesto en el artículo 25.3 del texto fundamental todas aquellas disposiciones que permiten, directa o indirectamente, la privación de libertad en sede administrativa. Tal es el caso del artículo 456 del Reglamento de Caza, o del artículo 114 del Reglamento de Pesca, que abren la posibilidad de decretar de uno a cinco días de arresto gubernativo, vía en la práctica inutilizada y que debe reputarse proscrita por la Constitución.

Non bis in idem



Más problemas suscita el juicio de constitucionalidad que, en torno al principio non bis in idem, provocan los casos de duplicidad de normas sancionadoras, especialmente numerosos a causa de la prolijidad del Derecho ambiental.
Tanto en el aspecto sustantivo como procesal, queda clara la imposibilidad de que los órganos administrativos realicen actividad sancionadora alguna frente a hechos que puedan ser constitutivos de delito, mientras la autoridad judicial no se haya pronunciado sobre ellos. La condena penal excluye la sanción administrativa. Y, en caso de absolución, la Administración habrá de respetar los hechos declarados probados en sede jurisdiccional.
Las Leyes y Reglamentos que contradicen este principio deben considerarse inaplicables. De acuerdo con la doctrina general, la sanción administrativa no podrá añadirse a la penal. Y cuando la jurisdicción tuviere que depurar responsabilidades penales y ya hubiere recaído sanción administrativa, lo correcto no es “descontar” esta de la pena, como propone algún sector doctrinal, sino declarar la nulidad de lo actuado por la Administración.

También niega el Tribunal Constitucional que se viole el principio non bis in idem cuando entre sancionado y Administración hay una relación de sujeción o de supremacía especial: una relación funcionarial, un servicio público, una concesión administrativa, etc., que justifiquen el ejercicio del ius puniendi por los Tribunales, además de la potestad sancionadora de la Administración en funciones de autotutela.
De otro modo, la relación de subordinación especial estaría siempre presente en materia de infracciones y delitos ecológicos, ya que la utilización de los recursos ambientales suele realizarse a través de la correspondiente concesión o autorización, y una interpretación extensiva puede llevar a admitir siempre, por ese mero hecho, la duplicidad de sanciones.
No plantean, sin embargo, problemas de incompatibilidad con el principio non bis in idem las multas coercitivas, que se incorporan expresamente a la Ley de Conservación de los Espacios naturales. Dichas multas tienen como finalidad reforzar la ejecución de determinados actos ordenados por la Administración y son independientes de las que puedan imponerse en concepto de sanción y compatibles con ellas. En realidad, aunque el contenido pecuniario sea el mismo, se trata de medio de asegurar la ejecución, cuyo fundamento no es la infracción originaria; por ello no puede hablarse de bis in idem.


Principio de legalidad y leyes en blanco



La complejidad de la materia medioambiental, y sobre todo su dinamismo, han aconsejado la remisión del Código Penal a las leyes y reglamentos protectores del medio ambiente. El recurso a la técnica del reenvío es inevitable, ya que, a la legislación estatal, han de añadirse las normas adicionales de protección dictadas por las Comunidades Autónomas en uso de las facultades que les confiere el artículo 149 de la Constitución, e, incluso, la normativa comunitaria europea.
De este modo, los distintos Estatutos de Autonomía, con diversidad de fórmulas, hacen uso de ese reparto competencial y establecen infracciones y sanciones. Y aunque no pueden inmiscuirse en el ámbito penal, el contenido de este sí que queda condicionado por la normativa de reenvío autonómica. Este es cometido exclusivamente jurídico penal. Las circunstancias del modo en que se afecta el bien jurídico, que sí pueden ser definidos por las respectivas Comunidades Autónomas, pueden ser distintas, porque dependen de distintas realidades geográficas, climáticas, etc., pero ello no genera desigualdad, siempre que el bien jurídico, la necesidad del ataque y la entidad del mismo hayan sido definidos con nitidez en la ley penal estatal.
Tampoco se plantean problemas de desigualdad cuando de sanciones se trata, ya que la sanción penal es única.
Hay que tener en cuenta que otra posible fuente de desigualdad, las Directivas comunitarias, tampoco puede constituirse en norma penal, tal como ya declaró, al examinar un presunto delito ecológico, la sentencia de 11 de junio de 1987 de la Sala Quinta del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

En aras, precisamente, de esa mayor certeza, se puede entender que sólo puede estimarse como presupuesto típico del delito ecológico la contravención de aquellas leyes o reglamentos que tienen como finalidad específica la protección del medio ambiente, por lo que carecerían de relevancia penal las infracciones administrativas de normas que, aun incidiendo en el medio ambiente, tengan una finalidad distinta. Y en la medida en que la conducta contravencional lo lesione o ponga en peligro, podrá estimarse como uno de los elementos típicos del artículo 347 bis, con independencia de la intitulación o rúbrica que dé cobijo al precepto infringido.

Sanciones administrativas: Sanciones concretas


La normativa sancionadora es esencialmente heterogénea, ubicada en legislaciones sectoriales. Por ello sería vano todo intento de ofrecer una exposición completa y sistemática de las sanciones administrativas en materia penal. En general, se aplican tanto medidas de carácter personal como real, restitutorias como indemnizatorias, alternativas y acumulativas, etc.
En un ámbito infraccional la multa parece dotada, en principio, de fuerza inhibidora suficiente. Y es desde luego la más utilizada, siendo su cuantía fija o proporcional.
La virtualidad preventiva de las sanciones pecuniarias parece, sin embargo, dudosa en ocasiones. La Ley del Suelo, por ejemplo, dispone en su artículo 231 que “cuando el beneficio que resultare de una infracción urbanística fuere superior a la sanción que corresponda, podrá esta incrementarse en la cuantía equivalente al beneficio obtenido”. Se trata de una amenaza endeble, ya que, en el fondo, el infractor corre sólo el riesgo de no obtener el beneficio buscado ilícitamente, amén de pagar una multa que es, por definición, inferior a este.
Más eficacia pueden tener medidas de inhabilitación profesional como la contemplada por los Reales Decretos 2994/1982 (Restauración de espacios afectados por actividades extractivas) y 1116/1984 (Restauración de espacios afectados por explotaciones de carbón a cielo abierto). En caso de incumplimiento de las medidas de restauración, y de acuerdo con los artículos 83 y siguientes de la Ley de Minas, se puede declarar la caducidad del título que habilita el ejercicio de labores mineras.
Por el contrario, el artículo 10.4 de la Ley 12/1982 de Cataluña, y en el mismo sentido el artículo 13 del Decreto 343/1983, vuelven, como sanción típica por incumplimiento de las condiciones impuestas para la protección del medio ambiente, a la multa.

