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El Poder y la Prensa - Monografía



 
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El control político de la información en la España felipista; Justino Sinova



Periodismo. Medios de comunicación. Gobernantes. Control: métodos. Gestión estatal. Televisión y radio: públicas y privadas. Mensajes. Periodistas


LO QUE QUEDA POR HACER



1. Por qué los gobernantes odian a la Prensa.



Este es un libro que pretende criticar la manipulación de la prensa y la falta de libertad que ésta tiene algunas veces por culpa del gobierno de un país, centrándose en el ejemplo de la España de gobierno socialista. La prensa puede apoyar a alguien en un momento dado y retirar ese apoyo por unas circunstancias u otras, y eso es algo que no se tenía asimilado dentro del propio partido, dirigido entonces por Felipe González, el cual no entendió que la prensa estuviera con él cuando pertenecía a la oposición al gobierno de UCD y no cuando llegó a la Moncloa. Y otros si aceptaron ese cambio como Suárez o Leopoldo Calvo Sotelo, hombres que supieron encajar las críticas con entereza y sin rabietas.

Cuando los políticos cambian de opinión



Los políticos tienen a la prensa como a un enemigo por el mero hecho de tener finalidades distintas, por tener ésta que lograr una verdad que a veces puede incomodar al poder dominante, puede esclarecer - como es su deber- asuntos que pueden no beneficiar a ese poder, por lo que los políticos tratan de meterse en esos medios de comunicación para evitar que la prensa en general les haga mucho daño.

A quien pertenece la información



La información debe de estar enfrente del poder político, no en contra necesariamente pero tampoco ha de pactar con él. Los medios de comunicación son los eternos vigilantes del poder político, por lo que éstos no pueden estar en manos del poder, deben de estar dirigidos al ciudadano. Sin embargo, la información no está exenta de problemas y de tensiones con el poder. Muy explicativa resulta la frase de Justino Sinova, “el asunto no es gravemente preocupante … salvo que no se pueda contar” .

Sometimiento histórico al Poder


La prensa ha estado desde siempre algo sometida al poder. Napoleón, Floridablanca, todos han tratado de limitar el poder de la prensa. Los Reyes Católicos trataron con especial cuidado el tema de la imprenta y en la época de Franco, la censura se limitaba a publicar aquello que no atentaba contra la ideología del régimen. Una buena muestra de ello es la ley de prensa de 1938, que consideraba a los medios de comunicación como elementos del Estado y al periodista como “apóstol del pensamiento ” . Fraga en 1966 trató de suavizar esa situación mediante una ley algo menos dura, pero la frase de Franco es lapidaria: “no seamos demasiado buenas personas … utilicemos, como todos, los medios indirectos de control” .

De la letra de la ley a la realidad



La ley no siempre significa algo para los gobernantes y son ellos las que la quiebran. Para los políticos, una prensa libre no es una prensa amiga, les incomoda. Los medios son espejos de la realidad y son los ciudadanos los que miran en él. Y esto deben entenderlo también los políticos como lo hizo el alemán Willy Brandt o como el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo.
Prensa y Poder trabajan en ámbitos distintos. Además ésta es un freno para el propio poder. Esto se hace patente en la afirmación del portavoz de Eusko Alkartasuna cuando dice que políticos y periodistas “se necesitan, se observan y se combaten” . Hombres como Alberto Belloch y Carlos Granados han defendido a ultranza y desde el poder la necesidad de tener un prensa libre.

Una condición: la independencia de los periodistas



Para Justino Sinova un periodista debe ser ante todo independiente y no debe estar sometido a presiones por parte de su propia empresa, ha de abordar las informaciones de un modo libre, sin defender a los amigos y atacando a los enemigos. Entonces es cuando la prensa es peligrosa para los políticos y Johnson, el ex presidente estadounidense, lo sabía y, cuando un influyente comunicador americano se puso en contra de la guerra de Vietnam, éste la dio por perdida.

Las respuestas de González y Guerra



A estos dos políticos socialistas les han afectado las críticas de un modo muy especial ya que llegaron al poder totalmente respaldados por la prensa. Luego las críticas fueron más duras y éstas no fueron encajadas como deberían haberlo hechas.
Ambos fueron especialmente duros con la prensa. Lo cierto es que en España no hay una ley de Prensa sino un montón de códigos. Esto puede haber influido en el hecho de que la prensa es un temible enemigo para el poder, lo cual significa que la prensa sirve -como debe ser- a los ciudadanos.

