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Abolición de los señoríos - Monografía



 
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LA ABOLICIÓN DE LOS SEÑORÍOS JURISDICCIONALES


A pesar de los impedimentos de Regencia, las cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 de forma provisional en un teatro situado en la Isla de León, entre el alboroto de los espectadores y el bombardeo de artillería. Meses más tarde se trasladaron a Cádiz, donde proseguirían las sesiones. Las cortes permanecieron reunidas tres años. Debido a las dificultades de la guerra de Independencia, los miembros de la alta jerarquía militar y eclesiástica así como los representantes de las provincias ocupadas, no pudieron ser citados. Para solucionar el problema se procedió a citar a personas naturales de esos lugares que se hallaban en Cádiz. El número de diputados de las Cortes fue aumentando y entre ellos había curas, frailes, obispos, abogados, magistrados, catedráticos universitarios, militares, y comerciantes. Pero lo realmente revolucionario fue el sistema de votación que fue individual y no por estamentos como ocurría en el Antiguo Régimen. De esta forma las Cortes de Cádiz fueron las primeras cortes modernas existentes en España, y réplica de la Asamblea Nacional Constituyente que había surgido en 1789 en Francia tras la Revolución Francesa, que había tomado como modelo la Constitución americana.

La labor de las cortes fue destruir las bases del Antiguo Régimen y aplicar las ideas liberales. La obra legislativa de las Cortes de Cádiz no se encaminó sólo a la elaboración de la Constitución, sino que se elaboraron una serie de decretos a partir de los cuales surgió la polémica, como sucedió con el decreto del 10 de noviembre que decretaba la libertad de imprenta. Ciertamente se estaba lejos, en Cádiz, de poder aprobar un decreto que reconociera el derecho de libertad de expresión. Aunque se oyeron voces en este sentido, el decreto salvaguardaba las cuestiones religiosas y las (leyes fundamentales de la Monarquía). A pesar de que lo más coherente hubiese sido extender la libertad de imprenta también a lo religioso (como proponía el diputado Mejía) y acompañarlo de la supresión de la Inquisición (como creía poder deducir de dicho decreto de ultra FM. Riesco), hay que reconocer la sagacidad de Torrero, quien cortó a tiempo lo que según él (por imprudencia podía corromper la suerte de toda ley). Quedaba así pendiente la cuestión, que resurgiría en varias ocasiones, y especialmente con motivo de la discusión sobre la abolición de la Inquisición, cuyo decreto se aprobaría el 22 de febrero de 1813.

Aún así no escapaba a mentes ilustres como la de Torrero, la trascendencia del decreto que se iba a aprobar. La libertad de imprenta no sólo es un marco instrumental de nuevas formas en la discusión política; constituye el reconocimiento del derecho del pueblo a controlar a quienes le representan, y por tanto, un requisito para el ejercicio de la soberanía nacional.

Lógicamente el debate de la libertad de imprenta puso de manifiesto, desde el principio, el abismo que separaba a liberales y serviles. La resonancia y la presión que estos últimos evidenciaron y que constató el resultado final del decreto, marcaron las cautelas que desde ese momento los liberales adoptarían. En gran parte la estrategia que seguirían desde ese momento los liberales consistiría en evitar todo aquello que los serviles pudieran instrumentar como pretexto, en su permanente actitud de acoso y derribo.
Paradójicamente esta actitud se había visto facilitada desde el 10 de noviembre, por un decreto que les amparaba en sus expresiones impresas como grupo; y eso sin contar que la reacción disponía de muchas facilidades, materiales y estructurales tanto para imprimir y publicar como para la difusión.