LA POLICÍA JUDICIAL ESPECIALIZADA


En las conclusiones de las Jornadas sobre el Medio Ambiente organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, se destaca la necesidad de contar con una policía especializada que permita dotar de mayor efectividad a la investigación y enjuiciamiento de las conductas atentatorias contra el medio ambiente que pudieran ser constitutivas de delito.
En efecto, la complejidad de la normativa legal que incide sobre este tipo de conductas, y sobre todo la dificultad que entraña la investigación en un campo tradicionalmente ajeno a la labor policial, hacen imprescindible la especialización.
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de 13 de marzo de 1986, señala en su artículo 12 las competencias específicas que serán ejercitadas por la Guardia Civil, además de las funciones comunes a las que se refiere el artículo 11. Entre las que se atribuyen de manera específica a la Guardia Civil se encuentra “velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a  la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”. Corresponde, por tanto, a la Guardia Civil como misión específica constituirse en la policía protectora del medio ambiente, función que, por ser exclusiva de la Guardia Civil, la ejercerá en todo el territorio nacional y en su mar  territorial.
La capacidad asimiladora y regeneradora de la naturaleza puede verse superada, con grave peligro para el género humano, por un desarrollo incontrolado en el que la industrialización, la urbanización y el desmesurado incremento de la producción de desechos se unen en ocasiones al desprecio por la conservación de la flora y la fauna silvestres o de las propias especies naturales: evitar que esto ocurra no es sólo misión de los poderes públicos, pues la concurrencia de la solidaridad colectiva con colaboración activa de toda la población es imprescindible, pero a los poderes públicos le corresponde una especial responsabilidad; y en dicha misión pública a la Guardia Civil como Cuerpo de Seguridad de Estado que asume la competencia policial específica en esta materia le es exigible una dedicación proporcionada a la trascendencia de la función encomendada.

Para cumplir el mandato legal, la Orden General nº72, de 21 de junio de 1988, crea el servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que tiene como misión general precisamente el “velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza”.
Las dificultades  con que actualmente se encuentran los jueces para la instrucción de los sumarios por delito ecológico fueron puestas de relieve, lamentando la inexistencia de una policía judicial especializada. Es cierto que la obligación constitucional de colaboración con la Administración de Justicia permite acudir a cualquier organismo competente en el campo de protección ambiental de que se trate para que se emitan los informes correspondientes o se efectúen los análisis que procedan. Pero ello no puede suplir la labor policial cuando se haga preciso, como sucede en la generalidad de los casos, ardua labor investigadora. Sin ella, el delito ecológico puede quedar prácticamente carente de efectividad práctica.

Es cierto que en el campo de la protección ambiental la actuación administrativa es la normal, y la intervención del Derecho penal debe quedar limitada a los casos graves. Pero esos casos ya son numerosos en nuestro país, por lo que es de esperar que tanto los servicios especializados de policía judicial como, de modo especial, los organismos administrativos que tienen funciones de protección ambiental, remitan cada vez aquellos casos más graves de que tengan conocimiento, para evitar que el tipo delictivo previsto por el artículo 347 bis del Código Penal cumpla una función meramente simbólica, convirtiéndose en un precepto ad exhibendum.

2. DIRECTIVA DEL CONSEJO de 24 de Noviembre de 1988



- “DIRECTIVA DEL CONSEJO de 24 de Noviembre de 1988, sobre limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.”

NOTA: Referido a la transposición de la presente Directiva Europea, cabe decir que ésta se realizó mediante el Real Decreto 646/1991, mediante el cual se establecen nuevas normas sobre limitación a las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de grandes instalaciones de combustión.

Introducción.



El texto se encuadra dentro de la Normativa Europea referente al control de emisiones contaminantes a la atmósfera por las grandes instalaciones de combustión. En concreto es una Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas  que regula todos los aspectos relacionados con esta clase de emisiones en pro de la protección del Medio Ambiente.


Objetivo del texto legislativo.



El texto legislativo regula las emisiones de agentes contaminantes a la atmósfera basando su acción en las fuentes de emisión  (grandes instalaciones de combustión), centrándose de manera primordial en el establecimiento de los límites de emisión, campo de aplicación, tomas de medidas de las emisiones, gases residuales,  trámite administrativo en la manipulación de la información y casos especiales de actuación.

Actividades reguladas.



La aplicación de la Directiva se centra de manera general en la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera en las instalaciones de combustión (existentes o que se vayan a construir) cuya potencia térmica nominal sea igual o superior a 50 MW, cualquiera que sea el tipo de combustible que utilicen (Art. 1), destinadas a la producción de energía, a excepción de las que usen de manera directa el producto de combustión en procedimientos de fabricación según el Artículo 2. En este mismo artículo se relatan las excepciones de aplicación general de la Normativa.
Igualmente establece todo el proceso administrativo que implica el tratamiento de la información referente a las reducciones de emisiones de los agentes contaminantes a la atmósfera para este tipo de instalaciones.


Textos a los que se hace referencia.



Los textos legislativos más importantes a los que se hace referencia y en los que se basa esta Directiva por su naturaleza son:

-    Artículo 8 de la Directiva 84/360/CEE.