2. Los métodos del Poder para controlar la información.



Desde siempre hay una lucha entre poder e información. Esto no es grave mientras la información no salga derrotada. En los regímenes dictatoriales ella es la que pierde el combate; en los estados libres, unas veces gana uno y otras veces gana otro, pero siempre estará la información para vigilar al poder, para ponerle unos límites.
Además, la información es un derecho de los ciudadanos que muchas veces se ve molestado por la mano del poder, que trata de no sacar aquello que les pueda perjudicar y lo hacen empleando unas medidas legislativas y administrativas de control, de carácter general e impuestas por la Administración y son:
La censura: es un método de control ajeno al medio por el que el Poder dicta a los periódicos lo que deben de publicar y lo que no. El ejemplo más claro es el de la ley de Serrano Súñer, que permitió al régimen franquista usar a los medios de comunicación a su antojo.
La “consulta voluntaria”: establecida en la ley Fraga de 1966, por la que los periodistas podían someter a revisión de la Administración los escritos, para evitar posibles sanciones. Esto permitía al Poder conocer de antemano lo que saldría en los periódicos.
El depósito previo de impresos: para permitir a la Administración actuar si lo consideraba necesario. Había que llevarlo al Ministerio de Información al menos media hora antes de su distribución.
Extensión del ámbito de los secretos: el hecho de clasificar ciertos asuntos como reservados es también un modo de limitar el periodismo. Cuantos más secretos haya, menos cosas podremos contar.
Penalización excesiva de faltas y delitos contra el honor, la intimidad y la imagen: el miedo a los castigos exagerados o la falta determinación del comienzo de la vida privada de alguien también es negativo para el hecho de la información.
Extensión excesiva del derecho de rectificación: aunque siempre es necesario rectificar cuando en un periódico hay un error, no nos pueden pedir que modifiquemos una opinión.
Reserva de espacios al Gobierno y otras instituciones públicas: la administración a veces se autoatribuye el poder usar un espacio de un periódico par difundir sus comunicados o cualquier otro escrito.
Inserción obligatoria: por norma el Poder podía insertar sus mensajes incluso en medios privados. Intromisión en la información.
Autorización previa para la constitución de empresas privadas: ni la ley de1938, ni la de 1966 y ni siquiera en la actualidad podemos constituir un medio informativo sin más.
Presencia del Estado en las empresas informativas: así podrían tener poder dentro del Consejo de Administración de un medio. Con el franquismo, los medios debían ceder a la Administración el 25 por ciento de su capital para renovar licencias.
Autorización previa para la edición de impresos o la emisión de programas audiovisuales: Gobiernos exigían tener autorización expresa para informar, lo que supone el miedo a la clausura de un medio.
Facultad sancionadora de la Administración: por ley de 1966 se podía sancionar a periodistas y directores con no poder ejercer durante seis meses, y recurrir no era fácil.
Amenaza de secuestro de publicaciones o emisiones: la ley de 1966 daba ala Administración el poder de secuestrar ediciones “incómodas”. Esto provocaba mucha inseguridad en periodistas y directores.
Amenaza de suspensión de medios: por dos o cuatro meses. Esto es algo que tenía consecuencias irreparables.
Amenaza de cierre de medios: a veces atribuida a la Administración. Esta es una medida de especial gravedad, que muestra un país con un sistema informativo decadente.
Amenaza de suspensión de empresas informativas: el mero hecho de que esto exista es de por si una forma de control y, de producirse, es una completa expropiación.
Repartos de papel: Gobierno distribuía el papel, de modo que dando aun medio más o menos papel, se sancionaba. La línea monárquica de ABC llevó a la Administración a quitarles el 25 por ciento de su cupo de papel.
Reserva gubernamental de periódicos y canales de radio y televisión: el Gobierno no debe gestionar un medio de comunicación. Justino Sinova dice que “a veces, los Gobiernos intervienen de tal manera en los periódicos, las radios y las televisiones públicas que parecen periódicos, radios y televisiones” .
La organización informativa de la Administración: ésta está obligada a informar a la opinión pública, pero los Gabinetes de Prensa pueden llegar a limitar la información.
La formación de periodistas: a veces los Gobiernos tratan de formar a los profesionales para tenerles como fiel arma informativa. En época franquista, los periodistas debían ser miembros de la Falange.
Control profesional del periodista: antes había un Registro de periodistas, de modo que la Administración tuviera localizados a todos aquellos periodistas que estuvieran ejerciendo. Otro medio de presión era darles de baja de esa lista.
Nombramiento o autorización del director: con un director- funcionario nada debe de temer el Poder. Ley de 1938 permitía a la Administración colocar al director de los medios. La de 1966 devolvía esa facultad al propio medio.
Insuficiente reconocimiento del secreto profesional: el no reconocimiento puede hacer que un periodista abandone una investigación, lo cual perjudica al público.
Insuficiente reconocimiento de cláusula de conciencia: da al periodista cierta independencia si su empresa cambia de línea editorial y evita presiones dentro del propio medio. Su omisión pone en peligro el derecho a la información del ciudadano.