Del 4 de junio al 1 de julio se debatió en Cádiz en torno a la abolición de los señoríos, aunque en realidad la cuestión ya venía planteándose desde meses antes. El extenso debate a que dio lugar evidenció, por una parte, la profundidad del problema, y por otra las limitaciones de la Revolución de Cádiz. Con el decreto las cortes abolían los señoríos jurisdiccionales y se convertían en propiedad privada. Se suprimían asía sol monopolios señoriales y su capacidad de administrar justicia mediante el nombramiento de jueces locales. En un futuro los sucesivos gobiernos liberales, pasarán la responsabilidad de presentar los títulos de la propiedad de los señores a los campesinos. Como casi nadie conservaba estos títulos que habían sido adquiridos en la Edad Media, las propiedades pasaban a manos de los señores.
Sin embargo los principios que podían proclamarse chocaban con la realidad de los intereses que estaban en juego, y que planteaban sin tapujos los partidarios del Antiguo Régimen. No debe sorprender, pues, que inventando la pirueta de distinguir entre señoríos jurisdiccionales y territoriales, las Cortes de Cádiz proclamaran la abolición dejando intactos los intereses de los sectores privilegiados.

El otro gran debate que se registró en Cádiz fue el de la abolición de la Inquisición, que había quedado abierta ya con la libertad de imprenta. Pero no fue hasta 1812 cuando se debatió en las cortes específicamente, a pesar de que ello venía polemizándose ásperamente. Finalmente el 22 de febrero, se firmaría el decreto de abolición, aunque en él sólo se hacía única mención a la Inquisición, cuando se afirmaba escuetamente (( El Tribunal de la Inquisición es incompatible con la Constitución)). Una vez publicada la Constitución, la Inquisición fue virtualmente abolida sin necesidad de declararlo expresamente. El sentido de la abolición de la Inquisición es bastante más profundo del que se deriva de la prohibición de sus procedimientos. Con ello lo que está en cuestión es, en realidad, el desmoronamiento de un importante baluarte del Antiguo Régimen. Es precisamente por eso por lo que pierde su objeto cualquier intento de reforma o de maquillaje de dicho tribunal. La abolición de la Inquisición evidenció la tenacidad y crispación del servilismo, en cuanto se atentaba a alguno de los puntales del Antiguo Régimen, promoviendo auténticas campañas de agitación que se pusieron de manifiesto desde las propias galerías públicas de las cortes hasta el más recóndito púlpito o la más insignificante hoja impresa. Con todo tras la aprobación del decreto , incluso en esta cuestión, la práctica cotidiana iba a quedar poco modificada. Se abolió la Inquisición, pero en el mismo decreto se garantizaba a la iglesia la capacidad de actuar en (causas de fe) así como se ampliaba su capacidad de censura en materia de (religión), en defensa de cuya ortodoxia se comprometían, a demás, las autoridades seculares.

Las Cortes de Cádiz abordaron, en realidad, cuestiones fundamentales para una profunda reforma que venía considerándose pendiente, como mínimo desde el reinado de Carlos III. Esta es la reforma de la Hacienda a cerca de la cual se debatió del 18 de julio al 10 de octubre de 1813, la abolición de las trascendentales decisiones que abolían las rentas provinciales y las demás rentas tradicionales, al tiempo que establecían una contribución directa y única quedó frustrada. La razón principal fue el fuerte déficit existente, acentuado por la guerra y porque no podían confiar ya en los recursos extraordinarios, se optó precisamente por una fórmula que permitiera repartir el déficit entre contribuyentes. Todo lo contrario a una ” utopía”.

Un decreto de 1813 establecía la incautación de los bienes y propiedades de los traidores, las órdenes militares, de la Inquisición y la supresión de los conventos. Esto no llegó a llevarse a cabo.

Dos decretos del mismo día, del 8 de junio de 1813 permitían a los propietarios ejercer la libertad de contratación en el campo y en las fábricas, lo que implicaba la disolución del sistema gremial y su sustitución por la libre empresa. Estas medidas también afectaron duramente a los campesinos quienes vieron reducidos la duración de los contratos de arrendamiento y aumentado el precio de renta por el dueño. También perjudicaba a artesanos y trabajadores fabriles que veían aumentadas las jornadas y disminuidos los sueldos.

Estos decretos a igual que la Constitución fueron tachados de ilegítimos por Fernando VII a su vuelta, y los derogó. Sin embargo marcaron una linea de actuación política que se iría sucediendo, un liberalismo con diferentes matices, más puro y más moderado, pero casi siempre con huellas de esta obra legal, política y social.

Autor:

Magdalena Crespí





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