Referido a la fijación de los valores límite de emisión para las nuevas instalaciones, basados en la mejor tecnología disponible, que no entrañen unos gastos excesivos y tendrá en cuenta a tal fin la naturaleza, las cantidades y la nocividad de las emisiones de que se trate.

-    Artículo 13 de la Directiva 84/360/CEE.

Dispone que los Estados Miembros  aplicarán políticas y estrategias, incluyendo unas medidas adecuadas para adaptar gradualmente, teniendo en cuenta determinados factores, las instalaciones existentes a la mejor tecnología disponible.

-    Artículo 7 de la Directiva 85/337/CEE

del Consejo, de 27 de junio de 1985. Relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el Medio Ambiente.

Finalmente se remite a la Directiva 85/337/CEE sobre Evaluación de Impacto Ambiental, el cual deberá realizarse acerca de la construcción de nuevas instalaciones que puedan repercutir en territorio de otro Estado Miembro.

Además cobra cierta relevancia por su relación con el tema tratado:
-    Programas de acción de la CE en materia de Medio Ambiente de 1973 (DO nºC112 de 20.12.1973, p.1), 1977 (DO nº C139 de 13.6.1977, p.1), 1983 (DO nº C46 de 17.2.1983, p.1) y 1987 (DO nº C328 de 7.12.1987, p.1).

Información de interés para la industria.



La Normativa fija un amplio espectro de condiciones que afectan a la industria, que se pueden resumir en la fijación de:
-    Establecimiento de programas por parte de los Estados Miembros para la reducción de emisiones, así como los requerimientos de los mismos (Art. 3).
-    Implantación de la Directiva a  nuevas instalaciones respecto a limites de emisión de SO2, NOx y cenizas, así como las revisiones por parte de la Comisión antes del 1 de Julio de 1995 (Art. 4).
-    Límites de emisiones de SO2 para nuevas instalaciones cuya potencia térmica nominal sea igual o mayor a 400 MW, y utilización anual no supere las 2200 horas, fijado en 800 mg/Nm3. Como caso especial de España, se establece la autorización de nuevas centrales eléctricas de una potencia térmica  igual o superior a 500 MW en los condiciones anteriores que cumplan los requisitos enmarcados en el Art. 5.
-    Límite de emisión especial para instalaciones que quemen lignito nacional, junto con sus requerimientos para su aplicación (Art. 6).
-    Especificaciones de diseño para autorizaciones referidas a límites de emisión de NOx (Art. 7).
-    Proceso administrativo en caso de averías en los equipos para la reducción de emisión de contaminantes (Art. 8).
-    Fijación de los límites de emisión para calderas mixtas, ya sean de utilización simultánea de dos o más combustibles, que utilicen residuos de destilación y conversión del refinado de petróleo crudo, o que utilicen alternativamente dos o más combustibles. También fija de manera epecial en 1000 mg/Nm3 a las nuevas instalaciones de refinería (Art. 9).
-    Control de las expulsiones de gases residuales mediante una chimenea (Art. 10).
-    Valor límite de emisión al aumentar un mínimo de 50 MW en las instalaciones de combustión (Art. 11).
-    Informa de la obligatoriedad a los Estados Miembros de informar adecuadamente  en caso de instalaciones de combustión que alteren gravemente el  Medio Ambiente, y de que el titular informe de los resultados de todas las mediciones realizadas referentes a la Directiva (Arts. 12 y 14).
-    Informa de la obligatoriedad de los Estados Miembros de vigilar las emisiones de las instalaciones de combustión, así como los procedimientos a seguir para la obtención de resultados  en las mediciones de emisiones e informe de los mismos a la Comisión (Art. 13).
-    Consideración al respecto a los límites de emisión, distinguiendo las mediciones continuas, discontinuas, y por otra parte a las instalaciones referidas en los apartados 2 y 3 del Art. 5. En todos los casos no se consideran períodos de arranque y parada, así como las consideraciones establecidas en el Art. 8. Todo ello referido al Art. 15.
-    Obligatoriedad de los Estados Miembros de informar a la Comisión antes de 1991 sobre los programas establecidos, así como la fijación de la frecuencia de los informes a lo largo de la aplicación de la Directiva, junto con sus requerimientos, y el modo de  tratamiento de esta información por parte de la Comisión (Art. 16).
-    Obligatoriedad del cumplimiento de la Normativa e informe del mismo a la Comisión antes de 1991 a todos los Estados Miembros de la CEE, así como las disposiciones de derecho interno relacionado con la Directiva. (Arts. 17 y 18).

Conclusiones.



Las tres conclusiones más importantes que definen el texto son:

-    Nos encontramos ante una Directiva del Consejo de la Comunidad Europea, que requiere un cumplimiento por parte de los Estados Miembros con aplicación de manera general a las grandes instalaciones de combustión (Potencia térmica o nominal   50 MW), indiferentemente del combustible utilizado. Se recoge una consideración especial hacia el estado Español como respuesta a la elevada y creciente demanda energética que sufre el país. Además se recogen posibilidades de modificar los objetivos marcados, dependiendo de las consideraciones puntuales o globales extraídas del seguimiento de la presente normativa.
-    Sugiere un estrechamiento y reducción de los valores límite en las emisiones de agentes contaminantes a la atmósfera, principalmente NOx, SOx y cenizas, basándose en la mejora de tecnologías que no impliquen un gasto excesivo.
-    Recalca la importancia de una buena comunicación de todos los agentes implicados en la funcionalidad de la Normativa (Titular de las instalaciones, Estados Miembros y Comisión de la CEE), que implique un buen tratamiento de la información recogida en todos los aspectos relacionados con las medidas de emisión y reducción de las mismas.

MARCO POLÍTICO



EL PROTOCOLO DE KIOTO Y LA REUNION DE BUENOS AIRES.