Además, también hay unas estrategias de control, no establecidas mediante ninguna ley y su éxito depende de los propios periodistas. Son de este tipo:
La táctica de las sugerencias: hay quien llama a periodistas para aconsejarles el tratar una cosa u otra, enfocarla de un modo u otro, etc.
La táctica de las amenazas: se produce cuando el Poder tiene mano dentro de los medios de comunicación. Cuando hay libertad de expresión lo mejor es denunciarlo, para lo cual sólo es necesario algo de valentía.
La “presión de guante blanco”: por la que el Poder hace favores a los informadores, pero esto puede generar un vínculo prensa- poder que puede llegar a ser peligroso.
Chantajes del poder político: el Poder suele ser más amigo de aquellos periodistas que les son favorables, y a ellos les facilitan noticias, entrevistas, etc.
Privilegios informativos: el hecho de que el Poder filtre noticias a unos y no a otros juega con el prestigio de los periodistas de cara al gran público.
La presión de las fuentes: las fuentes deben suministrarnos información, pero en el momento en que esa fuente se convierte en amigo deja de ser fuente porque el no perjudicarla puede influir en nuestra información.
Distribución no objetiva de las concesiones administrativas: el Poder trata de conceder licencias al mayor número de amigos posible, evitando las licencias.
Intimidación mediante acciones judiciales: cuando Poder no logra que un periodista le sea favorable, interpone demandas sin ningún fundamento.
La penetración política en las Redacciones: precisa de ayudantes dentro del propio periódico, para saber donde presionar, cuando meter sus necesidades. La militancia a un partido político choca con el periodismo en si.
Penetración en el capital de las empresas: por medio de personas físicas o como poder político.
La asfixia económica o la ayuda mediante distintas prácticas en las fuentes crediticias: cuando un medio de comunicación tiene problemas de solvencia, muchas de sus salidas pasa por la concesión de créditos, donde el Poder tiene algo que decir.
La inspección fiscal como maniobra de intimidación: Hacienda a veces es más dura con unas empresas informativas que con otras; las que son especialmente molestas para el Poder suelen recibir unas inspecciones mucho más minuciosas.
Discriminación en la concesión de ayudas estatales: un buen castigo para una empresa informativa es la no concesión de ayudas por parte del Estado.
Discriminación en el reparto de publicidad institucional: otro magnífico modo de premiar a los que se portan bien con el Poder y de castigar a los contrarios.