En diciembre de 1998 se celebró la “Cumbre del Clima” en Kioto (Japón). El resultado más importante de la cumbre fue la adopción de un protocolo legalmente vinculante que, por primera vez en la historia de la Humanidad, pone límites a las emisiones de los principales gases de invernadero en los países más prósperos. 39 países se comprometen a limitar sus emisiones durante el período 2008-2012; los países de la UE las reducirán (conjuntamente) un 8%, EE.UU. un 7% y Japón un 6%. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda las mantendrán, y Noruega, Australia e Islandia las aumentarán en un 1, 8 y 10% respectivamente. En términos conjuntos, la reducción para todos estos países es del 5,2% respecto a los niveles de 1990. En la próxima cumbre del clima de Buenos Aires EE.UU. no ratificará el protocolo de Kioto en tanto los países pobres con mas emisiones no tomen medidas para limitar o reducir éstas en el período 2008-2012, según un acuerdo unánime del Senado de éste país. Esta postura,  planteada así, expresa una evidente insolidaridad y no es más que una excusa para la no adopción de medidas de reducción de gases.

Resulta evidente que la mencionada reducción de emisiones es absolutamente insuficiente para frenar de forma apreciable el cambio climático, teniendo en cuenta que, como ya se apuntó, las emisiones globales de CO2 han de disminuirse en mas del 50%, y las de los países desarrollados en mucha mayor medida. Pero incluso como un primer paso, los objetivos acordados quedan muy por debajo de lo necesario, tanto por su cuantía como por estar
muy alejados en el tiempo. Es muy importante empezar a reducir ya de forma drástica las emisiones de gases de invernadero, tanto para frenar la velocidad de acumulación de gases de invernadero en la atmósfera (previniendo así posibles “sorpresas climáticas” en forma de cambios bruscos e impredecibles en el clima) como para evitar recortes de emisiones excesivamente rápidos en el futuro, que podrían traer problemas económicos y sociales.

Queda por analizar si el protocolo de Kioto es suficiente para “mandar una señal” a la industria y a los gobiernos para que comiencen a cambiar el sistema energético actual hacia otro basado en la eficiencia energética y en las fuentes renovables de energía. Que sea así o no depende de la presión que se logre ejercer sobre la propia industria y sobre los gobiernos.

Por otra parte, un examen detenido del protocolo revela que EE.UU. y sus aliados han conseguido introducir en el mismo numerosas “vías de escape”, que, de no atajarse, van a convertir los ya mínimos avances del acuerdo en mera apariencia. Si los países ricos hubieran demostrado tanta voluntad e ingenio para encontrar soluciones para el cambio climático como para encontrar vías de escape, que permiten simular una reducción de emisiones sin cambiar sustancialmente el modelo energético, Kioto hubiera sido realmente un hito histórico. Tal y como está, el protocolo de Kioto no es ninguna garantía para alejar el peligro de cambio climático. A destacar también el papel obstruccionista de las grandes multinacionales de la energía y el automóvil, que, organizadas en grupos de presión como la Coalición Global del Clima (GCC) en EE.UU. y la Mesa Europea de Industriales (ERT) en Europa, se oponen a cualquier reducción obligatoria de emisiones, y a los cuales hay que atribuirles en buena medida el resultado final de la cumbre y las obstrucciones posteriores al cumplimiento de los acuerdos allí adoptados.

El protocolo y sus trampas



La solución del problema del cambio climático requiere un cambio radical en el actual sistema energético, basado en energías no renovables y contaminantes (petróleo, carbón, gas y nuclear), que se usan de forma no igualitaria, excesiva y despilfarradora. El nuevo sistema debería tener como base las energías renovables de menor impacto ambiental y un menor consumo energético, con un aprovechamiento mucho mas eficaz de la energía, que permita
la satisfacción de las necesidades básicas de todos los habitantes del mundo. Hay que señalar que el cambio climático es una razón mas, si bien muy importante, para realizar esta transformación, pero que hay numerosas otras razones, ambientales, sociales y económicas, que empujan en esta dirección.

La razón de los escasos y poco claros resultados de Kioto estriba en la resistencia de los gobiernos a emprender decididamente este proceso de cambio. Pero, desde luego, no son los gobiernos los únicos responsables. Las empresas multinacionales en las que se asienta este modelo económico globalizado han ejercido una gran presión sobre las instituciones políticas, condicionando descaradamente el resultado de las negociaciones. La falta de voluntad para cambiar un modelo energético injusto e insostenible y para enfrentarse a los intereses de las
grandes empresas, ha posibilitado la introducción en el protocolo de conceptos tales como el comercio de emisiones, la reducción de emisiones en países pobres para apuntársela a los países ricos (”ejecución conjunta”), la consideración de los sumideros de carbono como compensadores de las emisiones (enfoque de las “emisiones netas”) y el considerar todos los gases de invernadero conjuntamente a la hora de contar las reducciones de emisiones (enfoque de la “cesta de gases”).

VIAS DE ESCAPE



La Ejecución Conjunta. Tras años de intentos, EE.UU. y otros países afines (con el apoyo entusiasta de los grupos de presión empresariales) han logrado introducir este concepto en el protocolo (Artículo 12). Para ello le han cambiado el nombre (ahora se llama “mecanismo para el desarrollo limpio”), pero poco mas. Con la excusa de alcanzar el “desarrollo sostenible” y de contribuir al “objetivo último de la convención”, los países desarrollados podrán apuntarse como propias la reducción de emisiones que se realice en proyectos en países pobres realizados con inversiones de dichos países desarrollados. Las reducciones certificadas de emisiones se podrán obtener a partir del 2000, mientras que la reunión de las partes del protocolo está encargada de desarrollar este mecanismo en su primera sesión.