3. Cuando el Estado es el empresario de la información.



Una de las mejores formas de manejar la información es estar dentro de ella. Hoy en día, el Estado es el propietario de la mayor agencia de noticias de España, ya no tiene periódicos paro si una amplia cadena de radio, la más fuerte emisora de televisión.
La Prensa. El Gobierno, al margen: el Estado no tiene medios de Prensa desde 1984 cuando el gobierno de Felipe González subastaba los medios de propiedad estatal, hecho éste que UCD propuso algo antes pero que no contó con el apoyo del PSOE. Aquellos que no encontraron comprador, se cerraron.
Esta privatización no llego a influir muy negativamente en el Poder, aunque se perdió mucho dinero. Gente cercana al Gobierno adquirió en la subasta alguno de estos medios, paro mantenerlos era absurdo ya que se llevaron a cabo con el fin de dar propaganda al régimen franquista. Uno de los cierres más sonados fue el del diario Pueblo, el cual tenía un elevado número de perdidas.
Ahora mismo, sólo las administraciones privadas pueden dirigir un medio escrito, por lo que el Estado se ha de centrar en otras formas de información.
La Radio. El Gobierno vigilante: hasta 1977, el Gobierno ha contado con el monopolio de los noticiarios en España. Ese mismo año, la cadena SER realizó un informativo “autoctono”, aunque esto iba en contra de la ley. Desde 1939, toda emisora tenía la obligación de conectar con RNE para que ésta les suministrara el informativo. Y 22 días después de ese informativo el BOE publicaba el derecho de las emisoras a fabricar sus propios informativos. Ahí nacía la libertad de información en la radio.
En España surge la radio de manos privadas, a diferencia del resto de Europa. Sin embargo, el felipismo logró que en España hubiera un mayor número de emisoras públicas. Ahora, toda empresa privada que quiera emitir necesita un permiso de la Administración. De este modo, el Gobierno vuelve a tener mano sobre la información. Además, esas licencias pueden ser retiradas en cualquier momento y el Estado ha colocado más emisoras para uso público que para uso privado. En 1975 había predominio de emisoras privadas; en 1989, mayoría de emisoras públicas.
Un claro ejemplo de esta manipulación está en la concesión de licencias de 1989, en la que la gran mayoría de ellas pasaron a personas próximas al partido del Gobierno.

El sector público


Éste ha crecido mucho en los últimos años, pero en España es bastante más oída la radio privada y es así desde 1989, a pesar de los insistentes intentos por parte del Partido Socialista por cambiar esto.
El Estado cuenta con una gran cadena de radio, RNE la cual es dependiente de RTVE y cuyo director es nombrado directamente por el partido gobernante. Se constituyó en S.A. en 1980 y cuenta con numerosas ventajas sobre las demás cadenas o emisoras. De este modo podemos catalogar a las emisoras públicas y que actúan para los gobiernos regionales, locales o directamente del Gobierno Central, como una cadena constituida para hacer una seria competencia a radio privada.

La radio privada



La radio privada está llena de ataduras, ya que la Administración tiene mucho que decir a la hora de conceder licencias, observar condiciones de emisión, etc. Incluso se puede llegar a cerrar un medio de comunicación. Incluso decir que en España la libertad de expresión está muy limitada no es ningún disparate.
a) Las emisoras privadas de Onda Media
Las empresas privadas debían ceder el 25 por ciento de su capital para poder tener una licencia. Además, la onda corta y la onda larga sólo era utilizable por RNE, por lo que se debían de limitar a la Onda Media. Además, esas empresas están siempre sometidas a un gran número de presiones por parte de la Administración. Ésta tenía poder para destituir al director de una empresa, e incluso obligaba a los propios medios a cumplir una serie de normas. No contentos con eso, la Administración obligaba a las emisoras a presentar la programación del año siguiente.
b) Las emisoras privadas de frecuencia modulada
En estas empresas ya no se exige que proporcionen al Estado el 25 por ciento de su capital. Ahora la Administración dejaba una mayor libertad a las empresas informativas y sólo se metía en ellas por la inspección de los medios técnicos, sólo por eso.


Fuertes sanciones administrativas



Estas sanciones hacen que todo el personal de la radio esté sometido por la Administración. Ésta tiene el poder de cerrar emisoras o de poner multas de hasta 10 millones de pesetas. Las multas llegan sobre todo por emisión de interferencias o fallos técnicos. El caso es que esta ley “da a la Administración demasiado privilegio y deja en un plano de inferioridad a las emisoras concesionarias” .

4. Cuando el Estado es el empresario de la información.


El estado no sólo tiene una gran importancia en la radio, además cuenta con la más importante cadena de televisión en España y la agencia de mayor difusión dentro del panorama nacional.
La televisión. Casi todo el poder para el Gobierno: hasta 1988, la televisión era monopolio del Estado. En ese momento, el PSOE decidió mandar a las Cortes el proyecto de regulación de la televisión privada.