El “mecanismo para el desarrollo limpio” va a suponer que los países ricos puedan comprar emisiones “reducidas” a precio de saldo a muchos países pobres ansiosos por recibir inversiones extranjeras. Por otra parte se abren grandes oportunidades de negocio en la compraventa de “reducciones certificadas de emisiones”(RCE), que “puede implicar a entidades públicas y/o privadas” (Art. 12.9) (¿Explica esto la valoración positiva que la BP y la Shell han hecho del resultado de la cumbre de Kioto?).

El Enfoque de las Emisiones Netas. Consiste en calcular en cada país las emisiones industriales de gases de invernadero, restando las absorciones netas de gases de invernadero por parte de los ecosistemas (o sumando las emisiones netas de los mismos). Se podrá aplicar a partir del primer período (2008-2012) y, de forma obligatoria, a partir del segundo (2013-2017). Solo se podrán descontar (de momento) las absorciones de carbono
resultantes de cambio de uso de la tierra directamente “inducido por el ser humano” y de actividades forestales de forestación, reforestación y deforestación a partir de 1990 (Art. 3.3). Se regulará en detalle el enfoque neto en la 1ª reunión de las partes del protocolo, o cuando sea practicable después.
Las objeciones al enfoque neto son, en primer lugar, la poca precisión en el cálculo de los flujos de carbono en los ecosistemas, así como el carácter transitorio de los sumideros naturales de carbono, como los bosques (que pueden convertirse en fuentes de
carbono si se degradan). El desarrollo de sumideros de carbono vía reforestación es una medida interesante, pero se debería llevar a cabo con prudencia, por sus posibles impactos negativos ambientales y sociales. Se podrían establecer objetivos separados de creación de sumideros y de reducción de emisiones, para evitar los problemas del “enfoque neto”.

. Consiste en calcular las emisiones conjuntas de los seis gases o grupos de gases de invernadero acordados en Kioto (dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, compuestos hidrofluorocarbonados (HFCs), compuestos perfluorocarbonados (PFCs) y hexafluoruro de azufre), reduciéndolas a “emisiones equivalentes” de CO2. Para ello se usan los “potenciales de calentamiento global” de estos gases, que toman en cuenta la diferente potencia de cada uno para contribuir al calentamiento. De nuevo la idea es reducir las emisiones que resulten mas fáciles, pero el problema es, de nuevo, que se intenta retrasar lo mas posible la ineludible reducción de las emisiones del principal gas de invernadero (el CO2), responsable de mas de las dos terceras partes del reforzamiento del efecto invernadero causado por todos los gases. Además, la precisión en el cálculo de las emisiones de los gases de invernadero -aparte del CO2- deja bastante que desear, lo que puede suponer que las reducciones de emisiones conseguidas con la cesta de gases sean en la realidad mucho menores o nulas.
Los objetivos de reducción de emisiones se deberían hacer gas por gas, a fin de evitar todos estos problemas.

Hay, además de las cuatro vías de escape anteriores, una serie de cuestiones importantes que el protocolo no aborda. Una de ellas es el control de emisiones de los depósitos de combustible para el transporte aéreo y marítimo internacional, conocidos como búnkeres. Estas emisiones podrán representar, con el crecimiento previsto del transporte mundial, un aumento en las emisiones totales de gases de invernadero de entre un 5 y un 10% para el 2010. El protocolo no asigna estas emisiones a ningún país, y solo pide a los países  desarrollados que tomen medidas para limitarlas o reducirlas, sin objetivos ni calendario (Art. 2.2).

¿Después de Kioto, qué?



El protocolo de Kioto abre un proceso que, tras su firma, ratificación y entrada en vigor, dará lugar a una primera reunión de las partes. Esta reunión no será posible antes de finales de 1999 y, casi con seguridad, no se producirá hasta el 2000 o después, debido al largo proceso de ratificación y entrada en vigor del protocolo. Entretanto, cada año se celebrará una conferencia de las partes del Convenio sobre Cambio Climático, estando prevista la próxima para los días 2 al 13 de Noviembre de este año (1998) en Buenos Aires. En ella no hay prevista ninguna discusión sobre nuevos compromisos de reducción de emisiones (que se dejarán para las reuniones de las partes del protocolo de Kioto), pero si que se discutirán temas importantes como el papel de los países pobres, la regulación del comercio de emisiones y la consideración de los sumideros de carbono.

MEDIDAS



ESTRATEGIA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO



A) Medidas globales



El calentamiento terrestre está especialmente ligado a la emisión de gases de combustión de los derivados del petróleo, los combustibles más habituales en la actualidad, a lo que se suma la deforestación de grandes zonas del planeta.
Como consecuencia de la “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro de 1992, y de la “Agenda 21″, documento aprobado en la misma, nació la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con la finalidad de abordar este problema a nivel mundial.
En el seno de la III Conferencia de las Partes de dicho Convenio, celebrada en la capital japonesa, fue aprobado el Protocolo de Kioto el 10 de diciembre de 1997, documento internacional de gran relevancia, porque a través de él, los países industrializados se comprometen, por primera vez, a poner en marcha una reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, al objeto de afrontar la amenaza del cambio climático.
El citado Protocolo fue firmado por España y por la Unión Europea en su conjunto, a finales de abril de 1998, en el marco de la VI reunión de la Comisión para el Desarrollo Sostenible, de la O.N.U., celebrada en Nueva York. Estados Unidos lo firmó en noviembre de 1999, y Rusia, segundo productor global de gases de efecto invernadero, lo hizo en marzo de 1999.
Ahora bien, para su entrada en vigor, el propio Protocolo señala la necesidad de su ratificación por al menos 55 países, cuyas emisiones igualen al 55% de las emisiones de CO2 producidas en el año 1990. Hay que tener en cuenta que éste difícilmente entrará en vigor sin la ratificación de los Estados Unidos y la Federación Rusa, ya que ambos países representan más del 50% de las emisiones mundiales de CO2 (36,1% EE.UU. y 17,4% Rusia). Por esta y otras razones, el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrado en Colonia en junio de 1999, ya insistió en la importancia de crear las condiciones necesarias para poder ratificar en breve el Protocolo, habiéndose proseguido en este empeño en posteriores cumbres comunitarias (las emisiones de la UE representan el 24,2% del total).