La televisión pública



Desde siempre se ha considerado que los medios de transmisión de radio y televisión han de ser propiedad del Estado, por lo que se ha constituido una empresa encargada de la distribución de las señales privadas.

a) La televisión de ámbito estatal



La televisión del Estado emite desde dos puntos: TVE y La 2. Estas llegan a casi todo el territorio español y en los últimos años han sido un eficaz modo de control informativo por parte del Estado. Además, el director de este organismo es nombrado por la propia Administración que, a su vez, le puede destituir en cualquier momento, antes incluso de cumplir los cuatro años de su mandato.
En resumen, la televisión pública baila al son que el partido gobernante quiere, lo cual es una clara manipulación de un ente público.

b) La televisión autonómica


La ley de 1983 permitió que en España hubiera otras televisiones de carácter público pero no estatales, las televisiones autonómicas. Estaban controladas por Gobiernos regionales. Los pioneros fueron vascos y catalanes,. Pero en la actualidad hay ocho canales de estas características. En estos canales se han difundido infinidad de mensajes políticos y se ha gastado en ellos una gran cantidad de los presupuestos.

La televisión privada



Como el propio autor del libro indica, “la televisión privada ha nacido muy limitada y muy controlada por el poder político” . Varios ministros de UCD trataron de instaurar la televisión privada hace algún tiempo, pero el PSOE se opuso a ello. Más tarde, este mismo partido sacó a la calle una ley que permitía la televisión privada, pero muy controlada por el Estado, y sólo el PSOE apoyó la moción.
Las concesiones eran por diez años y la Administración tenía derecho a pedir cuantos datos les fueran necesarios a la empresa. Además, fueron impuestas unas normas que se metían demasiado en la vida de la propia empresa. Esto llevaba a los medios informativos a procurar llevarse bien con el Estado por lo que pudiera pasar.

Las agencias. El Estado competidor: en 1939 se funda agencia de noticias Efe, con la que la administración del régimen se aseguraba el control de la información en prensa y radio. Se llegó a decir que la efe que daba el nombre a la agencia era la propia inicial de Franco. Hoy en día se libra una ardua batalla por ser la agencia de mayor repercusión en España. Ahora, tanto Europa Press como Colpisa, Servimedia,etc pueden hacer huella a Efe a nivel estatal.
Efe tiene más del 98 por ciento de su capital de origen estatal y la Administración ha usado sus aportaciones para, a veces, usarla como si fuera suya.
Esta agencia nunca ha tenido un sometimiento total al poder gracias a la competencia con otras agencias de este tipo. Sin embargo, Efe tiene interesantes exclusivas como el servicio, único en España después de que ésta comprara el distribuidor de Europa Press.


5. El control de las empresas informativas.



Constituir en España una empresa informativa no es tarea fácil, ya que la normativa establecida por el Gobierno dificulta la creación de estas empresas y las que consiguieran salir al mercado estarían demasiado influidas por el hecho de que la Administración pueda cerrar en cualquier momento esa empresa por no cumplir alguna de sus normas, o por no transmitir unos mensajes adecuados. Además, el Estado es el que tiene la última palabra en la concesión de licencias para emitir en España, por lo que hasta las empresas privadas dependen del Gobierno.

Se quiere limitar la televisión local…



Las televisiones locales privada están totalmente prohibidas por el Estado; sólo están permitidas las de ámbito nacional. Además, únicamente se conceden tres licencias para las televisiones privadas, restricción ésta que junto al mínimo capital exigido hace muy difícil la aparición de nuevas empresas a corto plazo.
Sin embargo, el estado ha sido muy permisivo con otras cosas, con los numerosos incumplimientos de las leyes por parte de las empresas. Unas han permitido que más del 25 por ciento del capital estuviese en una sola persona, o que esa misma cifra está fuera de España, se ha permitido la simultaneidad en medios como es el caso de Banesto.
Pero lo fundamental de esto es sólo una cosa: a las empresas, pendientes de la renovación de sus licencias no les conviene llevarse mal con el poder.

… pero hay televisiones locales y radios independientes



Resulta especialmente extraño el caso de las emisoras locales. En cualquier momento pueden ser cerradas por la administración ya que nacen bajo su amparo y por un espacio de tiempo no determinado en muchos casos. Sin embargo, estas empresas actúan de acuerdo con la Constitución por lo que nada puede reprochárseles, por lo que tampoco sancionarles. El Gobierno ha optado por intentar regular estas emisoras locales pero se ha quedado en palabras. Además, el artículo 20 de la Constitución protege el derecho a informar a cualquiera.
Pero el tribunal constitucional se ha pronunciado a favor de la televisión local por cable pero no así por la de ondas. Así sucedió alegando que “la emisión por cable no supone un agotamiento de un medio escaso como es el caso de la transmisión por ondas”, según el propio Tribunal.
De este modo, el gobierno socialista dejó que proliferaran las emisoras locales para luego ahogarlas con sus leyes. Esas leyes hacían casi imposible que una emisora pudiera subsistir. Pero la realidad es que la incursión del cable en España hará de freno al afán controlador de los Gobiernos.
También la radio está muy afectada por esta situación y se ha pedido varias veces que se produzcan nuevas concesiones, que serían posibles ya que existen huecos en el espacio radioeléctrico. Pero deberán esperar.