B) Estrategia española



España es país firmante de la Convención Marco sobre Cambio Climático (CMCC) de Naciones Unidas, y país miembro de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Por ello, participa en la elaboración de los informes sobre cuestiones específicas que realiza el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), que sirven de base para los acuerdos de obligado cumplimiento que se toman en el seno de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre Cambio Climático, en la que se adoptó el Protocolo de Kioto.
Antes de suscribirse el Protocolo, dentro del reparto interno de países de la Unión Europea, ya comentado, se preveía para España, en los gases del primer grupo (CO2, CH4 y N2O) un incremento de hasta el 17% en el año 2000, con respecto a los niveles de 1990; pero tras la firma del Protocolo (mayo de 1998), de acuerdo con lo previsto en el reparto de cargas establecido en el citado Consejo de Luxemburgo (junio de 1998), fue necesario rebajar la cuota hasta un máximo del 15%, lo que obligará a diseñar políticas más eficaces en el terreno energético (políticas de ahorro, fomento de energías renovables, especiales esfuerzos en los sectores del transporte y los servicios, etc.).

Para el seguimiento y cumplimiento de estos compromisos, el Consejo de Ministros creó el Consejo Nacional del Clima (Real Decreto 177/1998, de 16 de febrero), que está presidido por el Ministro de Medio Ambiente y en el que están representados 9 Ministerios.
El Consejo tiene por objeto la elaboración y aplicación de una “Estrategia Nacional frente al Cambio Climático”, como resultado de un consenso entre todos los sectores implicados. El Consejo Nacional del Clima trabaja en contacto con la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Federación Española de Municipios y Provincias.
La citada Estrategia, que deberá definir la aplicación de los Acuerdos Internacionales y fijar un calendario definitivo para el desarrollo de políticas y medidas que frenen la emisión de gases de efecto invernadero en España, incluye obligaciones para todas las Administraciones Públicas y pedirá la cooperación del sector privado, que tendrá también que asumir una modificación de sus modelos de producción. La aplicación de las medidas previstas en esta Estrategia no debería suponer consecuencias negativas para el desarrollo económico o para el desarrollo social del país, exigiendo esfuerzos de manera equilibrada entre todos los sectores implicados.
El primer trabajo importante elaborado por el Consejo Nacional del Clima fue el documento marco “Políticas y medidas de lucha frente al cambio climático: un primer avance”, presentado en noviembre de 1998 y aprobado por el Consejo en enero de 1999, consistente en un listado de las medidas técnicas que se pueden adoptar en cada uno de los sectores: energético, industrial, transporte, residencial y comercial, agrario y residuos; dichas opciones pueden consultarse en el número 68 del Boletín “Información de Medio Ambiente”, de diciembre de 1998.
Entre las medidas concretas, ya adoptadas, para alcanzar los compromisos adquiridos por nuestro país en la limitación de emisiones de carácter invernadero, figura el Plan de Fomento de las energías renovables 2000-2010, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 1999. (más información sobre este importante instrumento en el capítulo “Sectores de la Energía, la Industria y el Medio Ambiente”, de este mismo documento).

La Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología (I.N.M.), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, se encarga de la Secretaría del Consejo Nacional del Clima.
El I.N.M. también tiene en estos momentos la responsabilidad de afrontar un reto de gran alcance internacional, al haber sido designado nuestro país para dirigir durante tres años el Programa de la Red Europea de Apoyo al Clima (ECSN), uno de los Programas internacionales creados por la Conferencia de los Servicios Meteorológicos Nacionales en Europa (EUMETNET). Este Programa, que entró en vigor en abril de 1998, trata de fortalecer la aportación de los Servicios Meteorológicos Nacionales a la gestión del medio ambiente y al seguimiento de la evolución climática, para contribuir a un desarrollo sostenible. En esta faceta, el cometido del INM es, por tanto, la coordinación del trabajo de los 17 Servicios Meteorológicos europeos en el campo de la climatología y actividades relacionadas.
Previsiblemente, los trabajos y cometidos del Consejo Nacional del Clima serán continuados por una Oficina del Cambio Climático, encargada del seguimiento de las políticas de lucha contra el cambio climático en España. Dicha Oficina funcionará como un organismo dentro del Ministerio de Medio Ambiente, con una estructura propia, según anunció el Ministro del ramo tras la celebración de la cumbre de La Haya, estando prevista su puesta en marcha durante el año 2001.

Otra contribución española a considerar es el libro “Cambio climático. Hacia un nuevo modelo energético”, presentado en febrero de 2000 por el Colegio Oficial de Físicos, que propone varias soluciones aplicables en España, considerado uno de los países más vulnerables al cambio del clima por su irregularidad hídrica, su fuerte tendencia a la aridez y su extenso litoral. Entre las estrategias recomendadas figuran el uso del transporte público, el fomento de los combustibles limpios, la mejora de la eficiencia energética de la industria, reforzar los planes de reforestación (papel de los árboles como sumidero de CO2) y promover la “arquitectura bioclimática”, que implica la utilización de aislamientos térmicos adecuados y la certificación energética de los edificios. También se destaca la importancia del papel de coordinación que debe jugar el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al antiguo Ministerio de Industria y Energía (MINER) y, en la actualidad, al nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En marzo de 2001, el MMA ha suscrito un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de la Energía (Ministerio de Economía) para impulsar el desarrollo sostenible en la planificación energética, mediante actuaciones que, entre otros compromisos internacionales, se enmarcan también en el Protocolo de Kioto (limitación de emisiones, utilización racional de los recursos no renovables, como los fósiles, fomento de energías renovables, etc.).

C) Iniciativas comunitarias



Como se vio anteriormente, la política para afrontar el problema del cambio climático está promoviendo en la Unión Europea importantes esfuerzos al más alto nivel, siendo la principal muestra de la integración del medio ambiente y el desarrollo sostenible en las restantes políticas comunitarias, establecida en el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997 (ver epígrafe “Medidas Globales”, al comienzo de este capítulo).
La estrategia comunitaria sobre el cambio climático se concreta básicamente en el denominado Programa Europeo del Cambio Climático (PECC), anunciado por primera vez por la Comisaria Wallström en el Parlamento Europeo en octubre de 1999, y que ha sido puesto en marcha mediante la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 8 de marzo de 2000, sobre políticas y medidas comunitarias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en la que se detallan las principales componentes del programa.
Así, diferentes grupos técnicos de trabajo deberán trabajar en la labor preparatoria de propuestas políticas a discutir por la Comisión con el Consejo de Ministros, en campos como la energía, el transporte, los gases industriales y el intercambio de emisiones. Uno de los pilares de la estrategia será, precisamente, un plan de intercambio interno de emisiones dentro de la UE (compraventa de los derechos de emisión entre países), según destaca el Libro Verde aprobado por la Comisión europea para mejorar la comprensión del problema.
También se ha fijado un calendario estricto que obligará a los grupos de trabajo a presentar sus informes dentro de doce meses. La Comisión ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas a adoptar, toda vez que los últimos datos disponibles muestran el aumento de las emisiones de CO2 en vez de disminuir, lo que impediría cumplir el objetivo asumido en Kioto de reducción en un 8% de los gases de efecto invernadero.

Poco antes de la Conferencia de La Haya a la que se ha hecho también referencia, el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la UE preparó su posición, basada en su apoyo al desarrollo de dicho Programa Europeo sobre el Cambio Climático y su conformidad para que se adopten con carácter prioritario medidas en los sectores del transporte, la energía y la industria.
Lógicamente, en algunos sectores ya se ha venido trabajando anteriormente con miras a la creación de las condiciones marco para sistemas de transporte que produzcan menos emisiones y sean más respetuosas con el medio ambiente, y a la vez para conseguir un mayor desarrollo de las fuentes de energía renovables, como se puso de relieve en el Consejo Europeo celebrado en Colonia, a comienzos de junio de 1999.
Una buena muestra de esta política, que se remonta a 1996, sería la impulsión de una estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles particulares y mejorar el ahorro de combustible. Para alcanzar esos objetivos, se ha previsto la necesidad de acuerdos con la industria del automóvil que permitan reducir el promedio de emisiones de los turismos de nueva matriculación, a 120 gramos de CO2/km para el año 2005 o, como más tarde, para el año 2010.
En el capítulo de este documento dedicado a la calidad del aire y la contaminación atmosférica, se analizan algunos avances en la legislación comunitaria relacionados con la reducción de emisiones de CO2, ,de aplicación en los turismos nuevos.
Otro proyecto de la Unión Europea, impulsado en la reunión de los Ministros de Medio Ambiente en la ciudad austríaca de Graz, en julio de 1998, fue la elaboración de un Libro Blanco sobre las energías renovables, que representan una importante oportunidad para alcanzar los objetivos de Kioto manteniendo los niveles de desarrollo económico. En dicha reunión se apuntó la necesidad de duplicar la utilización de este tipo de energías antes del año 2010, obteniéndose un 12% de la energía necesaria a partir de fuentes renovables para esa fecha, lo que requiere estrategias específicas de cada uno de los Estados Miembros y una aproximación integral de las políticas sectoriales.
Para la consecución práctica de este objetivo en el marco de los compromisos de Kioto, y por impulso de los Consejos de Ministros Europeos de Energía, se consiguió dar luz verde, en diciembre de 1999, a una iniciativa de la Comisión Europea sobre la presentación de una propuesta de Directiva relativa a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. En diciembre de 2000, el Consejo Europeo de Energía aprobaba la propuesta de la citada Directiva.
Con la Directiva, los Estados miembros se comprometen a respetar los objetivos nacionales de consumo de electricidad producida por fuentes energéticas renovables, a instaurar un sistema de certificación de origen de la electricidad “verde” y a crear condiciones justas que favorezcan el acceso prioritario a la electricidad producida a partir de fuentes de energía renovablesl, respetando las reglas de la competencia.

Otro elemento importante de la estrategia comunitaria de reducción de las emisiones de CO2,, reconocido como tal por la Comunidad, es el Programa ALTENER, de fomento de las energías renovables. El programa plurianual de fomento para el período 1998-2002 se aprobó por la Decisión nº 646/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2000, publicada en el D.O.C.E. nº L79, de 20.03.2000.
Por otra parte, en abril de 2000 la Comisión Europea adoptó un plan de acción para mejorar la eficacia energética, tanto a nivel de la Unión Europea como al de sus Estados miembros. El tema es de gran transcendencia, ya que se calcula que en el momento de poner en marcha este plan, existe en la UE un potencial de mejora de dicha eficacia energética superior al 18 por 100, lo que equivale a más de 160 Mtep, es decir, el equivalente de la demanda energética final total representada por el conjunto formado por países como Austria, Bélgica, Finlandia, Dinamarca, Grecia y Países Bajos. Según la española Loyola de Palacio, vicepresidenta para la Energía y los Transportes, el mencionado plan constituye un nuevo paso en la acción de la Unión Europea para elaborar una estrategia global y coherente con el objetivo de cumplir los compromisos de Kioto, que constituye un reto colectivo de todos los agentes implicados.
Otra iniciativa comunitaria a destacar ha sido el “Informe ACACIA”, cuyos antecedentes se remontan al año 1997, en el que la Comisión Europea designó a un grupo de expertos para realizar una Evaluación del Impacto Previsto del Cambio Climático en Europa. Las conclusiones del Informe han sido presentadas tres años después, a finales de enero de 2000, en España, en Toledo, en acto presidido por la ministra española de Medio Ambiente.
El estudio realizado es preocupante, pues viene a constatar el incremento de las temperaturas anuales en Europa entre 0,1 y 0,4 grados centígrados en cada decenio, calentamiento progresivo que es más acusado en los países europeos mediterráneos. El sur de Europa se calienta a una tasa 2 veces mayor que el norte del continente. Se apuntan consecuencias importantes, como la posible desaparición en Europa de los inviernos clasificados como fríos, el aumento de la frecuencia e intensidad de las olas de calor, el aumento de los riesgos de inundaciones en gran parte del continente, el aumento de las sequías en el sur, etc.
Todo este panorama avala la necesaria aplicación de políticas medioambientales más drásticas y la necesidad de un cambio de mentalidad de productores y usuarios.