El Gobierno puede cerrar emisoras



En los últimos años del franquismo se obligó a las emisoras a donar el 25 por ciento de su capital a la administración. Ahora el Estado vigila a las emisoras y las irregularidades de estas se pagan con multas o incluso con el cierre del medio. En radio se pueden dar por usar equipos no homologados o por la transmisión deliberada de interferencias. En el caso de la televisión, se puede llegar a cerrar por no pagar a Hacienda, por deudas con la Seguridad Social, por participar en varias sociedades, etc.
El Estado no puede castigar a una emisora por sus mensajes pero si que podría ser extremadamente rigurosos en sus inspecciones. Pero también queda a elección del Gobierno decidir si cierra una emisora por emitir unos informativos poco objetivos, o por que estos no permitan el pluralismo. Y esto se produce por querer equiparar un medio público y uno privado. La primera ha de cumplir el pluralismo, pero la segunda no está sujeta a esto ya que es de un particular y no de los contribuyentes.
Esto significa que el Poder puede cerrar un medio privado por no cumplir las obligaciones que tiene un medio público. Como dice el propio autor del libro, “el Gobierno, juez y parte” .

Cierre de emisoras por difundir conversaciones privadas


Se explicará mejor con un ejemplo: la cadena Ser emitió una conversación lograda por un radioaficionado. Los implicados denunciaron a la Ser por la emisión de esa conversación, pero el Tribunal desestimó el recurso, ya que el culpable no era la Ser sino el radioaficionado, cuya identidad no fue revelada por la propia cadena, que se acogió al secreto profesional.
A partir de ahí el Gobierno trató de hacer ley contra esto y el resultado es que se puede cerrar un medio por usar escuchas telefónicas, de modo que, hasta cierto punto, se ha establecido una censura previa.
La información que se logre de modo involuntario queda libre de sanción pero una vez más podemos observar el afán controlador del gobierno.


Intervención del gobierno en el mercado de la Prensa


Los medios informativos a menudo solicitan ayudas estatales, lo cual es aprovechado por la Administración para intentar intervenir en le mercado de la prensa. El Parlamento aprobó una ley de ayudas a la prensa que hacía posible esa intervención. Por ejemplo, el Gobierno podía ayudar más a diarios de menor difusión, o podía fomentar la creación de nuevos diarios.
Un buen día el Estado dejó de ayudar a los medios de comunicación amparándose en la política de la UE, pero el parapeto le duro poco tiempo ya que la Comisión Europea pidió a los Estados a buscar el pluralismo ayudando a los periódicos pero sin meterse en sus asuntos. Pero la realidad es que los periódicos pequeños van cayendo y vamos camino de una mayor concentración.

Maniobras con la publicidad institucional


El mismo Justino Sinova dice que “el reparto de la publicidad estatal da ocasión a otro modo de intervención del Gobierno o de entidades públicas en el mercado de noticias” . El que el gobierno, por ejemplo, se niegue a insertar publicidad en un determinado medio es un hecho sancionable, por el que diarios como El Alcázar han denunciado al propio Estado, saliendo airosos del pleito. Pero aun así, la carencia de normas al respecto hacía muy ventajosa la situación del Gobierno.

Maniobras económicas en la oscuridad



La más eficaz forma de manipulación o de control de información por parte del estado es participar en el capital de las empresas informativas o simplemente concediendo privilegios. Así pasó en el caso de Antena 3 Radio, que fue inmediatamente absorbida por su máxima competidora, la Cadena Ser; o el caso de Antena 3 Televisión, en la que el Grupo Zeta se hizo un hueco.
El Gobierno permitió este proceso de concentración, ya que veía como un medio de comunicación incómodo era absorbido por otro más afín. Está fusión restó oportunidades al pluralismo y evitó problemas al Estado que vio como una gran crítica era transformada en una emisora de música clásica, Sinfo Radio.
Se trata de poner freno al llamado “imperio Polanco”. El periódico inglés Financial Times publicó que “Polanco ha podido hacer en España lo que a Silvio Berlusconi se le ha Prohibido hacer en Italia” .
Se ha llegado a temer por el pluralismo en España por la excesiva concentración de medios en algunas manos. Cabe destacar tanto el Grupo Prisa en si, como la temible alianza hace algunos años con Telefónica para la explotación del cable en España. A esto le salieron muchos enemigos y las diversas críticas lograron un retraso en esta alianza.
Pero el gobierno ha sido feliz espectador del cierre de diarios como El Independiente, medio crítico con el Gobierno que se cerró tras ser adquirido por la ONCE. Pero también tuvo que lamentar perdidas de diarios afines como la de El Sol. Y es que el gobierno sabe agradecer los apoyos de la prensa.

6. El control de los mensajes



La Constitución española es muy clara a la hora de hablar de la libertad de expresión y de la información, sólo nos pide veracidad. Si empleamos esta necesaria cualidad la legislación nos protege de hechos tan nocivos como la censura. Este es un concepto que se puede considerar pasado, obsoleto. Y en el fondo lo es. Sin embargo, la Administración no deja de intentar tener cierto control en la información que cada día sale a la calle.


Excepciones legales… y algunas otras operaciones



Para tratar como es debido a la información hemos de apelar a los principales derechos del ciudadano: honor, intimidad y propia imagen.
El honor es un tema que ha hecho que muchas empresas informativas tuvieran que hacer frente a numerosas demandas. Y es la eterna pregunta, ¿dónde está la frontera de la intimidad de un personaje público?
Y mil casos más. Incluso se llegó a proponer en el Parlamento el imponer la rectificación, no sólo de hechos sino también de opiniones, maniobra que el Senado desactivó al poco tiempo. La rectificación ha de ser efectuada por la persona afectada, que ha de aportar datos para corregir esas informaciones que le puedan perjudicar. Los periódicos han de publicar esa rectificación aun teniendo constancia de que no es verdadera. Con esto la Constitución pone en peligro a los propios medios de comunicación.

Límites al contenido informativo


Hay informaciones que están bloqueadas por unos límites, como el que atenten contra de la seguridad nacional. Sin embargo, otras sufren restricciones por intereses meramente políticos. A veces se pone “reservado” con el único fin de ocultar cosas que no deben de salir en los medios de comunicación.
Se suelen encubrir operaciones, sobre todo de carácter militar. Si se filtra una información clasificada de “secreto” el máximo culpable es el funcionario que filtra ese contenido. Pero lo cierto es que cuando hay asuntos secretos, la mayor perjudicada es la información.

Propaganda obligatoria para unos, prohibida para otros



Un claro ejemplo de esto está en el uso de los medios de comunicación en las campañas electorales y, sobre todo, con la televisión. Las diferentes fuerzas políticas muestran sus mensajes en este medio, pero resulta que las fuerzas mayoritarias salen beneficiadas de esto, parten con ventaja. Además, el partido del Gobierno siempre usará TVE para hacer debates que dejen a su candidato por encima, sin dejar a la oposición esa misma oportunidad.
Además, la televisión privada así como las radios locales tienen prohibida la inserción de anuncios de partidos políticos, incluso en época de campaña electoral. Por otro lado, la Prensa está obligada a meter aquellos anuncios de partidos políticos que se lo pidan, aunque sean contrarios a la ideología que estos defienden.
Y todo esto ayuda a una cosa, a que la campaña política de los partidos sea más barata.

El Gobierno reclama un espacio



No se entiende muy bien pero el caso es que el Gobierno, con medios tanto en radio como en televisión, se quiere asegurar el derecho a ocupar parte del espacio de las cadenas privadas con mensajes o avisos que la Administración considere muy importantes. Esta ley no parece muy necesaria, ya que si algo muy importante ha de ser comunicado, ninguna emisora impediría al Gobierno, estatal o provincial, el usar algo de tiempo en antena para comunicarlo.
Sin embargo, el Gobierno reclama un espacio mientras que el ex presidente Felipe González muy pocas veces ha accedido a conceder una entrevista a unos determinados medios que la propia Moncloa debió de calificar como “enemigos”. Además, muy pocas ruedas de prensa ha tenido que soportar el anterior presidente del Gobierno. Se puede decir que se escondía de unos pocos para confesarse con otros.