EVALUACION



CAMBIOS CLIMATICOS PREDICHOS PARA EL SIGLO XXI



Queda claro que la previsión de cambios en los próximos 100 a 150 años, se basan íntegramente en modelos de simulación. Comprensiblemente la gran mayoría de los modelos se han concentrado sobre los efectos de la contaminación antrópica de la atmósfera por gases invernadero, y en menor grado, en los aerosoles atmosféricos. La mayor preocupación presente, es determinar cuánto se entibiará la Tierra en un futuro cercano.
En la última década, varios modelos complejos de circulación general (GCMs), han intentado simular los cambios climáticos antropogénicos futuros. Han llegado a las siguientes conclusiones:

- Un calentamiento global promedio, de entre 1,5 y 4,5 °C ocurrirá, siendo la mejor estimación 2,5 °C .
- La estratosfera se enfriará significativamente.
- El entibiamiento superficial será mayor en las altas latitudes en invierno, pero menores durante el verano.
- La precipitación global aumentará entre 3 y 15%.
- Habrá un aumento en todo el año de las precipitaciones en las altas latitudes, mientras que algunas áreas tropicales, experimentarán pequeñas disminuciones.

Modelos más recientes dependientes del tiempo, que acoplan los componentes oceánicos y atmosféricos, han entregado estimaciones más confiables, los resultados más significativos indican:

- Un calentamiento global promedio de 0,3 °C por década, asumiendo políticas no intervencionistas.
- Una variabilidad natural de aproximadamente 0,3 °C en temperaturas aéreas superficiales globales, en una escala de décadas.
- Cambios en los patrones regionales de temperatura y precipitaciones similares a los experimentos de equilibrio.

Aunque los modelos CGM proveen las simulaciones más detalladas de los cambios climáticos futuros, los constreñimientos computacionales evitan que sean usados en estudios de sensibilidad que permitan investigar los defectos potenciales futuros en el mundo real, con respecto a las emisiones de gases invernaderos.
Usando las sensibilidades de “mejor estimación”, se generan escenarios que dan un rango de calentamiento entre 1,5 y 3,5 °C para el año 2100. Bajo condiciones sin intervención, la temperatura superficial global promedio, se estima aumentaría entre 2 y 4 °C , en los próximos 100 años. Hasta las proyecciones más optimistas de acumulación de gases invernadero, no pueden prevenir un cambio significativo en el clima global del próximo siglo. En los peores escenarios, la temperatura superficial global promedio, podría aumentar en 6 °C para el año 2100.
Como conclusión, la temperatura global promedio podría aumentar entre 2 y 4 °C para el año 2100, si el desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Si se incorpora la influencia de los aerosoles atmosféricos al modelo, el calentamiento disminuye a aproximadamente 0,2 °C por década, en los próximos 100 años. Esta tasa de cambio climático, aún así, es más rápido que en cualquier otro momento de la historia de la Tierra. Si las naciones no actúan, el mundo podrá experimentar numerosos impactos adversos como resultado del calentamiento global futuro.

EEUU se niega a cumplir el protocolo de Kioto



WASHINGTON.- El portavoz de la Casa Blanca, Ari Fleischer, anunció ayer que su gobierno no piensa cumplir las normas establecidas en la Cumbre de Kioto sobre emisión de gases de efecto invernadero.
Fleischer afirmó que la oposición de George W. Bush al tratado era “inequívoca”, dado que el protocolo de Kioto es contrario “a los intereses económicos de Estados Unidos”, el país más contaminante de la Tierra.
El protocolo de Kioto fue suscrito por el entonces presidente William Clinton, pero no fue ratificado por el Senado de Estados Unidos a pesar de que el texto pactado prácticamente se limitaba a una declaración de buenas intenciones sin apenas medidas concretas.

CONCLUSION



El cambio climático es un producto genuino -e inevitable- de una cierta forma de civilización -la nuestra- basada en un despilfarro enorme de energías contaminantes, un consumo desaforado de recursos naturales, y una despreocupación absoluta por la equidad y la justicia, mas allá de las declaraciones de los políticos. Es casi una obviedad afirmar que esta civilización carece de futuro; el problema es ver cual puede ser la alternativa y como la alcanzamos a partir de la situación presente. Si bien existen paliativos a corto plazo dentro del sistema es muy dudoso que el modelo anterior, cada vez mas rapaz y mundializado, pueda proponer soluciones a largo plazo para el cambio climático. En efecto, una política de protección del clima es incompatible con dos de los objetivos fundamentales del presente modelo: un crecimiento económico indefinido, y una economía globalizada basada en la expansión del transporte.

BIBLIOGRAFIA



1. Ministerio de Medio Ambiente: “Segunda Comunicación Nacional de España” a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Borrador). Madrid, 1997. MOPTMA:”Informe de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Madrid, 1994; “Programa Nacional sobre el Clima”. Madrid, 1994.

2.Los últimos informes del IPCC son Climate Change 1995 (Tres tomos que suman 1.898 páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. También en 1995 se publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del IPCC son: Scientific Assessment of Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1992.

Autor:

David Navarro





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