7. El control de los periodistas.



Hace algún tiempo, los aspirantes a periodistas debían pertenecer a la Falange, jurar lealtad a los principios del Estado nacionalsindicalista y obrar conforme al régimen para no ser dado de baja de la famosa “lista”. Pero hoy en día los periodistas sólo son comunicadores, aunque el Poder trate de influirles, y esto perjudica directamente al ciudadano.

Cuando quisieron restablecer el carnet



En los últimos años el Poder ha tratado de controlar más a las empresas que a los propios periodistas, pero hace no mucho se trató de restablecer el carnet de periodista, propio de un régimen anterior. Las empresas informativas se negaron a que se regulara la contratación de profesionales por medio de dicho carnet.
Un acierto fue suspender la dependencia política del Registro Oficial de Periodistas, en la que había una lista de personas a las que se permitía ejercer el periodismo y en la que con el número uno aparecía Francisco Franco.

El polémico delito de difamación



Esta fue una maniobra impuesta en la tercera legislación socialista y anulada en la cuarta. Esto permitía el control del contenido informativo. Los socialistas la sacaron por el aluvión de noticias sobre la corrupción del Gobierno español que cada día salían en los periódicos. Esto sería una traba más para el ejercicio del periodismo sino hubiera sido por el rechazo que todo partido político mostró hacia esta medida.
La propuesta para la ley contra la difamación unió a todos los periodistas. De haber salido habría sido muy complicado informar sobre la corrupción política.
El actual código Penal comete el error de prohibir la negación al derecho a la información mientras que la censura de ciertas informaciones o el secuestro de un medio informativo si que está permitido.

El Gobierno se abstiene


El Gobierno a veces influye en la información no por hacer, sino por no hacer. Hace tiempo que se viene pidiendo que se reconozcan los derechos de los periodistas al secreto profesional y a la cláusula de conciencia. La primera trata de proteger al periodista de presiones externas y libra al profesional de tener que revelar las fuentes de sus informaciones.
La segunda hace que le periodista pueda abandonar un medio de comunicación cobrando una indemnización igual a la que se llevaría si hubiera habido despido improcedente, siempre y cuando el medio haya cambiado su línea editorial.
Ha habido varios intentos de regular estos derechos pero todos fallidos. Sólo instituciones ligadas al periodismo han metido estas dos normas en sus estatutos.

8. Lo que queda por hacer.



Según este libro, el Gobierno felipista merece una baja calificación en cuanto a la libertad de información en España. El tratamiento en la constitución del derecho a informar es ejemplar, pero la práctica es otra cosa y, según el autor, el Poder debería:

- Reducir el código de leyes sobre la información
- Hacer una norma contra la excesiva concentración de medios
- Retirar al Gobierno de la información, y:
- Modificar Estatuto de Radio y Televisión ( entre otras cosas, que el Gobierno deje de nombrar al director de RTVE )
- Modificar la Ley de Televisión Privada ( por ejemplo, que se deje hacer televisión local, provincial y regional con capital privado )
- Modificar la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones ( hay que evitar que el Estado pueda cerrar una emisora de radio )
- Supresión de la reserva de espacios en radio y televisión ( no es lógico que el Gobierno cuente con un espacio en la programación de las emisoras)
- Normalización del uso de medios públicos y privados en periodo electoral ( radio y televisión privada deben poder emitir propaganda electoral al igual que los medios públicos )
- Privatización de medios públicos ( el Estado debe ser protagonista de información y no en información )
- Aprobación de proyectos de nuevas televisiones autonómicas ( no hacen falta más sino que sobran muchas de las que hay )
- Agilización de la administración de justicia
- Necesidad de ayudar a los medios de comunicación para lograr un mayor pluralismo
- Control sobre la publicidad institucional, que debe ser igual para todos y debe dejar de castigar a unos y premiar a otros
- Reducción del número de secretos oficiales, ya que así hay muchos asuntos que se escapan del ámbito de la información
- Abrir el Palacio de La Moncloa y que el Presidente del Gobierno de la clara cada cierto tiempo y a todos, sin distinciones

Autor:

Luis De La Matta





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No se pueden alterar o transformar, para generar unos nuevos.

 
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